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Política

Las masacres en El Frontón y Lurigancho

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Matanza de El Frontón

El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su capítulo sobre las ejecuciones extrajudiciales en los penales El Frontón y Lurigancho, consigna que el electo presidente Alan García Pérez manifestó en su primer discurso oficial que su gobierno cambiaría la estrategia de lucha contra la subversión y que tendría especial énfasis en el respeto a los derechos humanos de la población. Era el 28 de julio de 1985.

Las actividades subversivas de Sendero Luminoso dentro de los penales se desarrollaban con el conocimiento y tolerancia de las autoridades que eran incapaces de dar un adecuado tratamiento a los internos por terrorismo. Ya en abril de 1985, los presos por terrorismo en el penal San Juan Bautista, conocido como El Frontón, se amotinaron tomando como rehenes a ocho funcionarios penitenciarios, los que fueron liberados luego de un diálogo con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El 13 de julio se produjo un motín coordinado entre los penales de Lurigancho, Santa Bárbara – de mujeres-, y El Frontón. Cuatro días después, con la liberación de seis rehenes, la entrega del armamento policial del que se habían apoderado los reclusos, y la firma de un acta con 24 puntos, se puso fin al motín a través del diálogo. Con García en el poder, los siguientes amotinamientos tuvieron desenlaces sangrientos.

En setiembre de ese año, con el fin de asesorar al presidente respecto al tratamiento de los detenidos por terrorismo, la investigación de casos de los desaparecidos y el respeto de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, se formó la Comisión de Paz. Pero el 4 de octubre poco o nada pudieron hacer los integrantes de esa comisión para evitar la muerte de 34 internos por terrorismo en el penal San Pedro, en Lurigancho. El diario El País de España consignó que 30 reclusos murieron “tras arder vivos” y otros 4 por disparo de bala. El 31 de octubre se firmó una segunda acta entre autoridades e internos por terrorismo, ratificando los acuerdos de la primera acta suscrita en julio.

El 7 de febrero de 1986, se decretó el toque de queda en Lima y Callao y se declaró el estado de emergencia en la capital y otras 21 provincias del país. Las condiciones precarias en los centros penitenciarios, la lentitud en los procesos judiciales y el maltrato sistemático a los internos seguían conformando un campo propicio para la agitación por parte de Sendero Luminoso. Opiniones recogidas por la CVR dan cuenta de que los detenidos por terrorismo se consideraban “prisioneros de guerra” y que se mantenían en permanente “estado de lucha” para lograr ser reconocidos con tal status.

Alan García Pérez

A las 6:00 a.m. del 18 de junio de 1986, en la víspera del XVII Congreso de la Internacional Socialista desarrollado en Lima, los internos por terrorismo de los penales de San Juan de Lurigancho, del Pabellón Azul de El Frontón, y Santa Bárbara (mujeres), se volvieron a amotinar en forma coordinada, tomando como rehenes a tres periodistas y a los guardias carcelarios. En el pliego de reclamos incluyeron mejoras en las condiciones de vida, aceleración de los juicios, ejecución de los acuerdos firmados en 1985 y la destitución del presidente del INPE, Manuel Aquézolo, a quien acusaban de ser cómplice de las muertes del 4 de octubre en Lurigancho, entre otros. También pidieron la no participación de la Marina de Guerra en El Frontón, a la cual acusaron de “revisiones humillantes a los familiares”.

Una sesión de emergencia se llevó a cabo a las 10:00 a.m., entre el presidente García, el Consejo de Ministros y los mandos militares. Tres horas más tarde, el ministro del Interior Agustín Mantilla anunció que de no haber rendición los penales serían tomados a la fuerza.

A las 16:30, la Comisión de Paz enviada por el gobierno llegó al penal El Frontón pero fracasó en su misión negociadora. Cuarenta y cinco minutos más tarde, el grupo de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú y los miembros de la Guardia Republicana del Perú (GRP) entraron en acción para retomar el control de los penales.

Los hechos fueron consignados por la Iglesia católica peruana en el documento titulado “Masacre de los penales de Lima”, publicado el 19 de junio de 1986: “En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El Consejo de Ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara interviene la GRP. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la GRP. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa”.

Con el transcurrir de los días, algunos medios de comunicación y políticos como Javier Diez Canseco comenzaron a divulgar información sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales contra los internos cuando los penales ya se encontraban en total control de las Fuerzas Armadas.

El 21 de junio de 1986 el gobierno admitió oficialmente la posibilidad de que en el penal de Lurigancho se hubieran cometidos “excesos en el uso de la fuerza” e informó haber dispuesto una investigación en el Fuero Militar. El 27 de junio, García Pérez admitió que existían evidencias de la comisión de crímenes en el penal de Lurigancho por parte de la Guardia Republicana, y anunció el inicio de una investigación destinada a castigar a todos los responsables de la matanza. “O se van todos los responsables, o me voy yo”, dijo entonces.

