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La universidad peruana, entre Escila y Caribdis

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La universidad peruana, entre Escila y Caribdis

1 Sucumbe en las fauces del Ministerio de Educación ensañadas con la capacidad de pensar con autonomía de educandos y maestros.

2 Sacrifica su magro presupuesto en el voraz mercado de acreditaciones y certificaciones tercerizadas al amparo de la ley vigente, que trata la educación universitaria como un servicio comercial. De esta manera, valores como la creatividad, la verdad, el mérito académico, la justicia, la solidaridad, la salud, la moralidad quedan subordinados al lucro.

La aprobación del texto del proyecto de ley en el estado que exhibió al concluir el año 2013 nos permite deducir un escenario de futuro en el que todo y todos los valores académicos y éticos se ponderarían a través de un precio sometido a la ley del más fuerte en el mercado, llamada eufemísticamente de la oferta y la demanda. Así resultaría robustecido el mito vacuo de la universidad de excelencia y de lucro (for profit), encubriendo mejor el hecho conocido por todo académico con prestigiada presencia internacional de que no existe universidad alguna altamente calificada, de clase mundial (World Class University), for profit. Para confirmar este hecho es suficiente examinar una década de rankings de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, de The Times de Londres, de la encuestadora Q & S y de US News de los Estaod Unidos.

CONCEPCIONES ARCAICAS
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que la legalidad vigente se inspira en concepciones arcaicas de la universidad que datan del Movimiento de Córdoba de 1918, las mismas que en la universidad pública se han usado para encubrir la mediocridad creciente, la anomia, la venalidad electoral, la mercantilización del postgrado, el autoritarismo, la desobediencia a las órdenes judiciales y el uso de los locales y de los recursos de la universidad para actividades incompatibles con instituciones académicas.

Bajo estas condiciones consideramos que el proyecto de ley en proceso con adecuados reajustes en su texto y en el de las leyes relacionadas podría convertirse en un primer avance del país para superar su situación de economía primaria, neutralizar la corrupción en sus raíces y mejorar en el mediano plazo la calidad de los servicios y la credibilidad de las instituciones profesionales. Para el efecto proponemos los reajustes que a continuación se especifican.

DIAGNÓSTICO
A. La necesidad de una nueva Ley Universitaria es tan apremiante que ni los beneficiarios del statu quo lo discuten. Pero adscribir el sistema universitario en crisis académica y anómica a uno de los ministerios de Educación más deficientes a nivel planetario y a burocracias tradicionalmente arbitrarias, no es parte de la solución sino de un muy probable mayor deterioro con el riesgo de que desencadene malestar, conflicto y violencia, por ahora evitables.

B. La mayor debilidad de la universidad peruana no es la falta de gobierno democrático, sino su incapacidad para producir ciencia, tecnología e innovación en cantidades y niveles de calidad que satisfagan las necesidades de desarrollo sustentable y seguridad del país. El vacío más fuerte del proyecto de ley en giro es que no introduce medidas que generen procesos de fortalecimiento académico pertinente y competitivo en términos de estándares internacionales.

C. La patología más severa del actual sistema de gobierno universitario que defiende el establishment es un mercado de candidaturas y de elecciones que excluye drásticamente a los muy minoritarios docentes altamente calificados que no se someten a competir en un mercado negro de votos cuyos brokers en los últimos 25 años han instalado como rectores y autoridades universitarias, salvo raras excepciones, a docentes de mediocridad académica inocultable que para financiar la cohesión de sus grupos de interés han mercantilizado grados académicos, títulos, estudios de posgrado, diplomados etc. impidiendo así la instalación de un liderazgo calificado y ético que construya una universidad de excelencia al servicio del país.

D. La adscripción al Ministerio de Educación tiene la debilidad que se les deja a las actuales autoridades y brokers la facilidad de que encubran sus intereses con la bandera de la autonomía y que puedan recurrir al Tribunal Constitucional con los recursos de la universidad y preparar una sucesión continuista si se les permite conservar sus cargos durante la implementación de la Ley.

