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Política

Ley de Financiamiento favorece la impunidad

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Rosa María Bartra Barriga

Esta nueva Ley de Financiamiento es muy controvertida, tan es así que Pier Figari, uno de los involucrados en el caso cocteles de Keiko Fujimori, ha pedido al fiscal Domingo Pérez que adecúe su proceso a la norma.

Lo peligroso de esta ley, es que los partidos pueden ser financiados con dinero proveniente de la trata de personas, la prostitución o el narcotráfico, pero estos hechos, pueden ser considerados financiamiento ilícito y no lavado de activos.

Es decir: en vez de recibir penalidades entre los 10 y 20 años de cárcel, obtendrán entre 2 y 8 años, favoreciendo, como se puede ver, la impunidad y el ‘no pasa nada’ en las organizaciones criminales infiltradas en los partidos.

Esto se debe evitar porque es inconcebible que los personajes elegidos lleguen a los poderes Ejecutivo y Legislativo con dinero sucio, oscuro, que, a la postre, le pasarán la factura como hizo la constructora brasileña Odebrecht.

ES UN TIPO PENAL NUEVO

El abogado Juan José Quispe, de IDL, se refirió a la Ley de Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos, diciendo que es un tipo penal nuevo, similar al lavado de activos, pero que no es lo mismo.

“El dinero que viene para financiar a los partidos políticos se parece al lavado porque es de procedencia ilícita, dudosa. La diferencia con el lavado de activos es que el lavado de activos tiene otros componentes como la transferencia y ocultamiento y esto no lo tiene el financiamiento ilícito”, explicó.

Precisó que esta nueva ley ha servido de globo de ensayo contra la Fiscalía, en donde se pretende sostener que los casos que se le siguen a los implicados en caso de lavado de activos, son solo financiamiento ilícito.

“Por qué quieren eso -se preguntó y respondió-, porque la pena es menor:

entre los 2 y 8 años. La norma procesal establece que cuando hay una ley que se promulga y publica en el diario oficial El Peruano, es una ley que debería aplicarse por cuanto la Constitución Política del Estado avala la retroactividad”.

PÉREZ DEBE RECHAZARLA

Como es posible que el fiscal José Domingo Pérez declare infundado los argumentos de financiamiento ilícito, porque son delitos de lavado de activos, es también posible que vayan a la tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria, con el pretexto de que garanticen sus derechos constitucionales, para que se pronuncie y se cambie el tipo penal, dijo el jurista.

“Esto quiere decir que cuando vayan al juicio oral les pongan un máximo de 8 años. Esto es lo que ha hecho Pier Figari y que seguramente van a hacer los otros procesados por lavado de activos”, señaló.

“Es absolutamente absurdo que Figari y los demás digan que han cometido financiamiento ilegal cuando, por las pruebas que hay, han realizado lavado de activos; o sea, desde mi perspectiva no se adecúa a la nueva ley, por lo que el fiscal y el juez deberían declarar infundado”, puntualizó.

VIZCARRA NO LA OBSERVÓ

“Esta ley la promulgó Vizcarra. Acuérdese que el Congreso, de todos los proyectos de ley, aprobó un grupo que promulgó Vizcarra, que muy bien pudo observarla y devolverla, porque el Presidente tiene esa facultad. Tiene 15 días para observarla y devolverla. Pero no lo hizo”, recalcó.

“Aunque no nos guste, pero lo cierto es que fue un grave error del señor Vizcarra el aprobar y promulgar la ley, cuando pudo observarla. Hay que resaltar que como todos los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución lo que ha hecho es deformar los proyectos de ley del presidente Vizcarra”, anotó.

Lo que buscan los partidos políticos es acogerse a esta nueva ley, porque no solamente recibieron el dinero sino que no figuró en las actas de ingreso y sirvió para otras actividades de transformación, ocultamiento, comentó.

Este es el caso de Fuerza Popular que lo utilizó para comprar votos, ganarse a los votantes, a través de actos dudosos y contrarios a un correcto tema electoral. O sea, comprar y regalar polos, tapers, en fin; cosas que no son propias de un partido político en una democracia en que se imparten ideas, enfatizó.

UN DINERO MAL HABIDO

“El dinero puede venir de la trata de personas, de la prostitución, del narcotráfico; y, hasta cierto punto, hasta antes de la promulgación de esa ley, una persona metida en esos asuntos ingresaba de lo más normal al partido político”, expresó.

“Ahora, ese dinero ilegal va a ingresar, pero la sanción es leve. Se ha debido poner penas altas, para que ni el financiamiento, ni los actos de transformación u ocultamiento, que sería lavado de activos; por ello, ambos deberían tener penas altas, para que las organizaciones políticas no reciban dinero mal habido”, advirtió.

“Porque sino los Oropeza, la banda de Los Injertos, etc., pueden estar dando dinero, como Odebrecht, y esto no debe suceder, no se debe permitir; esos delitos deben ser sancionados con la mayor rigurosidad, porque los partidos políticos llegan finalmente al poder y no deben hacerlo con dinero sucio”, subrayó.

