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Las concesiones y la revocatoria

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Hernán Núñez

En los últimos días se ha dicho mucho sobre la situación legal de la ex alcaldesa Susana Villarán, el financiamiento de la revocatoria y las concesiones otorgadas por la Municipalidad de Lima a OAS y Odebrecht. En ese contexto, me propongo hacer algunas precisiones a fin de no caer en la confusión que algunas voces quieren generar. Vamos, no seamos ingenuos: es claro que más allá de las pesquisas fiscales -que deben avanzar y establecer las responsabilidades que sea necesarias- hay un interés político que busca el descrédito de la izquierda, adelantando conclusiones, tergiversando información y exigiendo prisiones que no corresponden.

Por eso, es importante tener claro que las concesiones no son una decisión que depende únicamente del alcalde o de un funcionario, sino de los regidores. También se debe considerar que estas decisiones fueron antes de la revocatoria y que obedeció al voto de todas las bancadas existentes en el Concejo Metropolitano. Pero vayamos por partes

Firma de Línea Amarilla con OAS fue en 2009, cuatro años antes de la revocatoria.

Firma de Línea Amarilla con OAS fue en 2009, cuatro años antes de la revocatoria.

La hipótesis de la Fiscalía
La Fiscalía considera que los supuestos aportes señalados por Barata y Garreta están estrechamente vinculados a: 1) El contrato de concesión de Rutas de Lima, firmado el 9 de enero 2013.

2) La adenda al contrato de Línea Amarilla, firmada el 13 de febrero del mismo año, en pleno contexto de revocatoria.

De hecho, una de las imputaciones señaladas en la disposición de inicio de diligencias preliminares considera que “…tanto el contrato de concesión -de Rutas de Lima- como la Adenda Nº 01 -de Línea Amarilla- se firmaron precisamente en el interín de su campaña por la No Revocatoria, actos que nos permiten colegir que Susana Villarán habría vendido su voluntad a ambas empresas brasileñas, a cambio de financiar su campaña por la no revocatoria y con ello continuar en el poder al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima.”

Ante dicha acusación, es importante aclarar fechas y el marco legal con el que se aprueban ambas concesiones, hechos que, al parecer, han sido ignorados por la Fiscalía y por varios medios de comunicación. Empezaremos por lo segundo.

El marco legal de las concesiones
El Decreto Legislativo 1012, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ordenanza Nº 867 que aprueba el Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana definen claramente que quien aprueba las iniciativas privadas es el Concejo Metropolitano, es decir los regidores.

Es más, el artículo 22, numeral 2, de este reglamento (Ordenanza 867) establece que: “La negociación del contenido del contrato de participación de la inversión privada, estará dirigida exclusivamente a la atención de aspectos complementarios, tendientes a posibilitar la ejecución del mismo. Por esta vía no se podrá alterar el contenido de la iniciativa privada aprobada por el Concejo Municipal” (el resaltado es nuestro).

Por tanto, la firma del contrato no es sino consecuencia de las decisiones adoptadas en el Concejo Metropolitano por el voto de los regidores.

Muchas veces se confunden ambas concesiones, por lo que es importante aclarar algunas cosas.

Construcción del túnel debajo del río Rímac dentro del proyecto Línea Amarilla.

Construcción del túnel debajo del río Rímac dentro del proyecto Línea Amarilla.

Línea Amarilla
Línea Amarilla se firmó el 2009, en la segunda administración de Luis Castañeda Lossio y tiene como antecedentes los acuerdos de Concejo 272 y 402, aprobadas el mismo año.

Durante la gestión de Susana Villarán se firmó la Adenda Nº 1, (el 13 de febrero de 2013). Sin embargo, esta adenda tiene como antecedente un acta de entendimiento entre la empresa y el municipio firmada el 20 de mayo del 2011, mucho antes del proceso de revocatoria, pues el JNE convoca a esta consulta popular el 31 de octubre del 2012. Cabe precisar que las adendas no pasan por decisión del Concejo pues es una decisión administrativa.