Pero las investigaciones en el Fuero Militar encontraron responsabilidades solo en el coronel GRP Rolando Cabezas Alarcón, que fue puesto en libertad por la Ley de Amnistía el 6 de junio de 1995, y otros siete miembros de la Guardia Republicana. Respecto a los miembros de la Marina de Guerra que participaron en la operación de El Frontón, el Consejo Supremo de Justicia Militar no halló responsabilidad penal, por lo que el proceso fue sobreseído de manera definitiva el 20 de julio de 1989.

Matanza de El Frontón

Por su parte, el informe en mayoría que la Comisión Investigadora -integrada por miembros del Senado- presentó en diciembre de 1987, atribuyó los “posibles excesos” a conductas exclusivamente individuales de los ejecutores, descartando responsabilidades en autoridades gubernamentales y militares. En un sentido contrario, un informe en minoría presentado por la misma comisión sí apuntaba a evidenciar la imprevisión del gobierno que derivaron en las ejecuciones y en la responsabilidad de este por las órdenes impartidas poniendo en peligro la vida de los internos. Además, dicho informe concluyó que el gobierno difundió información falsa y encubrió los crímenes cometidos.

En la misma sintonía se ubican los testimonios del entonces teniente GRP Jorge Loyola Felipe y el general GRP Máximo Martínez Lira, quienes también hacen referencia a que el resultado del operativo se produjo como consecuencia de órdenes dictadas desde Palacio de Gobierno.

Con estos elementos en la agenda política, en 1990, la Cámara de Diputados nombró una Comisión Especial Dictaminadora para que se pronunciara sobre la procedencia de una acusación constitucional contra el expresidente Alan García Pérez por las ejecuciones extrajudiciales de los penales. El dictamen de la Comisión opinó por la procedencia de la acusación contra el expresidente. Sin embargo, la Cámara de Diputados blindó a García y no procedió la acusación constitucional.

Para la CVR resulta evidente que no se adoptaron mecanismos idóneos de control que garanticen un empleo racional de la fuerza al momento de una intervención militar, por lo que considera existe una grave responsabilidad política, sin descartar infracciones a la ley penal, de quienes participaron en la sesión del Consejo de Ministros del 18 de junio de 1986 y del propio presidente Alan García Pérez.

Sin embargo, las recomendaciones que la CVR realizó al Ministerio Público para la reapertura de las investigaciones por los sucesos en los penales de Lima parecen haber quedado en el olvido, ese destino recurrente para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Perú. Para ellos nunca habrá justicia.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Vizcarra defiende las reformas, Apra y fujimorismo lo tildan de golpista

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Martín Vizcarra Cornejo

Luego de que el presidente Martín Vizcarra llegara al Parlamento, acompañando al premier Salvador del Solar y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para protestar por el archivamiento de la iniciativa sobre inmunidad parlamentaria, la reacción del fujimorismo, el aprismo y del propio presidente del Legislativo no se hizo esperar, acusando al mandatario de querer perpetrar un golpe de Estado. Esto respondería al interés de los “padres de la patria” por defender los intereses laborales.

DEFENDIENDO SUS INGRESOS

El director del área legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, aseguró que el archivamiento de la propuesta del Ejecutivo referida a la inmunidad parlamentaria es una manera de defender los ingresos y sustentos personales de la mayoría de los congresistas.

“La mayoría del Congreso rechaza el proyecto de inmunidad parlamentaria presentado por el Ejecutivo como una manera de defender sus ingresos y sustentos personales”, señaló el abogado a Diario UNO.

Tras afirmar que hay un intento de defender un modelo político que ha estado sustentado en el desconocimiento al estado de derecho, Rivera denunció que “una mayoría parlamentaria ha venido atropellando el estado de derecho de manera sistemática y la posibilidad de existencia de un equilibrio de poderes en el sistema político”.

Del mismo modo, Rivera aseguró que los congresistas fujimoristas y apristas pretenden justificar su actitud denunciando al mandatario “como si fuese un golpista”.

EJECUTIVO PROTESTA

El primer ministro Salvador del Solar y el titular de Justicia, Vicente Zeballos, acudieron ayer por la mañana a la cita que tenían en la Comisión de Constitución; sin embargo, llegaron acompañados del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien entregó un oficio en el que se indicó que el Ejecutivo no participaría en el debate “como expresión de protesta” por el archivamiento de la iniciativa sobre inmunidad parlamentaria.

“Estoy aquí, en el Congreso, acompañando al Primer Ministro y al Ministro de Justicia quienes han venido a entregar un documento donde justifican su no participación en la reunión a la que fueron invitados a la comisión de Constitución porque no están dadas las condiciones para tratar este tema de reforma política”, indicó el mandatario mientras que el premier Del Solar señaló a través de Twitter, que el archivamiento del proyecto del Ejecutivo es ir en dirección contraria y que las cosas no pueden dejarse como están.