ALGO MÁS

“Creo, finalmente, que en modo alguno deben aplicar los fiscales y jueces, esta ley de financiamiento ilegal, porque le hace mucho daño a la lucha contra la corrupción”, concluyó el abogado Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Lavandería Fujimori

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en

Alberto Fujimori y sus hijos

Imputaciones por lavado de activos persiguen a la familia del dictador. A las revelaciones de Jorge Yoshiyama por el caso ‘Cócteles’ ahora se sumó la acusación de Kenji Fujimori contra su hermano Hiro, por presunto blanqueo de capitales en Limasa.

Para el investigador y especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, las recientes declaraciones de Kenji Fujimori ante la Fiscalía, refuerzan la hipótesis fiscal de que se habría configurado el delito de lavado de activos en las operaciones financieras de la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A., (Limasa), hoy IGL.

Como se recuerda, el menor de los Fujimori responsabilizó a su hermano Hiro de haber realizado las negociaciones con la empresa japonesa Sankyo Corporation que concluyeron con una inyección de US$ 1 millón 470 mil en Limasa. Según lo declarado por Kenji Fujimori, para concretar la operación crearon la empresa Inversiones Perú-Japón, la cual fue posteriormente absorbida por Limasa. Para el Ministerio Público, la triangulación financiera contiene indicios de lavado de activos mediante la figura de capitalización de deudas.

Y razones no faltarían a la Fiscalía para llegar a esa conclusión:

Inversiones Perú-Japón fue creada en mayo del 2014 con S/ 100 como capital social, según Hildebrandt en sus Trece; semanas después recibió un préstamo de US$ 1 millón 470 mil de la japonesa Sankyo, para cerrar en julio de ese mismo año, tras ser absorbida por Limasa.

“Cuando Kenji Fujimori responsabiliza a su hermano Hiro, lo que en realidad está diciendo es que la investigación va camino a corroborar la hipótesis fiscal, por eso es que los hermanos se echan la culpa”, afirmó Antezana.

Además, destacó el hecho de que Kenji Fujimori realice estas declaraciones luego de presentarse ante la opinión pública como vendedor de frutas, de huevos, y hasta como influencer de cremas faciales. “Luego de su salida del Congreso aparentemente se dedicó a varios oficios para dar a entender que no tenía nada que ver con las operaciones de Limasa, por eso dice que Hiro es el responsable”, añadió.

“Vemos en la investigación de Limasa una pugna, una bronca entre los hermanos Kenji y Hiro debido a este vertiginoso crecimiento de la empresa”, señaló, en referencia al incremento del capital social, de S/ 40 mil en el 2009 S/ 2, 8 millones en el 2014. “Es claro que ahí también habría lavado de activos. La pregunta es de dónde sería el dinero”, agregó.

En ese sentido, el analista recordó que en la hipótesis de lavado de activos contra Limasa, también está presente la investigación sobre los 100 kilos de cocaína hallados en los almacenes de la empresa en el 2013.

UN APELLIDO Y DOS BRAZOS PARA LAVAR

Por otro lado, consideró que tras lo revelado por Jorge Yoshiyama va quedando mucho más claro que Keiko Fujimori sabía del proceso de blanqueo del dinero de Odebrecht y de los cócteles. “Es importante tener en cuenta este dato porque involucra a toda la familia”, indicó.

“En el caso de Keiko y la hipótesis de organización criminal en Fuerza Popular la idea principal está vinculada al financiamiento de Odebrecht. Pero los cócteles tienen otras fuentes. Yo añado a la investigación por lavado de activos la fuente del narcotráfico; aunque el Equipo Lava Jato no ha considerado el narcotráfico, yo sí creo que el dinero puede provenir de esa fuente, porque se está probando la existencia de mucho más dinero del proveniente de Odebrecht”, apuntó.

Lo mismo sucedería con el caso de Limasa. Según Antezana, una teoría es que el dinero de la transnacional japonesa vendría del dinero de la corrupción de la dictadura fujimorista, el cual fue sacado en maletines cuando el dictador huyó del país. “Pero el dinero que se llevó Fujimori no provino solamente de la corrupción, ya que también tuvo como fuente los cupos del narcotráfico. Entonces hay que incorporar esa fuente como una posibilidad”, indicó.

“Entonces, los Fujimori tendrían dos brazos para lavado de activos. En el caso de Limasa está Hiro, Kenji, Sachi y Miguel Torres, además del sobrino de Joaquín Ramírez. Y en Fuerza Popular está Keiko con la cúpula del partido. Al parecer Keiko no se dedicaba al mundo empresarial”, expresó Antezana.

DEBEN SUSPENDER A FUERZA POPULAR

Finalmente, el analista consideró que tomando en cuenta la gravedad de las revelaciones de Jorge Yoshiyama, la Fiscalía debería pedir la suspensión de Fuerza Popular como partido político. “Lo revelado es realmente contundente, Keiko sabía del dinero y era todo un aparato el que estaba manejando, y esa organización involucra a Hinostroza, a Vicente Silva Checa, a la abogada Giuliana Loza, al estudio Oré Guardia. ¿La plata era solo de Odebrecht? Yo creo que no, sino que venía también del narcotráfico”, manifestó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Velásquez Quesquén debería ir a prisión si cometió delito

Publicado

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Javier Velásquez Quesquén

Habiendo elementos de convicción suficientes y no teniendo inmunidad parlamentaria, el disuelto congresista aprista debería ser detenido preliminarmente, por orden del fiscal provincial, por haber cometido un delito común.

