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Especial

La extraña dictadura venezolana

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Venezolanos en marcha protesta

Ya es costumbre que “Venezuela” se convierta en el pan nuestro de cada día en los distintos procesos de campaña electoral en Nuestra América y más allá. La pregunta de los más connotados periodistas de los medios tradicionales de comunicación es sencilla: ¿Para usted Venezuela es una dictadura? Pero esta historia no es nueva. En el año 2004 en Venezuela, bajo la atenta mirada del mundo, se desarrolló un hecho único en la historia política americana: Hugo Chávez, presidente electo y en ejercicio de su mandato, colocó su propia investidura de Primer Mandatario ante la voluntad del pueblo para saber si era ratificado, o no, en el ejercicio de su mandato.

Esta posibilidad está expresada en la Constitución del país que, para mayores señas, fue propuesta por el propio presidente Chávez. Esta elección se llevó a cabo en el marco de un ataque incesante e incansable por parte de los actores políticos liberales capitalistas y la prensa hegemónica mundial, que vociferaban rabiosos que en nuestro país había una cruenta dictadura sin parangón en la región.

El referéndum arrojó la victoria incuestionable del Comandante Chávez y de la Revolución Bolivariana y fue certificado y avalado, entre otros, por la parcializada OEA y el Centro Carter, a quien no le quedó más remedio que referirse sobre el sistema electoral venezolano como uno de los mejores y más seguros del mundo.

A este proceso asistió, en calidad de observador, el pensador e intelectual Eduardo Galeano, quien escribió las siguientes y preclaras líneas al respecto: “Extraño dictador este Hugo Chávez. Masoquista y suicida: creó una Constitución que permite que el pueblo lo eche, y se arriesgó a que eso ocurriera en un referéndum revocatorio que Venezuela ha realizado por primera vez en la historia universal”.

No hubo castigo. Y esta resultó ser la octava elección que Chávez ha ganado en cinco años, con una transparencia que ya hubiera querido Bush para un día de fiesta.

Obediente a su propia Constitución, Chávez aceptó el referéndum, promovido por la oposición, y puso su cargo a disposición de la gente: “Decidan ustedes”.

Hasta ahora, los presidentes interrumpían su gestión solamente por defunción, cuartelazo, pueblada o decisión parlamentaria. El referéndum ha inaugurado una forma inédita de democracia directa. Un acontecimiento extraordinario: ¿Cuántos presidentes, de cualquier país del mundo, se animarían a hacerlo? Y, ¿cuántos seguirían siendo presidentes después de hacerlo? La interminable letanía sobre la cualidad democrática en nuestro país no se ha detenido durante dos décadas de elecciones. Es inexplicable conciliar el “falso positivo” de la dictadura en Venezuela con el hecho real, palpable y verificable de que en el país se han realizado 25 elecciones en 20 años de Revolución Bolivariana, de ellas 6 elecciones presidenciales, 4 parlamentarias, 5 elecciones a gobernadores, 5 elecciones municipales y Consejos Municipales, 2 elecciones constituyentes y 3 referendos nacionales.

Si hubiera una dictadura, cómo puede explicarse entonces la ampliación de la participación e inclusión social siendo que se han creado más de 3 mil comunas, más de 47 mil 748 consejos comunales, 741 núcleos de formación comunal, 866 bancos comunales, que han fomentado una participación activa en comunas y movimientos sociales con 2 millones 700 mil personas en todo el país.

Cómo explicar entonces que una “dictadura” ha facilitado la democratización de la cultura al incorporar más de 1 millón de niños y jóvenes de los sectores más humildes al Sistema de Coros y Orquestas de Venezuela; cómo se explica que se haya quintuplicado la matrícula escolar y a su vez Venezuela se posicionó como el quinto país del mundo con la mayor tasa de matrícula universitaria.

La sociedad venezolana en la última década del siglo XX comenzó a ver y sentir la privatización de todos los servicios y estaba al borde de ver la privatización y negación total de sus derechos sociales: salud, educación, seguridad social. La Revolución frenó esos procesos y evitó que la dictadura del capital privado se apropiara de la vida del pueblo. Hoy esa misma sociedad ha visto democratizarse ampliamente, universalizarse, como jamás imaginó, esos derechos sociales y ha sido protagonista del surgimiento de otros tantos, producto de su organización y protagonismo político.

