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Entrevista

La ciudadanía está cansada y ha sancionado al fujimorismo

Publicado

en

Bancada fujimoristas Fuerza Popular

Roger Merino, profesor e investigador en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, analiza la situación política nacional y señala que en la sociedad hay repulsa por la corrupción y la impunidad.

Roger Merino

—En los últimos 18 meses hemos visto que han caído un presidente, contralor y ahora último se ha encarcelado a la lideresa del partido que tiene mayoría en el Congreso. ¿Esto qué lectura nos da de la situación?

—Esto se puede resumir como la judicialización de la política. Esta judicialización de la política se está llevando con más fuerza en el ámbito judicial a partir de casos de corrupción o megacorrupción como Lava Jato que involucran a diferentes actores políticos del país.

— ¿A qué se refiere con la judicialización de la política?

—Hay que entender que en el Perú y en muchos países de América Latina las instituciones públicas son muy precarias. En el país, el Poder Judicial y el Ministerio Público son instituciones que están tomadas por redes políticas e incluso de corrupción.

Entonces como hay redes políticas vinculadas a corrupción que tienen influencia sobre el Ministerio Público o Poder Judicial, esto lleva a que se den golpes, contragolpes y pugnas. Por eso hemos visto, como antes una agrupación política celebraba que un juez encarcelaba a Nadine Heredia y Ollanta Humala, y luego que el mismo juez encarcela a su lideresa lo insultan y atacan,

Tampoco hay que generalizar y decir que todo el sistema judicial es corrupto, se están viendo casos de algunos jueces o fiscales que actúan con independencia.

—¿Qué se debe hacer para acabar con ese mal accionar?

—Es importante la reforma del sistema judicial y del Ministerio Público para terminar con esta mala costumbre de algunos actores políticos que buscan influenciar o controlar dichas instituciones.

—¿La precariedad de las instituciones públicas va de la mano o es consecuencia de la corrupción endémica que afecta a la nación?

—La complicada situación política y social que vivimos ahora no solo amerita una reforma del sistema político y judicial como está impulsando el presidente Martín Vizcarra. Se necesita una reforma del sistema judicial, político y electoral, si esto no se hace no esperemos grandes cambios en comparación a la situación actual del país.

—¿Será suficiente la reforma política, judicial y electoral para terminar con el mal endémico de la corrupción que perjudica al país?

—Me parece que es necesario una nueva Constitución. Es el momento de discutir seriamente la necesidad de un nuevo pacto político.

—Justamente, hemos escuchado audios que involucran en actos de corrupción a partidos políticos…

—El diagnóstico que han realizado politólogos es que el sistema peruano de partidos tiene incentivos que hacen que se formen partidos por competencia, es decir, en lugar de partidos tenemos asociaciones de personas con el único objetivo de llegar al poder.

—¿Tenemos partidos políticos que se forman para cumplir intereses personales antes que los del país?

—Así es. Estos “partidos” no tienen fines programáticos, pero sí fines empresariales. El partido es una suerte de empresa, es un emprendimiento político.

—¿Cómo hacemos para tener un sistema político que otorgue los incentivos adecuados?

—Se necesita mecanismos de control y supervisión efectiva en temas, por ejemplo, como el financiamiento de campañas. Y es lamentable como los actuales congresistas se han negado a discutir este tema de los financiamientos. Se han negado a discutir temas como la regulación de los partidos, los mecanismos de control, fiscalización y sanción.

Keiko Fujimori

—En lo relacionado a financiamiento de los partidos políticos, los actuales congresistas se opusieron a la rendición de aportes durante la campaña electoral. La percepción de la ciudadanía es que este Congreso se opone a las reformas promovidas por el Ejecutivo…

—Las propuestas de reformas tienen que ser generales. De las cuatro reformas, el tema más cuestionado es el de no reelección de congresistas y lo relacionado a la cuestión de confianza y se critica la manera cómo el Congreso ha desnaturalizado la propuesta del Ejecutivo.

