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Editorial

La institucionalidad y el fujimorismo

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Uno de los argumentos más utilizados últimamente por el fujimorismo para defender a capa y espada la permanencia en el cargo de fiscal de la Nación al cuestionado Pedro Chávarry es el de la institucionalidad. Esto resulta más que contraproducente por cuanto ha sido cuestionado tras haber admitido que asistió a una reunión en la casa del detenido empresario Antonio Camayo coordinada por el suspendido juez César Hinostroza, pese a que anteriormente lo había negado.

Asimismo, por la relación que mantuvo con uno de los mayores corruptores del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el comerciante de armas James Stone Cohen, a quien las autoridades encontraron 15 millones de dólares en cuentas en Suiza y Luxemburgo, producto de contratos corruptos que celebró con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior entre 1990 y 2000, según los testimonios periodísticos de la época.

Además, el Fiscal de la Nación ha sido señalado por un colaborador eficaz como integrante de la banda “Los cuellos blancos del puerto”. Es cierto que todavía tiene que investigarse esa denuncia, pero tampoco se puede pretender en nombre de la institucionalidad, como hace el fujimorismo, atornillar en el cargo de Fiscal de la Nación a Pedro Chávarry, quien ha dicho que no renunciará porque va a esperar la decisión del Congreso de la República.

En el Parlamento están, de un lado, la mayoría fujimorista con sus socios del Apra. A ninguno les interesa por nada del mundo caer dentro de una investigación exhaustiva. El fiscal Chávarry espera que el Congreso se pronuncie a su favor, y Keiko Fujimori ya lo ha respaldado públicamente. Entonces, la pregunta cae de madura: ¿Qué tiene que ver aquí la institucionalidad, si estamos viendo que se trata sencillamente de un acomodo que les permita a todos salir bien librados.

¿No fue acaso el fujimorismo el que hizo tabla rasa de la institucionalidad en el país durante el régimen de Alberto Fujimori? ¿No es el fujimorismo de ahora el que infiltró instituciones que deberían ser verdaderamente independientes como el Banco Central de Reserva? En los próximos días se conocerá las verdaderas razones por las que el fujimorismo sigue sosteniendo a Chávarry en la Fiscalía de la Nación.

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Editorial

Fuerza Popular quiere renuncia del Presidente

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Cuenta la historia que el conquistador Francisco de Carvajal, conocido como el Demonio de los Andes, al contemplar las continuas deserciones de las filas de Gonzalo Pizarro a las realistas, comenzó a arrancarse los cabellos mientras decía “Ay mis cabellicos maire, uno a uno se los lleva el aire”. Esa misma sensación parece ser lo que está llevando a cometer continuos desaguisados a los miembros de Fuerza Popular. Esta vez, la congresista Yeni Vilcatoma ha amenazado con presentar una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra.

Alega Vilcatoma que la denuncia se sustenta en que Martín Vizcarra ha cometido infracción a la Constitución, toda vez que fue gerente de la empresa CyM Vizcarra, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones. Al respecto, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, ha manifestado sobre la denuncia de marras no tener conocimiento y que ella es quien tiene que sustentarla”. Recordó, asimismo, que la legisladora se encuentra de licencia, desde hace meses, en la bancada por ser miembro de la mesa directiva.

Como se sabe, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución el Presidente de la República solo puede ser acusado, en ejercicio de su mandato, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el Art. 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Sin embargo, se nota la desesperación de los miembros de Fuerza Popular por buscar la vacancia presidencial.

Es la respuesta del fujimorismo a la lucha contra la corrupción que viene encabezando el Jefe del Estado desde que asumió la primera magistratura del país en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, quien fue obligado por Fuerza Popular a renunciar. Pero como el mandatario no se dejó manipular por la mayoría parlamentaria del fujimorismo y como si el país estuviera para más aventuras, ahora tratan de hacer lo mismo. Los miembros de Fuerza Popular están desesperados ante las renuncias de sus parlamentarios y la prisión de su líder, Keiko Fujimori, por estar comprendida en graves investigaciones. Pero el país está alerta y esta vez no podrán salirse con la suya.