Pero esas no son las cifras que merecen la atención del sistema hegemónico global, que se maneja bajo parámetros de balanzas de pago crecimiento económico y explotación del hombre por el hombre.

No importa cuántas veces el pueblo venezolano se exprese políticamente en las urnas y en las calles en el ejercicio diario de democracia comunal. No vale para los ojos ciegos y oídos sordos del capitalismo mundial, la extraordinaria disciplina de una sociedad que no ha pisado el peine de la guerra interna inducida por más provocaciones disparadas desde todas las latitudes del planeta. Sólo existe una voz válida para aquellos que quieren ver arrodillado al pueblo venezolano, y es la “verdad” que emana de los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos.

Debería resultar sospechoso que con no poca frecuencia, este “democracionómetro” que se pretende aplicar utilizando a Venezuela, se alinea con intereses geopolíticos o económicos del capitalismo mundial, a menudo ambos a la vez. Así, una vez habiendo declarado la “incompetencia democrática” de sus semejantes, enfilan de inmediato su artillería de guerra contra los “presuntos indiciados” sometiéndolos a cualquier tipo de atropellos que vulneran el Derecho Internacional Público con el mayor cinismo del mundo.

Las acciones que desarrolla Estados Unidos a través de intervenciones militares, sanciones económicas coercitivas unilaterales y demás artilugios de soberbia imperialista, colocan a este país al margen de la democracia planetaria.

En 2017, el presidente Maduro dio respuesta democrática a la agresión más prolongada de violencia política de calle financiada por Washington en Venezuela. La elección, contra viento y marea, de la Asamblea Nacional Constituyente le devolvió a la sociedad el clima de paz política, que aún hoy disfrutamos. Los votos vencieron a las balas y al terror.

Si en algo se ha especializado Estados Unidos a lo largo de la historia es en su capacidad para acabar con la democracia en cualquier lugar donde sus intereses son amenazados. América Latina es el espacio más intervenido en su particular ejercicio de proyección política.

Desde principios del siglo XX, cuando se supo con el poder militar suficiente como para hacer valer su peso y aplicar el llamado “Corolario Roosevelt”, que no era más que la posibilidad real de hacer letra viva lo expresado 74 años atrás por la Doctrina Monroe: “América para los americanos”.

Con la política del garrote y el uso del dólar como mecanismo de coerción, fueron derrumbando democracias y voluntades en Centroamérica y el Caribe.

Más adelante, en pleno apogeo de Guerra Fría, necesitaban darle cuerpo teórico al ejercicio dictatorial en la región, así que crearon la tristemente célebre Escuela de las Américas. Allí se formaron sistemáticamente, usando manuales provenientes de la guerra de Vietnam y el resto de los conflictos en los cuales solía entrometerse sus tropas invasoras, los esbirros y torturadores que llenaron de horror y sangre la región durante al menos dos décadas.

Venezolanos en marcha protesta

Algunas cifras de las dictaduras más brutales de América del Sur arrojan luces de lo que realmente supone un régimen dictatorial. De acuerdo con estudios especializados, se estima que en Uruguay hubo aproximadamente unos 18 procesados por la justicia militar y 31 presos políticos por cada 10 mil habitantes, es decir, para un país con una población cercana a 3 millones de habitantes, hubo 8 mil 370 presos políticos.

En Argentina, según algunos informes, se estima en 35 mil los desaparecidos de la dictadura militar.

Por su parte, la cruenta dictadura de Pinochet en Chile habría supuesto cerca de 40 mil víctimas, de ellas 3 mil 65 fueron muertas o desaparecidas corroborándose una política sistemática de exterminio contra opositores políticos de izquierda.

La dictadura de Stroessner en Paraguay, supuso 18 mil 772 personas torturadas y 107 mil 987 víctimas indirectas.