—La sociedad civil también es responsable de la precariedad de los partidos políticos…

—Si hay partidos débiles es porque no tenemos una sociedad organizada. La sociedad peruana es muy apática frente a la política, no hay organizaciones fuertes, esto genera que no hay una verdadera fiscalización de la sociedad hacia los partidos políticos.

—¿Cómo se entiende que Fuerza Popular primero destaque y respalde la acción de un juez que ordenó la prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia, pero cuando este mismo juez ordena detención para la lideresa de su partido, lo atacan?

—Ese es un ejemplo de cómo se usa políticamente las instituciones de justicia. Si el Ministerio Público o el Poder Judicial ataca a mis enemigos eso es correcto, pero si esas instituciones me investigan eso es antidemocrático. Esto se da porque nadie confía en el Poder Judicial. Si tuviéramos instituciones judiciales fuertes con una institucionalidad sólida, nadie dudaría de su accionar.

Estos partidos reaccionan de esta manera esperando influenciar en las decisiones que tomen las instituciones de justicia. La precariedad de las instituciones de justicia lo hace susceptible a los discursos políticos. Estas actitudes de los partidos desenmascaran su alto grado de hipocresía.

—¿Los partidos políticos protegen o velan por intereses empresariales y personales antes que los del país?

—Hay que ver caso por caso. En el caso de Fuerza Popular, hasta antes de las elecciones pasadas un gran porcentaje de la ciudadanía lo veía como el partido de derecha popular que representa a las clases sociales dejadas de lado. Esto era la percepción de un partido que logró tener representatividad a nivel nacional.

Sin embargo, así como Fuerza Popular hay más partidos que su interés principal no es representar. Considero que el verdadero interés de Fuerza Popular es librarse de los problemas de corrupción que tienen, es decir, su bandera es una política de impunidad.

Eso es algo grave, por eso considero que es necesario un nuevo pacto constitucional, pues muchos partidos están entrando a la discusión política impulsando una política de impunidad y no una política por representatividad.

—¿Cuál es su lectura sobre el poco respaldo que tuvo Fuerza Popular en las últimas elecciones municipales y regionales?

—Hay un hartazgo de la ciudadanía frente a tantos actos de corrupción, uno tras otro en los últimos años. Tenemos el tema de Lava Jato, los audios CNM, entre otros. La sociedad está cansada y ha sancionado a Fuerza Popular que tiene la mayoría absoluta en el Congreso. Es natural que partidos como Fuerza Popular y el APRA sean sancionados por la población.

—¿Un Congreso Bicameral es la solución para mejorar el Legislativo?

—En teoría siempre es mejor un parlamento con dos cámaras porque permite tener un mayor debate público, una mayor reflexión. Sin embargo, esto no asegura que haya un mejor sistema político. Muchos de los que discuten bicameralidad solo se preocupan en la calidad de las leyes, pero más importante es la legitimidad de quienes aprueban esas leyes.

Antes que bicameralidad se tiene que considerar un adecuado sistema político en la que se considere temas como la paridad de género, la alternancia, la cuota indígena, la adecuada elección de candidatos en los partidos políticos. Tenemos que preocuparnos que no se dé el clientelismo.

—¿Quién debe realizar ese filtro para la elección adecuada de representantes?

—Los propios partidos políticos tienen que realizar una adecuada selección de sus representantes, tienen que ser más programáticos. Sin embargo, el problema está en que los que convocan son gente con problemas judiciales o personas que ven la política como un negocio. Se necesita fuertes mecanismos de sanción y de transparencia.

 

WILDER MAYO

Entrevista

Gremios sindicales preparan propuesta por un trabajo digno

Publicado

en

CGTP

Empujado por el MEF y la Confiep, el Ejecutivo promueve legislación que precarizará los pocos derechos laborales existentes.

El Gobierno mediante D.S N.º 345-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, definió la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) de manera unilateral y al margen del diálogo tripartito. El OP N.º 5 de esta política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral” propone “revisar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral (…)”, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y precariedad laboral.

Frente a ello, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han expresado su rechazo y plantean la derogatoria del Objetivo Prioritario 5 y realizarán los días 21 y 22 de mayo la Conferencia Nacional Sindical de los Trabajadores para debatir y enriquecer la propuesta de los trabajadores: “Poner al trabajo en el centro de la sociedad y la economía, regular el mercado para garantizar derechos”. La Conferencia tendrá lugar en el auditorio del Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónicos, en la avenida Uruguay 335, Cercado de Lima.

