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Política

La población quiere cierre inmediato del Congreso

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Existe un malestar en la opinión pública que se manifiesta en un rechazo contundente al Congreso de la República en el que cada día surge un escándalo más grande que el anterior y donde los parlamentarios tienen acusaciones de todo tipo como lavado de activos e incluso de narcotráfico.

Por estas razones colectivos sociales alistan una gran manifestación para exigir que el Parlamento se reforme por completo y si eso no es posible para que de una vez por todas cierre. Hay una fecha tentativa para una concentración el 22 de este mes; sin embargo, hoy habrían algunas manifestaciones en algunos puntos del país que fueron publicitados por Internet.

Hay una corriente de opinión que crece constantemente en el sentido de que el Parlamento debe cambiar radicalmente.

Al respecto, diversos analistas señalaron al Diario UNO que el cierre del Congreso puede ser una salida a la crisis en la que se encuentra este poder del Estado, que no solo está afectado por la corrupción sino que -incluso- está infectado por el narcotráfico. Asimismo, quitarle la inmunidad también sería un aporte para la transparencia.

PROTESTA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó al Diario UNO que hay un mal humor en la población ante los escándalos y denuncias en el que están involucrados muchos congresistas. “Se siente en la calle que la población repudia todas las denuncias que brotan de los propios parlamentarios, muchos involucrados en actos delictivos”.

“Ante eso, desde las organizaciones sindicales y sociales rechazamos la corrupción y creemos que es necesaria una participación enérgica de la población para hacerle frente y que si hay una marcha, nosotros apoyaremos”, dijo.

El representante de la CUT anunció que “las principales centrales sindicales y sus bases preparamos un paro nacional para el mes de mayo, para exigir una limpieza total del Parlamento y de las diferentes instituciones estatales que están infectadas por la corrupción”.

CIERRE DEL CONGRESO
Por su parte Yonhy Lescano, legislador de Acción Popular (AP), aseguró que “el Parlamento está en crisis, hay una falta de ética, la crisis política, parlamentarios del fujimorismo acusados de narcotraficantes, las imputaciones a otros congresistas de falsificaciones, recorte de sueldos y los escándalos de la Comisión de Ética”.

“Es innegable que esto está manejándose como la chacra del fujimorismo. La gente en la calle está aburrida e indignada por eso hay que apagar la luz, cerrar el Congreso y convocar a elecciones anticipadas, como ocurrió el año 2001”, aseveró Lescano.

SIN INMUNIDAD
Patricia Donayre, parlamentaria de Peruanos por el Kambio (PPK), señaló: “Estoy trabajando una propuesta, que estoy segura será apoyada por los peruanos, para convocar a un referendo para preguntarle a la población si es que la ley debe seguir respaldando la inmunidad de la que disfrutan los legisladores mientras ocupan su escaño o deben ser tratados por la justicia como cualquier persona”.

A continuación presentamos una lista de los parlamentarios elegidos por Fuerza Popular con diversas acusaciones. Los datos de Transparencia, Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso y el diario Gestión.

Wilmer Aguilar Montenegro

1.- Wilmer Aguilar Montenegro.- En octubre del 2016 fue acusado de estar afiliado al SIS gratuito. Argumentó que no se desafilió por un descuido.

Víctor Albrecht Rodríguez

2.- Víctor Albrecht Rodríguez.- Investigado por la Fiscalía Especializada en corrupción de funcionarios por los presuntos delitos de colusión y peculado doloso en agravio del Estado. Ante esto renunció a la presidencia de la Comisión Lava Jato.

Betty Ananculi Gómez

3.-Betty Ananculi Gómez.- Tiene dos procesos por supuesta información falsa colocada en su hoja de vida. Ministerio Público solicitó levantar inmunidad parlamentaria.

Gladys Andrade Salguero

4.-Gladys Andrade Salguero.- Acusada de mentir sobre su experiencia laboral, en su hoja de vida.

Rosa Bartra Barriga

5.-Rosa Bartra Barriga.- Señalada por el Ministerio Público de haber cometido el supuesto delito de “violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones fiscales” en el allanamiento a dos locales fujimoristas.

Moisés Mamani Colquehuanca

6.- Moisés Mamani Colquehuanca.- Denunciado por el procurador anticorrupción Amado Enco por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal ante el despacho del Fiscal de la Nación.