FUJIMORISMO REACCIONA

“Convocamos a las ciudadanía, la colectividad organizada y a las entidades internacionales a que se encuentren vigilantes ante cualquier intento de quiebre democrático”, señaló el vocero de la bancada fujimorista, Carlos Tubino.

Esto se reflejó en la comisión de Constitución del Congreso, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, quien no admitió una solicitud para reconsiderar la votación que archivó el proyecto.

“PECHANDO”

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que el jefe de Estado fue a “pechar” al Parlamento.

“Es una decisión innecesaria del Presidente, el haber ido a confrontar una vez más al Congreso (…) necesitamos un líder, un presidente que convenza, una y motive a los peruanos a sacar adelante a nuestro país, no un presidente que amenace, que vaya a pechar a otra institución pública cuando las cosas no se dan”.

Asimismo, señaló que sea claro si es que quiere cerrar el Congreso: “Si lo que el Presidente está haciendo es preparar el terreno para un posible cierre del Congreso, que sea sincero y que lo diga, no tenemos miedo, no le tenemos miedo, lo que hay que seguir haciendo es debatir a profundidad estos proyectos”.

Por su parte, el congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, Jorge del Castillo, aseguró que la actitud del presidente Vizcarra es “pregolpista”.

“Esta es una actitud pregolpista, igual a los días previos al 5 de abril. No la vamos a aceptar. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de los que asumen actitudes de dictador, dónde terminan y cómo terminan”, finalizó.

“LEÑA AL FUEGO”

Sobre esto, Carlos Rivera afirmó que Salaverry “está echando más leña al fuego” y recordó que sus declaraciones no le hacen bien a un debate político.

“Salaverry está echando más leña al fuego; eso no le hace bien a un debate político”. Sobre las declaraciones de Del Castillo, el analista político recordó que Vizcarra no es el expresidente Alberto Fujimori, en alusión a las actitudes autoritarias de su régimen.

“Hay que remarcar que Vizcarra ha dado las muestras posibles de que no es Fujimori, que no es un dictador y que no es un autócrata y hasta el momento viene actuando dentro de lo constitucional”, acotó.

Finalmente, aseguró que “el Congreso no pretende siquiera llevar la más mínima reforma política y esta es la mejor prueba del absoluto cuestionamiento y repudio al sistema político”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Supuesto golpe de Estado es una victimización fujiaprista

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Fujimoristas Fuerza Popular

Ni bien pisaron el Congreso de la República Martín Vizcarra, jefe del Estado; Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros; y Vicente Zeballos, ministro de Justicia, los congresistas fujiapristas dijeron que se olía un tufillo golpista y el propio Daniel Salaverry dijo que “no le tenía miedo” desde Trujillo.

Fue un coro que daba risa, porque los que son rechazados mayoritariamente por la ciudadanía decían defender la democracia; porque los que no legislan para el pueblo, decían defender la institucionalidad; los que provocan acusaban de golpista al jefe del Ejecutivo.

El rechazo de la población hacia Fuerza Popular va en aumento y eso se ve reflejado en la reciente encuesta nacional-urbana publicada por Ipsos en donde se muestra que el 80% de la ciudadanía no está de acuerdo con que los fujimoristas presidan la Mesa Directiva.

El sondeo fue realizado del 15 al 17 de mayo y uno de los resultados arroja que el 80% quiere que la Mesa Directiva del Congreso sea dirigido por una bancada distinta a la de Fuerza Popular, como ya ha ocurrido hasta el momento con Luz Salgado, Luis Galarreta y Daniel Salaverry.

TUVO QUE PECHAR

“Al margen de cómo ha ido el Presidente hoy, creo que ha ido a pechar al Congreso, a mí me parece cansado de las largas, cansado de la inoperancia del Congreso, sobre todo de archivar cada iniciativa que tiene el Poder Ejecutivo, pues hoy le ha dicho al Congreso ‘no voy a debatir cuando me estás llamando para hacer un circo con mi Premier y mi ministro de Justicia”, opinó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“El Presidente no quiso exponer a sus ministros a un circo romano, sabiendo la calidad de los integrantes del Congreso aprofujimorista y las demás bancadas. Hemos visto la reacción de Gilbert Violeta; ahora se juntan apristas, fujimoristas, ex PPKs, casi casi su propio partido”, remarcó.

“El señor Violeta muy absurdamente dice que es un intento golpista cuando todo el mundo sabe que eso no es así. Hay un Presidente para decirles ponme en agenda y debatan lo que corresponda. La ciudadanía debe darse cuenta que este Congreso buscó llegar al poder del Congreso no para legislar para las grandes mayorías, no para legislar y sacar a la población de la pobreza extrema, sino por intereses personales, partidarios, que no tienen que ver nada con una función congresal”, puntualizó.

