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Editorial

Legislatura extraordinaria

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La crisis por la que atraviesa el sistema de justicia en el Perú obligó al presidente de la República, Martín Vizcarra, a una medida de urgencia y este viernes el Congreso de la República responderá al llamado del Ejecutivo, realizando una legislatura extraordinaria.

El Parlamento ya tenía programada para el lunes una reunión extraordinaria para debatir los avances en la investigación del caso del Consejo Nacional de Magistratura que se realiza en la Comisión de Justicia; sin embargo, es saludable la iniciativa del mandatario aunque, como siempre, un poco tardía.

El presidente Vizcarra sí está facultado para solicitar que el Congreso se reúna para debatir un tema determinado de agenda; el mecanismo para hacerlo es a través de un decreto supremo. El artículo 118, inciso sexto de la Constitución. Eso dio pie a que Luis Galarreta, como presidente del Legislativo, lo acate.

Frente a todo ello, no se explica la reacción del congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien insiste que Vizcarra “está en la calle” y mal asesorado. Tras calificarlo de “ignorante”, el acciopopulista alcanzó a decir que se trataba de “una jugada política totalmente ilegal e inconstitucional”.

Cierto es que Vizcarra mandó un oficio que para efectos no tenía valor; se podría pensar que fue producto del apuro. Ya con la emisión del Decreto Nº 076 se efectiviza la convocatoria.

Al margen de cuestiones de forma, lo más oportuno en estos momentos es la destitución de todos los miembros del CNM, aplicando el artículo 157 de la Constitución tal como lo solicita el propio Vizcarra.

Es verdad que no se puede poner en el mismo saco a la totalidad de jueces y fiscales ni de hacerla de “cabeza de turco” pero los miembros del CNM deberán comprender que el ojo de la tormenta está en ellos. Por ello, no queda otra que pasar por un órgano distinto y de conformación distinta de la actual. El desgaste y el desprestigio son evidentes.

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Editorial

Combate a corrupción tiene que continuar

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El cardenal Pedro Barreto ha pedido no politizar la labor de la Fiscalía, institución que está cumpliendo su labor de investigar hechos de presunta corrupción y luchar contra ese flagelo que se ha enquistado en todos los ámbitos y niveles del país. Ha recordado, además, que cuando el papa Francisco visitó el Perú dialogó con los obispos expresándoles su preocupación por la situación en nuestro país, donde expresidentes están en la cárcel. Se refería a Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Es verdad que el deceso de Alan García, en circunstancias muy tristes, ha enrarecido aún más el clima político. Sin embargo, ello no debe ser óbice para que las investigaciones que realizan los fiscales del Ministerio Público no sigan adelante. Por el contrario, hay muchos interesados en que el proceso se paralice y para ello echarían mano de cualquier estratagema o argucia jurídica. No obstante, la Fiscalía de la Nación está en la obligación de garantizar la continuidad de las investigaciones, máxime, cuando en el extranjero la prensa destaca las acciones realizadas hasta el momento.

Lo peor que podría ocurrir es que se venga abajo todo lo investigado, que los casos vuelvan a fojas cero o que muchos traten de descargar culpas en el extinto expresidente Alan García. Es en ese sentido que el arzobispo de Huancayo y cardenal de la Iglesia católica, ha exhortado a todos los peruanos a cerrar filas en contra de la corrupción, para que nunca más suceda lo que ha ocurrido en las últimas décadas.

Al igual que el cardenal Barreto, nuestras autoridades del Gobierno y del Poder Judicial harían bien en respaldar la labor de procuradores y fiscales del grupo especial que investiga el caso Lava Jato, especialmente ahora que la familia ha hecho pública una carta de Alan García a sus hijos en la que les decía que deja su cadáver “como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios”. Hablando en buen romance, fue una muerte anunciada que ojalá sirva para que el Partido Aprista pueda recomponerse. Y por el bien del país, que continúen las investigaciones.

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Editorial

A propósito del suicidio

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Hace algunas semanas habíamos alertado desde esta columna que el Estado no se está ocupando debidamente de la salud mental de la población. El suicidio es en el Perú un problema de salud pública. Así lo ha advertido, también, el director de Salud Mental del Ministerio de Salud, Yuri Cutipé, quien ha dado cifras preocupantes. En nuestro país se registran mil suicidios cada año, como bien ha publicado Diario UNO en su edición de ayer jueves. Pero lo más grave aún es que cada día seis personas tratan de terminar con su vida por diversas razones. Por todo ello, el suicidio no debe ser visto por nuestras autoridades competentes como un mero caso policial y menos en forma aislada.

