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Editorial

La reforma no se debe quedar en el papel

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Está en camino la reforma del sistema de justicia anunciada por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Este camino es escarpado por lo cual el mandatario debe ponerle énfasis en el cumplimiento de su compromiso.

Uno de los pasos fundamentales es el nombramiento del nuevo ministro de Justicia. El congresista Gilbert Violeta ha dicho que hoy saldría el nombre de quien reemplazará a Salvador Heresi.

La pregunta que alguien debe hacerle a Vizcarra es: ¿Por qué nombró usted a Heresi ministro de Justicia cuando todo el mundo le decía de los anticuchos de este que incluso tiene un hermano investigado por lavado de activos?

Aunque empujado por los audios el presidente Vizcarra, sin embargo, ha actuado bien sacando de su gobierno a Heresi y nombrando como presidente de la comisión para la reforma del sistema de justicia a Allan Wagner.

Wagner estuvo trabajando ayer todo el día porque tiene menos de 12 días para entregar propuesta a fin de que Vizcarra anuncie al país los puntos fundamentales de su reforma de la justicia.

Wagner dijo que la labor de su equipo va por buen camino, tras reunirse con el titular del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Comisión de Justicia del Congreso.

Manifestó que el grupo planteará temas importantes de alta sensibilidad para la ciudadanía, que signifique el inicio de la reforma, y una demostración clara y concreta de que ahora sí hay una voluntad política del presidente y jefes de los poderes del Estado y sectores comprometidos para realizar la reforma.

Es fundamental que los representantes de los poderes del Estado se pongan de acuerdo en que es sumamente importante una reforma sustancial de la justicia que ha sido tomada, tal como lo dijo el excandidato presidencial Julio Guzmán, por la mafia, una mafia poderosa.

El presidente Vizcarra debe entender que su pelea, que la lucha, es con gente que no tiene principios democráticos y que constituye una red de delincuentes cuya prioridad es levantarse en peso al país.

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Editorial

Pobreza en el debate

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Hace 58 años se registró un hecho que cambió la historia de la política. El primer debate televisado entre dos candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos, Richard Nixon (experimentado orador y político) y un joven y carismático John F. Kennedy. El primero no quiso maquillarse, vistió un triste traje gris (cuando la televisión era en blanco y negro) y subestimó al contrincante. JFK cuidó su imagen a conciencia, tomó el sol para lucir un moreno envidiable y vistió impecable terno azul marino que destacaba en la grisácea pantalla.

Queda para la anécdota, que según las encuestas de la época quienes siguieron por radio el debate respondieron que había ganado Nixon, pero quienes lo vieron por televisión afirmaron que el auténtico vencedor fue Kennedy. Se estima que unos 70 millones de televidentes siguieron el debate. Lógicamente que las elecciones las ganó Kennedy.

A solo dos semanas para las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre, anoche se realizó el primero de los dos debates municipales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Si el objetivo era calentar una campaña que aún se percibe fría, la verdad es que difícilmente podría cuantificarse el efecto que haya tenido, pues los participantes, salvo Daniel Urresti, no parecían muy familiarizados con el lenguaje televisivo ni mucho menos preparados para una presentación en la pantalla chica.

Quienes sí tienen experiencia en la “caja boba” y hubieran contribuido a darle algún atractivo al “debate” declinaron la convocatoria: Ricardo Belmont y Renzo Reggiardo. De otro lado, el tiempo asignado a cada uno de los 10 candidatos invitados era prácticamente ridículo. Por ejemplo, en un minuto debían decir ¿cuál era su visión de Lima Metropolitana al 2022? Un poco difícil ¿no?

Peor aún si tenemos en cuenta que el tiempo total de la intervención de cada candidato participante era poco más de 10 minutos, en los cuales además debían dar a conocer sus propuestas sobre seguridad ciudadana, transporte, responder preguntas de la ciudadanía, hablar sobre poblaciones vulnerables y su principal propuesta para terminar con un tema libre y un mensaje de despedida.

Así, en el debate de anoche, difícilmente se podría distinguir un ganador, aunque eso lo dirán las encuestas conforme transcurran los días. Sin embargo, lo que sí se notó fue la pobre preparación de nuestros candidatos que no supieron exponer sus propuestas.

