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Política

La caída del fiscal general del Perú

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Pedro Gonzalo Chávarry

Cayó el fiscal general acusado de utilizar su cargo para proteger a Keiko Fujimori, excandidata presidencial y jefa de la oposición que controla el Congreso, y al expresidente Alan García, ambos investigados por corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht.

El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, renunció acorralado por las denuncias en su contra. Deja el cargo seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial.

Su gestión estuvo marcada por sus acciones para obstruir las investigaciones fiscales a Keiko y García. Su salida era exigida por el Gobierno, diversos sectores políticos, organizaciones sociales y protestas ciudadanas que tomaron las calles bajo el grito: Fuera Chávarry.

NUEVOS AIRES

El renunciante fiscal general ha sido reemplazado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, una crítica de la gestión de Chávarry. En sus primeras medidas, Ávalos declaró en emergencia la Fiscalía de la Nación y anunció su total apoyo al equipo fiscal que investiga el caso Odebrecht, que Chávarry intentó descabezar.

También señaló que fortalecerá las investigaciones fiscales sobre una mafia judicial, con la que han sido involucrados Chávarry y otros dos fiscales supremos.

Las horas finales de Chávarry comenzaron a correr con el nuevo año, luego que la noche del 31 de diciembre, a solo cuatro horas del cambio de año, destituyó a los dos fiscales más importantes en el caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han puesto en prisión preventiva a Keiko y han obtenido una orden de impedimento de salida del país para García.

PACTO DE IMPUNIDAD

Esa medida, interpretada como parte de un pacto de impunidad de Chávarry con Keiko y García, cuyos partidos en el Congreso han venido bloqueando las acusaciones en su contra por sus vínculos con una red de corrupción judicial, gatilló protestas en las calles y un rechazo generalizado, con las excepciones del fujimorismo y del partido de García.

En medio de las movilizaciones ciudadanas exigiendo la salida del fiscal general, el presidente Martín Vizcarra cuestionó duramente la destitución de los dos fiscales del caso Odebrecht y en una rápida respuesta a esa medida presentó al Congreso un proyecto de ley para declarar en emergencia la Fiscalía de la Nación, lo que llevaría a la destitución del fiscal general.

La presión hizo retroceder a Chávarry, que dos días después de haberlos destituido repuso a los fiscales Vela y Pérez. Pero eso no bajó el tono a las críticas en su contra. Continuaron las movilizaciones ciudadanas exigiendo que deje el cargo.

La crisis escaló rápidamente, desde todos los sectores, incluidos sus colegas de la Fiscalía, le pedían su renuncia. Su permanencia en el cargo, al que se aferraba desesperadamente, se volvió insostenible.

CURRÍCULUM OSCURO

El ahora ex fiscal general ha tenido una oscura trayectoria. Tuvo un cargo clave en la Fiscalía durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko, cuando la Fiscalía se dedicaba a encubrir los crímenes de ese régimen, envuelto en escándalos de corrupción y denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Luego de la caída de la dictadura fue separado de la Fiscalía, pero regresó a ella durante el gobierno de García. En el tiempo que estuvo lejos de la Fiscalía, ejerció como abogado. Su cliente más notorio fue un traficante de armas procesado por pagar más de diez millones de dólares en sobornos al gobierno de Fujimori.

Escuchas telefónicas reveladas en julio pasado lo involucran con una mafia judicial que negociaba sentencias y nombramientos de jueces y fiscales. Como fiscal general, se concentró en hostilizar a los fiscales que investigan por corrupción a Keiko y García, y en entorpecer ambos casos.

Alan García Pérez - Keiko Fujimori Higuchi

GRANDES PERDEDORES

Keiko Fujimori y Alan García son los grandes perdedores con la caída del fiscal general al que tenían como aliado para intentar salir de sus graves problemas judiciales. Keiko está acusada de lavar un millón de dólares recibidos ilegalmente de Odebrecht para su campaña de 2011.

García es investigado por el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña por la construcción del Metro de Lima, por documentos que revelan que recibió en forma oculta 100 mil dólares desde las cuentas para pagos ilícitos de Odebrecht y por un aporte ilegal de 200 mil dólares a su campaña de 2006.

La permanencia de Chávarry como cabeza de la Fiscalía de la Nación había generado una grave crisis y puesto en riesgo el proceso anticorrupción que investiga el caso Odebrecht. El fiscal Pérez denunció que con Chávarry la Fiscalía de la Nación había sido “tomada por una organización criminal”.

El ex fiscal general intentó tumbar un acuerdo de cooperación judicial con Odebrecht que está pendiente de ser firmado y ratificado, sacando a los dos fiscales que lo negociaron, pero debió reponerlos y fracasó. Ahora el tema ha sido retomado.

ACUERDO CON ODEBRECHT

Ese acuerdo, que permitirá que la empresa entregue información y evidencias de la corrupción que compromete a cuatro expresidentes –Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)– a Keiko Fujimori, a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a otros funcionarios y empresarios, es considerado clave para avanzar en el caso y tiene muy nerviosos a muchos, uno de ellos el expresidente García, que en noviembre fracasó en un intento de fugar pidiendo asilo al Uruguay.

La salida de Chávarry es considerada fundamental para el avance del caso Odebrecht. Ya no es fiscal general, pero continúa como fiscal supremo, con lo que mantiene una cuota de poder en la Fiscalía, situación que preocupa y es muy cuestionada.

