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Editorial

La mala educación

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Tremenda polvareda han levantado sectores ultraconservadores de la bancada de Fuerza Popular respecto del tema de la educación en el Perú, a partir de la distribución de unos textos escolares supuestamente con errores en el tema de la orientación sexual. Por ello, la ministra de Educación, Flor Pablo, ha sido sometida a interpelación en el Congreso de la República. Allí, la titular del sector ha confirmado que el ministerio ha dispuesto una exhaustiva investigación y los responsables de los errores, una vez que culmine el proceso, recibirán las sanciones que correspondan.

Sin embargo, el problema no es ese, pues tal como ha dicho la congresista Marisa Glave, los temas de la identidad de género, enfoque de género y orientación sexual, están en las guías para los docentes desde los años 90, en la época de Alberto Fujimori y también estaban en la época de Alan García. Claro que allí nadie saltó hasta el techo. Nadie dijo nada. Pero ahora, congresistas fujimoristas y apristas pretenden llevar agua para su molino. El verdadero problema está en la falta de una reforma educativa.

Acaso los padres de familia no son conscientes del alto costo que les demanda enviar a sus hijos al colegio sin ver que se cumplan las metas mínimas. Ni siquiera la meritocracia ha funcionado en el sistema educativo porque lo único que se consiguió fue que los profesores estén más preocupados en estudiar para obtener nuevos certificados y así conseguir que se les aumente el sueldo. Peor, aún, si hablamos de investigación en educación, porque de eso no hay nada.

Hace poco, un sector de empresarios de la industria ha puesto el dedo en la llaga al referirse a la falta de empleo para nuestros jóvenes y ha planteado replicar la exitosa experiencia del Senati, llevándola a todos los rincones del país para que los alumnos puedan completar su educación en las mismas empresas. Por ahora, la única opción que tienen los jóvenes es la universidad para tener un diploma a nombre de la Nación, pero que no les garantiza un puesto de trabajo. La mayoría no se desempeña en la especialidad que estudió.

Ese tipo de propuestas debería estar debatiendo nuestros congresistas. Los parlamentarios deberían estar buscando la forma de que la educación superior y la educación técnica sirvan para formar los profesionales y especialistas que el Perú necesita y no estudien carreras que quizá hoy están bien cotizadas, pero de aquí a un tiempo devendrán en obsoletas. De eso deberían preocuparse los congresistas, pero al parecer sería como pedirle peras al olmo, pues no dan la talla.

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Editorial

¿Y las ocho horas?

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Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre febrero y abril de este año, 112,500 limeños trabajaron más de 80 horas a la semana, es decir, más de 13 horas en un día. De hecho que eso no tiene nada de raro, lo que ocurre es que ya todo nos parece normal en este país de la informalidad, llamado Perú. El empleo formal prácticamente está desapareciendo para dar paso a trabajos informales. Basta preguntarles cuántas horas al día trabajan los ambulantes, los taxistas, bodegueros, los vendedores del mercado, los empleados de restaurantes, etc., etc.

Y es que por décadas el empleo en nuestro país sigue entre la informalidad y la precariedad, lo cual es aprovechado para situaciones que francamente rayan con la explotación. Ha transcurrido varios años del boom de los precios de los minerales y del auge económico, lo cual generó un incremento del empleo, pero no de un empleo de calidad, sino de magras remuneraciones, extensos horarios y todo ello sin ningún tipo de beneficios sociales.

El problema se agravó últimamente porque el Perú fue uno de los países latinoamericanos que más migrantes venezolanos ha recibido. A mediados de 2008 se estimaba en más de 500,000 el número de ciudadanos venezolanos en nuestro país, actualmente se habla de 800,000 y la cosa va para más, pues la crisis política y económica en su país se ha agravado. Lo malo es que el ingreso de venezolanos al Perú ha sido desordenado y desregulado, lo que ha contribuido a agudizar la precarización y la informalidad del empleo deprimiendo aún más las deplorables condiciones laborales y distorsionando más el mercado laboral.

En ese contexto, no resulta nada raro que por un lado, los trabajadores que cuentan con un empleo formal, con un número de horas regulado por la autoridad de trabajo y beneficios sociales, busquen mantener su puesto laborando más allá de lo que se le pide; de otra parte, quienes no tienen la suerte de tener empleo formal tengan que trabajar 13 o más horas diarias para poder llevar el sustento diario a sus hogares. Esta situación se solucionará no con leyes controlistas, sino con verdaderas reformas destinadas a alentar nuevas inversiones en el país y a fortalecer el mercado interno, lo que podría coadyuvar a generar el trabajo decente que requiere.