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Editorial

Venganza ciega

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Ni la ‘Señora K’ ni la nueva versión, en masculino, de la fiscal Blanca Nélida Colán creen en aquello de que la venganza es un plato que se sirve y se come frío, por lo que apenas esperaron unas horas para poner en marcha su operación revancha, cargada de cólera y rencor, porque ni la una ni la otra creen en aquello de que en las contiendas políticas, como en el fútbol, se gana, se pierde y se empata y solo saben imponer su poder a toda costa.

Quienes por diversas fuentes se habían enterado de la venganza que preparaba la hija del dictador contra el Gobierno, por la derrota sufrida al tener su partido que aceptar, arrinconado por la indignación popular, apurar el paso en la aprobación de las reformas –aunque siempre aprovechando cualquier ocasión o motivo para incumplir el compromiso-; no esperaban que fuera tan inmediato.

En una, como dicen los jóvenes, el servicial fiscal se tomó su propia venganza, sometiendo a una forzada investigación a la vicepresidenta de la República y a varios parlamentarios y funcionarios ligados a este o al anterior Ejecutivo, por la presunta compra de votos a cambio de prebendas con las que el expresidente Kuczynski intentó impedir su vacancia.

De ninguna manera, por supuesto, se incluye a los participantes en la operación de los “Mamani-audios” que fueron preparados y dotados de medios para la tarea de hacerse pasar por disidentes y preguntar qué podían recibir a cambio de no votar por la vacancia, lo que podría configurar problemas penales, al igual que el uso indebido de los medios del Congreso.

Nada de eso importa realmente, porque el objetivo ordenado por la autoritaria jefa de Fuerza Popular adelantado por ‘Hildebrandt en sus 13’, usar la Fiscalía para activar pesquisas, es llegar hasta el presidente Martín Vizcarra y derrocarlo, porque eso no sería otra cosa que un golpe de Estado parlamentario, un vulgar cuartelazo, algo que, por cierto, el fujimorismo lleva en los genes.

Si para su desenfrenada sed de venganza desestabilizan a la democracia, no les importa, como a su inspirador no le importó dar un autogolpe y usar el crimen y el latrocinio como sistema de poder, hundiendo al Perú en la ignominia.

Su furia ciega les impide leer la realidad que muestran las encuestas y la calle, en las que la impopularidad de la ‘Señora K’ y su socio menor, AG, es extrema y al parecer irreversible, y la indignación social sigue creciendo ante las resistencias del fujimorismo a las reformas anticorrupción, que muchos consideran todavía insuficientes.

No deberían jugar con ese sentir popular, que puede ir creciendo hasta desembocar en situaciones que podrían evitarse solo si el fujimorismo acepta que este país no es su botín y que no pueden hacer con él lo que les da la gana.

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Editorial

Un decreto antilaboral

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El Gobierno publicó el pasado domingo el Decreto Legislativo Nº 1442 que crea la Planilla Única de Pago del Sector Público. La norma ha sido cuestionada porque en la práctica anula las negociaciones colectivas en el ámbito estatal y aunque el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, niega que el Gobierno haya eliminado la figura de la negociación colectiva para los trabajadores estatales, el abogado laboralista Javier Neves Mujica, sostuvo que el DL 1442 representa un acto de inconstitucionalidad.

Ocurre, sin embargo, que el cuestionado decreto legislativo implementa la Planilla Única de Pago del Sector Público, un registro con los ingresos de cada uno de los trabajadores públicos, que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Además, establece que las entidades del Estado deben cumplir con entregar a sus trabajadores 12 remuneraciones al año, una bonificación por escolaridad, una gratificación por Fiestas Patrias y otra por Navidad (algo que ya se sabe de sobra).

Pero la norma, también, precisa que los montos de gratificaciones y bonificaciones son fijados únicamente por la Ley de Presupuesto del Sector Público. Asimismo, señala que todos –salarios incluidos– deben ser reglamentados mediante decreto supremo del MEF. El artículo 16 obliga a todas las entidades públicas a cumplir con los lineamientos de la Planilla Pública, caso contrario se comunicará a la Contraloría General de la República, detallando el impacto fiscal.

En opinión de expertos, nos encontraríamos ante una flagrante violación de la Constitución y los derechos laborales por parte del Poder Ejecutivo, ante lo cual el Congreso deberá retomar el proyecto consensuado que tiene sobre la materia. En caso contrario, qué razón de ser tendrían los sindicatos. Es necesario, pues, que se corrija cualquier atisbo de colisión con los derechos laborales, consagrados por la Constitución, toda vez que es el Estado el encargado de velar por su cumplimiento.

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