Contáctanos

Política

Las masacres en El Frontón y Lurigancho

Publicado

en

Matanza de El Frontón

El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su capítulo sobre las ejecuciones extrajudiciales en los penales El Frontón y Lurigancho, consigna que el electo presidente Alan García Pérez manifestó en su primer discurso oficial que su gobierno cambiaría la estrategia de lucha contra la subversión y que tendría especial énfasis en el respeto a los derechos humanos de la población. Era el 28 de julio de 1985.

Las actividades subversivas de Sendero Luminoso dentro de los penales se desarrollaban con el conocimiento y tolerancia de las autoridades que eran incapaces de dar un adecuado tratamiento a los internos por terrorismo. Ya en abril de 1985, los presos por terrorismo en el penal San Juan Bautista, conocido como El Frontón, se amotinaron tomando como rehenes a ocho funcionarios penitenciarios, los que fueron liberados luego de un diálogo con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El 13 de julio se produjo un motín coordinado entre los penales de Lurigancho, Santa Bárbara – de mujeres-, y El Frontón. Cuatro días después, con la liberación de seis rehenes, la entrega del armamento policial del que se habían apoderado los reclusos, y la firma de un acta con 24 puntos, se puso fin al motín a través del diálogo. Con García en el poder, los siguientes amotinamientos tuvieron desenlaces sangrientos.

En setiembre de ese año, con el fin de asesorar al presidente respecto al tratamiento de los detenidos por terrorismo, la investigación de casos de los desaparecidos y el respeto de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, se formó la Comisión de Paz. Pero el 4 de octubre poco o nada pudieron hacer los integrantes de esa comisión para evitar la muerte de 34 internos por terrorismo en el penal San Pedro, en Lurigancho. El diario El País de España consignó que 30 reclusos murieron “tras arder vivos” y otros 4 por disparo de bala. El 31 de octubre se firmó una segunda acta entre autoridades e internos por terrorismo, ratificando los acuerdos de la primera acta suscrita en julio.

El 7 de febrero de 1986, se decretó el toque de queda en Lima y Callao y se declaró el estado de emergencia en la capital y otras 21 provincias del país. Las condiciones precarias en los centros penitenciarios, la lentitud en los procesos judiciales y el maltrato sistemático a los internos seguían conformando un campo propicio para la agitación por parte de Sendero Luminoso. Opiniones recogidas por la CVR dan cuenta de que los detenidos por terrorismo se consideraban “prisioneros de guerra” y que se mantenían en permanente “estado de lucha” para lograr ser reconocidos con tal status.

Alan García Pérez

A las 6:00 a.m. del 18 de junio de 1986, en la víspera del XVII Congreso de la Internacional Socialista desarrollado en Lima, los internos por terrorismo de los penales de San Juan de Lurigancho, del Pabellón Azul de El Frontón, y Santa Bárbara (mujeres), se volvieron a amotinar en forma coordinada, tomando como rehenes a tres periodistas y a los guardias carcelarios. En el pliego de reclamos incluyeron mejoras en las condiciones de vida, aceleración de los juicios, ejecución de los acuerdos firmados en 1985 y la destitución del presidente del INPE, Manuel Aquézolo, a quien acusaban de ser cómplice de las muertes del 4 de octubre en Lurigancho, entre otros. También pidieron la no participación de la Marina de Guerra en El Frontón, a la cual acusaron de “revisiones humillantes a los familiares”.

Una sesión de emergencia se llevó a cabo a las 10:00 a.m., entre el presidente García, el Consejo de Ministros y los mandos militares. Tres horas más tarde, el ministro del Interior Agustín Mantilla anunció que de no haber rendición los penales serían tomados a la fuerza.

A las 16:30, la Comisión de Paz enviada por el gobierno llegó al penal El Frontón pero fracasó en su misión negociadora. Cuarenta y cinco minutos más tarde, el grupo de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú y los miembros de la Guardia Republicana del Perú (GRP) entraron en acción para retomar el control de los penales.

