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Política

La sociedad de los privilegios

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Jorge Barata

I.

Después de Barata, salvo Paniagua, no queda jefe de Estado que, desde hace siete lustros, no entre con honores al ranking sobre la historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quiroz.

Ciertamente la galería de expresidentes manchados muestra a AFF preso, Toledo extraditable, AGP suicidado, Humala acusado (20 años), el renunciante PPK encausado.

Añádase un ex comandante general del Ejército en vals de fuga. Y otros, los de antes, estos de la camada de Montesinos, todos empitonados. Agréguese un sancochado de ministros en salmuera, altos funcionarios recluidos en piedras gordas, colaboradores eficaces, radiografiados exalcaldes de Lima Metropolitana. Y muchos expresidentes regionales, cuestionados administradores públicos de toda laya, curas pedófilos, ¡ufff!

Lo que se denomina heroicamente como clase política ha sido derrocada por la corrupción. Espera al juez de quiebras.

El problema de la corrupción es tan extendido que supera lo individual, el drama familiar, respetuosas condolencias aparte, para convertirse en un trazo social.

Es una evidencia casi probatoria que las cosas andan pésimo en las relaciones entre el Estado, la política y la vida social. Kaput. Crisis inexorable.

Que el modelo económico impuesto para resolverla, el neoliberal, ha fracasado y que la realidad dramática de la vida peruana no deja de ser la guerra —no siempre silente y latente— entre los ricos y los excluidos y desposeídos del país.

II.

En efecto, los dichos del virrey de Odebrecht confirman la existencia de una complicada red internacional de multimillonarios sobornos y coimas. Pagos que no se quedan allí. Inoculan un virus cancerígeno que ataca la cotidianeidad de las familias, los hogares, las personas cercanas, las instituciones, la psiquis de la gente.

Hoy la corrupción sistémica, histórica y endémica, se ha expandido hasta la metástasis, puesto que sus prácticas como el financiamiento ilegal de la política infectan las más altas cumbres de los poderes privados y públicos.

Afectan, por exceso, a los que la llevan en la economía, la política y la sociedad, quebrando las más íntimas relaciones intersubjetivas y el sistema afichado de creencias y convicciones. Son creadoras de desconfianza, descreimiento. Repulsión.

Así los poderes del Estado están en cuestión. Encuesta tras encuesta, la credibilidad del Congreso Nacional decae hasta niveles extintivos. Pareciera que la crisis de los partidos que ya no representan a casi ningún ciudadano informado se extiende también a la ejecutoria de los padres y madres de la patria. Por eso el referéndum los ha mandado a su casa. No podrán candidatear ni reelegirse en la próxima consulta popular. Fin.

Del Poder Ejecutivo, de renuncia en vacancia, hay que reconocerlo con hidalguía, no se puede decir lo mismo. Un oportuno cambio de rumbo con referéndum y el respaldo de valerosas marchas de la gente contra la corrupción incluidas, le enderezaron la opinión ciudadana al inquilino de la Casa de Pizarro, que se iba al precipicio si no cambiaba de estilo casi naranja. Pero de encuestas no se vive.

De nuevo comienza la erosión. Hay sin duda temas de gestión —como la reconstrucción del norte— pero la principal inadecuación radica en que el 70 por ciento de los que trabajan se debaten en la informalidad, sin representación y sin que exista ningún organismo estatal que se ocupe realmente de la suerte de ellos. Salvo para chancarlos. Una pelea por el control del orden público. Pero se anuncia una reforma laboral, regular, los oasis en el desierto.

III. ¿Dónde golpea más la corrupción, dónde es más crítica?

En los intersticios del mundo del dinero. Por los pasillos del Ministerio Público desfilan ahora financistas truchos, empresarios coimeros, carteles de constructores, tramposos transportistas de carga pesada, tecnoburócratas graduados en sillas giratorias, arreglistas, invasores de terrenos.

Hay expresidentes que fueron operadores reticulares de firmas extranjeras y lobistas, concediendo, concesionando, regalando el territorio y los recursos naturales. También titulares de rendidas cámaras de negociantes, aviesos y mermeleros grupos de la media comunicacional, en fin, la lista y profesión, incluyendo árbitros en lugar de jueces, es ancha y ajena.

