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Política

La CGTP respalda y apoya la lucha contra el proyecto minero Tía María

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Agro sín minas no marcha protesta contra mineras minerías

El proyecto minero de Tía María ha recibido desde hace más de una década el más firme rechazo por parte de la población organizada de la Provincia de Islay y específicamente del Valle de Tambo.

En la actualidad, no hay ninguna evidencia técnica que garantice mecanismos de intervención minera que no signifiquen la destrucción de los recursos naturales del Valle de Tambo como el agua y la producción agropecuaria.

La licencia de construcción que ha sido aprobado por el gobierno de Vizcarra es un acto de provocación contra los ciudadanos y ciudadanas de Arequipa, que no podemos tolerar.

Los defensores del proyecto minero insisten en establecer un “diálogo” pero en más de diez años no han querido escuchar la voz del pueblo organizado. Se han opuesto con pretextos superfluos a la “consulta previa” bajo el deleznable argumento que los ciudadanos del Valle de Tambo no son una comunidad indígena.

GOBIERNO DEBE RETROCEDER

Los trabajadores y trabajadoras organizados de todo el país respaldan a los pueblos de la provincia de Islay y rechazamos de manera clara y terminante el proyecto de Tía María. El gobierno debe retroceder, debe retirar a las fuerzas policiales y militares que se han movilizado, como una manera de amedrentar a las fuerzas populares.

Exigimos al gobierno a cancelar de manera definitiva el proyecto de Tía María. No hay otra solución posible en este conflicto social.

Los grupos de poder económico que quieren imponer a la fuerza el proyecto Tía María, son los mismos que pretenden forzar una reforma laboral que permita el despido arbitrario y reduzca derechos laborales a la mayoría de trabajadores jóvenes del país.

Agro sín minas no marcha protesta contra mineras minerías

CONFIEP PORTAVOZ DE ULTRADERECHA

De esta manera, quieren reducir aún más los derechos laborales de cientos de miles de trabajadores para que la mano de obra este a merced de los grandes capitalistas del país.

La CONFIEP ha demostrado ser el portavoz de la ultra derecha fascista y conservadora que no reconoce derechos y que busca eliminar las libertades ciudadanas. Su actual presidenta es la porte estandarte de los intereses neoconservadores de la derecha tradicional.

Los trabajadores rechazamos las posiciones de la CONFIEP y hacemos un llamado a todas las fuerzas organizadas del pueblo peruano a expresar su más enérgico rechazo a las instituciones como la CONFIEP que solamente buscan el lucro de las minorías explotadoras.

RECHAZAMOS EL PROYECTO

En resumen, la CGTP rechaza el proyecto de Tía María y la reforma laboral de la CONFIEP. Vamos a seguir luchando, en cada pueblo, en cada distrito, en cada provincia para derrotar los planes nefastos de la derecha abusiva y racista. El próximo 25 de julio realizaremos una “Jornada Nacional de Lucha” en todo el país para expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Islay y contra el proyecto Tía María. Asimismo, para rechazar la reforma laboral de la CONFIEP

La CGTP está codo a codo, hombro a hombro con el valeroso pueblo de Arequipa. Con su historia de rebeldía y protesta popular, con su gesta histórica por los derechos populares. La CGTP firme como un solo puño apoya y sostiene la lucha del pueblo arequipeño contra los intentos de la derecha imperialista por devastar el Valle de Tambo.

ALGO MÁS

Viva la unidad de trabajadores y campesinos; Viva la lucha del pueblo de Arequipa; Viva la CGTP, concluye el comunicado de la Confederación General de Trabajadores del Perú.

Política

Becerril era el nexo entre Keiko e Hinostroza

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Daniel Salaverry y Keiko Fujimori

El excongresista Daniel Salaverry declaró el jueves 5 de diciembre ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, y se reafirmó en su versión de que Keiko Fujimori le solicitó que tome contacto con el exjuez supremo César Hinostroza y el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ambos acusados de pertenecer a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según reveló IDL-Reporteros, Salaverry indicó que el pedido realizado por la lideresa de Fuerza Popular ocurrió en mayo de 2018, y tenía como objetivo pactar una reunión con César Hinostroza. Días más tarde, el entonces presidente del Congreso de la República se reunió con Keiko Fujimori en el local del partido fujimorista ubicado en el distrito de Surco.