Los hechos fueron consignados por la Iglesia católica peruana en el documento titulado “Masacre de los penales de Lima”, publicado el 19 de junio de 1986: “En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El Consejo de Ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara interviene la GRP. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la GRP. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa”.

Con el transcurrir de los días, algunos medios de comunicación y políticos como Javier Diez Canseco comenzaron a divulgar información sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales contra los internos cuando los penales ya se encontraban en total control de las Fuerzas Armadas.

El 21 de junio de 1986 el gobierno admitió oficialmente la posibilidad de que en el penal de Lurigancho se hubieran cometidos “excesos en el uso de la fuerza” e informó haber dispuesto una investigación en el Fuero Militar. El 27 de junio, García Pérez admitió que existían evidencias de la comisión de crímenes en el penal de Lurigancho por parte de la Guardia Republicana, y anunció el inicio de una investigación destinada a castigar a todos los responsables de la matanza. “O se van todos los responsables, o me voy yo”, dijo entonces.

Pero las investigaciones en el Fuero Militar encontraron responsabilidades solo en el coronel GRP Rolando Cabezas Alarcón, que fue puesto en libertad por la Ley de Amnistía el 6 de junio de 1995, y otros siete miembros de la Guardia Republicana. Respecto a los miembros de la Marina de Guerra que participaron en la operación de El Frontón, el Consejo Supremo de Justicia Militar no halló responsabilidad penal, por lo que el proceso fue sobreseído de manera definitiva el 20 de julio de 1989.

Matanza de El Frontón

Por su parte, el informe en mayoría que la Comisión Investigadora -integrada por miembros del Senado- presentó en diciembre de 1987, atribuyó los “posibles excesos” a conductas exclusivamente individuales de los ejecutores, descartando responsabilidades en autoridades gubernamentales y militares. En un sentido contrario, un informe en minoría presentado por la misma comisión sí apuntaba a evidenciar la imprevisión del gobierno que derivaron en las ejecuciones y en la responsabilidad de este por las órdenes impartidas poniendo en peligro la vida de los internos. Además, dicho informe concluyó que el gobierno difundió información falsa y encubrió los crímenes cometidos.

En la misma sintonía se ubican los testimonios del entonces teniente GRP Jorge Loyola Felipe y el general GRP Máximo Martínez Lira, quienes también hacen referencia a que el resultado del operativo se produjo como consecuencia de órdenes dictadas desde Palacio de Gobierno.

Con estos elementos en la agenda política, en 1990, la Cámara de Diputados nombró una Comisión Especial Dictaminadora para que se pronunciara sobre la procedencia de una acusación constitucional contra el expresidente Alan García Pérez por las ejecuciones extrajudiciales de los penales. El dictamen de la Comisión opinó por la procedencia de la acusación contra el expresidente. Sin embargo, la Cámara de Diputados blindó a García y no procedió la acusación constitucional.

Para la CVR resulta evidente que no se adoptaron mecanismos idóneos de control que garanticen un empleo racional de la fuerza al momento de una intervención militar, por lo que considera existe una grave responsabilidad política, sin descartar infracciones a la ley penal, de quienes participaron en la sesión del Consejo de Ministros del 18 de junio de 1986 y del propio presidente Alan García Pérez.

Sin embargo, las recomendaciones que la CVR realizó al Ministerio Público para la reapertura de las investigaciones por los sucesos en los penales de Lima parecen haber quedado en el olvido, ese destino recurrente para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Perú. Para ellos nunca habrá justicia.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Toledo se salvaría

Publicado

en

Alejandro Toledo Manrique

Alejandro Toledo, expresidente de Perú y examigo de Maiman, se paseaba y bebía el mejor licor en los EEUU, como Pedro en su casa. Pero fue detenido y pasado mañana se verá su caso por el pedido de su extradición en Perú.

Sin embargo, si se comprueba que tiene doble nacionalidad o que ya renunció a la peruana por la norteamericana, el pedido de extradición se verá entrampado porque EEUU siempre defiende a sus connacionales.

