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Editorial

¿Libertad adelantada o prisión domiciliaria?

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Connotados constitucionalistas, como el doctor Víctor García Toma, han advertido que el proyecto de ley presentado en el Parlamento sobre la libertad anticipada para personas de edad muy avanzada que sufren de enfermedades graves no alcanzaría a Alberto Fujimori porque en su caso la sentencia del Poder Judicial, dictada en aplicación a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que el expresidente debe cumplir la totalidad de su condena, es decir los 25 años de cárcel, de los cuales él ha cumplido poco más de 12 años.

Al respecto, los congresistas keikistas han salido a culpar al presidente Martín Vizcarra por no haber defendido el indulto cuando el Poder Judicial lo cuestionó. Sin embargo, el Jefe del Estado ha recordado respondiendo a una entrevista que cuando el gobierno de PPK indultó al reo Fujimori, él en su calidad de primer vicepresidente respetó la decisión del mandatario que era el que tenía la prerrogativa, y ahora –algo más de 10 meses después– cuando el Poder Judicial anuló el perdón presidencial él también tiene obligación de respetar la decisión de ese poder del Estado, por ser un poder autónomo.

Es verdad, como dicen los expertos en derecho constitucional, que esta anulación de la gracia por parte del Poder Judicial afecta de alguna manera la figura de la Presidencia de la República, pero también es cierto que poco o nada podía hacer el presidente Martín Vizcarra para defender el indulto porque estaba en el ámbito jurisdiccional. De esa manera, las arremetidas fujimoristas contra el Jefe del Estado quedaron sin piso y más bien parecerían indicar que es el keikismo el que nunca ha querido reconciliarse con el país, al revés de lo que siempre han sostenido.

Una opción que podría, en cambio, ser considerada es la de regular la figura de la prisión domiciliaria para casos extremos como el de personas de avanzada edad con enfermedades graves. Un proyecto en tal sentido podría ser objeto de debate en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, medida que de ser aprobada permitiría salir a su casa a Alberto Fujimori.

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Editorial

Investigación, caiga quien caiga

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La Policía Internacional (Interpol) activó desde ayer la Notificación Roja para la búsqueda y detención del ex juez supremo César Hinostroza, por la comisión de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. Por ese tema, la escandalosa fuga del presunto líder de “Los cuellos blancos del puerto”, acudieron en horas de la tarde al Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el Ministro de Justicia, para explicar el avance de las investigaciones sobre el tema.

Tras la exposición de ambos miembros del gabinete, los congresistas de Fuerza Popular y el Apra no desaprovecharon las cámaras de la televisión para responsabilizar al Ejecutivo por la evasión. Dimes y diretes se lanzaron con los miembros de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) volviendo infructuoso el debate parlamentario, de lo cual todo el país fue testigo. Sin embargo, no hubo una propuesta seria para resolver el tema de la escandalosa fuga que está dejando a nuestras autoridades como el hazmerreír de toda la región.

Toca al Gobierno plantear una estrategia para investigar el tema de “Los cuellos blancos del puerto”, una organización que ha manejado el Poder Judicial a su regalado antojo, poniéndolo al servicio de sus más ruines intereses. Habría que preguntarse, entonces, si no será que las actividades de esta organización hayan podido extenderse ya a otras instituciones, como la policía, los controles en las fronteras y sabe Dios qué más. De ser así la cosa es seria, más que preocupante, pues una fuga de ese tipo no se realiza nada más con la ayuda de una empleada de Migraciones.

Por todo lo expuesto y por la salud de nuestras instituciones, es necesario que las autoridades se propongan realizar una exhaustiva investigación de lo ocurrido para deslindar las responsabilidades del caso. Es verdad que la responsabilidad política corresponde al Ministro del Interior, quien ha renunciado por lo ocurrido, pero otros se han lavado las manos como Pilatos. Es necesario, pues, que el Gobierno realice una investigación hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, de la organización “Los cuellos blancos del puerto”, hasta que el último integrante de la red criminal esté en la cárcel.