La entrega de la propuesta al Ministerio de Trabajo será el 23 de mayo previa movilización que se concentrará en el Campo de Marte a las 3 de la tarde. En ese contexto, Diario UNO entrevistó a los referentes sindicales Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y a Julio César Bazán, presidente de la Central Única de Trabajadores del Perú (CUT).

EL MEF USURPA FUNCIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la posición de la CGTP sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad impuesta por el Ejecutivo?

—Nuestra posición es que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha definido la Política Nacional de Competitividad y Productividad de manera unilateral y al margen del diálogo social tripartito. El objetivo N.° 5 de esa política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral”, propone esencialmente la revisión del marco regulatorio del mercado laboral, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y profundización de la precariedad laboral.

Esto evidencia que el Ejecutivo ha elegido la ruta del continuismo neoliberal de sus antecesores para convertir a los trabajadores y, especialmente a los jóvenes, en los esclavos del siglo XXI, pues no dice nada sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las trabas a la libertad sindical y a la negociación colectiva, los despidos arbitrarios de trabajadores y dirigentes sindicales; no dice nada sobra la contratación temporal que de excepcional se ha convertido en regla, tampoco se inmuta frente a los bajos salarios y las pensiones diminutas.

No podemos menos que afirmar que de esta manera el Ejecutivo solo aboga por una reforma laboral a la medida de los intereses de un empresariado conservador y antipatriótico.

Dicho sea de paso, en lugar de pretender una reforma laboral proempresarial, debemos recordarle al Ejecutivo que hay un largo listado de obligaciones laborales internacionales incumplidos por el Estado peruano en el marco de los convenios de la OIT, la Unión Europea, el TLC con Canadá y EE.UU. y sobre los cuales debe adoptar medidas concretas orientadas a su cumplimiento. Asimismo, debemos recordarle que viene incumpliendo compromisos asumidos en el marco del diálogo social tripartito nacional como el de elaborar el Plan Nacional de Trabajo Decente.

Inmediatamente de promulgada la Política Nacional de Competitividad y Productividad los trabajadores decidimos enfrentarla decididamente con jornadas de protesta y lucha, pero también de propuestas. Realizamos una gran jornada laboral de lucha con más de 25 mil trabajadores en Lima y 350 mil a nivel nacional, exigiendo la derogatoria del D.S. N.º 345-2018. Igualmente, el 3 de abril, en la jornada de lucha con casi 26 mil trabajadores en las calles demostramos al Gobierno que estamos dispuestos a defender nuestros derechos.

Estamos también convocando al paro nacional cívico-popular para el 20 de junio, que no solo es por la reforma laboral que se pretende imponer, sino también orientados a exigir la solución de los problemas que enfrentan los diferentes sectores laborales en todo el país y los grandes problemas que aquejan a la población, como los del agro que está totalmente abandonado y piden la reestructuración del Ministerio de Agricultura, y la reactivación del Banco Agrario.

En esa misma dirección, los trabajadores hemos realizado esfuerzos para dotarnos de una propuesta que nos va a permitir encarar la Política Nacional de Competitividad y Productividad de claro tinte proempresarial, en ella analizamos el fracaso de las políticas de flexibilización laboral como recurso para formalizar la economía y generar trabajo digno y los aspectos imprescindibles de una reforma laboral y económica que realmente potencie la competitividad, productividad, formalización y el crecimiento integral y sostenible de la economía. Esta propuesta será debatida por los trabajadores en la Conferencia Nacional Sindical que realizaremos el próximo 21 y 22 de mayo del presente año.

—Este plan debió consultarse al Consejo Nacional del Trabajo, por eso sería ilegítimo o inconstitucional. ¿Qué opinión tiene al respecto?

—Es un plan impuesto por la Confiep, que en su conferencia nacional anual entregaron a Vizcarra, ahí plantean la reducción de derechos laborales y por eso decían que el Perú tiene las leyes más rígidas en derecho laboral. Su operador Carlos Oliva la ha implementado. El MEF está usurpando funciones que no le corresponde.