Único o principal y común propósito, era gozar de la miel del lucro, sin ni siquiera respetar sus propias reglas. Conductas de la desesperanza que los lleva ahora al cumplimiento del Código Penal y de sus asientos.

IV. Pero también la declaración de Barata ha puesto en evidencia la fragilidad de las relaciones entre la sociedad heterogénea, compleja, abisalmente desigual como es la nuestra, hechura del capitalismo informal de azoteas y de containers, y el Estado rentista que dice representarla pero que, en realidad, tolera, segmenta y excluye.

Hay un Estado pobre para los pobres. Y un Estado pícaro, dadivoso, untuoso, excluyente, solo para uso de millonarios (“la plata no llega sola”).

Y, ambos espacios están anudados, sin embargo, por las reglas de convivencia y de representación política surgidas, curiosa contradicción, de un golpe de Estado, democracia eleccionaria edificada sobre un coup d etat, la farsesca constitución fujimorista del 93 que algún día habrá que terminar de cambiar. Al decir de Barata, este Estado de sultanes y bailarinas funcionaba por la fluidez del aceite corruptor entre los amigotes.

Por eso también la significancia de la escucha de los secretos celosamente guardados por Barata. Estas prácticas de casta virreinal de herederos y modernizadas oligarquías financieras, han quedado develadas y probadas. En esencia parafraseando a Piketty, estamos ante una “Republica de la corrupción que sirve a una sociedad de líderes corrompidos”.

Nótese que la corrupción es endógena al modelo neoliberal. China antes, Argentina, ahora Brasil, algunos ejemplos. Deng lanzo su famoso eslogan, “es hermoso enriquecerse” en 1982 con el propósito de crear un “socialismo de mercado” en China.

He Qinglian citado por Giovanni Arrighi en Adam Smith en Pekín, sostuvo en 1997 que las reformas introducidas por Deng “se habían saldado por enormes desigualdades, una corrupción generalizada, y la erosión de los fundamentos morales de la sociedad”. Y del ‘pillaje’ por la transferencia de las propiedades del Estado a los poderosos y sus amigotes… y la multiplicación de actitudes como el cinismo y el desplome de la ética” (Arrighi, p.45)

Argentina de Macri neoliberal, hundida en una recesión, inflación del 40% mensual, una maxidevaluación e insostenibilidad del pago de la deuda externa, vive al vaivén del oxígeno que le otorga el Fondo Monetario Internacional. Al Brasil de Bolsonaro, preso el expresidente Lula, los problemas políticos se acentúan al calor de sus declaraciones contrarias a los derechos humanos y la creciente militarización de sus decisiones,

Haberlo hecho es un innegable resultado de quienes las denunciaron desde hora temprana y desde la sociedad civil, el IDL por ejemplo. O el fiero combate legal de Salinas y Ugaz contra el tolerado sodalicio devastador.

Los partidos políticos con solitarias excepciones devinieron en este régimen neoliberal en alcancías multipartidarias, redes clientelares, toboganes de confluencias, santas alianzas para la traición hecha promesa. La izquierda, contrario sensu, no cayó en este juego demoledor al desmarcarse claramente de la conducción de la desventurada y personal experiencia edil de Lima Metropolitana.

Las exequias de Alan García, en tal contexto suscitaron, junto a respetables condolencias a sus deudos, un desfile incesante de cortesanos sufrientes del antiguo régimen. Pasaron políticos originarios de los tiempos de la hacienda y la cuchipanda, los cultores del “roba pero hace”, los defensores del contrato ley y los arbitrajes.

Estuvieron también los supérstites del apro-odriismo (“la coalición del pueblo”), el pradismo conviviente, el club del perro del hortelano, honor que le hizo al socio fujimorista que lo acompañó dócilmente, los testigos de la adopción tardía e indigesta de la biblia del consenso de Washington y de su Lava Jato con fondo de metralla, cutra y apagones. En suma de la administración de la neocolonialidad del poder, como recuerda Aníbal Quijano.