Si no ha sucedido lo anterior, dependerá del cuadernillo de extradición presentado por el abogado sobre su caso y, al parecer, está mejor fundamentado y documentado.

De ser así, se habrán acabado las gollerías de las que gozaba. Y no solo él, también su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, quienes estarían en la danza por Ecoteva.

DEPENDERÁ DEL CUADERNILLO

“El pago de la fianza va a depender mucho de la corte de los EEUU y del acervo documentario que haya presentado la Fiscalía para determinar la vinculación del delito por el cual está siendo investigado Toledo, que permita establecer una suerte de veracidad para el tribunal americano”, comentó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“Hay una posibilidad de que pagando una fianza podría (lo pongo en condicional) seguir su proceso en libertad, una caución bastante elevada que fácilmente la podría pagar con todo lo que se ha llevado”, precisó.

“Lo importante es que la Fiscalía ha hecho acopio de mayor información de su examigo Maiman y que ya está el pedido de homologación en el Poder Judicial, así como se hizo con el acuerdo con Odebrecht; cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, la Fiscalía, una vez que ha corroborado la información, ha llegado a un acuerdo, este tiene que ser validado por el Poder Judicial”, explicó.

“La Fiscalía tiene ese pedido o se lo va hacer al Poder Judicial, porque ha corroborado, ha comprobado, que toda la información que tiene y que le ha dado el examigo de Toledo, es cierta”, anotó.

NO SE DESCARTA LA CAUCIÓN

“Va a depender mucho de esta primera audiencia que va a tener Toledo… Yo no descartaría la caución, lo que seguramente su defensa va a solicitar al tribunal de los EEUU”, sostuvo.

“Si por delitos más graves ha habido caución, entonces por un delito de corrupción también pueden ponerle una caución. Podría librarla Toledo, pero todo está condicionado a lo que el abogado contratado por el Estado peruano presente ante el tribunal”, subrayó.

“Yo creo que en este caso se va a presentar un segundo pedido de extradición por Ecoteva, con pruebas mucho más fehacientes. En resumen, le está llegando la hora, pero este procedimiento demorará por lo menos un año en que podamos traer a Toledo”, afirmó.

¿LE LLEGÓ LA HORA?

“Pero, vuelvo a reiterar que le llegó la hora al señor Toledo. Pero, las cosas se podrían complicar si él demuestra la nacionalidad norteamericana. Eso sería grave para los fines de extradición, porque todos sabemos que EEUU protege a sus connacionales bastante fuerte”, advirtió.

“Y en ese sentido -agregó- sería un doble trabajo en caso Toledo pase a la nacionalidad americana. Vamos a ver ahora si nuestro expresidente sigue siendo peruano o ya es americano-peruano o ya renunció a la nacionalidad peruana. No lo sabemos”, declaró.

“En este procedimiento vamos a poder comprobar dos cosas: uno, si sigue siendo peruano o tiene ambas nacionalidades; y dos, si la Fiscalía se ha preocupado a través de conductos que establecen los medios procesales allá en el país y asociarla a un mayor acervo documentario concerniente a Toledo, con el cual se le está vinculando, y con la acusación de Ecoteva que debe sumarse a la anterior”, subrayó.

ALGO MÁS

“Solo así podemos pedir la extradición, en caso contrario, Toledo estaría fuera con una elevada caución”, dijo el jurista Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Seguir leyendo

Política

Fue detenido por recibir sobornos de Odebrecht

Publicado

en

Odebrecht

El expresidente peruano, Alejandro Toledo, fue detenido el martes 16 de julio por las autoridades estadounidenses, a solicitud de la Fiscalía de Perú que ha apelado a la cooperación internacional con la finalidad de facilitar su proceso de deportación.

Toledo, cuyo mandato abarcó el período 2001-2006, es señalado de recibir sobornos por el conocido caso de la empresa brasileña Odebrecht, que ha salpicado a mandatarios de toda la región, incluyendo a sus homólogos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el fallecido, Alan García.