La universidad peruana, entre Escila y Caribdis

PROPUESTAS
1. Para iniciar un proceso de fortalecimiento académico de la universidad, es necesario contrarrestar el poder manipulador del voto venal con el peso que deben tener los indicadores de excelencia en la carrera académica para la instauración de dirigencias promotoras de alta calidad académica direccionada al desarrollo económico y humano del país. Para ello es necesario que los rectores y decanos no sean autoridades graduadas con apuro en las proximidades de las elecciones de autoridades en contextos en los que los brokers improvisan jurados ad hoc para sus candidatos potenciales. En ese sentido, para ser rector de una universidad pública, el candidato debería tener el grado académico de doctor obtenido con quince años de anticipación a la fecha de convocatoria a elecciones y para ser decano y director de la Escuela de Postgrado de la universidad debería tenerse un doctorado con al menos diez años de anticipación a la fecha de convocatoria para las elecciones.

2. El cargo de miembro de la Superintendencia (SUNEU) es de mayor responsabilidad que la de rector. Por tanto el requisito mínimo debería ser que todo candidato haya sido Profesor Principal de una universidad con un doctorado obtenido con veinte años de anticipación a la fecha de elección o designación de los miembros de la SUNEU. El representante de un órgano del Estado que no cuente con personal de esa calidad académica puede ser contratado estrictamente con esa finalidad.

3. La autonomía universitaria podría así quedar completamente respetada y el fortalecimiento académico de la universidad mejor garantizado si la Superintendencia estuviera constituida por representantes de las primeras seis universidades incluidas en la cuarta disposición complementaria final y tres representantes de las tres universidades privadas más antiguas. Cada candidato debería cumplir con los requisitos académicos señalados en el numeral anterior y además tener al menos tres estudios o investigaciones sobre evaluación universitaria publicados, con sellos editoriales nacionales e internacionales, durante los últimos cinco años. Asimismo, el candidato debería probar experiencia como profesor internacional a través de intervenciones como profesor visitante en universidades internacionalmente calificadas y conferencista en eventos y congresos internacionales sobre calidad y evaluación universitaria. Esta elección debería ser supervisada por la ONPE. Los elegibles y electores deberían ser solamente los Profesores Principales Ordinarios y Eméritos. La SUNEU incluirá un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas.

4. Toda universidad para dar continuidad a sus programas de maestría y de doctorado debería acreditar contar con institutos de investigación ligados a las menciones de los grados académicos expedidos con un funcionamiento previo no menor de cinco años. En los casos en los que la universidad no pueda cumplir con este requisito, sus programas, previa evaluación, serán declarados en extinción y solo podrán, a partir de la promulgación de la presente ley, ofrecer estudios de posgrado las universidades que acrediten tener un instituto o centro de investigación de especialidad afín a la mención de los grados académicos expedidos con un funcionamiento regular no menor de cinco años.

5. La exigencia de conocimiento y desempeño en dos lenguas, además del castellano, para el doctorado y en una para la maestría debería especificar que se refiere a lenguas de uso científico en las bases de datos internacionales y en los eventos y conferencias académicas que se realizan a nivel global, hemisférico y regional. Esta exigencia debería ser cumplida satisfactoriamente por todos los candidatos a la SUNEU. El conocimiento de las lenguas andinas y amazónicas debería ser obligatorio para los profesionales que califiquen para ejercer en las zonas rurales del Ande y de la Amazonia peruana. Para ello es necesario que se incluyan en los currículos de las facultades y de los institutos superiores, según su ubicación territorial, cursos de idiomas nativos que incluyan estadías de práctica preprofesional en los futuros escenarios de trabajo. La oferta de esta naturaleza debería incluir a las instituciones ubicadas en la capital de la República y en las regionales.

6. Someter a las universidades al Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) y al El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) para acceder o no a incentivos públicos debería tener como prerrequisito que los miembros que integran estos órganos colegiados supervisores de la calidad académica cumplan las mismas exigencias académicas que los miembros de la SUNEU. Actualmente, la legalidad vigente no establece requisitos académicos explícitos para estos funcionarios.