“Keiko Fujimori me dijo que había conversado con César Hinostroza, y él le dijo que no me conocía y, por el contrario que se sentía cómodo con que la reunión la generara otra persona”, declaró Salaverry ante los fiscales José Domingo Pérez y Carmen Caro.

En esa reunión, Fujimori Higuchi habría comentado al excongresista que Hinostroza prefería que las coordinaciones se realicen a través de los entonces parlamentarios Héctor Becerril, Miguel Torres o Úrsula Letona. Finalmente, la lideresa del fujimorismo le confirmó que sería Becerril el elegido, por haber facilitado anteriormente una conversación con Hinostroza a través de su teléfono.

La periodista de IDL-Reporteros, Romina Mella, advirtió que el testimonio de Salaverry coincide con el de un colaborador eficaz en el caso Cuellos Blancos y con una conversación telefónica entre Héctor Becerril y César Hinostroza, que fue revelada por el referido medio en agosto de 2018.

En el diálogo, que se habría producido en marzo del año pasado, Hinostroza señala: “Yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos”. Esta conversación tendría relación con el recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori y que la Sala Suprema presidida por César Hinostroza decidió admitir.

Respecto al interés de Keiko Fujimori en reunirse con César Hinostroza, hay que recordar que el también imputado Jorge Yoshiyama afirmó ante la Fiscalía que la propia lideresa de Fuerza Popular le confirmó que ya había establecido ese contacto. “Ella me indica en el mes de mayo de 2018 que ya había entablado contacto con César Hinostroza por intermedio del empresario Antonio Camayo. Keiko Fujimori me informó que ya estaban aceptando su casación y que todo iba a salir favorable para ella y que no me preocupara más por el tema ya que con esta casación harían que se archive el caso utilizando como justificación el excesivo plazo de investigación preliminar”, señaló YoshiyamaSasaki.

TAMBIÉN CONTACTÓ A CHÁVARRY

Salaverry también consignó en sus declaraciones el pedido que Keiko Fujimori le habría hecho para que le entregue un sobre al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Según el ex parlamentario, esto sucedió tras una visita protocolar de Chávarry al Congreso de la República.

“No puedo precisar la fecha, pero fue a los días de la visita protocolar, en agosto de 2018; terminada la reunión de la Comisión Política de Fuerza Popular de Morochucos, se acerca Keiko Fujimori y me pregunta cómo me había ido con la visita protocolar que me hizo Chávarry; le indico que bien, que me dio sus saludos protocolares, y ella me pide que ahora que se conocen le haga un favor de hacerle llegar un sobre de manila cerrado con cinta scotch”, relató el exparlamentario.

Tras recibir el sobre, Salaverry lo llevó a su despacho en el Congreso, aunque por sus ocupaciones en la Mesa Directiva no lo llegó a enviar. Poco después, Chávarry habría llamado a Salaverry vía Whatsapp para coordinar una reunión, la cual se llevó a cabo ese mismo día. Fue por la noche, en las inmediaciones de la Av. La Fontana, en La Molina. Según Salaverry, la breve reunión se dio en su auto. “El doctor Chávarry me dijo: “rapidito nomás. Dígale a la doctora que lo que me han comentado lo veo complicado”, a lo que yo me quedé mirándolo, y luego me dijo que no quería quitarme más tiempo que como yo estaba ocupado y de pasada, se despidió de mí y se bajó del carro”, señaló ante los fiscales.

Finalmente, Salaverry indicó que no le dio el mensaje a Keiko Fujimori y que el sobre manila destinado a Chávarry fue entregado a otro despacho fiscal. “Cuando toman contacto conmigo los señores fiscales, yo hago memoria del sobre, y abro el sobre y encuentro unas fotocopias, que en su mayoría tenían manuscritos que no puedo determinar a quién corresponde; los meto en el sobre nuevamente y se losentrego a los fiscales; y ellos elaboran un acta describiendo los documentos”, refirió.

Acerca de estos encuentros entre Daniel Salaverry y Pedro Chávarry, en su declaración ante la Fiscalía, Jorge Yoshiyama indicó que el presunto asesor en las sombras de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, le comentó que ambos, Chávarry y Salaverry, “se juntaban de forma sigilosa en sitios diferentes y acordado por terceros”, llegando incluso a cambiar de auto para sostener las reuniones y coordinar el apoyo mutuo entre la Fiscalía y Fuerza Popular.