VI. La derrota del fujimorismo patrimonialista, saqueador de estado de derecho y aliado de la informalidad, operador de la hegemonía neoliberal desde el 5 abril de 1992 tiene una primera línea de combate que la explica en la actuación de los fiscales del Ministerio Público y los despachos especializados de lucha contra la corrupción del Poder Judicial. Este no es un resultado fortuito.

Ambas instituciones han pasado por cambios observables. La arquitectura del sistema de justicia se apoyaba en numerosas instituciones como el reformado CNM, hoy JNJ desde poco y cada una de estas en el desempeño funcional de los señores magistrados, fiscales y jueces. Unos acusan, otros juzgan.

Para desconectarse de la coyuntura, revisemos algunas cifras del quinquenio 2010 y 2014. Al cierre del 2014, había 3,111 jueces y 4,905 fiscales, en total 8,106 agentes de justicia. Cuarenta y uno de cada cien jueces eran provisionales. Y treinta y seis de los fiscales también eran provisionales. Evidentemente demasiados porque la provisionalidad desde el despacho más modesto hasta la cumbre de la sala suprema encierra fragilidad y riesgo sobre la independencia jurisdiccional.

El acceso a las plazas de los juzgados y salas se regula por los concursos de selección y nombramiento de las vacantes establecidas por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los exámenes de selección y nombramiento los hace el JNJ, hoy Junta Nacional de Justicia. La permanencia en el ejercicio de la función jurisdiccional se confirma mediante una ratificación, previa evaluación de la JNJ, cada siete años y a la que ahora la nueva norma agrega una evaluación trienal.

Las reglas disciplinarias son las que deben respetar los magistrados del sistema y se controlan por una intervención según la jerarquía de los magistrados, de modo que la facultad de sanción de los altos magistrados queda en el JNJ.

¿Qué cambios se observan en la evolución del sistema entre 2010 y 2014 que, en cierta medida, explican el actual funcionamiento del sistema? Primero, el CNM del 2010-2015 concursó 7,106 vacantes a las que postularon 29,634 abogados, de los que 20,622 eran candidatos a plazas fiscales y 9,012 a jueces. Luego del filtro del examen escrito, currículum vitae y entrevista personal, quedaron aptos 2,789.

En resumen un vigoroso incremento del número de magistrados en las bases mismas de las instituciones de justicia. Lógica hegeliana, cantidad que se convierte en calidad, la pugna de lo nuevo con lo viejo, un proceso de superación dialéctica se instala al observarse los cambios introducidos por las nuevas sangres como lo será también la inexorable digitalización del edificio fiscal y judicial.

La estabilidad de la función significa también un proceso de acumulación y modernización de capacidades, transmisión de destrezas y habilidades, el cierre de una notable distancia intergeneracional, ruta que abre naturales aspiraciones hacia el ascenso en la jerarquía orgánica y por lo tanto a la renovación intrínseca de la función.

De allí también la importancia de la evaluación y ratificación de los magistrados a los que fueron convocados 2,215 de los que 1,175 fueron jueces y 1,040 fiscales. No fueron ratificados en el cedazo del CNM un número de 180 magistrados, casi el 10% del efectivo en todos los niveles, incluyendo miembros de la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación. Coincidió con la renovación casi integral del Tribunal Constitucional y notorios desplazamientos en salas supremas y superiores.

De las nuevas canteras provienen los que hoy cumplen un rol central en la lucha contra la corrupción, sin duda respaldados por los “bolsones” (Vergara) y sectores honestos de la magistratura y el respeto masivo de la población movilizada.

Claro que al advertirse la hondura de estos cambios, cabe recordar, la reacción fue una conspiración fujiaprista desde las alturas que modificó mediante una ley del Congreso, el modo de elección de los consejeros del CNM, y por ese medio, la cooptación de la dirección colectiva y el uso de la institución contra sí misma, al iniciase el nuevo periodo denominado el de los “cuellos blancos”, 2016 en adelante. De allí que si una virtud tiene la ley de la JNJ es el de haber desalojado con sanción referendaria y congresal a los ocupantes precarios de la institución mayor del sistema de justicia.

