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Política

La trata de personas en el Perú

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Trata de personas, prostitución

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP ha publicado que:

“Según el Índice Global de Esclavitud 2016, Perú es el tercer país de mayor tasa de víctimas de esclavitud moderna en América, solo superado por México y Colombia, ocupando el puesto 18 de 167 países evaluados (Walk Free Foundation 2016). Estos datos reflejan que en el escenario de América Latina, el fenómeno de esclavitud moderna en Perú asociado al fenómeno de trata de personas, es alarmantemente alto. En el país, existen dos fuentes de registro oficiales sobre los estimados del fenómeno de trata: el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (RETA-PNP). De enero del 2009 a diciembre del 2014, el primero ha detectado 2,241 casos y 3,911 víctimas, y por su parte, del 2011 al 2016, el segundo ha detectado 1748 denuncias, y 7075 víctimas”.

Como se puede percibir, nuestro país es tercero (detrás de México y Colombia, países con un alto índice de criminalidad e inseguridad ciudadana) en América en reportar casos de Trata de Personas. Cabe indicar que estas cifras son el producto de las denuncias realizadas por familiares de las víctimas de las mafias de Trata de Personas. Así mismo, son denuncias hechas en localidades donde existe presencia efectiva o relativa del Estado y sus instituciones. Pero, esto es un hecho no histórico en el país; vale decir, existen muchas regiones del Perú donde el Estado no tiene presencia de sus instituciones. Lo que nos permite pensar en que la cifra puede ser mucho mayor.

Además, el informe indica que:

“Cabe resaltar que la mayoría de las víctimas son mujeres y menores de edad. Sobre ello, según el Observatorio de Criminalidad el 79,6% de las víctimas son mujeres y el 50,1% de estas se encontraban en el rango de edad de 13 a 17 años, mientras que según el Sistema RETA este grupo constituye el 93.76% de las víctimas totales del 2011 al 2016 (Policía Nacional del Perú 2016). Asimismo, el Observatorio de Criminalidad detalla que las víctimas mujeres entre los 13 a 24 años suponen el 61,25% de las víctimas y el 92,3% de ellas (722) tienen nacionalidad peruana. Esto muestra un perfil bastante claro de sus características: la mayoría de las víctimas de rata en el Perú son mujeres jóvenes de nacionalidad peruana. No obstante, es importante notar que estos datos solo constituirían un porcentaje de la verdadera magnitud del fenómeno, debido a las dificultades de subregistro, las pocas denuncias y las dificultades que ha enfrentado el sistema RETA-PNP en su interconexión con otros sistemas estadísticos como el Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas (SISTRA) del Ministerio Público, que permita hacer seguimiento a las denuncias”.

Las mujeres y los menores de edad del Perú están en grave riesgo de ser captados por una red de Trata de Personas. Son los grupos sociales en mayor riesgo. Por ello, los casos emblemáticos de la lucha contra la Trata de Personas abarcan a estos dos segmentos de nuestra sociedad. Peor aún, cuando estos dos grupos se entrecruzan tenemos que, son las mujeres menores de edad las víctimas preferidas por las mafias de Trata de Personas, lo que determina una política de protección a este grupo que se encuentra en grave riesgo.

Trata de personas, prostitución

Así mismo, el informe señala que:

“En cuanto a los lugares de explotación es preciso subrayar que la mayoría de victimas detectadas en el 2015 se concentraron en Lima y el Callao (49,8%), mientras que el 10,3% se encontraron en Loreto, 8,2% en Madre de Dios y 4,7 en Cusco (Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público 2015). Los fines más comunes en Perú son la explotación sexual que supone un poco menos de la mitad de casos (41,6%) y la explotación laboral o trabajo forzado que supone el 14,5% del total. 31,5% de los casos están aún en etapa de investigación, lo cual reflejaría las dificultades que enfrenta el Estado para su procesamiento. La modalidad de captación más común es el ofrecimiento de puestos de trabajo (48,9%), mientras que el ofrecimiento de apoyo económico por parte del presunto autor a las víctimas o a sus familiares para su alimentación, estudios u otras necesidades básicas representa el 3,9%. En cuanto a los fines de la trata, el 34,9% de las víctimas fueron objeto de explotación sexual, lo cual incluye, por ejemplo, brindar servicios sexuales en prostíbulos, servir de damas de compañía en bares o night clubs, mientras que el 14,5% fueron objeto de explotación laboral”

Lo que equivale a decir que, para encontrar a una mujer menor de edad víctima de Trata de Personas no tenemos que dejar la capital. En la misma ciudad de Lima (lo que significa estar en medio del Poder Político del país) existen miles de niñas y adolescentes que son explotadas laboralmente o como damas de compañía –explotación sexual-. Quizás muchas veces las hemos visto, pero las hemos invisibilizado por cuestiones racistas o clasistas. Es que, existen otras variables que permiten que las niñas y adolescentes sean las víctimas favoritas de las mafias de Trata de Personas.