Cuando hablamos de promoción de dictaduras nadie le gana a Estados Unidos y su maquinaria.

Sorprende que nuestro país esté siempre en la agenda política de algunos gobiernos vecinos que se han dedicado a vulnerar deliberadamente, amparados y aupados por la soberbia de Estados Unidos, los asuntos que sólo tienen que ver con la soberanía venezolana. Nuestra doctrina siempre ha sido la hermandad Nuestroamericana.

Desde los fundamentos profundos del Libertador Simón Bolívar, que visualizó en la Carta de Jamaica la necesidad de la unión de nuestros pueblos como requisito indispensable para la verdadera libertad del hemisferio. Para nosotros, el pensamiento bolivariano está plasmado en la esencia del ejercicio democrático y se traduce en el texto constitucional.

Fuimos y seremos un país amigo de los pueblos necesitados. Siempre recibimos con las puertas abiertas a los desplazados de numerosos conflictos del mundo entero, de los perseguidos políticos de las dictaduras promovidas por los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. En nuestro país hacen vida numerosas colonias que jamás se han visto afectadas por campañas de odio xenófobo como hoy promueven gobiernos de otras latitudes tan cercanas que avergüenzan nuestra historia común. Todo lo contrario, nuestro espíritu se basa en las más profundas raíces de solidaridad y buena vecindad.

Nuestro sistema democrático tal vez no se parezca al de Estados Unidos, pero podemos asegurar sin temor a equivocarnos que es nuestro y que es más democrático que aquel.

Los intereses imperialistas de Estados Unidos pretenden quebrar al pueblo venezolano y su decisión soberana de definir su destino económico, político y social. Por medio de la opinión publicada tratan de arropar la verdad con el único propósito de saquear una vez más nuestras riquezas, aquellas que con tanto esfuerzo la Revolución Bolivariana ha devuelto al pueblo a través de un sistema de “justa distribución de la riqueza”, como bien lo dice la Constitución de 1999.

No faltan tampoco las voces cómplices de la oligarquía nacional que se hacen eco irreflexivo para entregar en bandeja de plata los recursos del pueblo al imperialismo norteamericano. Pero la acción decidida y constante del pueblo, la voluntad inquebrantable del presidente Nicolás Maduro, nos llevarán una vez más a incuestionables victorias.

Por más que nos azoten con sanciones y bloqueos, por más que aúllen con el propósito de acallar la verdad de nuestro ejercicio político democrático e incluyente, seguiremos adelante con la firmeza de siempre para preservar nuestra independencia, nuestra soberanía y coadyuvar con los pueblos y las naciones libres del mundo a la restitución de un sistema democrático mundial que derrote de una vez y para siempre la soberbia y el cinismo de los Estados Unidos en su afán de apoderarse del mundo.

Una humilde sugerencia para quienes se ven sometidos a la inquisición mediática utilizando a Venezuela como tema distractor: no cedan al chantaje, cíñanse al respeto al Derecho Internacional, traten de informarse mejor sobre la realidad de nuestra democracia de nuevo tipo y no caigan en la trampa de la dictadura comunicacional, que a su vez responde y sustenta en la feroz dictadura mundial del capital.

En la República Bolivariana de Venezuela creemos en el diálogo político como esencia de la democracia participativa y protagónica que nos hemos dado.

No crean en cuentos de camino, ni se dejen desviar del centro de sus propuestas electorales. El dilema sobre el sistema político venezolano termina siendo una trampa caza bobos, muy bien elaborada en los laboratorios de la CIA.

En democracia, con nuestro pueblo organizado en Venezuela, derrotaremos toda agresión, toda injerencia y toda intervención.

 

JORGE ARREAZA M.
CANCILLER DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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Especial

El golpe de Estado neoliberal en Bolivia

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Marchas conflictos en Bolivia, Jeanine Añez Chávez

Mientras se debate en muchos países si lo que hubo en Bolivia fue o no un golpe de Estado, en el terreno van sumando el número de muertos entre quienes se oponen a la autonombrada presidenta Jeanine Añez y el golpe de Estado alentado por Carlos Mesa y Fernando Camacho. En Cochabamba, este viernes 15 de noviembre murieron nueve personas, 115 resultaron heridas y otras 200 fueron detenidas tras enfrentamientos con el ejército y la policía.

