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Política

La caída del fiscal general del Perú

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Pedro Gonzalo Chávarry

Cayó el fiscal general acusado de utilizar su cargo para proteger a Keiko Fujimori, excandidata presidencial y jefa de la oposición que controla el Congreso, y al expresidente Alan García, ambos investigados por corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht.

El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, renunció acorralado por las denuncias en su contra. Deja el cargo seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial.

Su gestión estuvo marcada por sus acciones para obstruir las investigaciones fiscales a Keiko y García. Su salida era exigida por el Gobierno, diversos sectores políticos, organizaciones sociales y protestas ciudadanas que tomaron las calles bajo el grito: Fuera Chávarry.

NUEVOS AIRES

El renunciante fiscal general ha sido reemplazado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, una crítica de la gestión de Chávarry. En sus primeras medidas, Ávalos declaró en emergencia la Fiscalía de la Nación y anunció su total apoyo al equipo fiscal que investiga el caso Odebrecht, que Chávarry intentó descabezar.

También señaló que fortalecerá las investigaciones fiscales sobre una mafia judicial, con la que han sido involucrados Chávarry y otros dos fiscales supremos.

Las horas finales de Chávarry comenzaron a correr con el nuevo año, luego que la noche del 31 de diciembre, a solo cuatro horas del cambio de año, destituyó a los dos fiscales más importantes en el caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han puesto en prisión preventiva a Keiko y han obtenido una orden de impedimento de salida del país para García.

PACTO DE IMPUNIDAD

Esa medida, interpretada como parte de un pacto de impunidad de Chávarry con Keiko y García, cuyos partidos en el Congreso han venido bloqueando las acusaciones en su contra por sus vínculos con una red de corrupción judicial, gatilló protestas en las calles y un rechazo generalizado, con las excepciones del fujimorismo y del partido de García.

En medio de las movilizaciones ciudadanas exigiendo la salida del fiscal general, el presidente Martín Vizcarra cuestionó duramente la destitución de los dos fiscales del caso Odebrecht y en una rápida respuesta a esa medida presentó al Congreso un proyecto de ley para declarar en emergencia la Fiscalía de la Nación, lo que llevaría a la destitución del fiscal general.

La presión hizo retroceder a Chávarry, que dos días después de haberlos destituido repuso a los fiscales Vela y Pérez. Pero eso no bajó el tono a las críticas en su contra. Continuaron las movilizaciones ciudadanas exigiendo que deje el cargo.

La crisis escaló rápidamente, desde todos los sectores, incluidos sus colegas de la Fiscalía, le pedían su renuncia. Su permanencia en el cargo, al que se aferraba desesperadamente, se volvió insostenible.

CURRÍCULUM OSCURO

El ahora ex fiscal general ha tenido una oscura trayectoria. Tuvo un cargo clave en la Fiscalía durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko, cuando la Fiscalía se dedicaba a encubrir los crímenes de ese régimen, envuelto en escándalos de corrupción y denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Luego de la caída de la dictadura fue separado de la Fiscalía, pero regresó a ella durante el gobierno de García. En el tiempo que estuvo lejos de la Fiscalía, ejerció como abogado. Su cliente más notorio fue un traficante de armas procesado por pagar más de diez millones de dólares en sobornos al gobierno de Fujimori.

Escuchas telefónicas reveladas en julio pasado lo involucran con una mafia judicial que negociaba sentencias y nombramientos de jueces y fiscales. Como fiscal general, se concentró en hostilizar a los fiscales que investigan por corrupción a Keiko y García, y en entorpecer ambos casos.

Alan García Pérez - Keiko Fujimori Higuchi

GRANDES PERDEDORES

Keiko Fujimori y Alan García son los grandes perdedores con la caída del fiscal general al que tenían como aliado para intentar salir de sus graves problemas judiciales. Keiko está acusada de lavar un millón de dólares recibidos ilegalmente de Odebrecht para su campaña de 2011.

García es investigado por el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña por la construcción del Metro de Lima, por documentos que revelan que recibió en forma oculta 100 mil dólares desde las cuentas para pagos ilícitos de Odebrecht y por un aporte ilegal de 200 mil dólares a su campaña de 2006.