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Editorial

Coimeros y coimeados

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La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es investigada por presunta recepción de dinero de parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, ha pasado su primera noche en la cárcel, luego de que el Poder Judicial le dictara 18 meses de prisión preventiva. Igual suerte ha corrido su exgerente municipal, José Miguel Castro, quien es investigado por la Fiscalía por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de activos. Se le acusa de haber solicitado dinero a las empresas OAS y Odebrecht para la campaña por el No a la revocatoria y la reelección de Villarán.

Pero no son los únicos casos de acusados por delitos de corrupción. Hay políticos, candidatos y otras autoridades que ya están en manos del Poder Judicial para responder por la receptación de dineros de origen ilícito; la mayoría de ellos ligados al caso de la constructora brasileña Odebrecht. Pero, sabido es, que para que haya funcionarios coimeados es requisito sine qua non que haya un coimero; es decir un corruptor. Ambos –coimeros y coimeados– han tenido participación para que exista delito y, por lo tanto, deben ser igualmente sancionados por la justicia.

Para eso se requiere de un sistema de justicia fuerte y sólido que no sea fácilmente infiltrado por la corrupción, pues de lo contrario todo esfuerzo por acabar con ese flagelo será poco menos que inútil, y la reforma política que está tratando de implementar el Ejecutivo se irá por el desagüe. El presidente Martín Vizcarra ha dicho que todas las bancadas están de acuerdo en que la reforma política es una prioridad para el país; no soluciona todos problemas, pero es un gran paso para fortalecer la democracia y tener una mejor representación.

De hecho, lo que requiere el país es una reforma integral y, si no sería mucho pedir, un cambio de Constitución, pues la actual fue hecha a la medida del entonces dictador Alberto Fujimori. Hay que recordar que la actual Carta Magna data de 1993; es decir, nació poco después del autogolpe de 1992. Por eso es que la corrupción puede entrar y salir fácilmente en todas las instancias del Gobierno y los resultados son los que estamos viviendo en la actualidad, con un sistema político y electoral que permiten actos de corrupción, un Poder Judicial que no mide con la misma vara y como resultado de ello una democracia débil que subsiste con una economía liberal. Ha llegado la hora de que se unan voluntades para sacar al país del hoyo de la corrupción.

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Editorial

Una luz al final del túnel

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La reunión que sostuvo el presidente Martín Vizcarra con los voceros parlamentarios para discutir acerca de la reforma política, al parecer tuvo resultados positivos. Tras la cita en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, informó en conferencia de prensa que el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, presentó un cronograma alternativo para analizar la reforma política y electoral planteada por el Poder Ejecutivo.

Según ha dicho el jefe del Gabinete ministerial, el nuevo cronograma permitiría que se pueda cumplir con la aprobación de las propuestas legislativas en una primera legislatura, para luego ratificarlas en una segunda, pues así se lo ha asegurado el congresista Carlos Tubino al Presidente de la República. No obstante, la legisladora Luz Salgado ha sido menos diplomática al señalar que Fuerza Popular está de acuerdo con las “reformas estructurales” que requiere el país, pero no necesariamente con las planteadas por el Poder Ejecutivo.

Por supuesto que en toda bancada parlamentaria puede haber voces discordantes o apreciaciones particulares sin que eso signifique que no respaldarán la posición mayoritaria al interior de su agrupación política. Además, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó que la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, le ha asegurado que al 19 de junio todos los proyectos de la reforma política serán debatidos y tendrán un dictamen. El titular del Legislativo, también, ha destacado la predisposición del Parlamento de darle prioridad a las iniciativas del Poder Ejecutivo sobre esta materia, por lo que no tendría que haber ninguna duda al respecto.

En todo caso, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró el cronograma alternativo como una muestra de “rectificación y flexibilidad” para atender aquello que resulta prioritario como lo concerniente a las modificaciones constitucionales de carácter electoral. El país entero estará pendiente de que la bancada de Fuerza Popular cumpla con sus obligaciones porque el proyecto de reforma política requiere de su aprobación en dos legislaturas ordinarias para su aplicación. Ojalá, pues, que veamos la luz al final del túnel.

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