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Editorial

La reforma no se debe quedar en el papel

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Está en camino la reforma del sistema de justicia anunciada por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Este camino es escarpado por lo cual el mandatario debe ponerle énfasis en el cumplimiento de su compromiso.

Uno de los pasos fundamentales es el nombramiento del nuevo ministro de Justicia. El congresista Gilbert Violeta ha dicho que hoy saldría el nombre de quien reemplazará a Salvador Heresi.

La pregunta que alguien debe hacerle a Vizcarra es: ¿Por qué nombró usted a Heresi ministro de Justicia cuando todo el mundo le decía de los anticuchos de este que incluso tiene un hermano investigado por lavado de activos?

Aunque empujado por los audios el presidente Vizcarra, sin embargo, ha actuado bien sacando de su gobierno a Heresi y nombrando como presidente de la comisión para la reforma del sistema de justicia a Allan Wagner.

Wagner estuvo trabajando ayer todo el día porque tiene menos de 12 días para entregar propuesta a fin de que Vizcarra anuncie al país los puntos fundamentales de su reforma de la justicia.

Wagner dijo que la labor de su equipo va por buen camino, tras reunirse con el titular del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Comisión de Justicia del Congreso.

Manifestó que el grupo planteará temas importantes de alta sensibilidad para la ciudadanía, que signifique el inicio de la reforma, y una demostración clara y concreta de que ahora sí hay una voluntad política del presidente y jefes de los poderes del Estado y sectores comprometidos para realizar la reforma.

Es fundamental que los representantes de los poderes del Estado se pongan de acuerdo en que es sumamente importante una reforma sustancial de la justicia que ha sido tomada, tal como lo dijo el excandidato presidencial Julio Guzmán, por la mafia, una mafia poderosa.

El presidente Vizcarra debe entender que su pelea, que la lucha, es con gente que no tiene principios democráticos y que constituye una red de delincuentes cuya prioridad es levantarse en peso al país.

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Editorial

Que Gobierno no se haga el loco

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El número de suicidios crece de manera preocupante, en el Perú, al punto que hoy ocurre prácticamente un caso por día, según estadísticas del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, del Ministerio de Salud. Al cierre del año 2018, las cifra total de personas que se autoeliminaron llegó a 385, y en lo que va del presente año se han registrado 110 casos, lo cual significa que posiblemente a finales de 2019 se haya superado el número registrado en el año anterior.

Desde esta columna, Diario UNO ha alertado en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de incrementar los presupuestos para atender la salud mental de la población. Se trata de un verdadero drama que viven las familias peruanas que tienen que velar por algún paciente con problemas de salud mental. Sin embargo, hasta la fecha el Ejecutivo no ha adoptado ninguna medida tendente en este sentido. Por el contrario, el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental comunitaria del período 2018-2021 establece que ya no habrá servicios de internamiento en los nosocomios psiquiátricos.

A esto hay que agregar las declaraciones de Freddy Vásquez, jefe del Servicio de Emergencia del citado instituto, quien precisó que la cifra del año pasado es superior, por ejemplo, a la de 2016, cuando hubo 295 casos de suicidios. Eso quiere decir que hay una tendencia al incremento, por lo que resulta por lo menos preocupante que el Estado haya decidido sustituir los servicios de internamiento en los hospitales psiquiátricos por la participación activa de las familias y comunidades donde viven los pacientes.

De acuerdo con las estadísticas del instituto Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, la mayoría de personas que se autoelimina tiene entre 18 y 60 años, pero lamentablemente hay casos también de menores de 8 a 14 años. El 90 por ciento de las causas que llevaron al suicidio se relaciona con problemas de salud mental, como depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia o abuso de drogas, además de los factores hereditarios, biológicos y problemas de personalidad.

Por todo ello, esperamos que el Estado se haga cargo de la salud mental de la población para no tener que ver en los noticieros de la televisión casos de niños que toman tan drástica determinación. El Gobierno no debe sustraerse de su responsabilidad ni hacerse el loco en este tema.

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Editorial

Nadie gana con la informalidad

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Los comerciantes de la zona de Mesa Redonda, en el centro de Lima, aseguran que el cierre por tres semanas, dispuesto por el municipio metropolitano para permitir las inspecciones a los locales comerciales, les ocasionará grandes pérdidas.

Evidentemente que la razón no les asiste porque después del siniestro registrado en el lugar en el año 2001 –en que se perdieron 279 vidas humanas– se han vuelto a registrar por lo menos otros nueve y el último de ellos fue el ocurrido la noche del Viernes Santo, en el que no se registraron daños personales y vaya uno a saber si fue por algún milagro divino.

Efectivamente, en esas galerías comerciales no se respetan las más mínimas normas de seguridad. Lo peor es que muchos de los locales fueron hechos para vivienda y no cuentan con pasillos de alto tránsito y mucho menos para el almacenaje de mercaderías.

Pero aun así hay un alto tránsito de clientes. No se trata solo de la vida de los comerciantes y sus clientes, sino también la de los bomberos y policías que llegan al lugar cuando se ha producido un incendio que se propaga rápidamente por la gran cantidad de materiales altamente inflamables que se almacena en el lugar.

De otro lado, es obligación de las autoridades municipales verificar el fiel cumplimiento de las normas de seguridad para garantizar la integridad física de la gente que concurre al lugar, pues de lo contrario no puede otorgarles licencia de funcionamiento a esos negocios tugurizados.

Lo ideal hubiera sido que primero se construyan las galerías de acuerdo a las normas de seguridad y después se proceda a pedir la licencia de funcionamiento, contando con el visto bueno de Defensa Civil, pero lamentablemente en nuestro país ocurre lo contrario por la informalidad.

Pero si los comerciantes creen que son ellos los únicos que están sufriendo grandes pérdidas, la medición hecha por el Organismo de evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), con información de dos monitores instalados cerca, comprobó que la cantidad de material particulado fino y muy fino triplica la cantidad permitida.

Francisco García, representante de OEFA, confirmó que en la zona del siniestro se halló ayer por la mañana 366.84 microgramos por metro cúbico de PM10 (material particulado fino) y 347.33 de PM2.5 (material particulado muy fino), cuando lo aceptable es 100 y 50 microgramos, respectivamente. Un alto grado de contaminación que enferma a los vecinos. Eso quiere decir que con la informalidad nadie gana.

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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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