Un middle office de esta lucha generalizada por la limpieza fueron los que cumplieron con valor la tarea de escrutar los meandros de la corrupción. Allí están los informes de la comisión sobre delitos financieros del fujimorato que presidió el tempranamente fallecido Javier Diez Canseco Cisneros, Juan Pari, Sergio Tejada, Manuel Dammert, sobre los negocios de PPK, en fin, la lista es grande.

Pero también fueron decisivos los que se atrincheraron en la lucha por los derechos humanos, ciudadanos que ganaron las calles en estridente lucha contra los abusos del poder en el periodo que hemos calificado de neovirreynal. Pero ninguno como los combatientes del front office desde la prensa independiente, los portales de las redes sociales, los columnistas de opinión de los principales medios, los intelectuales, los artistas, los jóvenes, el hip hop de la ciudadanía.

No hay cómo cantar victoria en esta tarea de aplanar el piso para que todos los peruanos tengamos acceso al pleno ejercicio del derecho a la igualdad. Por eso es necesaria la más amplia unidad de los que han combatido por la justicia y la libertad, poner en valor la pedagogía, la valoración mutua, la renovación de la política.

Se trata de otro modelo, como el que sugiere Michel Aglietta de la escuela de la regulación, un inmenso proceso de modernización productiva, de diversificación económica, fábricas para la industrialización 4.0, fablabs con mercados interiores en permanente expansión, desde dentro y hacia afuera, un socialismo de mercado, un leninismo de la producción, respetuoso de los derechos universales y un pensamiento abierto a las ideas transformadoras de Karl Polanyi. Que requiere competencias probadas en manejar con firmeza crisis de la envergadura de la que estamos viviendo. Y sobre todo, dicho con ironía, una campaña de vacunación contra el descreimiento.

 

GONZALO GARCÍA NÚÑEZ
Exdirector del BCR| IDEELE REVISTA

Política

Con la soga al cuello

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en

Vicente Silva Checa

Luego del anuncio de la Fiscalía respecto al próximo interrogatorio de Vladimiro Montesinos a cargo del fiscal José Pérez, y la posibilidad de incluir en la acusación de lavado de activos contra Fuerza Popular el uso de dinero proveniente de la corrupción en los años 90, el analista político Carlos Monge consideró que el caso se torna “mucho más complejo y serio de lo que se tenía identificado inicialmente”.

“Considerando que el señor Vicente Silva Checa (acusado de ser testaferro de Montesinos y asesor en las sombras de Keiko Fujimori según un testigo protegido) ha tenido un vínculo histórico con estos actos de corrupción, e incluso ya purgó cárcel, me parece totalmente razonable que la Fiscalía convoque a Montesinos para indagar cuál era el mecanismo en los ‘90 para guardar el dinero que sería usado posteriormente en las campañas del fujimorismo”, indicó.

“Además del dinero de la caja negra de Odebrecht, parece que la acusación también apunta a movimientos de dinero, en un blanqueo de millones de dólares entregados a Joaquín Ramírez para que lo blanquee en universidades, usando el mecanismo de empresas familiares que proveían de servicios sobrevaluados a su propia universidad”, agregó.

Sobre el vínculo de Silva Checa y Keiko Fujimori, Monge afirmó que “si el problema fuera que solo la asesora, habría un problema ético, y nadie va preso por tener un delincuente de asesor”. “Sin embargo, en caso se compruebe que Silva Checa es donante de dinero proveniente de la corrupción en los ‘90 y usado en las campañas de Keiko Fujimori, el caso se volvería mucho más grave por ampliarse la figura de lavado de activos”, señaló.

FINANCIADOS POR EL NARCOTRÁFICO

Monge recordó los casos más emblemáticos de los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico en la dictadura de los años ‘90: “Recuerdo el caso del desvío de armas para las Farc a cambio de pagos con dinero proveniente del narcotráfico colombiano, que era la forma como las Farc financiaba sus compras de armamento. Luego, han habido acusaciones de parte de narcos de la zona del Huallaga, quienes indicaron que pagaban cupos a Montesinos para que los proteja en sus operaciones”.