Los datos que demuestran que se trata de un golpe de Estado que busca la restauración neoliberal en el país se encuentran en las primeras medidas adoptadas por las fuerzas políticas que ahora ocupan el Palacio Quemado.

El 14 de noviembre, el nuevo ministro de economía y finanzas públicas de Bolivia, José Luis Parada, quien hace parte de los sectores políticos en Santa Cruz que fueron los principales actores en la campaña separatista de 2008, declaró que buscará “liberar la economía, comenzar a abrirla porque estaba muy cerrada”, por ejemplo, por los “controles” y “cupos” de exportación. Según el periódico La Razón, Parada también señaló que otra tarea fundamental es buscar los mecanismos para atraer la inversión extranjera, señalando que “el plan es que las embajadas y los consulados se vuelvan gestores de inversiones y no gestores políticos.”

Tal como sucedió en enero de 2019 en el caso de Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, Estados Unidos también reconoció el pasado 14 de noviembre a Jeanine Añez, quien, en acto similar, se autonombró presidenta de Bolivia.

Marchas conflictos en Bolivia

Tras ese reconocimiento, países alineados con Washington y gobiernos de derecha como la Argentina de Macri o Brasil no perdieron tiempo en reconocer a la improvisada mandataria.

Tanto en el caso de Venezuela como Bolivia, las propuestas de la oposición son de abrir los sectores de la economía nacionalizada a los intereses de las compañías transnacionales estadounidenses. Se trata específicamente del petróleo y del litio. Venezuela y Bolivia cuentan con las reservas más grandes del mundo de estas materias primas. Estados Unidos está empeñada, mediante métodos legales e ilegales, en impedir que esas reservas acaben bajo la influencia de rivales geopolíticos y económicos como Rusia y China.

En un artículo a propósito del litio en Bolivia, Vijay Prashad, de la organización Common Dreams, escribe que “las compañías Tesla (Estados Unidos) y Pure Energy Minerals (Canadá) mostraron un gran interés en explotar el litio boliviano. Pero no pudieron llegar a un acuerdo que respete los parámetros establecidos por el gobierno de Bolivia. El propio Morales era un obstáculo directo para obtener el control del litio. Por esta razón Morales tenía que salir. Después del golpe, las acciones de Tesla subieron astronómicamente”.

En su plataforma en materia económica, Carlos Mesa, candidato de Estados Unidos y cabeza de la formación opositora Comunidad Ciudadana, propone el reemplazo de un modelo de economía social y redistribución más justa de la riqueza nacional por otro en el que “se debe superar la discusión de estatismo versus libre empresa… este objetivo de cambio de modelo se logrará mediante una combinación de políticas macroeconómicas y políticas sectoriales, acuerdo público-privado y cualificación de la fuerza de trabajo… favoreceremos los clúster innovadores que permitan la industrialización de metales requeridos por la industria de punta, como el litio y el indio…”

El viernes 15 de noviembre, la prensa boliviana publicó en primera plana que el nuevo gobierno “decide liberar la economía”, mientras que los empresarios privados señalan que “es necesario hacer que el país sea atractivo para las inversiones extranjeras”, esto en momentos en que las reservas bolivianas han permitido llevar a cabo grandes inversiones de capital en el sector productivo, como plantas petroquímicas y de producción de insumos agrícolas. Es decir, que las necesidades de capital externo para la inversión no son necesariamente una prioridad dadas las reservas del Banco Central de Bolivia.

Marchas conflictos en Bolivia

Según el más reciente informe de la principal institución financiera en Bolivia, “al 30 de junio de 2019, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) alcanzaron a USD 8.316,9 millones, con una reducción de USD 629,4 millones en el primer semestre de 2019. El ratio de Reservas Internacionales respecto al PIB para la gestión 2019 alcanza a 19%, uno de los más altos de la región.”