7. Debería introducirse en el proyecto de ley en giro una definición del crédito curricular presencial ligado a la jerarquía del docente que imparte las clases, la misma que debería ser precisa tanto para profesores de planta como contratados. Los créditos de la maestría y de las segundas especialidades no deberían ser menos de 64.

8. Debe incluirse la incompatibilidad entre ser alumno y autoridad en la misma universidad. El número de personas que se han autograduado en universidades no se conoce, pero es sencillo señalar ejemplos.

9. Para la sustentación de tesis de postgrado el cincuenta por ciento de los jurados debe ser integrado por especialistas de otras universidades y de otras facultades.

10. El grado académico de Magíster debe ser insuficiente para ejercer el cargo de director de programas de postgrado y de institutos o centros de investigación.

11. Los rectores, vicerrectores, directores de las escuelas de postgrado y decanos deberían cesar en sus funciones al día siguiente de promulgada la presente Ley. Deberán entregar sus cargos a los profesores más antiguos en las categorías de principal de la universidad y de cada Facultad. Ellos, salvo excepciones, siempre encontrarán vacíos para demorar la implementación de la ley y asegurar una sucesión condescendiente con los múltiples excesos administrativos y abusos de autoridad a la sombra de la autonomía y el temor al autócrata. El mismo procedimiento deberían seguir los miembros de la Asamblea Nacional de Rectores y del CONEAU con los rectores transitorios de las 06 universidades más antiguas y 03 privadas que entregarán cargos e instalaciones a la Superintendencia. Este procedimiento evitará que se usen recursos públicos para reagrupar a los defensores del statu quo.

Dr. Luis Piscoya Hermoza
Colaboración 

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El poder de la fuerza y de la ley según Benito Laso

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Benito Laso

El 20 de mayo de 1780 nació en Arequipa José Benedicto Laso de la Vega y Quijano, quien posteriormente firmó solo como Benito Laso. Es reconocido como uno de los fundadores del pensamiento liberal en el Perú del siglo XIX. Abogado (1807) ocupó varios cargos en el gobierno colonial hasta que se unió a la causa patriota de los criollos y mestizos de las provincias del sur del Perú.

Lo cual, posteriormente, determinó que forme parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo (Diputado) y del Poder Ejecutivo (Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores -1838-; y de Instrucción y Negocios Eclesiásticos del Perú 1842 a 1843 ).

Colaboró con los medios escritos de Lima y Arequipa. En El Constituyente, entre los meses de mayo y julio de 1858, publicó su columna El Poder de la Fuerza y El Poder de La Ley, la cual –en conjunto- es un ensayo liberal sobre las relaciones de poder en el Perú de su época.

En sus textos, Laso sostiene que:

“La historia del hombre no es otra cosa que la pintura de la esclavitud de los más, y de la ambición de unos cuantos, y del estado perpetuo de guerra en que se ven los pueblos entre oprimidos y opresores. Largo, inmenso, sería el trabajo de recorrer la vida de las naciones de la tierra, y de su estudio no sacaríamos más que esta desconsolante sentencia: El mundo siempre ha sido víctima de la fuerza y del error”.

Lo que Laso quiere denunciar es la existencia de un discurso político e ideológico que ha instrumentalizado las ideas de libertad para, precisamente, imponer lo contrario.

En ese sentido, la religión jugó un rol muy importante en el mundo occidental, cuando fue tomada por los elementos del alto clero para elaborar un discurso que naturalizó las formas de explotación como parte de un “sufrimiento” que se debería aceptar para lograr un eterno bienestar más allá de este mundo.

Laso utiliza la idea que las religiones han aterrado la imaginación del ser humano para someterlo a las peores formas de dominación y explotación. Estos elementos sociales son los “conservadores”.

Sobre ellos, Laso escribió:

“Conservadores son los que no reconocen en las sociedades sino el principio de autoridad, es decir, que los pueblos no tienen derecho para pensar ni menos para arreglar y fijar la verdad de sus respectivos gobiernos. Son los que limitan el pensamiento a solo los mandones, no dejando ni permitiendo a los individuos asociados discurrir, reflexionar, y mucho menos censurar los actos y disposiciones de los que bien o mal se han colocado en el trono del gobierno. Los que tienen por máxima absoluta que los mandatarios son la cabeza del cuerpo político, a quienes únicamente pertenece discurrir, y el resto los miembros pasivos a quienes les incumbe sólo obedecer”.