Las políticas laborales se discuten en el Consejo Nacional del Trabajo, entonces también han violado el Convenio 144 de la OIT sobre diálogo social, el mismo que forman parte del derecho nacional y deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, como lo reconoce la Constitución Política del Perú.

Por eso los trabajadores planteamos que se derogue y que pase al Consejo Nacional del Trabajo que es el espacio donde se debe discutir. La CGTP ha suspendido su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y esperamos que por el bien del diálogo social el Ejecutivo proceda a derogar el Objetivo Prioritario 5.

—En el capítulo de la Política de Productividad y Competitividad, hay una parte que preocupa porque este tipo de contrato laboral de las agroexportaciones, que es precario, se pueda replicar…

Ahí plantean la nueva contratación de trabajadores, con nuevos regímenes y derechos recortados, y plantean que la Ley de Agroexportaciones N.º 27360 se amplíe para otros sectores, a pesar de que esa ley se dio en el año 2000, faltando tres meses para que renuncie José Chlimper, quien fue el autor intelectual. Ya pasaron más de 20 años y los empresarios han conseguido grandes ganancias a costa de los trabajadores, el Estado les dio terrenos a precio regalado, carreteras y servicios, y ahora quieren ampliar eso hasta el año 2031.

Pagan a EsSalud el 4 por ciento, eso no puede ser posible, pero como hay lobistas en el Congreso, en las bancadas del Ejecutivo y del fujimorismo, vienen trabajando desesperadamente en la Comisión de Trabajo para su aprobación en el Pleno del Congreso.

Pero además, están los regímenes laborales de las MYPES, el régimen laboral CAS, de los textiles, de las trabajadoras del hogar que establecen menos derechos laborales con respecto al régimen laboral común y que han agudizado la discriminación en el empleo y precarizan los derechos laborales. Los trabajadores exigimos terminar de manera inmediata con los regímenes laborales discriminatorios, adoptando las medidas legislativas y de política necesarias.

—También se está debatiendo la Ley de Negociación Colectiva, con ‘ppkausas’ y el aprofujimorismo, no quieren ni cambios mínimos a favor de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes esta situación?

Esas bancadas que promulgan leyes a favor de transnacionales, sacan leyes que exoneran a casinos de pagar impuestos y, sin embargo, boicotean la aprobación de la regulación de la negociación colectiva en el sector público, pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Congreso de la República a que la apruebe. Ahora simplemente no van y no hay el cuórum correspondiente, ¿y quiénes no van?, la bancada del Gobierno y Fuerza Popular.

Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT)

PRETENDE IMPONER UNA POLÍTICA SIN DIÁLOGO SOCIAL

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la opinión de la CUT respecto a la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la manera cómo ha sido impuesta por el MEF?

—Consideramos que es una grave amenaza para los intereses de la gente y en particular para los trabajadores. A todas luces responde a los intereses de grandes negocios del gran capital.

Los nueve objetivos prioritarios que se han señalado en realidad adolecen en la parte de los diagnósticos de una mirada integral, de una mirada que recoja las inquietudes de toda la sociedad. Básicamente recoge los intereses de los grandes empresarios que pretenden implementar negocios en las distintas temáticas que se están planteando.

En infraestructura, capacitación, formación, tecnología, en todas esas áreas hay grandes negocios. En el capítulo laboral también se busca beneficios para empresarios y recortes laborales para trabajadores. En cada capítulo se profundiza un modelo que en los últimos 30 años ha permitido el enriquecimiento de pocos y las grandes mayorías en realidad “la hemos visto pasar”.

—Hay un discurso del empresariado y grupos económicos de que el Perú tiene las leyes laborales más rígidas, cosa que no es cierta o incluso podría ser al revés. ¿Cómo analiza esta parte del capítulo laboral?

—Igual que todos los demás capítulos, en este en particular se parte de una definición del mercado de trabajo y de un diagnóstico equivocado. Porque lo que evalúa es de qué manera las empresas pueden mejorar sus ingresos a costa de los derechos de los trabajadores.