LA INMUNIDAD ES CLAVE

“El peruano de a pie se está dando cuenta que los congresistas se están llenando de dinero, cuando los 32 millones de peruanos estamos esperando que se vayan a su casa y que la Fiscalía de la Nación denuncie a quien tenga que denunciar”, hizo hincapié.

“Si seguimos en el mismo lodo congresal, que no se avanza, siguen ellos en sus trece. El tema de la inmunidad es clave porque siguen protegiendo a Becerril, a Mamani, a Chávarry. Yo reto a la señora Bartra a decirle la verdad al Perú, que no ha sido el Presidente o en el Ejecutivo quienes han facilitado la huida de Hinostroza, sino el propio Congreso”, sentenció.

“No debe haber inmunidad porque es impunidad. Si no quieren que sea la Corte Suprema, entonces que sea el TC el que decida el levantamiento de la inmunidad”, concluyó Quispe.

SEPARACIÓN DE PODERES

Por su parte, el jurista Lamas Puccio dijo que “la ciudadanía tiene sus medios para anular una decisión del Congreso. Puede recurrir a través de una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC)”, sugirió.

“Para ello debe reunir un número de firmas necesarias, lo puede hacer. Pero recurrir al caballazo es impertinente. El Perú necesita que las instituciones sean firmes, nos gusten o no nos gusten, lo primero es la consistencia de la institucionalidad y el Presidente debe dar el ejemplo”, declaró.

“En principio es una interferencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, porque la democracia parte de la premisa de la separación de poderes; cada poder es autónomo y dueño de sus propias decisiones”, subrayó.

“La existencia de varios poderes hace el equilibrio dentro de la democracia. Las decisiones que pueda tomar cada poder son legítimas porque cada poder es autónomo”, observó.

“La presencia del presidente Vizcarra y el Premier en el Congreso es una interferencia de carácter político que poco o nada ayuda a fortalecer la democracia que ya de por sí está venida a menos en el Perú en los últimos años”, cuestionó.

ALGO MÁS

“Justamente la corrupción e impunidad la han devaluado. La economía está sufriendo los embates de una desestabilización de las instituciones del país y la presencia del Presidente en esos términos, bajo esas condiciones, me parece, por decir lo menos, inapropiada, que no ayuda en nada”, opinó.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

El día de la dignidad del pueblo Kana, Espinar

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Campesinos de Espinar protestan

Como todos los 21 de mayo, hoy se celebra el día de la dignidad Kana, en toda la provincia de Espinar, en la región Cusco. De esta manera se conmemora la primera toma de la mina ocurrida -precisamente- un 21 de mayo de 1990, cuando por primera vez una gran revuelta terminó con la toma de la mina de Tintaya, en ese entonces operada por una empresa pública. Luego de unos días de movilizaciones y toma de rehenes, se logró un acuerdo con el Estado peruano.

Las demandas de entonces giraban en torno a los procesos de expropiación de tierras comunales, los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y a la demanda de que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia. Las expropiaciones iniciales de tierras tuvieron un impacto importante en los pobladores, agrupados hasta entonces en una sola comunidad.

Posteriormente, ya bajo gestión privada, la empresa siguió adquiriendo tierras comunales y, como es usual, la minería se convirtió en un competidor directo por el control de los escasos recursos hídricos de la zona, provocando además impacto en ellos. Es así que el 21 de mayo se convirtió en una fecha de referencia para futuras movilizaciones.

Los posteriores estallidos sociales del año 2005 y el del 2012, se iniciaron precisamente en esa fecha. Son varios los temas que aparecen en la compleja agenda de Espinar: uno primero tiene que ver con los graves impactos en la salud de la población de Espinar.

Varios estudios realizados en los últimos años han mostrado que la población de esta provincia, sobre todo la que vive en la zona de influencia de las operaciones mineras, se encuentra expuesta a metales pesados y muchos tienen presencia de estos metales en sus cuerpos.

Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances.

Los planes elaborados no han contado ni con el presupuesto ni con el soporte institucional necesario, y hasta la fecha no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud a las personas que sufren exposición crónica a metales pesados. La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido.

El otro problema complicado tiene que ver con el agua que se consume en Espinar y las denuncias de presencia de metales tóxicos. Un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco reveló que la población de Espinar consumía agua contaminada con metales tóxicos.

Los análisis dieron cuenta sobre la presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, entre otros parámetros, por encima de los parámetros permitidos.

Lo cierto es que cada 21 de mayo la población de esa provincia cusqueña recuerda que todavía existe una serie de compromisos incumplidos de parte de la minería y el Estado peruano.

 

COOPERACCIÓN

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