Tres dirigentes de empresas de transporte dieron un testimonio lapidario contra Javier Velásquez Quesquén, cuando fueron detenidos en el mes de julio, debido a sus vínculos con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

Zoraida Ávalos Rivera, fiscal de la Nación, tiene en su poder esa grave imputación. Además, no solo se le acusa a Velásquez Quesquén de tráfico de influencias sino de haber librado al alcalde de la Contraloría.

Es decir, por un lado intercedió a favor de un empresario de colectivos que cubría la ruta Chiclayo- Picsi; y por el otro, favorecía al exalcalde David Cornejo Chinguel para que la Contraloría desbloquee las cuentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

Velásquez Quesquén lo niega todo. “En el próximo Congreso demostraré que es una nueva patraña urdida para desprestigiar a los adversarios del gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter.

20 AÑOS DE PENA

Al respecto, el abogado Guillermo Olivera Díaz afirmó que el fiscal provincial debe ordenar inmediatamente su detención preliminar, “para que haga sus descargos”, y en la hipótesis de que su negativa sea sesuda, “aún así debe ser detenido preventivamente”.

Precisó que eso es lo que se merece el excongresista disuelto, porque “se encuentra involucrado en un sinfín de hechos punibles e incluso tratándose de diversos agraviados y diversas modalidades de hechos ilícitos, se debe de hablar de un concurso real de hechos, cada uno de los cuales merece una pena determinada”.

Remarcó al respecto que “todo ello debe sumarse, porque en el Perú rige la sumatoria de penas, en cuya virtud presumo, calculo, juzgo, que una pena para un congresista altamente denunciado debe superar los 20 años de pena privativa de la libertad”.

“Pero hay que tener en cuenta dos cosas: uno, que yo discrepo con la Fiscal de la Nación, que lo denuncia ante el Congreso por un delito de función; y dos, que Velásquez Quesquén cometió un delito común con una organización criminal:

‘Los temerarios de crimen’ y por ello debe ser detenido”.

“Ya es el momento -agregó-, de que los exparlamentarios sean investigados, procesados, acusados y juzgados con todo el peso de la ley. Debe ser una pena ejemplar”.

Refirió que el nuevo Congreso debe jugar ese papel importante. “Y eso es lo que primero que haré de ser elegido por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), con el número 33”.

QUESQUÉN DIJO QUE VOLVERÁ

“Todas esas denuncias constitucionales que estén en curso en el parlamento disuelto, deberán ser reafirmados en una forma veloz para que todos esos casos, en conjunto, pasen a manos de los fiscales que correspondan”.

Comentando las palabras de Velásquez Quesquén, de que volvería al Congreso para demostrar que esas son patrañas contra los adversarios del gobierno, el letrado manifestó que “ese nuevo Congreso, por el contrario, va a reactivar todas las denuncias constitucionales que haya contra él y contra todos los congresistas que fueron vistos benignamente en la Comisión de Ética del Congreso de mayoría fujiaprista”.

“Así que sueñe despierto Javier Velásquez Quesquén, si cree que el nuevo Congreso lo va a blindar, lo va a apañar. Todo lo contrario. Además, se rumorea que mañana (hoy), 11 de noviembre, el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejará fuera de carrera a todos los topos de aprofujimorismo que están postulando al nuevo Congreso”, reveló.

“Es decir, esos excongresistas disueltos están impedidos de postular para el nuevo Congreso, así como también están prohibidos de candidatear el año 2021; por lo tanto, estarán fuera del Congreso hasta el 2026, porque el pueblo peruano, en el referéndum del 9 diciembre del 2018, les prohibió la reelección”, expli ALGO MÁS “Además, el artículo 134 de la Constitución Política les prohíbe la postulación cuando se encuentren en la calidad de congresistas disueltos, revocados, destituidos, por lo cual no tienen la posibilidad de candidatear”, concluyó el abogado Guillermo Olivera Díaz.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

“Los temerarios del crimen” tendrán que rendir cuentas

Publicado

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Zoraida Ávalos

Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, formalizó, días atrás, denuncia constitucional en contra de los excongresistas Javier Velásquez Quesquén, Marvin Palma y el excontralor Edgar Alarcón por el caso “Los temerarios del crimen”.

Los imputados, en calidad de altos exfuncionarios, fueron denunciados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio, por supuestamente haber favorecido al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

La tesis fiscal señala que Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma habrían intercedido en favor de Cornejo Chinguel para concretar una reunión con el entonces contralor Alarcón en agosto del 2007.

La Fiscalía sostiene que Cornejo buscaba que se deje sin efecto la medida interpuesta por la Contraloría de congelar las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo a causa de malos manejos. De acuerdo a la indagación, Alarcón habría recibido S/30 mil a cambio.

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