Y señalan claramente que, por ejemplo, el tema del respeto de la sentencia del Tribunal Constitucional que remedia un abuso empresarial contra el despido arbitrario como la causante de la proliferación de contratos temporales, cuando en realidad esto se debe a una clara política empresarial de querer eludir responsabilidades laborales mediante el uso de diversas formas de contratación e incluso desnaturalizándolos, contratando temporalmente en puestos de naturaleza permanente.

Y en otra parte del diagnóstico señalan que habría sobrecostos en la terminación del contrato laboral y en el despido, en realidad eso no lo están usando porque recurren a los contratos de tiempo determinado y que están, por el término de la contratación, sacando a los trabajadores.

De igual manera aducen que la informalidad que hay actualmente se debe a ese tipo de cosas y no toman en cuenta que en la micro y pequeña empresa, donde está la mayoría de trabajadores, la informalidad se debe a que los emprendimientos no cuentan con facilidades tributarias ni de acceso a servicios financieros básicos para poder desempeñarse a diferencia de las grandes empresas multinacionales.

Entre otros temas, el diagnóstico está aterrizando en una formulación de lineamientos de política que pretenden superar el tema de la formalidad y revisar la normativa laboral con lo cual deja abierta la posibilidad o intencionalidad de que en cada uno de esos puntos se afirman las conclusiones del diagnóstico, es decir, que como hay sobrecostos hay que reducir derechos, facilitar despido a empresas, no hay que fijar sueldos mínimos y hay que eliminar las CTS.

Conclusiones como esas son las que el empresariado tiene elaboradas para pasar al famoso debate del plan nacional que pretenden hacer en el MEF en un consejo de competitividad y productividad transgrediendo el rol rector del Ministerio de Trabajo en temas laborales, por eso es que nosotros exigimos al Gobierno que este capítulo sea excluido de la política general que propone, de modo que se debata en el Consejo Nacional de Trabajo y se elabore un plan nacional que resuelva los problemas reales de los trabajadores y no solo lo que el empresariado busca para mejorar sus ingresos.

—Retomando las formas en que el Ejecutivo ha impuesto este proyecto, ha sido una decisión del MEF e incluso esta decisión no se ha propuesto en el Ministerio de Trabajo ni discutido en el Consejo Nacional del Trabajo…

—Lo que pretende es imponer una política sin diálogo social, eso contraviene los compromisos internacionales que el Estado tiene en el concierto internacional de las naciones, particularmente en la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que el diálogo consiste en la discusión y el debate de los temas entre Gobierno, empresario y trabajadores; en el país se está vulnerando eso.

También se vulneran los TLC que el Estado se ha comprometido con los derechos laborales fundamentales, como el diálogo social que debe ser tripartito. Lo mismo podemos decir con los estándares que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea para que los países ingresen a ese escenario con estándares laborales de respeto irrestricto a derechos fundamentales, lo mismo podemos decir de las líneas rectoras de las Naciones Unidas que imponen normas de derechos humanos a las empresas.

En suma, esta política agrede de manera casi integral todo lo civilizado que debe haber en el mundo del trabajo y en las relaciones correctas entre países e instituciones que debe haber. En ese sentido, hemos rechazado y estamos exigiendo una pronta reunión con el premier a efectos de que se establezca de manera real el debate y la discusión del capítulo laboral en el Consejo Nacional del Trabajo en el marco del diálogo social.

Y esta política se contrapone con lo que verbaliza el Presidente de la República, ministros y el propio Congreso, a raíz de los conflictos originados en los últimos tiempos como los agrarios o Las Bambas, todos hablan de diálogo, pero en la práctica se resisten a la institucionalidad del diálogo. Por eso nuestra exigencia de una reunión con el premier.

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Entrevista

Fujimorismo permitiría que el Estado disponga del dinero de trabajadores

Publicado

en

Hernando Cevallos

El congresista Hernando Cevallos denuncia el obstruccionismo de Fuerza Popular en la Comisión de Trabajo para debatir la Ley de Negociación Colectiva y dice que al fujimorismo no le importan los derechos de los trabajadores.