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Editorial

Tondero con fuga

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El presidente Martín Vizcarra aceptó anoche la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina, ante la gravedad de los hechos ocurridos por la fuga del ex juez supremo, César Hinostroza. El cuestionado exmagistrado, quien se encontraba con impedimento de salida del país, logró burlar los controles saliendo de manera ilegal y de forma clandestina, al parecer por el norte del país, la madrugada del 7 de octubre, según ha informado el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva.

Ha hecho bien el presidente Martín Vizcarra en aceptar la renuncia del Ministro del Interior, debido a la responsabilidad que le toca a ese portafolio en hacer cumplir una orden de impedimento de salida del país. Lógicamente que ahora vendrán las investigaciones para determinar la forma en que pudo fugar el exmagistrado César Hinostroza. Su esposa, Gloria Gutiérrez Chapa, también se encuentra en España, a donde viajó el 11 de octubre; es decir, días antes de la fuga.

Por lo pronto, el fiscal supremo Pablo Sánchez ya solicitó la detención preliminar del evadido, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que dirige el juez Hugo Núñez.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha asegurado que el Gobierno está activando todos los mecanismos internos y externos para tener prontamente capturado a César Hinostroza, a quien cuestionó por haber salido del Perú “como un vulgar delincuente”. Pero es más que eso lo que tendrá que hacer el Gobierno para evitar que la corrupción le gane la partida al Perú, pues los daños pueden ser incalculables si consideramos que las inversiones pueden resentirse de comprobar que poco o nada se ha avanzado en materia de la reforma judicial para garantizar la estabilidad jurídica en el país.

Ocurre, además, que el ex juez supremo, César Hinostroza, viene siendo investigado nada menos que por presuntamente estar vinculado a la organización criminal denominada “Los cuellos blancos del puerto”, según las primeras versiones de los colaboradores eficaces. Es menester, pues, que el Gobierno se amarre bien los pantalones para enfrentar a la corrupción porque de lo contrario pasará el tiempo sin que haya podido solucionar los problemas principales del país y la población percibirá que no hay cambio alguno en cuanto a la falta de empleo, reconstrucción del norte del país, mejoramiento de la salud pública, educación de calidad y tantos otros problemas aún no resueltos.

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Editorial

Sobre blindajes y ataques

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El fiscal especializado en Lavado de Activos, José Domingo Pérez, es actualmente el blanco de furibundos ataques y acusaciones por parte de los miembros del fujimorismo, que le han achacado desde promover persecución política contra Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori hasta ensañamiento contra la referida organización partidaria por investigar el caso “cocteles”. Pero al fiscal Pérez parece que le ha llovido sobre mojado, pues también tiene que soportar los puyazos del cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, quien ha sido blindado en el Congreso por la bancada de Fuerza Popular.

Precisamente, el fiscal Pérez es quien solicitó al Poder Judicial la detención preliminar de Keiko Fujimori, medida que se viene cumpliendo desde el miércoles pasado. No sería nada raro, pues, como señalan algunas versiones periodísticas, que el titular del Ministerio Público se vea tentado de hacerle difícil la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, específicamente en el caso “cocteles”.

Pérez, por su parte, ha desmentido todas y cada una de las acusaciones, desde la supuesta persecución política hasta los cuestionamientos recibidos por las severas palabras hacia el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, durante su participación en el Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua 2018 que se realizó la semana pasada en México. En declaraciones a la prensa, el fiscal Pérez aseguró que no existe ninguna persecución política contra el fujimorismo y que las decisiones que se ha tomado con relación a la excandidata presidencial se ajustan a ley.

Ojalá no sean justificadas las preocupaciones de quienes piensan que en algún momento Chávarry tendrá que devolver favores a los fujimoristas que lo blindaron en el Parlamento. Bueno, pues, esas dudas siempre quedarán, máxime cuando no ha tenido el menor remordimiento en cambiar a una fiscal adjunta que investigaba el caso “cocteles”. El país entero espera que no vaya a cambiar al fiscal José Domingo Pérez porque eso sí que acabaría con sus pretensiones de seguir al frente del Ministerio Público. Recordemos la frase de “no solo hay que serlo sino también parecerlo”.

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