La niña de Manuani y la Justicia Peruana

Manuani es una localidad en la región Madre de Dios. Es un lugar invisible para la mayoría de los peruanos. Sólo podemos saber que existe porque en esa localidad, la actividad económica principal es la minería ilegal. Esa minería que por obtener oro contamina las aguas de los ríos amazónicos, deforesta el bosque tropical, el medio ambiente y ocasiona la muerte de la fauna y flora. Una tragedia ocasionada por la avaricia y la pobreza.

En el Perú, decir minería ilegal no sólo es sinónimo de destrucción del medio ambiente; sino también, de otras actividades ilegales donde la Trata de Personas es la principal. Los mineros ilegales “compran” a las mafias de Trata de Personas la mayor parte de la “mano de obra” que utilizan en su actividad. Los traficantes de drogas “compran cargadores” a las mafias de Trata de Personas. Los dueños de discotecas y bares “compran mujeres y niñas” a los tratantes de personas. Muchas veces lo dicen en forma abierta. Otras en forma furtiva. En Manuani todos lo saben. En Madre de Dios es un secreto a voces. Y las autoridades miran a otro lado.

En enero de 2008, en la localidad de Manuani, la Policía Nacional del Perú junto a la Fiscalía rescató a una menor de 14 años que era explotada laboral y sexualmente en un bar-prostíbulo ubicado en la localidad de Manuani-Madre de Dios. Fue detenida Elsa Cjuno Huillca, propietaria y administradora de dicho bar-prostíbulo.

La fiscalía procedió a realizar las denuncias contra la persona detenida. El Poder Judicial de Madre de Dios aceptó el caso. Luego de actos propios del sistema de justicia peruano, la Corte de Justicia Superior de Madre de Dios absolvió a Elsa Cjuno Huillca del delito de Trata de personas. Esta resolución generó la indignación de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y que luchan contra la Trata de personas.

En el informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP se puede leer que:

“Frente a las críticas que recibió la decisión, la Corte publicó dos comunicados. El primero de 14 de septiembre de 2016 explica que el bien jurídico protegido es la libertad personal y que, en este caso, no fue vulnerado porque la niña no fue sometida a amenaza, coacción o violencia alguna ni régimen de esclavitud. A su vez, argumentó que la víctima le dijo a la procesada que tenía 18 años y que era madre por lo que se trataría de un error de prohibición. Finalmente, en este comunicado, figura que la edad de la niña es quince (15) años y no catorce (14). El segundo comunicado de 16 de septiembre de 2016 advierte que la niña no fue captada en tanto viajó a Iberia con un familiar y agrega que, luego de la denuncia, la niña fue ubicada en un hotel de la localidad con el esposo de la acusada con lo cual los cargos presentados habrían obedecido a otro móvil. Ahora bien, en los dos comunicados, la Corte recordó que no puede condenar a una acusada absuelta sino que solo podría haber declarada nula la sentencia”.

Las contradicciones que se pueden apreciar en los dos comunicados de la Corte de Justicia Superior de Madre de Dios son inconcebibles:

a) No lograron determinar la verdadera edad de la víctima.

b) En el delito de Trata de Personas, existen casos donde los propios familiares de la víctima son parte de las mafias de tratantes.

c) Suponer que por haber encontrado a la menor en un hotel con el esposo de la acusada, la denuncia se trataría de una suerte de “venganza sentimental”. Mejor dicho, ahora la víctima sería la victimaria.

La Resolución del 28 de enero de 2016

La Corte Suprema de Justicia de la República revisó el caso de la menor de edad de Manuani ya que, la acusada de delito de Trata de Personas había sido absuelta de cualquier delito.

Los jueces supremos Villa decidieron declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia que absolvió a Elsa Cjuno Huillca del delito de Trata de Personas.

Entre los fundamentos del tribunal destaca que los jueces supremos no encontraron sustento en el aspecto de explotación laboral por jornadas de 12 horas diarias ya que, muchas de esas horas las utilizó sentada bebiendo licor con los clientes del bar-prostíbulo; indicando que largas jornadas laborales no implica necesariamente explotación laboral.

Otro fundamente es que los “pases” (actos sexuales) no eran el principal motivo de la presencia de la menor en el bar-prostíbulo; sino el beber licor con los clientes. Entonces, la existencia de “pases” fue un hecho ocurrido por la libre determinación de la menor.

