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Editorial

Legislatura extraordinaria

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La crisis por la que atraviesa el sistema de justicia en el Perú obligó al presidente de la República, Martín Vizcarra, a una medida de urgencia y este viernes el Congreso de la República responderá al llamado del Ejecutivo, realizando una legislatura extraordinaria.

El Parlamento ya tenía programada para el lunes una reunión extraordinaria para debatir los avances en la investigación del caso del Consejo Nacional de Magistratura que se realiza en la Comisión de Justicia; sin embargo, es saludable la iniciativa del mandatario aunque, como siempre, un poco tardía.

El presidente Vizcarra sí está facultado para solicitar que el Congreso se reúna para debatir un tema determinado de agenda; el mecanismo para hacerlo es a través de un decreto supremo. El artículo 118, inciso sexto de la Constitución. Eso dio pie a que Luis Galarreta, como presidente del Legislativo, lo acate.

Frente a todo ello, no se explica la reacción del congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien insiste que Vizcarra “está en la calle” y mal asesorado. Tras calificarlo de “ignorante”, el acciopopulista alcanzó a decir que se trataba de “una jugada política totalmente ilegal e inconstitucional”.

Cierto es que Vizcarra mandó un oficio que para efectos no tenía valor; se podría pensar que fue producto del apuro. Ya con la emisión del Decreto Nº 076 se efectiviza la convocatoria.

Al margen de cuestiones de forma, lo más oportuno en estos momentos es la destitución de todos los miembros del CNM, aplicando el artículo 157 de la Constitución tal como lo solicita el propio Vizcarra.

Es verdad que no se puede poner en el mismo saco a la totalidad de jueces y fiscales ni de hacerla de “cabeza de turco” pero los miembros del CNM deberán comprender que el ojo de la tormenta está en ellos. Por ello, no queda otra que pasar por un órgano distinto y de conformación distinta de la actual. El desgaste y el desprestigio son evidentes.

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Editorial

Intolerancia con la prensa

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La televisora estadounidense CNN ha demandado ayer al presidente Donald Trump por haber suspendido la semana pasada la acreditación de su corresponsal jefe en la Casa Blanca, Jim Acosta, lo cual ha motivado el pronunciamiento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca –WHCA por sus siglas en inglés– que ha calificado de “reacción desproporcionada” la medida adoptada por el Ejecutivo. Periodistas de diversos medios de comunicación se han solidarizado de inmediato con su colega.

Esta no es la primera vez que el presidente Donald Trump ataca a los reporteros de esa televisora, pues ya lo ha hecho con la periodista de CNN AbbyPhillip, a quien no le contestó por considerar que le hacía preguntas “estúpidas”. La guerra entre Donald Trump y la CNN se debe a que la televisora tiene una posición contraria a las políticas del mandatario.

En todo caso, el jefe de la Casa Blanca debería dejar de lado su intolerancia con la prensa por más incómoda que le resulte, pues de lo contrario no podrá jactarse de ser el presidente de un país que respeta la libertad de prensa, la diversidad de opiniones y las libertades.

Pero en todas partes se cuecen habas, ha ocurrido también en Brasil con el electo presidente Jair Bolsonaro, a quien se critica por su coincidencia con Trump en su discurso contra la prensa.

Y como no podía ser de otra manera, el Perú tampoco se podía quedar atrás. El Congresista Mauricio Mulder presentó un proyecto de ley en el Legislativo para prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

Las instituciones afectadas no solo fueron los medios de comunicación sino también el Estado, por lo que el caso llegó al Tribunal Constitucional, máxima instancia que dejó sin efecto la inconstitucional norma.

No hay que olvidar, tampoco, el proyecto que después fue retirado para prohibir que personas investigadas ocupen determinados cargos en los medios de comunicación. En fin, nuestro país no es ajeno a estos hechos que tratan de obstaculizar la labor de la prensa.

Aún está fresca en la memoria de todos los peruanos la forma en que el fujimontesinismo secuestró a la prensa para acallar las denuncias en su contra. No obstante, eran otros tiempos y se trataba de una dictadura disfrazada de democracia. El Perú de ahora es diferente y por eso no se debe permitir coartar la libertad de prensa.