Se puede percibir que Benito Laso es un liberal radical que se opone a toda idea o acto político que limite la capacidad de libertad política que debe tener la sociedad para elegir sus destinos.

Considera que los “conservadores” son los mayores enemigos que tiene una sociedad que busca autodeterminarse, ya que son los “conservadores” los que prefieren un gobierno absolutista donde la razón siempre la tengan quienes gobiernan o controlan el gobierno, reprimiendo los deseos de las grandes mayorías.

Por ello, Laso es mucho más firme cuando indica que:

“El empleo de la fuerza armada, la ignorancia general en el pueblo, y la desmoralización en la gente de proporciones; he aquí los tres medios que son la base firme sobre la que se levanta el gobierno despótico; y esto es lo que se hallan poniendo en planta los tiranos de nuestra época. La fuerza sirve para infundir temor; la ignorancia del pueblo para que desconozca los derechos que le dio la naturaleza, y que debe proteger la sociedad; y la inmoralidad para que aun los hombres que saben algo o mucho de sus derechos, los abandonen al imperio de la fuerza, y solo se contraigan a la satisfacción de sus pasiones según el espíritu que reina en el siglo que viven”.

Resulta interesante reconocer que Laso denunció la existencia de tres elementos que utilizan quienes tratan de imponer un orden económico, político y social que las grandes mayorías sociales no comparten. Estos elementos son: la violencia, la ignorancia y la corrupción. La violencia para reprimir; la ignorancia para controlar y la corrupción para generar aliados en el poder.

Las palabras de Benito Laso son vigentes en el Perú, país donde las noticias políticas siempre están relacionadas a represión de las manifestaciones populares; la farandulización de los Poderes del Estado y la existencia de corrupción en niveles insospechados.

 

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

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Especial

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros?

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Julian Assange

El problema de la transparencia, como el de la lucha contra la corrupción, es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que todavía insisten en hacer periodismo de investigación.

Todos temblaron el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud de extradición.

Las acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se refieren a acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la denunciante de irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente de información, una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es posible.

Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad de la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a la que los gobiernos democráticos están obligados.

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos casos son celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran?

De ahí la necesidad de conocer mejor los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto, el otro lado de la selectividad de la transparencia es la selectividad de la lucha contra la transparencia.

Tal vez no sabríamos de las perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre el asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban para Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los medios de comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de los cuales ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange?

¿Por qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange como el campeón de la libertad de expresión y celebraron las revelaciones como el triunfo de la democracia, mientras que el editorial de la semana pasada considera su prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y 10 meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina e informalmente, violando el derecho internacional de asilo?

¿Será porque, según The New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4000 millones de dólares habría sido aprobado por EE.UU. a condición de que Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente que Moreno podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde supuestamente se depositaron comisiones ilegales?

En cuanto a la selectividad de la lucha por la transparencia, hay que distinguir entre los que luchan desde fuera del sistema político y los que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en general, un efecto democratizador porque denuncia el modo despótico, ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se ejerce en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio.

En el caso de WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a gobiernos y actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás su mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas.

La suerte de WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que manipularon las elecciones primarias en el Partido Demócrata de EE.UU. para que Hillary Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún después de haber mostrado que Hilary Clinton fue la principal responsable de la invasión de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando.

Se puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, en general, a los gobiernos más o menos democráticos de dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es verdad que las revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo cosechan muy poca atención de los medios dominantes.

La selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías no democráticas.

El sistema jurídico-judiciario es hoy el instrumento privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho interno de los varios países involucrados.

Empero, nadie ignora el hecho de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de Estados Unidos.

Luiz Inazio Lula Da Silva

Pero sin duda el estudio de caso del abuso del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales es la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el juez Sergio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de Justicia del Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT.