Esta acta de entendimiento establecía las modificaciones que se harían a través de la Adenda Nº 1. Entonces, ¿por qué no se firmó la adenda en el 2011 y se esperó hasta el 2013? La razón la encontramos en el reglamento del D.L. 1012 que determinaba que no se podían realizar modificaciones al contrato sino hasta tres años después de suscrito el mismo.

Es cierto que estas modificaciones contemplan 10 años más de concesión y la anulación del corredor del Metropolitano en Evitamiento. Pero estas modificaciones también implican casi 200 millones de dólares más de inversión, que el 7% de lo recaudado por peajes retorne a EMAPE (pues el contrato original le daba el 100% de los peajes a OAS), la constitución del fideicomiso del proyecto Río Verde, y aumentar la compensación a los afectados por la obra de 5000 dólares a 30 000 dólares como base.

Esto último es fundamental pues el proyecto era socialmente inviable, causando retrasos en las obras, como lo reconoce la Oficina General de Control Institucional en su informe 001-2012-2-0434. Es importante recordar que el proyecto estaba parado; era responsabilidad de la Municipalidad liberar los terrenos impactados por las obras y no había forma de iniciar la construcción sin renegociar el contrato a favor de los afectados. Esta y no la revocatoria, para entonces inexistente, es la principal razón de la renegociación de Línea Amarilla. Todos los cambios hicieron que el proyecto cambie de nombre a Vía Parque Rímac.

Posteriormente, en la actual gestión de Castañeda, se realizaron dos adendas más: una con la cual se desfinanció Río Verde para que esos recursos vayan al inútil y resquebrajado bypass de 28 de julio; y, otra, que estableció que parte de la nueva inversión se destine al puente Bella Unión, cuyo costo final no sabemos aún; esto trajo como consecuencia que se anulen obras como los viaductos que iban a favorecer a los vecinos de San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina. El proyecto se ha vuelto a llamar Línea Amarilla.

Rutas de Lima y la votación olvidada
El contrato de Rutas de Lima se firmó el 13 de febrero del 2013. Sus antecedentes son los acuerdos de Concejo 825 y 1623, aprobadas el 03 de mayo del 2012 y el 18 de septiembre del mismo año, respectivamente. Cabe precisar que el primero fue aprobado por unanimidad, mientras que el segundo lo fue por amplia mayoría, con voto de los regidores de todas las bancadas presentes: la izquierda, el PPC, Somos Perú, los evangélicos de Restauración Nacional, entre otros.

El otrora regidor José Danós, de Solidaridad Nacional, expresó: “Oportunidades como estas había que celebrarlas, pues una iniciativa privada de esta naturaleza iba a traer ventaja y modernidad a la ciudad de Lima. Simplemente, quería mencionar algunos temas que había conversado con el Gerente Municipal Metropolitano y con el Gerente de Promoción de la Inversión Privada. Afirmó que eran expresiones de buena voluntad que bien valdría la pena, en términos de ciudad, tenerlas presentes.”

La decisión de conceder los peajes no fue una decisión ni de la ex alcaldesa ni del entonces gerente municipal, sino de los regidores. Es importante tener esto claro, así como las fechas de estas decisiones que se dan antes del proceso de revocatoria, como vemos en la siguiente línea de tiempo.

Concesiones realizadas por la Municipalidad de Lima son investigadas por la fiscalía.

Concesiones realizadas por la Municipalidad de Lima son investigadas por la fiscalía.

Mirando hacia adelante
Es evidente que estas líneas no resuelven las legítimas dudas que se ciernen sobre el financiamiento de la campaña contra la revocatoria, en donde, como ya he señalado públicamente, los regidores no tuvimos participación ni en el manejo económico ni en el diseño comunicacional de la misma. Es importante que se aclare el financiamiento. Como también debería aclararse quiénes financiaron el SÍ, pues los revocadores solo consignaron 12 mil soles como gastos de campaña. Recordemos que OAS ya tenía vínculos con el entorno de Luis Castañeda antes de que vuelva a sentarse en el sillón municipal.

Otra cosa que no resuelve este texto, pero debiera aclararse, es si la administración Castañeda Lossio ha impuesto penalidades por el retraso en las obras que deben cumplir las concesiones. No es casual que no quieran entregar el cronograma de obras a pesar de que se ha solicitado varias veces.