“Entonces no es novedad que Montesinos aparezca asociado a lavado de dinero del narcotráfico. Esto tiene muchos antecedentes y no sería para nada una sorpresa que surgiera algo nuevo en ese sentido durante el interrogatorio”, añadió.

Además, indicó que si bien ya desde los ‘80 han existido acusaciones de narco parlamentarios dirigidas a las bancadas de Acción Popular y el Apra, “con el fujimorismo se ha fortalecido esa presencia”. “El fujimorismo, recordemos, ha logrado ser el espacio de representación política de muchas economías ilegales. Ahí se expresa el lobby de las universidades truchas para tirarse abajo a la Sunedu; hay parlamentarios fujimoristas que son defensores de las cooperativas ilegales en el Vraem; otros están vinculados a la minería y a la pesca ilegal; y así sucesivamente podemos mencionar casos”, afirmó.

NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA

Respecto a la protesta expresada por los parlamentarios de Fuerza Popular, quienes manifestaron que el interrogatorio a Vladimiro Montesinos se programó con el afán de presionar al Tribunal Constitucional en el caso del hábeas corpus de Keiko Fujimori, Monge indicó que “ellos se han pasado años tratando de contarnos el cuento de que Fujimori era un pobre tonto que no se enteraba de lo que ocurría a sus espaldas”.

“Han tratado de construir esa narrativa; sin embargo todos sabemos cómo son las cosas. Obviamente, les molesta que ahora reaparezca la figura de Montesinos asociada al fujimorismo y por eso inventan esto de la persecución política. Pero son argumentos de defensa porque se sienten afectados por la íntima asociación de Montesinos no solo con Alberto Fujimori sino con Keiko, porque era él quien pagaba sus estudios”, apuntó.

Monge advirtió que “no hablamos de niños de 12 años que no se han preguntado de dónde sale la plata para pagar el colegio, sino de adultos que estudiaron maestrías en el extranjero y que recibían del asesor de inteligencia ese dinero sin preguntarse de dónde venía”.

ACUSACIÓN SERÁ CONTUNDENTE

Finalmente, el analista político destacó que “se van acumulando evidencias sobre el funcionamiento de Fuerza Popular como una organización criminal, y ante cada nueva prueba sus miembros reaccionan muy nerviosos para tratar de frenar la investigación”.

En este sentido, indicó que Silva Checa es una pieza que podría “ayudar a probar no solo cómo funcionaba Fuerza Popular y cómo trataba de obstruir la investigación, sino también permitirá llevar la madeja hacia atrás y mostrar la relación entre Montesinos y el fujimorismo, y cómo se habría sostenido esa relación hacia el presente con el soporte en campañas del dinero ilícito de la corrupción de los años ‘90”.

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Política

Criminalización de los trabajadores mineros sindicalizados

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en

Enfrentamientos conflictos sociales policía contramanifestaciones huelgas

Lo grave de todo esto es que Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo, no cumple con su labor de mediar, que debería ser el rol de un funcionario del Estado peruano, para que empresarios y trabajadores se acerquen y lleguen a un acuerdo para solucionar el pliego de reclamos que fue presentado oportunamente.

En vez del diálogo que solicitan reciben la indiferencia de la SNMPE y para remate fueron reprimidos de manera violenta por un piquete de la Policía Nacional, cuando fueron a protestar al Ministerio de Trabajo para solicitar que se solucione su petitorio.

Para remate, el grupo de congresistas que los acompañó para conseguir el diálogo, nos referimos a María Elena Foronda, Hernando Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del del Frente Amplio, fueron arrastrados y maltratados por los gendarmes.

Esto revela que no hay respeto por las autoridades congresales y a ello se sumaron: Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, que los acusó de “incitar” a la violencia, y Pedro Olaechea, presidente del Legislativo, que le mintió cínicamente al país.

Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú

REACCIONES SOLIDARIAS

En seguida entrevistamos a Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMP, quien nos dijo cómo se encuentra el sector laboral que representa, a más de una semana de la violencia de la que fueron víctimas. De igual modo a Francisco Soberon, fundador de Aprodeh y exsecretario de la Coordinadora Nacional de Derchos Humanos (CNDDHH), y a Jorge Bracamonte, titular de esa entidad.