Para el 14 de noviembre, el sector empresarial expresó su apoyo a la autonombrada presidenta Añez, destacando que “la CEPB (Confederación de empresarios privados de Bolivia) expresó su beneplácito por el nombramiento y posesión de Jeanine Añez como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la sucesión constitucional y el principio de continuidad institucional”, algo que, según la organización patronal, “garantiza la vigencia plena del sistema democrático y, sobre todo, genera las condiciones para la pacificación y normalización de las actividades en el país.”

Por otro lado, los industriales del país también reportaron el 14 de noviembre una pérdida de al menos 1.100 millones de dólares por los conflictos en el país a raíz del “cambio de Gobierno”.

En Santa Cruz, el sector empresarial también decidió apoyar activamente las tareas de represión contra sectores de la población que resisten al golpe de Estado, mediante el apoyo logístico a un ejército nacional que “sugirió” la renuncia al presidente en ejercicio, Evo Morales, el pasado 10 de noviembre.

Según la revista boliviana de negocios Economy, Rómulo Calvo, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, anunció entre el 14 y el 15 de noviembre que su institución decidió unirse a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) en el apoyo a los efectivos policiales y militares que se encuentran “restaurando el orden” en Yapacaní, “mediante la recolección de insumos y diferentes requerimientos necesarios en los despliegues, tales como toldos, carpas para acampar, hidratantes, colchonetas, ventiladores, linternas, además de agua, raciones secas de comida, fruta y equipos de limpieza”.

Es notable que durante los 22 días de la asfixia institucional y gestación del golpe de Estado coordinadas por Carlos Mesa y Fernando Camacho, en nombre de la defensa de la democracia boliviana, ninguno de los sectores populares movilizados pidió específicamente una “liberación de la economía”. Sin embargo, esta es una de las primeras medidas que anuncian la restauración neoliberal en Bolivia.

Desde el golpe de Estado de septiembre de 1973 en Chile, la experiencia regional ha demostrado que, para mantenerse en el poder, un gobierno neoliberal necesita recurrir a la represión, la violencia militar y el terrorismo de Estado. Esto es exactamente lo que está llevando a cabo el régimen de la autonombrada mandataria Jeanine Añez en Bolivia, apoyada por los responsables y apologistas del golpe de Estado que incluyen a Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Carlos Sánchez Berzaín, Branko Marinkovic, Marco Pumari, Jaime Paz Zamora y todas aquellas voces que defienden las viejas estructuras coloniales, discriminatorias y racistas en Bolivia.

Hasta el momento, la respuesta de los sectores que rechazan esta violenta arremetida neoliberal, desatada en Bolivia en nombre de la biblia y el sometimiento al imperio estadounidense, ha sido clara: no se acepta la renuncia de Evo Morales, no se acepta el golpe de Estado.

 

ALEJANDRO SARAVIA
bolpress.com

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Especial

El Alto, vanguardia de la revolución boliviana del siglo XXI

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Marchas protestas en Bolivia

Cuando las insurrecciones populares del 2003/2005 (que desarrollaron el derrocamiento de los presidentes Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, respectivamente), además del importante rol de la CSUTCB (que comenzó la huelga contra el Maya Paya), la COB, cocaleros, y la determinante presencia del proletariado minero, fue el pueblo de El Alto, el que coadyuvó también, determinantemente, para el derrumbe de los gobiernos neoliberales, y que encumbraron a Evo Morales como el primer presidente indígena de Bolivia por la vía democrática burguesa.

En ese entonces, la represión del Estado capitalista para imponer la venta de gas a Chile (en lo que luego se denominó la Guerra del Gas), había producido el asesinato de aproximadamente 70 jóvenes, niños, mujeres y trabajadores, y El Alto reaccionó a través de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVEs), y el método de la huelga general indefinida convocada por la Central Obrera Bolivia (COB), convirtiéndose en el epicentro de la revolución boliviana. Según un Informe de DD.HH.“…La población ocupada industrial ha crecido en 80% en la ciudad de El Alto en los últimos 10 años, mientras que en La Paz este crecimiento solo llega al 19%…”, dice un informe del PNUD (2003, PNUD Bolivia, página 84).