La permanencia de Chávarry como cabeza de la Fiscalía de la Nación había generado una grave crisis y puesto en riesgo el proceso anticorrupción que investiga el caso Odebrecht. El fiscal Pérez denunció que con Chávarry la Fiscalía de la Nación había sido “tomada por una organización criminal”.

El ex fiscal general intentó tumbar un acuerdo de cooperación judicial con Odebrecht que está pendiente de ser firmado y ratificado, sacando a los dos fiscales que lo negociaron, pero debió reponerlos y fracasó. Ahora el tema ha sido retomado.

ACUERDO CON ODEBRECHT

Ese acuerdo, que permitirá que la empresa entregue información y evidencias de la corrupción que compromete a cuatro expresidentes –Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)– a Keiko Fujimori, a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a otros funcionarios y empresarios, es considerado clave para avanzar en el caso y tiene muy nerviosos a muchos, uno de ellos el expresidente García, que en noviembre fracasó en un intento de fugar pidiendo asilo al Uruguay.

La salida de Chávarry es considerada fundamental para el avance del caso Odebrecht. Ya no es fiscal general, pero continúa como fiscal supremo, con lo que mantiene una cuota de poder en la Fiscalía, situación que preocupa y es muy cuestionada.

ALGO MÁS

A Chávarry le esperan cinco acusaciones constitucionales en el Congreso y enfrentar investigaciones por sus vínculos con una mafia judicial y por obstrucción a la justicia y encubrimiento.

 

CARLOS NORIEGA
PAGINA 12
ARGENTINA

Política

Instan a Salaverry a reorganizar comisiones del Congreso

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Walter Albán

El miembro del Consejo Ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo que el Congreso debe analizar en forma inmediata la posibilidad de reconsiderar la votación que rechazó la propuesta para recomponer las comisiones parlamentarias, a fin de garantizar una adecuada representación en el Poder Legislativo.

Refirió que el archivamiento de parte de la denuncia contra Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, cuya mayoría la tiene Fuerza Popular, evidencia la necesidad de hacer cambios urgentes en ese grupo de trabajo y en otras comisiones.

“Quienes están en el Congreso y se dan cuenta lo que ocurre por lo menos debieran buscar la forma de concretar la recomposición de las comisiones parlamentaria, de manera inmediata”, declaró.

En ese sentido, consideró necesario que los congresistas que no pertenecen a Fuerza Popular dialoguen y hagan esfuerzos para poner ese tema en debate lo más pronto posible.

Alberto Adrianzén

SIN EMBARGO…

Quien se mostró sorprendido por el pedido es el analista político Alberto Adrianzén, quien dijo que el asunto ya se había visto pero que el titular del Congreso en lugar de dedicarse a ello está metido en leguleyadas que no llevan a nada bueno.

“Todo este problema del Congreso ya se ha votado, yo no entiendo por qué Walter Albán toca este tema que ya fue votado en el Congreso”, dijo de manera tajante al referirse a este tema.

Y en seguida agregó: “Lo que debe de hacer Walter Albán, que es de Proética, es pedir que se investigue al señor Daniel Salaverry que está haciendo un abuso de su poder en el Congreso”.

“Salaverry prometió la recomposición y se votó, pero no fue aceptada. Lo que debe pedir el señor Walter Albán, que está interesado en la ética, porque es de Proética, esa que Salaverry cumpla en presentar su caso al Pleno del Congreso”, denunció.

Alberto Quintanilla

SERÍA IDEAL PERO FALTA PRESIÓN SOCIAL

“Yo no veo espacio en qué momento, porque la vez pasada se votó y se perdió. Ese es un pedido de la sociedad civil, pero en el Congreso ya se perdió”, dijo el congresista Alberto Quintanilla.

“Se perdió en el momento previo a la cuestión de confianza. Si existe esa propuesta hay que escucharla, además nosotros si estaríamos interesados en eso. El tema del Congreso es bien complicado; solo hay que esperar al 28 de julio”, comentó.

“Solo va a suceder si hay una presión social, que la veo bien difícil y que haya una correlación favorable, que también la veo difícil. No había pensado de que era posible en esta coyuntura”, analizó.

“Yo creo que sería lo ideal, pero no veo cómo realizar eso hasta el 28. Voy a ver este asunto y ponerlo en consulta para ver si es posible o no hacerlo antes”, concluyó Quintanilla.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

¿Ya no son mayoría?

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Bancada de Fuerza Popular

“Los congresistas de Fuerza Popular ya no son mayoría. Debemos respetar la proporcionalidad”, aseveró Walter Albán de Proética.