LAVADO DE DINERO

La justicia peruana también señala a Toledo por los delitos de lavado de dinero a través de la creación de la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica y representada por su suegra, Eva Fernenbug, detalla Europa Press. En el caso también se señala a su esposa, Eliane Karp.

El exmandatario ha negado tales acusaciones y ha instado a presentar las pruebas que lo incriminan. Sin embargo, el testimonio de su amigo de infancia, el empresario israelí Josef Maiman, confirmó la intención de Toledo de crear el consorcio en una transacción calculada en 20 millones de dólares.

Seguir leyendo

Política

Pueblo quiere Congreso sin requisitoriados

Publicado

en

Congreso de la República del Perú

No se trata del levantamiento de la inmunidad para la detención o continuar con el juzgamiento de un congresista por los procesos iniciados antes de su elección. En tales casos, no se requiere pronunciamiento alguno de la Corte Suprema o del Congreso.

Actualmente, el procedimiento está a cargo del propio Congreso, poder del Estado que, de acuerdo a las estadísticas, rechaza la mayoría de las solicitudes de levantamiento de fuero parlamentario, como se ha observado en recientes casos escandalosos

“La primera de las reformas aprobadas impone una suerte de valla a la presencia de personajes corruptos en el Congreso en la medida que impide candidatear si hay una sentencia firme”, afirmó Carlos Monge, analista político.

“Allí había una primera valla. El tema de la inmunidad parlamentaria tiene que ver con la manera como el Congreso ha venido usando sus prerrogativas para protegerlo de acciones en curso sobre delitos que se han cometido antes de ser parlamentarios”, acentuó.

QUE NO SEA EL CONGRESO

“Como se sabe cuando hay una investigación abierta sobre un delito cometido fuera de la función parlamentaria el Poder Judicial no puede directamente investigar al congresista, sino que tiene que oficiar al propio Parlamento y el Parlamento a su Comisión de Ética para que decida si le levantan o no la inmunidad parlamentaria”, explicó.

“Como el Parlamento tiene la capacidad de decir que no, porque no le parece suficiente, está utilizando mecanismos de la inmunidad parlamentaria para convertirlo en un mecanismo de impunidad, de protección”, remarcó.

“La reforma que el Ejecutivo plantea es que ya no sea el propio Congreso el que decida si se le quita o no la inmunidad parlamentaria al congresista frente al requerimiento del Poder Judicial”, puntualizó.

“El planteamiento original era que sea la Corte Suprema o cualquier entidad que no sea el propio Congreso, porque allí hay conflicto manifiesto de intereses. Porque en la práctica se ha usado como un mecanismo para asegurar impunidad de los amigos de la mayoría”, denunció.

ESTO ES MUY IMPORTANTE

“Creo que esto es muy, muy importante porque hemos visto en estos años cómo la mayoría fujimorista, sobre todo, ha tenido la capacidad para proteger y dejar fuera de investigaciones judiciales a un grupo ya bastante grande de parlamentarios, que obviamente han cometido delitos de toda índole, incluidos delitos electorales a la hora de candidatear, falsificando documentos y datos. Es un tema absolutamente fundamental”, anotó.

“No está en juego en realidad, eso hay que aclararlo, la inmunidad parlamentaria. No está en juego que el parlamentario esté protegido de acusaciones debido a sus funciones parlamentarias, de que alguien quiera sacarlo del Parlamento por una discrepancia. Eso no está en juego”, deslindó.

“Eso hay que protegerlo, porque el parlamentario tiene que poder tener la confianza de legislar y fiscalizar, sin tener miedo de la venganza, de un particular o de un sector del Estado”, aclaró.

FUJIMORISMO Y EL CABALLAZO

“Lo que es inaceptable es que yo falsifiqué toda la información sobre mi educación a la hora de presentar mi documentación y ese es un delito cometido antes de ser elegido parlamentario; ahora puedo durante cinco años evadir la justicia, con el agravante de que la Comisión de Ética no me levante la inmunidad”, observó.