Ante esas afirmaciones, el exparlamentario explicó en Twitter que dicho encargo por parte de Keiko Fujimori fue el motivo de su distanciamiento de Fuerza Popular, y adelantó que no realizó esas gestiones por considerarlas algo “incorrecto e ilegal”, como ha confirmado esta semana en su testimonio ante la Fiscalía.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Declaración jurada de intereses obligatoria contribuye a transparencia

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Declaración jurada de intereses obligatoria contribuye a transparencia

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, destacó el fortalecimiento de la transparencia, promovido por el Ejecutivo con la publicación del decreto de urgencia 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público.

Estas declaraciones las efectuó el jefe del Gabinete Ministerial durante una reunión de autoridades para abordar la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos.

“Con la publicación del Decreto de Urgencia N°020-2019, los servidores públicos de todas las entidades del Estado estarán obligados a presentar la declaración jurada de intereses. De esta forma, con la transparencia en la función pública, brindamos a la ciudadanía las herramientas para fiscalizarnos, contribuyendo en la tarea de adecentar la política”, señaló.

En el encuentro que se realiza en el marco de la quinta edición de La Caravana de la Justicia, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que, según datos de la Contraloría General de la República, anualmente se pierden entre diez mil y doce mil millones de soles por actos de corrupción.

“Debido a este mal uso de los recursos, nos estamos privando de implementar obras de impacto que atiendan las demandas de la ciudadanía. Por eso decimos que la lucha contra la corrupción es un derecho humano, dado que es un principio elemental para el buen vivir”, enfatizó Zeballos.

DECLARACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

Como parte de las actividades, la ministra de Justicia, Ana Revilla, la secretaria de Integridad Pública, Susana Silva, el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, y alcaldes distritales suscribieron la “Declaración de integridad y lucha contra la corrupción, con enfoque en derechos humanos”.

El documento compromete al Gobierno Regional de Ayacucho a fortalecer y empoderar la Comisión Regional Anticorrupción de Ayacucho, a fin de impulsar su debido funcionamiento. El GORE también deberá elaborar, con la participación de los integrantes de la comisión, un plan regional de integridad y lucha contra la corrupción

El plan tendrá que establecer acciones concretas para mitigar los riesgos y fortalecer las capacidades de las instituciones. Se deberá poner énfasis en las áreas de mayor riesgo como son las contrataciones y adquisiciones, las obras de infraestructura, los recursos humanos, los servicios públicos a la ciudadanía. También se establecerá un mecanismo eficiente para promover la denuncia ciudadana contra la corrupción.

Por otra parte, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se compromete a prever de asistencia técnica al Gobierno Regional de Ayacucho para la creación de las oficinas de integridad institucional, la elaboración de los planes de integridad y la declaración jurada de intereses, para lo cual pondrá a disposición la herramienta informática en funcionamiento.

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Política

Abre investigación preliminar contra fiscal José Pérez

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal supremo Tomás Gálvez abrió una investigación preliminar contra el integrante del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, por el presunto delito de abuso de autoridad y prevaricato durante su labor en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto en Moquegua en el año 2010.

Según la resolución, en esta investigación también está incluida Katia Guillén Mendoza quien se desempeñaba como fiscal superior de Moquegua.

En tal sentido, solicita a ambos magistrados a remitir sus informes de descargo correspondiente, debidamente “fundamentado y documentado”, en el plazo de cinco días hábiles.

“Más el término de la distancia, en torno a las imputaciones formuladas en su contra, para tal efecto se le deberá notificar con copia de la presente disposición, así como del escrito de denuncia y sus anexos pertinentes”, refiere el documento.

Asimismo, Gálvez solicita que ambos investigados deberán precisar su domicilio procesal “a efectos de ser notificado con los pronunciamientos que se emitan posteriormente”.

La investigación preliminar se centra en la imputación a Pérez Gómez y Guillén Mendoza por haber ordenado a la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público edite un video y difunda información del caso denominando “Colesi”.

Agrega que en dicho video se presenta ante la opinión pública a los investigados como culpables de delitos contra la administración pública.

Como se recuerda, el pasado 18 de noviembre el Poder Judicial dictó ocho meses de impedimento de salida del país contra Tomás Gálvez, quien está dentro de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal.

Al referido fiscal se investiga por los supuestos nexos con el exjuez supremo César Hinostroza y el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez.

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