La FEJUVE estaba organizada por distritos (barrios) y la composición social de El Alto era de una migración campesina indígena, a la ciudad, en busca de un futuro mejor para su familia. En esta migración, la clase campesina se convierte en trabajadora (centenas de fábricas textiles, obras de construcción civil, transporte, etc.), o cuentapropista. Se desarrolla así una “mutación cultural” quechua/aimara donde los campesinos no pierden los principios fundamentales de su cultura como la organización social del Ayllu o el símbolo ancestral de la Wiphala, y más al contrario, desarrollan una ciudad con sus principios culturales originarios, pero que durante las insurrecciones como las del 2003/2005, salen a la superficie como una especie de Comuna. Esta Comuna, ha originado un debate sobre su carácter y desarrollo.

Para algunos indianistas como Pablo Mamani el movimiento alteño fue un “levantamiento indígena popular” (“Levantamiento en El Alto: el rugir de la multitud”). Por su lado, algunos marxistas, señalaron, “… ¿de qué se trata la “forma comuna? A nuestro entender consiste en una forma social en la cual las clases sociales no se expresan directamente en sus relaciones de producción, sino indirectamente en el territorio en el cual viven como “vecinos” (Crítica del romanticismo “anticapitalista”, Roberto Sáenz, 11/10/04). Por su lado, para García Linera, “la ‘forma vecino’ (…) para condensar conceptualmente esta cualidad territorializada de la acción colectiva en El Alto y La Paz, a la vez indígena como mestiza, obrera como gremial (…). Ayuda a precisar la consistencia de las ‘células’ locales que permitieron construir (…) esa gigantesca y tupida red social con capacidad de paralizar al poder y de recuperar para sí la deliberación de lo que se va a entender por ‘lo común’ que une a la sociedad…” (García Linera, folleto “Una semana fundamental”, introducción, La Paz, Muela del Diablo, 2003).

Para algunos incluso, la “Comuna de El Alto”, tendría semejanzas con la Comuna de París de 1871 en el sentido “territorial”, pero a la vez, fue caracterizado por Marx como un “levantamiento obrero francés” por su composición social como trabajadores.

Es debido a las razones expuestas que, en el discurso de juramentación de Evo Morales como presidente de la República en el 2006, el mandatario mencionó a El Alto con mucho respeto. Y no es para menos. Si en el 2003, la insurrección alteña desarrolló la arenga de “guerra civil para que el gringo se vaya”, en el 2005, las juntas vecinales, salieron de forma organizada por decenas de miles. Mujeres (con sus niñas), jóvenes, varones y veteranos de la guerra del Chaco (con Paraguay), marcharon hacia la Paz, con picos, palas, palos, hondas y fusiles artesanales y máuser de la guerra de El Chaco (con Paraguay), respectivamente, demostrando la determinación que tenían para ir a la guerra civil, a la vez que desarrollaron la Asamblea Popular Nacional y Originaria de Bolivia (APNO-B).

Esta Asamblea, con la participación de 150 dirigentes y más de 60 organizaciones representativas del pueblo, decidió, en el 2005, “… constituir a la ciudad de El Alto como el cuartel general de la revolución boliviana en el siglo XXI, dirección única de la asamblea popular nacional originaria como instrumento de poder, y conformar Comités de autoabastecimiento, autodefensa, prensa y política, con la finalidad de garantizar el éxito de las organizaciones populares organizadas, luchar por la nacionalización del gas…”.

Casi quince años después, el pueblo de El Alto, vuelve a irrumpir en la crítica situación boliviana con un “Estado disgregado” (entre los militares que no se animan todavía a intervenir violentamente en La Paz, pero sí en Santa Cruz y donde los golpistas tienen relativa hegemonía), y Evo Morales refugiado en México. Esta vez producto de la quema y humillación (por parte de Camacho y sus agentes policiales), a su símbolo ancestral: La Wiphala; y contra el golpe de Estado. Y bajo un nuevo escenario golpista, agita, “ahora sí, guerra civil”, como si el subconsciente colectivo volviera a la superficie para terminar una “guerra civil” que estaba pendiente y que no pudo realizarse porque la “rabia popular” fue canalizada entonces a través de las elecciones que auparon en Palacio Quemado a Evo Morales.