Este problema se agrava por una difusión masiva en los medios de comunicación cuando ocurren este tipo de casos, sobre los que Karl N. Warren advertía en un antiguo manual sobre géneros periodísticos informativos. “Otros peligros acechan en los casos de suicidio. Uno de ellos es el de movilizar las fuerzas de la sugestión, alentando a otros que puedan estar considerando la idea del suicidio. Hasta cierto punto esto puede evitarse haciendo referencias vagas al método empleado por el suicida en lugar de precisar los detalles del caso”. (Warren, 1975: 180)1.

Asimismo, el Libro de estilo del diario El País de España recomienda a sus periodistas “… ser especialmente prudente con las informaciones relativas a suicidios (…) porque la psicología ha comprobado que estas noticias abocan a quitarse la vida a personas que ya eran propensas al suicidio y que sienten en ese momento un estímulo de imitación” (Ediciones El País SA, 1990: 16)2. En fin, no es ninguna novedad lo que estamos diciendo, pero es lamentable la forma en que van aumentando los casos de suicidio o intento de cometerlo. De lo que se trata es de no contribuir a que esto continúe y son los medios de comunicación los que también tienen que poner su grano de arena.

Pero cuando la responsabilidad es de todos se puede decir también que no es de nadie. La cosa es que el Estado asuma el papel que le corresponde y otorgue los recursos necesarios al Ministerio de Salud para que pueda atender la salud mental de la población, sometida a las presiones de la vida moderna y a los mensajes de violencia que los medios de comunicación difunden cotidianamente, especialmente la televisión. El Ministerio de Salud debe hacerse cargo de la salud pública y el Gobierno está en la obligación de garantizarle los recursos necesarios para ello.

1/WARREN, Karl N. (1975). Géneros periodístico informativos. Barcelona, A.T.E.

2/Ediciones El País SA (1990). El País: Libro de estilo, Madrid, Ediciones El País.

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Editorial

En las horas difíciles

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La noticia causó conmoción ayer desde muy temprano. El expresidente Alan García decidió poner punto final a sus días al enterarse que iba a ser detenido preliminarmente en vísperas de que el operador de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, prestara declaraciones a la Fiscalía. Tras el primer impacto del lamentable suceso, las huestes de “Alfonso Ugarte” realizaban los preparativos para el velatorio en la “Casa del Pueblo”, sede principal del Partido Aprista.

El Poder Ejecutivo, por su parte, declaró Duelo Nacional los días 17, 18 y 19 de abril de este año, con motivo del deceso del exjefe de Estado y dispuso que el Pabellón Nacional sea izado a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales y demás dependencias del Estado en todo el territorio nacional, así como en las misiones diplomáticas, consulares y representaciones permanentes del Perú en el exterior. Mandatarios y expresidentes de la región expresaron sus condolencias a los familiares de Alan García.

En tanto, los fiscales del caso Lava Jato manifestaron ayer que no harían declaraciones en consideración a los difíciles momentos por los que atravesaba la familia del otrora líder aprista. Sin embargo, el trabajo del Ministerio Público debe continuar hasta que se aclare toda esta trama de corrupción de Odebrecht que ha salpicado a varios políticos y expresidentes peruanos. La justicia debe continuar su labor hasta poner a buen recaudo a quienes hayan lucrado con los pocos recursos con que cuenta el país.

De otro lado, corresponde al Pleno del Congreso aprobar de una vez por todas, la creación del sistema anticorrupción. El presidente Martín Vizcarra presentó ocho proyectos para la reforma judicial y dos de ellos están durmiendo el sueño de los justos desde el 2 de agosto del año pasado, tras recibir 59 votos en contra. En todo caso, lo que ha pasado con el expresidente Alan García y la desidia del Congreso deben llamarnos a la reflexión sobre la necesidad de acelerar los cambios que se requieren en el sistema judicial para que no vuelva a repetirse un escándalo de corrupción como el generado por la constructora brasileña Odebrecht. Son horas difíciles, pero, valgan verdades, el país ya está harto de la corrupción.

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