“Eso es lo que se quiere evitar dándole la decisión a un ente que no sea el Congreso y sea por ejemplo la Corte Suprema. Se comparte la preocupación de muchos, porque estamos a 16 y se supone que el día 25 se acaba la Legislatura. Quedan pendientes 2 o 3 reformas, que son complejas, que son importantes”, advirtió.

“Me da la impresión de que el fujimorismo está jugando con llegar a la última hora y llegar al límite para aprobar al caballazo cualquier cosa. Lo que falta ver, además, es cómo reacciona el presidente Vizcarra y el Ejecutivo frente a lo que se está aprobando”, indicó.

“Le dieron el voto de confianza, pero en la reforma de las primarias el Congreso ha reformado groseramente las propuestas. Los partidos registrados se la llevan fácil y los nuevos tienen que registrar votos de la ciudadanía. Eso es completamente inconstitucional; no se le puede poner vallas a los partidos nuevos”, analizó.

ALGO MÁS

¿Qué va hacer Vizcarra contra eso? Dirá ‘bueno, eso es lo que se ha podido conseguir’, o decir ‘se han burlado de la confianza’ y disolvería el Congreso o podría convocar a un referéndum para que la gente sea la que decida. Yo creo que este es el camino”, concluyó Monge.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Seguir leyendo
Publicidad

Lo más reciente

Alejandro Toledo Manrique Alejandro Toledo Manrique
Políticahace 19 horas

Toledo se salvaría

Alejandro Toledo, expresidente de Perú y examigo de Maiman, se paseaba y bebía el mejor licor en los EEUU, como...

Odebrecht Odebrecht
Políticahace 19 horas

Fue detenido por recibir sobornos de Odebrecht

El expresidente peruano, Alejandro Toledo, fue detenido el martes 16 de julio por las autoridades estadounidenses, a solicitud de la...

Congreso de la República del Perú Congreso de la República del Perú
Políticahace 19 horas

Pueblo quiere Congreso sin requisitoriados

No se trata del levantamiento de la inmunidad para la detención o continuar con el juzgamiento de un congresista por...

Organizaciones políticas protestan contra Ley Helms-Burton Organizaciones políticas protestan contra Ley Helms-Burton
Políticahace 19 horas

Organizaciones políticas protestan contra Ley Helms-Burton

Convocado por la Coordinadora Antiimperialista por la Soberanía de Latinoamérica se efectuará un plantón el próximo jueves 18 a las...

Aeropuerto Internacional Chinchero Cusco Aeropuerto Internacional Chinchero Cusco
Políticahace 19 horas

Será puerta de llegada al Cusco para 6 millones de turistas

La enorme riqueza histórica, cultural y arqueológica de Cusco ha convertido a esta región en el principal destino turístico del...

Úrsula Letona Úrsula Letona
Políticahace 19 horas

Congresista Úrsula Letona aclara no estar contra medicamentos genéricos

Mediante una carta urgente, Úrsula Letona legisladora de Fuerza Popular, presentó a Diario UNO su incomodidad por la publicación y...

Luz Salgado Luz Salgado
Políticahace 19 horas

Mejor es reírse

Hay un periodicucho semiclandestino que calumnia al fujimorismo…

Julio Cornejo Julio Cornejo
Políticahace 19 horas

La voz clara

“Hemos conversado sobre el oficio que nos mandó el Premier para que promovamos la mesa de diálogo en nuestros distritos....

Marco Arana Marco Arana
Políticahace 19 horas

La palabra

“Para quienes andan diciendo que “es imposible anular la controvertida licencia de construcción a Southern” y que eso podría implicar...

Políticahace 19 horas

En el twitter

Defensa no es caos “Un gobernador no responde al capricho de un gobernante títere de las multinacionales y de la...

Anuncio
Publicidad

Tendencia

Calle Max González Olaechea Nº118 Urbanización Las Leyendas – San Miguel - Lima - Perú Teléfonos: (+51 1) 565-7756
Copyright © 2018 - DIARIO UNO. El diario que siempre dice la verdad - Todos los derechos reservados - Diario UNO.