Marchas protestas en Bolivia

Acompañados de los Ponchos Rojos (otro símbolo de resistencia), decenas de miles, se movilizaron hacia La Paz, el día lunes, para hacer respetar su cultura milenaria. Los “vecinos” organizados por distritos empezaron a organizar su autodefensa frente a bandas de saqueadores y la represión contrarrevolucionaria. Las consignas más agitadas son, “ahora sí, guerra civil”, “fusil, metralla, El Alto no se calla”, “siempre de pie, nunca de rodillas”, “Camacho, carajo, respeta la Wiphala”, “Mesa y Camacho, queremos su cabeza”, etc.

Fue esta movilización la que produjo el miedo de los policías, poniéndose a rezar ya que habían sido desbordados por los sublevados alteños en varias zonas de El Alto, Cochabamba y del país. Y logrando a la vez que el golpismo no pueda juramentar a su nueva presidenta el día lunes. Y es la intervención de El Alto, la que ha “motorizado” para que otros sectores como los cocaleros o Maestros se sumen al combate convocando marchas para el jueves y viernes, respectivamente.

No obstante, la COB, sigue asumiendo una posición pragmática y desmoralizante de llamar “al gobierno a que imponga el orden en un plazo de 24 hrs”. En el Cabildo del día lunes se decidió que, “…se debe restituir la Wiphala en Palacio de Gobierno, así como pedir las respectivas disculpas, el cerco a Plaza Murillo, el rechazo a la presidenta Jeanine Áñez, la renuncia de la alcaldesa alteña Soledad Chapetón y la libertad para los detenidos…”.

Inmediatamente, el golpista Luis Camacho, difundió un vídeo “pidiendo disculpas” por la humillación a la Wiphala. La presidenta del Beni y de derechas acaba de asumir como presidenta de Bolivia, a la vez que la policía y francotiradores están disparando a los protestantes. Ya hay varios heridos de bala.

“…Sin embargo, pese a la posesión de la nueva presidenta del Estado, cuya responsabilidad recayó en la senadora opositora, Jeanine Áñez, los vecinos de La Paz y El Alto mantienen sus esquinas protegidas con barricadas, con la finalidad de evitar más hechos vandálicos e inseguridad…”, redactó El Diario (13/11/19).

La contrarrevolución ha utilizado astutamente la “biblia y el diálogo a la vez que la represión”. Y sabe que El Alto va a ser “una piedra en su zapato”. Por ahora, bajan la guardia, pero a la vez van a realizar una campaña de aniquilamiento selectivo de los dirigentes (https://www.bolpress.com/2019/11/11/miles-llegan-a-la-paz-al-grito-de-ahora-si-guerra-civil/).

Un punto a favor de los movimientos sociales indígenas y obreros es que el golpismo está dividido (entre un sector ultra como el de Camacho que quiere imponer su liderazgo –y es respaldado por la Media Luna y Bolsonaro- y el de Mesa que quedó segundo en las elecciones). Pero, contradictoriamente, un punto flaco del pueblo indígena es que también está dividido. El respeto a la Wiphala los está uniendo.

Pero como en Ecuador, donde la CONAIE deslindó de Rafael Correa, en Bolivia, un destacable sector de la población no quiere ser vinculado con el gobierno del MAS por las políticas pragmáticas que han ejecutado (como sucede en Potosí donde la concesión de Litio por 70 años a un consorcio alemán con pocos ingresos para el departamento, generó protestas contra Evo desde antes del 20 de octubre).

Aun con estas contradicciones, el golpe de Estado está uniendo a todos los Alteños y bolivianos. Acaban de llegar a El Alto, campesinos del histórico pueblo de Omasuyos y los cocaleros, y El Mallku (Felipe Quispe) también ha convocado a marchas para el jueves y viernes, respectivamente. A diferencia de la contrarrevolución, el pueblo revolucionario boliviano tiene varias victorias políticas/morales como las del 2003/2005, que produjo luego el encumbramiento de Morales como mandatario. Y si no tomaron el poder en el 2003/2005, como en la revolución de 1952, es porque no tenían su propio partido revolucionario.