Todo parece indicar que el obstruccionismo no se limita a las reformas políticas ni tiene a los mismos actores. Hernando Cevallos, es coautor del dictamen aprobado en octubre del año pasado, sobre la Ley de Negociación Colectiva en el sector estatal.

Pero las observaciones del Ejecutivo y el cálculo político del fujimorismo han puesto en suspenso la ley. Diario UNO entrevistó al congresista del Frente Amplio, quien acusa al fujimorismo de oponerse a toda propuesta que beneficie la estabilidad laboral.

Marcha protesta de trabajadores FENTASE

—¿Qué planteaba el Decreto Legislativo 1442?

—Le daba a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía el control en materia de ingresos a los trabajadores estatales. Para la organización de esta actividad, creaba la Planilla Única de Pago del Sector Público, la cual permitía tener una visión total de los ingresos de todos los trabajadores estatales. Pero todo esto bloquea, restringe y suspende la negociación colectiva en el Estado.

—¿La ley propone una negociación colectiva centralizada?

—Así es, los gremios sindicales más representativos presentan un convenio colectivo ante la Presidencia del Consejo de Ministros con el propósito de pactar un aumento salarial. Dicho aumento se programa recién para el presupuesto público del próximo año.

—El presidente Vizcarra dijo que el dictamen de la Ley de Negociaciones Colectivas sería perjudicial para el Estado…

—Así es, se refirió a la iniciativa legislativa como una de las normas que el Congreso no debería aprobar. La posición del oficialismo es que la ley afecta al presupuesto público. Pese a ello, se encuentra a favor de normar este derecho colectivo en el sector público; razón por la cual se encuentran trabajando en un proyecto de ley.

—¿En la última reunión en la Comisión de Trabajo hubo cuórum?

—No, no llegaron los congresistas de Fuerza Popular ni del oficialismo. Al final aparecieron algunos pero no el resto y por eso se suspendió el debate.

—¿Cuál es el interés de no asistir?

—Ellos no tienen mucho interés en que la negociación colectiva se apruebe. De hecho, han realizado varias observaciones al dictamen, poniéndole cerrojos innecesarios a una negociación colectiva que es un derecho. El fujimorismo pretende que se hagan consultas al Ministerio de Economía, luego que se realicen las reuniones de los trabajadores con sus jefes. También pretenden otras limitaciones que desnaturalizaría el carácter de la ley.

—¿Nos está diciendo que hay un interés del fujimorismo por mantener la inestabilidad laboral?

—Sí, esa es parte de su visión de derecha, neoliberal, dejando siempre la puerta abierta para que el Estado pueda disponer del dinero de los trabajadores y que los trabajadores no obtengan ese espacio de poder obtener sus remuneraciones y bonificaciones.

—¿Pero el fujimorismo votará en contra del proyecto de ley?

—No, tampoco quieren votar en contra porque eso tiene un costo político importante.

—Observamos que el apoyo de los trabajadores organizados es casi unánime…

—El apoyo es de todos los representantes de los trabajadores mediante sus gremios. También nos apoyan todas las demás bancadas, menos el fujimorismo y el oficialismo.

—Hay bastante expectativa de que la aprobación sea pronto…

—Por supuesto que sí, pero es muy complicadopara el propio fujimorismo decir que no está de acuerdo con el dictamen de la ley para la negociación colectiva. Ellos saben que es un derecho y que incluso se pronunció el Tribunal Constitucional al pedir su reglamentación para que los trabajadores puedan ejercer su derecho a negociar sus sueldos. ¿Cómo se les puede impedir a los trabajadores conversar con su empleador, en este caso el Estado, sobre sus condiciones remunerativas y bonificaciones?

—¿Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor no es un desacato por parte del Gobierno?

—Recordemos que el Tribunal Constitucional, en dos sentencias, invoca al Congreso a realizar la legislación para normar la negociación colectiva en el sector público. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, Luisa Eyzaguirre nos informó que los gremios sindicales ya presentaron una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que analice el escenario peruano tras la demora en la implementación de la Ley de Negociación Colectiva.

