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Editorial

La informalidad no es negocio

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Alrededor de 3,000 ambulantes que fueron desalojados de la avenida Aviación se resisten a dejar las calles, y ahora se han trasladado a las cuadras 17, 18 y 19 del jirón Hipólito Unanue, causando malestar a los vecinos de la zona. Vistas aéreas captadas desde un dron y publicadas por la agencia Andina, así lo confirman, mientras que la avenida Aviación, de donde fueron desalojados, luce limpia y ordenada a lo largo de las 13 cuadras en el distrito de La Victoria. Hablando en buen romance, el reordenamiento aún no puede completarse.

Habría que recordarles a estos comerciantes que ellos no son dueños de las calles, y que los vecinos no tienen que padecer los malos olores de la basura ni el ingreso a sus hogares bloqueado por las carretillas de los ambulantes. Además, la actividad del comercio ambulatorio sirve también de caldo de cultivo para la delincuencia. Es verdad que los comerciantes se están ganando la vida honradamente y no son delincuentes; todo lo contrario, hacen un esfuerzo por conseguir recursos para mantener sus hogares en vista de la falta de trabajo formal.

Sin embargo, deberían tener en cuenta que el desorden que generan es aprovechado por sujetos de mal vivir, amigos de lo ajeno, que acuden a esas zonas para robar sus pertenencias a los eventuales compradores mientras están desprevenidos. Deben recordar también que las autoridades municipales tienen la tarea de regular las formas en que debe realizarse el comercio en cada uno de los distritos. Las angostas veredas tomadas para el comercio ambulatorio también son un peligro para los transeúntes que muchas veces tienen que caminar por la pistas exponiéndose a un accidente de tránsito.

Es cuestión de organizarse y cumplir con las normas sin esperar decomisos ni ser sacados a empellones por los inspectores municipales, serenos y policías. En la época del alcalde Alberto Andrade, cientos de ambulantes fueron retirados del perímetro del Mercado Central de Lima, donde ocupaban pistas y veredas. Fue una labor titánica evitar que regresaran con sus mercaderías, pero al fin entendieron que debían acatar las disposiciones municipales y hoy pueden vender tranquilos en galerías sin que nadie los moleste. La formalización tiene ventajas, pero la informalidad lo único que hace es convertir la zona en verdaderas trampas mortales.

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Editorial

Hay que prevenir los huaycos y desbordes

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Más vale tarde que nunca. El presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Chillón-Rímac-Lurín, Neptalí Sánchez Figueroa, ha dado la voz de alerta en declaraciones a la estatal agencia de noticias Andina. Al menos 150 puntos de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín deben ser intervenidos inmediatamente por las autoridades para evitar cualquier riesgo de desborde por efecto de las lluvias en la sierra de Lima durante los meses de verano. A ello hay que añadir que para la llegada del verano quedan solo dos meses.

El funcionario ha explicado que en total han sido identificados 302 puntos críticosy, por lo menos, en la mitad de ellos existe peligro extremo y requieren intervención inmediata. Además, lamentó Sánchez Figueroa lamentó que los ríos de Lima sigan siendo el botadero de basura de mucha gente, pero además que estos sean afectados por empresas que extraen del cauce grandes rocas -que son su protección natural- para usarlas en los cimientos de las construcciones. Como se puede apreciar, la situación realmente requiere de la intervención de las autoridades.

La pregunta del millón, como siempre, es ¿por qué todos los años se espera la crecida de los ríos para ponerse a trabajar cuando ya están empezando los desbordes? ¿No sería, acaso, más fácil y menos costoso que todas las instituciones participaran en un plan conjunto para mantener la limpieza de los cauces y evitar que los pobladores se instalen cerca de las zonas en donde hay riesgo de desbordes? Bueno, nosotros nos preguntamos, simplemente, y son las autoridades pertinentes –los gobernadores regionales, los alcaldes y las autoridades del Gobierno los encargados de coordinar acciones para que la población no corra riesgos innecesarios.

Esperemos que esta vez las autoridades pertinentes, especialmente de los municipios de distritos ribereños, tengan la sensatez y el sentido común de trabajar para que los ríos no se salgan de su cauce y no ocasionen grandes pérdidas a campesinos y pobladores asentados en las cercanías. Esperemos que esta vez nuestras autoridades hayan escuchado la voz de alerta y no esperen el último minuto porque quizá para entonces puede ser demasiado tarde.