El portal Manoalzada.com indicó que:

“El 9 de setiembre de 2016, más de 30 organizaciones realizan un pronunciamiento exigiendo que este fallo se revise y que los magistrados sean investigados por lesionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las organizaciones consideraban que se habían aplicado estereotipos de género al momento de evaluar el caso”.

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, interpuso una denuncia contra los jueces supremos por la Resolución del 28 de enero de 2016. En el portal Legis.pe se puede revisar la Resolución N° 009-2018 del Consejo Nacional de la Magistratura donde se resuelve declarar infundada la denuncia presentada por la ONG. Firmaron esa resolución los doctores Guido Aguila Grados; Orlando Velázquez Benítez; Herbert Marcelo Cubas y Baltazar Morales Parraguez.

En el numeral 14 de dicha resolución se puede leer:

“La resolución suprema objetada conceptualizó que en el caso existió una relación laboral, lo cual es erróneo por la inexistencia de las características y condiciones de una relación jurídica válida de índole laboral; la tesis de que la explotación laboral se materializa cuando la labor realizada agota la fuerza del trabajador no está reconocida en los convenios internacionales de la OIT, la Clasificación Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas – CIU ni en la moderna doctrina de derecho laboral existe, tampoco considera el “trabajo de dama de compañía que “‘bebe con los clientes” realizado “sin agotarse”, menos bajo el reconocimiento de que una menor laboraba 12 horas diarias en un estado de indefensión y de vulnerabilidad laboral y sexual, sin que se califique corno peligroso, estando a la regulación del Decreto Supremo N° 003-201-MIMDES que aprobó la “Relación de Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y Moral de las y los Adolescentes y la sentencia del Tribunal Constitucional N° 05149-2014-PHC-TC del 27 de setiembre del 2016. Descartándose el supuesto error de prohibición”.

 

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

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Política

Insisten en traer abajo el acuerdo con Odebrecht

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Amado Enco

Según el exDefensor del Pueblo, Walter Albán, la denuncia del procurador Amado Enco tiene como objetivo boicotear el acuerdo de colaboración eficaz y evitar que se revelen todos los codinomes. Además, en el TC se cocinaría el camino a la vacancia presidencial.

El ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, calificó como “totalmente abusiva y sin ningún sentido” la denuncia presentada en agosto por el procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Albán, quien ha asumido la defensa legal de Ramírez, advirtió que lo que en realidad busca la acusación es generar obstáculos y amedrentar a los fiscales que intervienen en el caso Lava Jato. Además, indicó que con esta acción el procurador Amado Enco buscaría quebrar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Afirmó que dicho acuerdo de colaboración no se va a considerar cumplido por las autoridades brasileñas ni por la empresa en tanto no se tenga la disposición de los S/ 524 millones que se debía reintegrar a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. “Ese dinero no es para que Odebrecht se lo reparta entre los accionistas, sino para que cumplan con sus obligaciones inmediatas como pagar a la empresa que hace el trabajo para desencriptar la información con los codinomes, o al abogado de Barata, que alega que no cobra desde enero de este año y por eso Barata en la oportunidad anterior dijo que no iba a cumplir con dar información hasta que no se cumpla el acuerdo”, explicó.

El jurista cuestionó que el procurador Enco priorice el seguimiento de esta denuncia con especial interés. “En lugar de preocuparse por los miles de casos de corrupción y cobrar más de S/ 1500 millones en reparación civil, lo que hace es enviar mensajes insistentes para que quienes deben dar trámite a la devolución del dinero se empiecen a preocupar por posibles complicaciones penales”, denunció.

Walter Albán

PRESUNTO OPERADOR DE LA CORRUPCIÓN

En ese sentido, indicó que el procurador Amado Enco habría asistido al despacho de la fiscal a cargo para intentar que se abra una etapa formal de investigación preliminar. “Ha estado invirtiendo tiempo y por tanto recursos del Estado para que su proceso camine. También ha ido al Ministerio de Economía a consultar si el dinero a devolver a Odebrecht forma parte de los recursos públicos. Y parece que la respuesta no le quedó clara porque luego ha intentado amedrentar a la funcionaria que debe autorizar estos recursos, indicando que son recursos públicos”, señaló.

Por ello, consideró que el procurador Enco estaría persiguiendo el objetivo de traer abajo el acuerdo de colaboración. “No solo quienes están involucrados en estos procesos, sino quienes todavía no han sido expuestos sobre sus vínculos con Odebrecht son los interesados en que el acuerdo no continúe, y en esa perspectiva el operador más importante con el que pueden contar ahora es el procurador anticorrupción”, apuntó.