—Por parte del oficialismo, Mercedes Aráoz es quien más se muestra reacia a la implementación de la ley…

—Así es, dice que su aprobación tiene muchos riesgos y que su bancada la va a observar. Textualmente dice que “reiterar la insistencia en ese mecanismo, es malísimo” y que el Congreso debe mantener lo bueno de la ley, que ha sido la estabilidad macroeconómica, teniendo en cuenta los elementos fiscales, el manejo fiscal, el manejo presupuestal. Lo cierto es que ella tiene una posición clara contra cualquier negociación colectiva.

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)  EsSalud sector salud enfermeras médicos

—¿Usted también es autor del proyecto de ley que propone eliminar el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el Estado?

—Así es, esperamos que los trabajadores estatales tengan contratos bajo el Decreto Supremo 728 o régimen laboral privado, que permita a éstos disfrutar de los beneficios de empleados con contrato indeterminado.

—¿Específicamente a quiénes está dirigida esta iniciativa?

—Específicamente a todos los trabajadores CAS del Estado con dos años de antigüedad o tres discontinuos que realicen labores permanentes. El proyecto beneficiaría a más de 400 mil trabajadores a nivel nacional.

—Respecto a la implementación de la norma, ¿qué propone?

—También se propone que, a partir de la entrada en vigencia de la ley, estos servidores solo podrían ser despedidos por causa justa y debidamente comprobada. Además, el pase del régimen laboral se realizará en forma progresiva. Con respecto a la implementación de la ley, Cevallos indicó que se dará con cargo al presupuesto de cada institución.

—¿Esto ha sido consensuado con los trabajadores CAS de todo el país?

—Así es, ellos reclaman porque tienen un régimen precario que no les dan ninguna estabilidad, pese a que realizan labores permanentes.

—¿Pero esta ya fue aprobada por la Comisión de Trabajo?

—Sí, y está para agendarse en el Pleno del Congreso pero el fujimorismo no quiere pagar el costo político de rechazar un proyecto que esperan todos los trabajadores. Lo que hacen es “congelarlo” y no verlo.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

Avelino Guillén: “Todo el circuito delictivo fue probado en el caso de Edwin Donayre”

Publicado

en

Edwin Donayre

El excongresista Edwin Donayre se encuentra no habido y el Ministerio Público ofrece 100 mil soles de recompensa a quien lo encuentre. La orden de captura en su contra pesa desde el último 2 de mayo, fecha en la que el Congreso de la República recién le retiró la inmunidad parlamentaria a pesar de que había un mandato judicial desde agosto de 2018 en contra de Donayre por haber sido hallado culpable del delito de peculado por apropiación en el caso denominado “Gasolinazo”. Convoca.pe entrevistó al exfiscal anticorrupción Avelino Guillén sobre los hechos que llevaron a la clandestinidad a Edwin Donayre.

El último 29 de abril, una sentencia de la Corte Suprema condenó a 5 años de prisión efectiva, a quien fue comandante general del Ejército durante el segundo gobierno de Alan García: Edwin Donayre. Él, junto al excomandante general César Reinoso, y otras 40 personas, se vieron implicados en el robo de combustible a la 1° Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur, por un monto estimado que bordea los 2 millones de soles, entre enero y noviembre de 2006, según el Ministerio Público.

De acuerdo con la acusación de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, que data del año 2015, los involucrados en este caso habrían solicitado y recibido combustible, de manera irregular, para luego colocarlo en grifos particulares.

Estos actos derivaron, según la Contraloría, en que desaparecieron 44 mil 200 galones de gasolina de 84 octanos y 129 mil 800 galones de petróleo D2, en la Región Militar Sur, a cargo de Edwin Donayre, en 2006.

Edwin Donayre

Estos actos y las pruebas acumuladas por la Fiscalía, desde que empezara la investigación, constituyen para efectos de la sentencia que dictó la Corte Superior de Justicia de Lima, suficientes elementos para probar que Edwin Donayre es culpable de peculado por apropiación.

Sobre este caso, Convoca.pe conversó con el abogado y exfiscal anticorrupción Avelino Guillén Jáuregui.