Lula fue procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y es mantenido en prisión a pesar de que el proceso no ha sido transitado en juzgado.

De aquí a cincuenta años, si todavía hubiera democracia, este caso será estudiado como ejemplo del modo en que la democracia puede ser destruida por el ejercicio abusivo del sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra la falta de transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.

No es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el poder económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre todo el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los desórdenes financieros en los que habría estado involucrado.

Lo importante es saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con China.

Objetivamente, quien más se beneficia con estas medidas es Estados Unidos. No sorprende por ello que intereses norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base para la investigación de la Operación Lava Jato resultaran de una íntima colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense.

Pero quizás sea sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en contra del hechicero. WikiLeaks reveló que Sergio Moro fue uno de los magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y manipulativo de las instituciones jurídicas y judiciarias existentes, así como para el recurso a innovaciones procesales, como la delación premiada, con el objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas.

Fue esa formación que enseñó a los juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como adversarios, esto es, como seres privados de los derechos y de las garantías constitucionales y procesales y de los derechos humanos supuestamente universales.

El concepto de enemigo interno, originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear una licencia para condenar con una lógica de estado de excepción, a pesar de ser ejercida en una supuesta normalidad democrática y constitucional.

Moro fue así escogido para ser el malabarista jurídico-político al servicio de causas que no pueden ser avaladas democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como víctimas, Moro en tanto verdugo útil y por eso descartable cuando haya cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un obstáculo para que la misión sea cumplida.

 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
Página|12 – Traducción: ANTONI AGUILÓ y JOSÉ LUIS EXENI RODRÍGUEZ.

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Actualidad

El calvario de los hinchas en los estadios

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HInchas de Universitario revisados por la Policía

Imagine que usted va con su familia a un espectáculo cualquiera y, al ingresar, descubre que existe una larga lista de accesorios y objetos que están prohibidos de ingresar. Para empezar, le piden que se quite la correa, los aretes si es mujer, el gorro si es que lo usa y los lentes para el sol.

También le quitan cigarrillos y encendedores, en caso sea un fumador, y si lleva una vestimenta con capucha, deberá buscar dónde dejar la prenda para poder ingresar a ver el espectáculo por el cual pagó.

Lo anterior es el resumen de una experiencia habitual en los estadios de fútbol limeños, donde se ha perdido el respeto más elemental que se debe tener por quien sostiene toda la actividad comercial: el hincha cliente.

Facebook Twitter de Club Universitario de Deportes

Ayer, en la previa del encuentro entre Universitario y Sport Boys por el torneo local, los hinchas que acudieron al Estadio Monumental se dieron con la sorpresa de que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacados en el lugar, habían dispuesto el decomiso de gorros y lentes de sol a pesar de que la administración del club había informado en sus redes sociales que dichos accesorios sí estaban permitidos.

Así lo informó el medio partidario La Tribu en su cuenta de Twitter, donde además publicó una fotografía de efectivos policiales junto a un balde adonde iban a parar los objetos decomisados. Dicha denuncia generó la indignación tanto de hinchas como de algunos periodistas que cuestionaron el hecho.

Policía en caballo controlan a hinchas de Universitario

Aunque finalmente la irregular situación se pudo resolver, el decomiso indebido existió, y sirve como recordatorio de la ingrata experiencia de acudir a un estadio de fútbol en el Perú, específicamente cuando en un afán de prevenir la violencia, los responsables de cuidar el orden público terminan quebrantándolo y excediéndose en sus funciones.

A los decomisos mencionados se suman las revisiones corporales habitualmente vejatorias -tocamientos de genitales, órdenes de descalzarse y de mostrar todo el contenido de las billeteras- y el riesgo permanente de ser víctima de maltrato verbal cuando no de una represión desmedida,

Tal cual sucedió a inicios de año cuando un policía pisó y rompió una tarola en los exteriores del Monumental, o en meses anteriores cuando efectivos policiales agredieron a mujeres hinchas de Sport Boys y de Alianza Lima. Los casos de violencia contra los espectadores son reiterativos y configuran un escenario que merece una debida atención por parte de las autoridades.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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