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Política

La Cantuta es una herida abierta

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La Cantuta es una herida abierta

El 18 de julio de 1992, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación – Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por integrantes del Grupo Colina, quienes posteriormente enterraron los cuerpos en fosas clandestinas. 27 años después, conversamos con Avelino Guillén, el fiscal que en su momento fue responsable de la investigación y la acusación contra el dictador Alberto Fujimori, que hoy cumple prisión por ese y otros delitos.

Avelino Guillén

—Han pasado 27 años desde del crimen de La Cantuta. ¿Sigue siendo el caso más emblemático de violaciones a derechos humanos en el Perú?

—El solo hecho de haber logrado la extradición y el juzgamiento y condena del exdictador Alberto Fujimori constituye un hecho excepcional en la historia del Perú. Si recordamos, en los años 90, Fujimori parecía un personaje invulnerable al cual la ley no alcanzaba a pesar de cargar diversas denuncias por violaciones a derechos humanos.

En consecuencia, este proceso es un hito en la historia jurídica del país y es el hecho más importante de una condena por un crimen de lesa humanidad ejecutado por orden de las máximas autoridades del régimen fujimorista, encabezadas por Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos.

—¿Recuerda cómo llegó a este caso?

—Yo integro el equipo de fiscales que iba a participar en el megaproceso, y la ventaja que yo tenía era que conocía bastante sobre el funcionamiento de la organización de la red delictiva que empezó a operar en enero de 1991 en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Esto, en virtud de que participé en diversos procesos contra jefes y líderes de esa organización. Varios integrantes del fujimorismo fueron sometidos a procesos, y del 2001 al 2007 participé de varios juicios orales, por ello pude conocer la red, sus objetivos y estructura.

—¿Cuán complicado fue realizar las investigaciones considerando el enorme poder de los imputados?

—Fue un esfuerzo extraordinario, una labor de equipo muy grande. Un hecho importante fue obtener las declaraciones de algunos integrantes del destacamento Colina, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Nosotros analizamos cuál era la naturaleza de las funciones de este órgano de ejecución, el destacamento Colina, y el primer gran debate era si existió o no el destacamento Colina y de quién dependía. Fujimori sostenía que era un grupo descarriado que actuaba por cuenta propia; pero nosotros demostramos que era un órgano de ejecución que seguía planes de inteligencia y dependía de los aparatos de inteligencia durante el régimen de Fujimori.

Nosotros logramos demostrar la existencia de un aparato criminal en el SIN y que entró en funcionamiento en enero de 1991. También demostramos que ese aparato de poder tenía una cadena de mando y un órgano directriz con el triunvirato Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, y que tenía un órgano de ejecución que efectuaba las operaciones de inteligencia de acuerdo a los planes diseñados por ellos. El destacamento estaba integrado por elementos del ejército en actividad y perpetró otras matanzas a nivel nacional.

—¿El hecho de que las víctimas sean acusadas de terroristas, hizo más complicado formular la acusación?

—La estrategia del fujimorismo fue enlodar y mantener la negación de la verdad. Si me pide una definición en una línea, diría que el juicio fue el triunfo de la verdad. La parte final de la sentencia, en el punto 827, señaló que los agraviados de Barrios Altos y La Cantuta no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso ni integraban esa organización criminal. Sin embargo, como estrategia de defensa, el fujimorismo siempre atribuyó de manera absolutamente falsa la condición de supuestos terroristas a las víctimas, lo cual fue descartado por la corte en su sentencia.

El proceso se inició en diciembre de 2007 y terminó en abril de 2009, una gran batalla jurídica donde la verdad se abrió paso sin atenuantes, y se probó de manera irreprochable y ante diversos observadores nacionales e internacionales, la culpabilidad de Alberto Fujimori.

La Cantuta es una herida abierta

—¿La estigmatización de las víctimas impidieron a la población visibilizar los hechos correctamente?

—Cuando mostramos la estructura de la organización del Grupo Colina, Fujimori adoptó la estrategia de decir que estaba en un proceso por 25 personas cuando él había defendido a 25 millones del terrorismo, entonces cuando se señala que las víctimas estarían vinculadas al terrorismo, una parte de la población se pone una venda en los ojos y pareciera negar los hechos y hasta justificarlos. Pero gracias a los medios de prensa el juicio fue transmitido en su integridad en directo y también hubo sectores informados que pudieron contrastar las argumentaciones formarse una mejor opinión.

—En esta historia, ¿qué tan importante ha sido la lucha emprendida por los familiares de las víctimas?

—Ellos han tenido una actividad heroica muy importante, pues con su presencia permanente en todas las actuaciones judiciales, su persistencia y decisión de salir a decir la verdad, a debatir, a expresar su sufrimiento, han hecho que gran parte de la población se haya sensibilizado con estos graves hechos.

A pocos días de la matanza los familiares presentaron un hábeas corpus contra varios jefes militares, y gracias a eso en algún momento esos jefes dieron declaraciones que más adelante fueron útiles durante el juicio, por una serie de contradicciones en que incurrieron.

Entonces, la importancia de los familiares es vital, no se habría avanzado mucho si no fuera por la entrega absoluta y las expresiones de amor de los familiares por sus hermanos e hijos, exigiendo justicia.

—Habría deuda pendiente por parte del Estado considerando que hay implicados que no han sido procesados judicialmente…

—En el destacamento Colina participaron diversos estamentos del Ejército, y el mismo comandante general Hermoza Ríos ordenó se le brinde facilidades a este destacamento militar en La Cantuta. Así como él, varios jefes militares están comprometidos y pendientes de ser juzgados por el Poder Judicial. Igualmente, no se han encontrado los restos de cinco víctimas. Esas son tareas que hay que llevar adelante.