—¿En que estado está la situación que ustedes enfrentan?

—El día sábado pasado nos comprometimos con la ministra respecto a que íbamos a reunirnos la SNMPE el martes, en el marco del extraproceso, pero la ministra no ha asistido, solamente estuvieron el conciliador y la jefa del departamento de Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, la doctora Manuela García.

Estamos viendo para el día 25 una propuesta de diálogo con la ministra. Nosotros suspendimos la huelga, pero lamentablemente vemos una actitud intransigente por parte de la SNMPE, que desconoce y no respeta a los trabajadores, y ni siquiera envía un representante para que pueda enterarse de cuál es nuestro planteamiento.

—¿Van a reiniciar la huelga?

—Nosotros suspendimos la huelga el día sábado, después de nuestra excarcelación, ya que fuimos ilegalmente detenidos. Vamos a retomar nuevamente esta medida de fuerza, para ello vamos a tener una reunión este fin de semana para evaluar la reanudación de la huelga nacional indefinida, porque la SNMPE sigue dando las mismas muestras de intransigencia.

—La ministra de Trabajo tampoco se ha presentado…

—Claro, parece que ella y la SNMPE están en la mima sintonía.

—¿Sabe si se ha reunido con los representantes de la SNMPE?

—Tal vez ellos se habrán reunido pero con nosotros no había absolutamente nadie.

—Entonces, este fin de semanana reinician la huelga nacional indefinida.

—Sí, definitivamente. Lamentamos que no haya una voluntad de diálogo. Como usted verá, ni siquiera se presentan para dialogar y resolver, de una vez, nuestro pliego de reclamos.

 

ALGO MÁS

“Nos parece reprobable que el Congreso de la República pretenda estigmatizarlos y acusarlos de azuzadores de la violencia. Esto da cuenta del tipo de Congreso que tenemos, en donde el presidente del Legislativopuede permitirse mentir cínicamente frente al país”, concluyó Bracamonte.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

La negociación colectiva está consagrada por ley

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Huelga marcha mineros protestas

—¿Cuál es su opinión en torno a la forma en que fueron tratados los trabajadores mineros, que reclamaban la solución de su pliego de reclamos?

—Lo que hay que rechazar son las negativas de promover,de parte del Ministerio de Trabajo, un adecuado diálogo de los trabajadores con la SNMPE, para que se cumpla el acuerdo que ha establecido esa negociación colectiva. Es un derecho que ha sido restringido en otros sectores laborales.

El único que lo mantiene en vigencia es la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, hay otros en donde estos derechos se han limitado, y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú tiene establecida esa negociación que debería respetarse para que los trabajadores puedan demandar sus derechosy su negociación debe ser atendida.

Y debemos rechazar el comportamiento del gobierno del presidente Vizcarra, lo cual debe ser cuestionado por todos los sectores organizados, sociales y políticos, comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso es algo que, estoy seguro, la tolerancia de los trabajadores mineros vencerá, al imponer su derecho, porque la negociación colectiva está consagrada.

—¿Cree que las detenciones del señor Cerrón y Aduviri son un arrinconamiento de los sectores de izquierda?

—Son situaciones distintas. El señor Cerrón tiene una condena por corrupción. El señor Aduviri también está detenido, pero por protesta social. No son similares. Si ha sido condenado por corrupción tiene derecho a apelar y el Poder Judicial decidirá. En el caso del señor Aduviri, su detención es ilegal, ilegítima, es el uso de la justicia penal para condenar la protesta social. No se puede conciliar situaciones políticas e ideológicas. Si hay corruptos, tienen que ser procesados.

—¿Y qué decir de los congresistas Foronda, Cevallos, Morales y Tucto, que han sido acusados de promover la violencia por apoyar a los trabajadores mineros?

—Ellos han mediado para lograr el diálogo entre los trabajadores y la SNMPE, mediante el Ministerio de Trabajo, de modo que no se los puede acusar ligeramente de la movilización propia de los trabajadores, en todo caso que la Comisión de Ética vea su participación.

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