Además, remarcó que esa recomposición es urgente para garantizar la aprobación de las reformas políticas planteadas por el Poder Ejecutivo, sin que estas sean desnaturalizadas.

Remarcó que ciudadanía también debe estar más vigilante a todas las acciones que realice la mayoría fujimorista, especialmente a eventuales cambios a la reforma política planteada por el Ejecutivo.

“Considerando como vienen actuando (los congresistas de Fuerza Popular) deberíamos poner en el tapete la manera como se desarrollan en el Congreso”, acotó.

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Política

Caso Chávarry debe tener prioridad en Comisión Permanente

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Pedro Gonzalo Chávarry y Luis Galarreta

La Comisión Permanente del Congreso, que asumirá las funciones del Pleno durante el receso parlamentario, debe revisar con prioridad las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y acabar con “el blindaje” que lo beneficia, sostuvo el legislador Marco Arana del Frente Amplio.

Arana sostuvo que corresponde a la Comisión Permanente revisar su decisión del 28 de mayo pasado cuando archivó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por 10 años de Chávarry.

Dijo, además, que la Comisión Permanente deberá revisar la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en torno a la denuncia constitucional 322 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, contra Pedro Chávarry, la cual fue archivada en parte por este grupo de trabajo.

“La Comisión Permanente tiene que revisar estas denuncias, en todo caso esperamos que haya un ánimo diferente a la que vimos antes en este grupo de trabajo y que se acabe con el blindaje al exfiscal de la Nación”, afirmó.

PUEDE HACERLO

“Me parece acertada la opinión en el contexto de este enfrentamiento de la cuestión de confianza, obviamente ya se sabía cómo el fujimorismo iba a actuar blindando a Chávarry. Yo creo que no está mal que Arana haga ese legítimo pedido”, dijo Alejandra Dinegro.

“La Comisión Permanente del Congreso va a asumir las funciones del Pleno, pero creo que si bien son prioritarias las reformas políticas, puede verse el caso Chávarry, y en este pedido coincide mucha gente que se ha horrorizado que se le siga blindando”, precisó.

“Esa prioridad no debe ser solamente el orden interno del Congreso en cuanto a la organización, sino en esta denuncia constitucional contra el ex Fiscal de la Nación. Una vez acabado este blindaje a personajes tan corruptos; de hecho me parece acertada su sugerencia”, comentó.

“Y eso se puede llevar a cabo dependiendo de los congresista que integran la Comisión Permanente. De hecho yo creo que pueden hacerlo y dejar de seguir blindando a personajes tan corruptos, pero eso está por verse”, concluyó la analista política Alejandra Dinegro.

OTRO ESCENARIO

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), dijo que la idea es positiva, pero se debe esperar que el Pleno vea el caso Chávarry como cuando se vio el caso de Hinostroza en que se presentó una moción de reconsideración.

“Yo creo que, como lo dije antes, la Comisión Permanente va a seguir actuando igual que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que la Comisión de Constitución, porque está conformada por mayoría fujiaprista”, objetó.

“Pienso que hay que actuar con estrategia y presentar que se revise el tema en el Pleno, que creo va a ser en la próxima legislatura, porque esta se ha ampliado hasta el 25 de julio y solo se van ver los casos de las reformas”, sugirió.

“Además ese va a ser otro escenario porque ya se sabrá el terreno que se pisa con la nueva recomposición de las comisiones y de la Mesa Directiva; entonces se verá cómo se llevará el caso de la revisión del blindaje a Chávarry”, vaticinó.

PRUEBAS FIRMES

El abogado Quispe manifestó que contra Chávarry hay pruebas sólidas y que incluso Zoraida Ávalos, la fiscal de la Nación, presentó argumentos irrefutables para investigar al ex fiscal de la Nación, hoy fiscal supremo.

“Todo ello fue tratado con irrespeto y se blindó nuevamente a Chávarry sin importarles que su caso tiene pruebas fehacientes y que es muy cuestionado, por su comportamiento ya hecho público”, sostuvo.

ALGO MÁS

Sin embargo, Quispe afirmó que se debe informar a la ciudadanía para que sepa lo que está sucediendo y entienda que su caso solo tiene la oportunidad de verse con fuerza y objetivamente, en el Pleno del Congreso.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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