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Editorial

TC debe meter en vereda a fujimoristas

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La recomposición del cuadro de comisiones en el Congreso debe hacerse a la brevedad posible tras el registro de las nuevas bancadas –Cambio 21 y la Bancada Liberal– lo cual está en las manos del titular del Legislativo, Daniel Salaverry. Así lo ha advertido el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, al señalar que los miembros de esas nuevas bancadas tienen que exigir en el próximo Pleno del Congreso que se respeten sus derechos, sin esperar hasta julio próximo que sería cuando se inicie una nueva legislatura.

Si bien es cierto que no es usual que cambien los cuadros de comisiones a mitad de la legislatura, también es verdad que Fuerza Popular ya no tiene la cómoda mayoría de antes y por lo tanto debe recomponerse el cuadro de comisiones del Legislativo. No obstante, la bancada fujimorista continúa mostrando un comportamiento obstruccionista, especialmente porque cuenta con sus socios apristas para hacer mayoría. Eso se ha visto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la cerrada defensa del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Al respecto, el abogado constitucionalista Luciano López Flores se ha pronunciado en el sentido que los legisladores de Cambio 21 y de Fuerza Popular tienen expedito su derecho para acudir al Tribunal Constitucional (TC) para denunciar el incumplimiento de sentencia. En su opinión, se puede usar un criterio que tuvo el TC en el famoso caso del Colegio de Ingenieros sobre los bonos de la reforma agraria. “Allí el TC dijo que es posible recurrir a él para el cumplimiento de una sentencia de inconstitucionalidad”, recordó.

El constitucionalista dijo también que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tiene razón al afirmar que la Comisión de Constitución está creando un procedimiento al margen del fallo de TC, que permite que los legisladores que renunciaron a sus agrupaciones por razones ideológicas puedan formar nuevas bancadas o unirse a otras ya existentes. En realidad, eso no se puede tolerar y menos aún cuando las bancadas de Fuerza Popular y el APRA están usando el Congreso para defender intereses subalternos y evitar que avancen las investigaciones de los casos de corrupción. Eso es inaceptable.

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Editorial

La ciudadanía está alerta

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El Poder Judicial tiene que asegurar a la ciudadanía que el juez que reemplazará a Richard Concepción Carhuancho en el caso Keiko Fujimori sea de primer nivel. Así lo ha advertido el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, al señalar que la recusación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra la jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, podría ser una buena oportunidad en este caso.

Hay que recordar, que si bien es cierto que la jueza Arias Quispe –quien reemplazará al magistrado Concepción Carhuancho– ha expedido una resolución anterior en favor de Keiko Fujimori y eso no necesariamente implica que esté parcializada, también es verdad que la población no está dispuesta a cederle ni un milímetro de terreno a la corrupción. Ojalá, pues, que el Poder Judicial no se haya equivocado con esa designación porque, de lo contrario, tendrá que realizar las correcciones del caso inmediatamente.

La jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, es la misma magistrada que ordenó al fiscal José Domingo Pérez concluir la investigación en un plazo de 10 días, medida que, por suerte, fue anulada en apelación. Asimismo, en 2017 acogió un pedido formulado por la defensa de Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito, para evitar que la investigación por los cócteles organizados por Fuerza 2011 se adecue a la ley de crimen organizado, con lo cual se ampliaba el plazo de la indagación preliminar a 36 meses.

Ahora, a ella le tocará resolver los pedidos que formulen tanto el fiscal Pérez, como los investigados por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que habría recibido Keiko Fujimori. Sería bueno que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, asuma también el compromiso de garantizar que el mejor juez sea quien se ocupe de este caso emblemático, pues existe una razonable preocupación entre los ciudadanos, al punto que están dispuestos a movilizarse hasta el Palacio de Justicia para exigir imparcialidad y decirle basta a la corrupción.

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