—¿Se configura delito de encubrimiento al no procesar a algunos de los responsables y al no exigir que confiesen dónde están los cuerpos hoy desaparecidos?

—En estos temas pendientes hay responsabilidad del Poder Judicial. Entiendo que hay una sala especializada en esos temas y esperamos que se programen cuanto antes esas diligencias y que el Ministerio Público continúe trabajando para que se logren hallar los restos de los cuerpos de las cinco víctimas que faltan ubicar. No podemos hablar de justicia si tenemos todavía esta herida abierta, si tenemos cinco cuerpos desaparecidos y sigue pendiente el juzgamiento de los responsables que faltan procesar.

—¿Existe un plazo para que esto ocurra?

—Hay un plazo que debe cumplirse, aunque esta es una respuesta que la tiene que dar el Poder Judicial, deben explicar el porqué hasta ahora no se ha culminado con el juzgamiento de todos los responsables de la matanza de La Cantuta. Esto sigue pendiente y es uno de los pasivos del Poder Judicial.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Para fujimorismo, el diálogo es un canje de impunidad

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón y Martín Vizcarra Cornejo

El analista Miguel Jugo consideró que la intención real del pretendido diálogo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, propuesto por el fujimorismo a través del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, es presionar al Ejecutivo para la aceptación de “determinados requerimientos”. “Cuando el fujimorismo habla de diálogo, ellos piensan en negociar cosas concretas. Creo que el primer escenario que manejan es el de tratar de convencer al Presidente de que acepte determinados requerimientos, plantearle un canje donde ellos puedan hallar impunidad”, afirmó.

“Recordemos que el fiscal Pérez ha anunciado que tiene cerca de 50 colaboradores eficaces en la acusación contra Fuerza Popular. Entonces, lo que quieren es que el Presidente le quite respaldo político a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato”, agregó.

Para Jugo, es claro que el otro escenario que maneja Fuerza Popular es el de la vacancia. “Y para eso están organizando a sus filas y tratan la propuesta como si fuese un capricho del Presidente. Este Congreso no representa para nada a la población”, señaló.

SU TÁCTICA ES INSULTARLO

Ante el constante asedio al que pretenden someter al presidente Vizcarra -gestión de Mauricio Mulder por la vacancia, anuncio del Apra de rechazar el adelanto de elecciones, intención de Gilbert Violeta de limitar la cuestión de confianza, confrontación irrespetuosa de Pedro Olaechea- Jugo señaló que el fujimorismo “está implementando su táctica”, en la cual supuestamente se habla de buscar el diálogo, pero con una clara intención de imponer.

“El mismo Presidente lo reconoció en su libro cuando intentaron vacar a PPK: el fujimorismo busca que agache la cabeza como los caballos ante su domador. Entonces, ¿cómo se puede hablar de diálogo con gente que lo ha calificado hasta de ‘mal nacido’? Se busca doblegarlo para someterlo a los dictados de ellos”, advirtió.

Lo peor de todo, agregó Jugo, es que no buscan “someterlo” a un plan de gobierno o defensa del país, “sino a la defensa de sus intereses particulares, a la corrupción”.

SEPTIEMBRE ES EL LÍMITE

Respecto a la decisión del primer mandatario de fijar el mes de setiembre como el límite para aprobar el adelanto de elecciones – lo cual emplaza directamente al Parlamento -, Jugo indicó que el presidente Vizcarra “demostró el 28 de julio estar consciente de que existe una campaña de parte de Fuerza Popular y otros grupos vinculados a temas de corrupción para sacarlo del cargo”.

“Esos grupos consideran que el Presidente maneja la Fiscalía, y se puede notar en el caso del pedido fiscal para revocarle la prisión preventiva a PPK, en que le echan la culpa al Presidente. Se están jugando la posibilidad de impedir muchas investigaciones a varios de esos congresistas”, indicó.

Jugo recordó que el presidente Vizcarra también ha manifestado que si el adelanto de elecciones no es una salida, está abierto a escuchar alternativas. “Un marco constitucional no puede negar la posibilidad de una salida democrática, que es lo que queremos todos los peruanos, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y que tengamos una nueva representación acorde con lo que quiere el país”, añadió.

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Política

La calle se hará escuchar

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En cuanto al necesario respaldo popular que debe encontrar el presidente Vizcarra en la propuesta de adelanto de elecciones, Miguel Jugo advirtió que la ciudadanía en los últimos años “ha aprendido a reaccionar ante escenarios donde se nota claramente la acción de la corrupción”.

En ese sentido, recordó las manifestaciones espontáneas incluso en fechas festivas como 24 y 31 de diciembre, cuando miles marcharon en protesta por el indulto a Fujimori o por la destitución de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“A la población ahora no la sorprenden. Lo que pasa es que, por diversas razones, no se produce todavía el elemento disparador para estas movilizaciones. Pero si bien es cierto no hay todavía una disposición en la gente de salir a la calle, quizás porque se piensa que las cosas se pueden manejar, sí creo que una vez que se gatille la protesta el efecto va a ser muy fuerte y duradero”, sentenció.

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Política

Hasta las puertas de la Confiep

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No a la reforma laboral esclavista

El viernes por la noche miles de manifestantes llegaron hasta la sede de la Confiep en San Isidro, en el marco de la jornada de protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y sus bases sindicales. Los manifestantes protestaron por las políticas laborales impulsadas desde la Confiep y exigieron el adelanto de las elecciones para acabar con la corrupción.

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