—¿Por qué hay suficientes pruebas contra Donayre por el delito de peculado por apropiación en el caso ‘Gasolinazo’?

—En la sentencia que dictó la Corte Superior, la cual ha estado ratificada por la Corte Suprema, se ha determinado que hay pruebas que determinan más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad penal.

El delito que se le incriminó, lo cual fue probado durante el juicio oral, es peculado por apropiación, en consecuencia considero que las sentencias que ha dictado la Corte Superior y la Sala Permanente de la Corte Suprema, son sentencias justas que tienen respaldo, tienen material probatorio que figura en el expediente, en el proceso.

Edwin Donayre tiene la condición de funcionario público en la fecha en que ocurrieron los hechos; era comandante general de la Región Sur cuando se le incriminó haberse apoderado de gasolina, que es un bien, y en consecuencia el peculado por apropiación, se configura plenamente.

—¿No se amplía la acusación porque este bien, el combustible, se comercializó por medio de establecimientos privados?

—La Fiscalía acusó el apoderamiento ilegal de un bien, como es la gasolina y el petróleo, que estaba bajo la administración del general Donayre.

Lo que él hizo posteriormente con este bien, son los efectos del delito, es el uso de lo indebidamente apoderado, en consecuencia yo considero correcta la tesis de la Fiscalía y del Poder Judicial en sembrar la imputación y la condena en el apoderamiento ilegal de un bien de propiedad del Estado, y que posteriormente esta gasolina, petróleo, se trasladó indebidamente y terminó en establecimientos particulares. En consecuencia, todo el circuito delictivo se ha probado plenamente.

—¿Se puede hablar de Donayre como líder de una organización para delinquir, dado que se le acusa a él y a 41 personas de la 1° Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur?

—La Fiscalía adoptó una tesis que está contenida en la acusación sustancial y esa tesis es la que se ha discutido en el juicio oral y es la que ha prevalecido y la que se ha demostrado.

El Ministerio Público ha considerado conveniente no invocar otros tipos penales, otros delitos y considero que ha sido una estrategia acertada porque lo que sí estaba debidamente documentado, tal como inclusive se investigó a través de la Inspectoría General del Ejército, era el apoderamiento, el robo de gasolina en la zona sur del país, básicamente en Arequipa.

Donde por un monto de 1 millón 800 mil soles, se apoderaron de combustible que finalmente terminó en establecimientos particulares. La posición de no invocar otros tipos penales es una estrategia del Ministerio Público al momento de elegir por dónde se asegura una condena.

—¿La pena inicial de 5 años y 6 meses de prisión efectiva para Edwin Donayre [reducida el 29 de abril de 2019 a 5 años por medio de una sentencia de la Corte Suprema]es proporcional al delito que se le imputa?

—La pena inicial de 5 años y 6 meses fue rebajada por la Corte Suprema a cinco años. Hay una serie de variables que manejan los jueces al momento de imponer una pena, no es que inevitablemente se va a imponer un monto determinado de pena que señala la norma, hay circunstancias que atenúan o agravan la penalidad que se va a imponer a un investigado judicialmente.

En este caso supongo que la Corte Suprema hace una disminución de la condena, teniendo en cuenta seguramente que no registra otros antecedentes ni otros procesos, y esas son circunstancias que permiten una rebaja de condena, de lo que señala el Código Penal.

Votación del Congreso

—¿El hecho de que Donayre esté prófugo agrava su situación?

—Lo que acá se pone en evidencia es el papel que ha tenido el Congreso de la República en toda esta situación: lo blindaron por varios meses, dilataron el levantamiento de la inmunidad de arresto a pesar de los requerimientos y exigencias del Poder Judicial.

Esa es una conducta, en mi concepto, reprobable de parte de varios integrantes del Congreso, que por objetivos de carácter político han permitido que esta circunstancia se dé.

Ahora, la demora ostensible en el levantamiento de la inmunidad de arresto, determinó que el señor Donayre ya no esté en su domicilio, ni sea ubicado por la policía y en consecuencia la pena no se pueda ejecutar.

 

PAUL TUESTA
CONVOCA.PE

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