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Editorial

Espaldarazo ciudadano

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Un contundente 84% de los ciudadanos respalda la disolución constitucional del Congreso, según una reciente encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por el diario La República. El resultado es similar a lo que venía ocurriendo con la desaprobación de los actuales excongresistas a lo largo del presente año, por lo que no resulta una novedad.Mediciones anteriores del mismo IEP señalaban en abril del presente año una desaprobación del 84% al desempeño del Congreso de la República; vaya coincidencia.

Y si por alguna razón todavía le quedase dudas a alguien, en la medición de abril de 2019, un 24% de los encuestados estaba en desacuerdo con una eventual disolución del Congreso, pero ahora solo el 8% se manifiesta en contra de la medida dispuesta por el presidente Martín Vizcarra. Y lo que es más, un 75% de los encuestados por el Instituto de Estudios Peruanosrespalda la convocatoria a elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020 frente a un 11% que está en desacuerdo.El 13% afirmó no haber escuchado del tema y 1 % no sabe o no precisa.

Además, hay otros motivos para que los electores reprochen el comportamiento de los actuales excongresistas. Por ejemplo, el 66% de encuestados por el IEP expresó su desacuerdo con la decisión del Congreso, tras su disolución, de suspender al mandatario frente a un 12 % que está de acuerdo y un 20 % que no ha escuchado del tema, así como un 2% que no sabe o no precisa. Las cifras son más que elocuentes. Los miembros de este Congreso tenían que irse a sus casas. Pero lejos de entender el mensaje de la ciudadanía, el presidente de la Comisión Permanente, insiste en seguir de espaldas al país.

Corresponde a los miembros de la Comisión Permanente ponerse a trabajar para que el cambio de legisladores se realice de la manera más transparente posible, pero lejos de ello, se han dedicado a poner piedras en el camino Lejos de brindar facilidades para que las elecciones se realicen con total transparencia, parecen más ocupados en sus problemas personales que en los electores a los que dicen representar y mucho menos en los altos intereses de la nación.

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Editorial

Elijamos un Congreso que nos represente

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha señalado recientemente que ahora corresponde asegurar que las elecciones parlamentarias del 26 de enero de 2020 se realicen con total transparencia, para lo cual pidió a la población tomar un tiempo de reflexión para ver dentro de su región quiénes quieren trabajar para darles el apoyo y tener autoridades que realmente los representen. “Es un tiempo corto, cuatro meses, por eso debe ser un proceso que se debe hacer con mucha eficiencia”, ha recordado el mandatario.

En efecto, es importante que la población tome conciencia y no se deje engañar porque es precisamente el electorado el que tendrá que elegir a los congresistas para que culminen el mandato 2016 – 2021. Los partidos políticos también tienen la importante tarea de buscar los mejores candidatos para que el electorado pueda elegir a sus representantes. No se debe perder tiempo, pues el JNE, la ONPE y el Reniec ya iniciaron el proceso electoral, tras su convocatoria por parte del presidente Martín Vizcarra, y se debe cumplir con todos los plazos legales.

Pero los aspirantes a una curul en el Congreso deben tener muy claro que esta vez hay nuevas reglas tras la reforma política promulgada en agosto por el presidente Vizcarra. Una de esas nuevas reglas es la que sanciona hasta con ocho años de cárcel al candidato que perciba aportes de campaña de origen ilícito superiores a 50 unidades impositivas tributarias y si el delito es cometido como integrante de una organización criminal. Por ello, es necesario que tanto las agrupaciones políticas, como los candidatos extremen sus medidas de seguridad para evitar la infiltración de dineros mal habidos en sus campañas políticas.

En tanto, en el padrón de las próximas elecciones parlamentarias serán incorporados los jóvenes que, aunque ahora sean menores de edad, cumplirán 18 años hasta el mismo día del sufragio, 26 de enero, de tal manera que se garantiza que los mayores de edad estén habilitados para ejercer su derecho y cumplir con su deber de votar. En tal sentido, las autoridades electorales y los mismos candidatos deben hacer docencia política para que este sector de los jóvenes pueda emitir un voto informado. Ojalá no se pierda el tiempo en discusiones estériles para que el próximo año tengamos un Congreso mejor que el actual que, francamente, da vergüenza.

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