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Actualidad

Defienden comunidades afectadas por derrames

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Contaminación ambiental con plásticos

Amnistía Internacional y representantes de comunidades afectadas por metales tóxicos de siete regiones del Perú se reunirán con la viceministra de Salud María del Carmen Calle para entregarle más de 31mil firmas recolectadas en todo el mundo para exigir la implementación de una política pública de salud ambiental y humana.

Ello ante la situación que viven las comunidades indígenas en los andes y la Amazonia en el Perú que están expuestas a metales tóxicos sin tener acceso a servicios adecuados de salud.

Estudios realizados en diferentes comunidades, como en Cuninico (en el departamento de Loreto en la Amazonia) y Espinar (en el departamento de Cusco en los Andes) han revelado que las personas presentan niveles alarmantes de plomo, cadmio, arsénico, mercurio, entre otras sustancias toxicas, en sus cuerpos. Además, diversos estudios reportan que sus fuentes de agua están contaminadas con metales tóxicos nocivos para la salud humana.

CRISIS DE SALUD PÚBLICA

Según Amnistía Internacional, en varios de estos casos, el Estado peruano aún no ha determinado la fuente de esta contaminación.

“Hay consenso científico que la exposición a estos metales tóxicos perjudica gravemente la salud, produciendo una gama de efectos nocivos que se empeoran con la prolongación de la exposición. Estos efectos son particularmente graves en los niños, niñas y mujeres gestantes. Sin embargo, el Estado peruano no le ha brindado a estas comunidades atención médica adecuada y especializada, ni le ha provisto de agua potable, generando una grave crisis de salud pública”, dijo.

Desde setiembre del 2017 se lanzó la campaña “Estado Tóxico” que buscaba la creación de una política pública de salud integral para las personas afectadas por metales tóxicos y otras sustancias químicas y diseñar e implementar una respuesta sanitaria de emergencia.

La cita es hoy a las 10 y 30 de la mañana frente al ministerio de Salud en la avenida Salaverry en Jesús María.

YUYACHKANI EN ESCENA

La agrupación teatral Yuyachkani se suma a esta actividad con una puesta en escena en el frontis del Ministerio de Salud que representará las historias de las comunidades que día a día luchan por su derecho a la salud.

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Actualidad

WWF elige a Magdalena como ciudad sostenible

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Municipalidad de Magdalena

Magdalena del Mar es la ganadora de la edición nacional del Desafío de Ciudades, una iniciativa diseñada por WWF que premia a las urbes que realizan mayores esfuerzos para combatir el cambio climático a través de políticas de gestión ambiental.

Este año, Magdalena obtuvo este reconocimiento por su compromiso con la ecosostenibilidad, llevando a cabo distintas acciones como la gestión de residuos, promoviendo el reciclaje y el buen aprovechamiento de los recursos naturales como la energía solar y eólica. En la edición nacional de este concurso participaron las municipalidades provinciales de Tahuamanu y Tambopata en Madre de Dios y las municipalidades distritales de Santiago de Surco, Miraflores y San Isidro en Lima.

WorldWildlifeFundforNature (WWF), o Fondo Mundial para la Naturaleza en español es una de las mayores organizaciones mundiales dedicadas a la conservación de la naturaleza, con sede en más de 100 países.

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Actualidad

Medicamentos buenos con leal competencia

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Medicinas

Hay que promover la sana competencia entre laboratorios para tener medicamentos de calidad al alcance de las mayorías, señaló la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (ALAFAL)

El presidente ejecutivo de la ALAFAL, Carlos Leigh, recordó que en las tres reuniones de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso donde se vienen discutiendo proyectos de ley para establecer controles de precios, diversas instituciones públicas y privadas expresaron su desacuerdo con dichas iniciativas. Precisó que en estas reuniones participaron organismos como la Defensoría del Pueblo, Colegio Médico, EsSalud, Ministerio de Salud, Alafal, entre otros.

“Debemos fomentar la competencia para tener medicamentos de calidad innovadores, de marca y genéricos a precios accesibles, y el Estado debe efectuar las compras corporativas en forma inteligente”, dijo Carlos Leigh.

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