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Editorial

Fiscal vs. fiscal

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El Ministerio Público ha abierto un proceso en Control Interno al fiscal José Domingo Pérez, por haber emitido en México, durante su presentación en el Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua 2018, algunas declaraciones sobre temas sensibles como la lucha contra el terrorismo en nuestro país. Fue después de que el caso fue remitido a Control Interno, lo cual no es sorpresa para nadie porque a principios del presente mes un matutino local afirmaba que Chávarry estaría evaluando una sanción disciplinaria contra el magistrado, quien podría ser apartarlo del equipo especial que investiga el caso Lava Jato.

En otras circunstancias una actitud de este tipo podría acarrear una investigación disciplinaria y administrativa. Sin embargo, por el contexto en que esta se ha producido podría generar más conflictos de manera innecesaria, lo cual podría ser aprovechado por las partes investigadas en el caso de corrupción, denominado Lava Jato. Por ello, llama la atención que el titular del Ministerio Público haya procedido con una celeridad digna de mejor causa.

El contexto que rodea este proceso contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez no es el más conveniente, porque la investigación al aludido fiscal se produce poco después de que la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras personas de su entorno, han sido enviados 36 meses a prisión preventiva a solicitud del mismo fiscal Pérez, que tiene a su cargo la defensa de la sociedad. Muchos están preguntándose ahora mismo si no es demasiada coincidencia.

Ocurre, también, que la permanencia de Pedro Chávarry en el cargo de Fiscal de la Nación viene siendo cuestionada a raíz de una serie de hechos que, por lo menos, echan sombras sobre la transparencia que debe mostrar un titular del Ministerio Público. Más aún porque el respaldo que puede exhibir viene de los miembros de Fuerza Popular con su líder Keiko Fujimori a la cabeza, que se encuentran bajo investigación. Mejor sería que el titular del Ministerio Público diera un paso al costado, en vez de tomar medidas que más parecen destinadas a acosar al fiscal José Domingo Pérez y a ponerle cortapisas.

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Editorial

Urge frenar la corrupción

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Ante la negativa del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, de poner en debate las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el legislador de Acción Popular, YonhyLescano, propuso a las bancadas del Parlamento retirarse como medida de protesta.

“Promover una sanción o una censura en contra de su presidente (César Segura) no será facilitada por los votos de Fuerza Popular, lo otro (el retiro de integrantes) es más efectivo”, agregó.

Segura se niega a poner en debate las denuncias constitucionales contra Chávarry, a pesar de los constantes pedidos de diversos sectores políticos y sociales, argumentando que deben ingresar por orden de llegada; es decir que podrían quedar para las calendas griegas, a pesar de la importancia que tienen, pues de continuar postergadas el país seguirá sumido en medio del caos político y nadie podrá ocuparse de los principales problemas nacionales que preocupan a la mayoría de peruanos.

De otro lado, la bancada del Frente Amplio ha anunciado que presentará al Ministerio Público en forma independiente el trabajo realizado en minoría que fue obviado en el informe final de la Comisión Lava Jato, lo que es interpretado por un sector de parlamentarios como un blindaje a Alan García y a Keiko Fujimori.

Parece ser, pues, que a la mayoría fujiaprista que domina el Congreso poco le importa el enfriamiento de la economía, ni la llegada masiva de ciudadanos venezolanos en busca de trabajo, como poco les importa las alzas en el transporte masivo y los retrasos en la reconstrucción del norte. Eso no les interesa como tampoco parece importarles la lucha anticorrupción. Como dice el legislador Yonhy Lescano, hay un doble discurso que maneja la alianza Apra-Fuerza Popular.

Sería bueno que el Gobierno pise acelerador a fondo en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere porque de lo contrario la economía corre el riesgo de quedar paralizada. Así lo han advertido sectores empresariales al señalar que hay cifras preocupantes, como la menor importaciones de bienes de capital (-3.3% en agosto y -5.9% en setiembre), lo que indicaría una menor inversión privada que se traduciría en un menor PBI al esperado para este año. Ojalá nos equivoquemos.

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