Úrsula Letona Pereira

7.-Úrsula Letona Pereira.- Acusada por Kenji Fujimori de recibir financiamiento de Odebrecht para su campaña electoral.

Modesto Figueroa Minaya

8.-Modesto Figueroa Minaya.- Desde agosto del 2014, la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos mantiene una investigación. Según la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (Minam), existen “sospechas fundadas” de las relaciones de Figueroa con la minería ilícita en Madre de Dios.

Nelly Cuadros Candia

9.-Nelly Cuadros Candia.- La secretaría técnica de la Comisión de Ética encontró que infringió el reglamento al consignar datos falsos y omitir información en la declaración jurada de su hoja de vida.

Joaquín Dipas Huamán

10.-Joaquín Dipas Huamán.- La Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho solicitó al Poder Judicial 11 años de prisión en su contra, por el presunto delito de colusión ilegal en agravio del Estado y de la Municipalidad Distrital de Pichari (Cusco).

Leyla Chihuán Ramos

11.-Leyla Chihuán Ramos.- Denunciada por un medio de comunicación por el supuesto cobro indebido de S/. 182.625 soles de la ONP, a pesar de haber estado afiliada a una AFP.

Gilmer Trujillo Zegarra

12.- Gilmer Trujillo Zegarra.- Denunciado por figurar como afiliado al SIS.

Miguel Castro Grández

13.-Miguel Castro Grández.- Imputado por supuesta apropiación de inmueble, por el policía en retiro Luis Ayala, en julio del 2017.

Guillermo Bocángel

14.-Guillermo Bocángel.- Investigado por la 3ra. Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de peculado doloso.

Kenji Fujimori Higuchi

15.-Kenji Fujimori Higuchi.- Investigado preliminarmente por la 2da. Fiscalía Supranacional Corporativa Lavado de Activos.

Clayton Galván Vento

16.-Clayton Galván Vento.- Se le acusa de ocultar declaración de sentencia en su hoja de vida, tal como consta en un expediente del Jurado Electoral de Pasco.

Lizbeth Robles Uribe

17.-Lizbeth Robles Uribe.- Acusada, según informe de Panorama, de incluir datos falsos en su hoja de vida. Además, fue denunciada por sus exasesores José Félix Rodríguez y Sara Milla Abarca por haberse apropiado de la mitad de sus remuneraciones.

Edwin Vergara Pinto

18.-Edwin Vergara Pinto.- Acusado de ser exsocio de Diego Sánchez Ospina, presunto cabecilla de una red de narcotraficantes.

Roy Ventura Ángel

19.- Roy Ventura Ángel.- Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho pidió cinco años de prisión por presuntamente haber favorecido a una empresa, cuando trabajó en la Municipalidad de Huamanga.

Wuilian Monterola Abregu

20.-Wuilian Monterola Abregu.- Investigado por la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima por el presunto delito de lavado de activos.

Elard Melgar Valdez

21.-Elard Melgar Valdez.- Denunciado ante la Comisión de Ética de plagiar su tesis. La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de Huacho, anuló su título de abogado.

Federico Pariona Galindo

22.-Federico Pariona Galindo.- Denunciado por la Procuraduría del JNE ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Huancayo por consignar datos falsos en su hoja de vida.

Yesenia Ponce Villarreal

23.- Yesenia Ponce Villarreal.- Acusada de incluir datos falsos en su hoja de vida, sobre sus estudios de secundaria.

Esther Saavedra Vela

24.-Esther Saavedra Vela.- Señalada de incluir datos falsos en su hoja de vida, sobre sus estudios escolares.

César Segura Izquierdo

25.-César Segura Izquierdo.- Según declaró ante el JNE, tiene procesos en curso por apropiación ilícita, lesiones culposas y homicidio culposo.

Miguel Torres Morales

26.- Miguel Torres Morales.- Incluido en la indagación preliminar de la Fiscalía por supuestos vínculos a las empresas de los hermanos Kenji, Sachi e Hiro Fujimori, investigados por el presunto delito de lavado de activos.

Carlos Domínguez Herrera

27.-Carlos Domínguez Herrera.- Denunciado por el ciudadano Édgar Carrión ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la presidencia del Congreso y la Comisión de Ética, por la supuesta omisión de información sobre sus vínculos como accionista en tres empresas, cuando se presentó como candidato en el 2016.

Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

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Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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