Si se reactivaran la APNO y sus resoluciones, serían un paso trascendental en camino a la derrota de la contrarrevolución y la conquista del socialismo revolucionario andino y amazónico.

Y es que como decía el viejo Marx, “algunas veces la revolución necesita el látigo de la contrarrevolución”.

 

CÉSAR ZELADA
REBELIÓN.ORG

César Zelada. Director de la revista La Abeja y miembro del Comité de Autoabastecimiento de víveres y garrafas de gas de la APNO-B.

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Especial

Algo se pudre en América del Sur

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Marchas protestas en Bolivia

Mientras la Real Audiencia de Charcas (1785), la de Quito (1563) y la Intendencia de Santiago (1786) arden convulsionadas por diversas consideraciones, el centro del Virreinato del Perú con sede en Lima mantiene una insegura estabilidad social y económica, particularmente en la costa agro industrial.

Lo que pareciera ser una descripción de los intentos independentistas de finales del siglo XVIII, en realidad ocurren en la segunda década del siglo XXI y el rol de Madrid ha sido reemplazado por nuevas superpotencias que pretenden retornar el statu quo. En realidad, se repite la oscilación entre progresismo y neoliberalismo en circunstancias que América Latina observa la repetición de las tensiones entre políticas sociales y libre mercado en medio de una profunda crisis de carácter ambiental en la Amazonía.

Los resultados de la elección del 20 de octubre que le otorgaron el triunfo en primera vuelta al hermano presidente Evo Morales Ayma, a pesar de las irregularidades ocurridas en el proceso de escrutinio identificadas por la auditoría de la OEA, pese a la intromisión de sus funcionarios en los asuntos internos de Bolivia. Pero ni siquiera el anuncio de próximas elecciones, lograron impedir su caída, lo que llevo a su posterior renuncia y novelesca salida a México, para evitar todo derramamiento de sangre.

La discusión si se trata de un tradicional golpe de Estado perpetrado contra el gobierno del Presidente Evo Morales, con la directa injerencia de los mandos militares de Bolivia, y el apoyo por parte movimientos opositores, grupos cívicos y evangélicos de índole fascista, racistas y discriminadores, aún no termina.

Queda por determinar el apoyo político, mediático y logístico de gobiernos reaccionarios sudamericanos y del propio gobierno de Donald Trump, que han hecho todos los esfuerzos necesarios para debilitar, arrinconar y finalmente defenestrar el gobierno de Morales.

Todo lo anterior es parte de la nueva estrategia de desmantelamiento, agresión y sustitución del progresismo en América Latina en el marco de la nueva doctrina sobre la Seguridad Hemisférica que se enseña en las escuelas militares procedentes del Comando Sur. Es lamentable la pérdida de vidas y los heridos en estas tres semanas de enfrentamientos: 10 muertos en Ecuador, 20 muertos en Chile y 10 en Bolivia.

Todo ello hace urgente el inmediato cese del enfrentamiento y toda forma de violencia entre ciudadanos -cualquiera sea su tendencia política-, que impiden hasta la fecha resolver los problemas de la transición democrática en la región o de la continuidad del modelo neoliberal, que amenazan la estabilidad y gobernanza del sur de la región.

Es evidente y preocupante el uso de cualquier medio de injerencia o de presión externa, ataques a la ciudadanía y otros actos de clara naturaleza racista y discriminadora, como los que ocurren en Bolivia, o los que han sido denunciados en los sucesos de Ecuador o Chile.

En realidad estamos viviendo una oleada de agresión contra los gobiernos progresistas de América Latina que van desde golpes de estado, sanciones, embargos, azuzamiento, y en particular a un gobierno democrático, como el de Evo Morales, que ha respondido con creces a las demandas de la población mayoritariamente indígena.

 

RICARDO SOBERÓN
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH | NOTICIAS SER

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