Por otro lado, respecto a las afirmaciones del fiscal Tomás Gálvez, quien manifestó que los fiscales Vela y Pérez “no deben estar un minuto más en sus cargos”, manifestó que los fiscales acusados de ser parte de la red de los Cuellos Blancos “se están jugando la vida”. “Cuando el fiscal Pérez ya tenía que viajar a Curitiba le abren una investigación absurda con un hecho de hace más de diez años y con una diligencia donde él actuó correctamente. No hay que ser ingenuos, estas acciones no son aisladas, todo tiene que ver con un entramado que se mueve para impedir que avancen las investigaciones”, comentó.

AGENDA POLÍTICA EN EL TC

Acerca de la denuncia en el Tribunal Constitucional contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, Albán recordó que desde hace varios años se quieren “deshacer” del magistrado por ser “una piedra en el zapato” para el sector de Ernesto Blume, Sardón y Ferrero. “Ahora le han creado esta denuncia que en realidad es un montaje con malos guionistas y malos protagonistas, y que está destinado a desactivarse pronto porque no hay nada de lo que le puedan acusar, porque se valen de un presunto maltrato a una mujer cuando lo que en realidad ha existido es una crítica y no un insulto. Y si un magistrado no puede criticar a una funcionaria de tanta importancia en el TC, entonces de qué igualdad de género estamos hablando”, cuestionó.

Además, mencionó como algo “curioso” que el periodista Ricardo Uceda haya llamado al magistrado Espinosa-Saldaña el día lunes para consultarle por sus descargos, cuando este ni siquiera había sido notificado y no estaba al tanto de la denuncia. “Este es un caso con intereses políticos, porque no me queda la menor duda de que buscan hacerlo a un lado para declarar fundada la demanda competencial, y con eso generar una herramienta que permita al próximo Congreso buscar la vacancia del presidente Vizcarra”, apuntó.

ELECCIÓN DE JNJ DEBE POSTERGARSE

Finalmente, respecto al proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Albán destacó la importancia de la vigilancia ciudadana para que el proceso se realice en un marco de transparencia. En ese sentido, reiteró el pedido de que la comisión especial reprograme el calendario establecido para la elección de los integrantes de la JNJ. “No se justifica que se tenga que correr en estas fechas de fiestas, porque la ciudadanía y los medios deben hacer un adecuado seguimiento. Lo correcto sería que se corra para la primera semana de enero, cumpliendo los plazos, pero sin esta suerte de falta de transparencia al hacer todo en fechas festivas, que como sabemos no son las más idóneas para llevar adelante estos procesos”, indicó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Belaunde Lossio

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Martín Belaunde Lossio

El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Belaunde Lossio por vencimiento del plazo de la medida de prisión preventiva en su contra por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y simple, cohecho pasivo propio y otros.

Belaunde Lossio cumplía prisión preventiva desde el 11 de diciembre del 2017 por el caso Antalsis. Sin embargo, ya se encontraba recluido desde antes por el caso La Centralita.

La Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rechazó por mayoría la apelación que el Ministerio Público presentó para ampliar por 12 meses la medida contra el procesado.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que Belaunde Lossio deberá cumplir las siguientes restricciones:

No ausentarse de la localidad que reside dentro del territorio nacional, sin previa autorización expresa y antelada del órgano jurisdiccional, la prohibición de viajar al extranjero por el plazo de 36 meses.

Asimismo, el imputado deberá informar la dirección exacta de su residencia en el plazo de 24 horas egresado del establecimiento penitenciario.

Belaunde Lossio está prohibido de comunicar, a través de cualquier medio (redes sociales, por escrito, radio, televisión, teléfono o personalmente) lo relacionado a la presente investigación. De igual forma, está prohibido de comunicarse, directa o indirectamente, con sus coimputados, testigos, peritos.

ALGO MÁS

La resolución de excarcelación ordena también que el procesado debe abonar una caución económica de S/ 50,000.00.

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Política

26 de diciembre evaluará prisión preventiva contra Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori

El Poder Judicial dispuso que el 26 de diciembre se realice la audiencia de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. La cita tiene carácter de inaplazable y estará a cargo del juez Víctor Zúñiga.

Esta disposición se anunció luego de que se amplíe la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Fujimori Higuchi será procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, lavado de activos y organización criminal.

Keikosalió en libertad tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. El Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.

El Ministerio Público pidió en octubre del 2018 esta medida por el caso Cócteles, investigación sobre el supuesto método en que se dio una aparente legalidad a los aportes que habría recibido para su campaña presidencial.

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