ALGO MÁS

A Chávarry le esperan cinco acusaciones constitucionales en el Congreso y enfrentar investigaciones por sus vínculos con una mafia judicial y por obstrucción a la justicia y encubrimiento.

 

CARLOS NORIEGA
PAGINA 12
ARGENTINA

Política

Roque Benavides, candidato del Apra para el 2021

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en

Alan García Pérez y Roque Benavides

Las permanentes apariciones de Roque Benavides en los medios son aprovechadas para criticar a los fiscales del equipo Lava Jato, al nuevo premier Salvador del Solar y a su antecesor César Villanueva. La reciente acusación de que el titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) presionó al Ministerio de Economía para modificar la Ley Antielusiva hace pensar a algunos en su interés por postular a las elecciones generales del 2021 con agrupaciones ideológicamente próximas como el Apra o el fujimorismo.

AFÍN AL APROFUJIMORISMO

El analista político Carlos Monge sostiene que la alianza aprofujimorista es la más afín a los principios ideológicos de Roque Benavides, por lo que no le sorprendería que quiera postular con alguna de esas organizaciones en el 2021.

“No tengo la menor duda que si Roque Benavides decidiera tener una proyección política y postular en el 2021 lo haría dentro de la alianza aprofujimorista. Las organizaciones afines a su postura ideológica son el Apra y el fujimorismo”, sostuvo al Diario UNO y en relación a los recientes comentarios del periodista Augusto Álvarez Rodrich, en referencia a que hay versiones que indican que el titular de la Confiep buscaría candidatear por el partido de la estrella.

ALTERNATIVA DE LA DERECHA

Sobre esto mismo, el congresista del Frente Amplio Hernando Cevallos dijo al Diario UNO que al ser el Apra y el fujimorismo defensores de los grandes grupos económicos, Benavides tendría afinidad con ambas organizaciones.

“Roque Benavides va a tener afinidad con cualquier partido que defienda los intereses de los grandes grupos económicos, que es lo que han hecho el Apra y el fujimorismo en los últimos años, además de estar muy cercanos a la corrupción. No me sorprendería que aparezca en cualquiera de las alternativas de la derecha peruana”.

APRISTA DE CORAZÓN

Diversos sectores aseguran que Benavides estaría usando su autoridad en la Confiep como plataforma de una posible campaña política para las elecciones presidenciales del 2021.

Durante una entrevista el propio Benavides sostuvo: “Soy un orgulloso sobrino nieto de Víctor Raúl, con quien tuve una tremenda cercanía”. Asimismo, citó al dirigente aprista Ramiro Pialé: “Conocí a don Ramiro Prialé, un hombre muy sencillo, que decía ‘dialogar no es pactar’”

CONFIEP Y EL FUJIMORISMO

El acercamiento entre la Confiep y el fujimorismo pasa de lo ideológico al financiero. La Fiscalía señala que la empresa brasileña Odebrecht usó como intermediario a la Confiep para la entrega de 200 mil dólares, a fin de emplearse en la campaña de Keiko Fujimori cuando en el 2011 compitió en la segunda vuelta contra Ollanta Humala.

Pese a las evidencias, Benavides lo niega sosteniendo que el dinero fue usado para promover una campaña institucional a favor de la empresa privada.

Frente a ello, Carlos Monge recuerda el éxito económico alcanzado por Benavides durante el fujimorismo: “Se conoce que como empresario minero le ha ido muy bien bajo el gobierno de Fujimori y había un conjunto de rumores respecto a cómo se dio la concesión de Yanacocha”.

CONTRA DEL SOLAR

Coincidiendo con las opiniones del fujimorismo, apenas se supo la designación de Salvador del Solar como presidente del Consejo de Ministros, Benavides puso en duda su capacidad de gestión señalando que estaba más vinculado a labores artísticas.

“No sé qué tanta capacidad de gestión tiene el señor Del Solar. Es evidente que su profesión es más artística que de gestión y nosotros nos hemos pronunciado porque creíamos que debíamos de buscar a un gestor. Espero que el Primer Ministro saque capacidades de gestión, porque eso necesitamos en el Perú”, sostuvo. Benavides también minimizó el trabajo realizado por el Gabinete Villanueva al calificarlo de “mediocre” y sostener que en 11 meses de gestión no “haya hecho algo importante”

LEY ANTIELUSIVA

Una investigación del portal Ojo-publico.com reveló que Benavides habría presionado al Ministerio de Economía para frenar el reglamento de la Norma XVI que combatirá la millonaria fuga de impuestos a los paraísos fiscales. Cartas del titular de la Confiep al Ministerio de Economía y presiones de allegados en el Congreso pretendieron bloquear la labor de la Sunat, a fin que la norma antielusiva no sea retroactiva y que no se multe a las compañías infractoras.

CONTRA FISCALES

Benavides se la emprendió contra los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, de quienes dijo que no consiguieron información sustantiva durante su último viaje a Brasil.

En varias oportunidades, el titular de la Confiep insistió que existe una campaña de destrucción contra el sector privado por parte de las autoridades judiciales y calificó de injusto el trato que se está dando a su predecesor Ricardo Briceño, sindicado como miembro de una organización criminal junto a Keiko Fujimori, como parte del caso “Cocteles”

Al respecto, Carlos Monge señala: “Mientras Alan García se consideraba un perseguido político y se asilaba en la Embajada de Uruguay, Roque Benavides declara contra la Fiscalía y contra el Gobierno; sostuvo que hay una persecución contra el sector privado”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Peligro de que partidos políticos copen la JNJ

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María Elena Portocarrero - Maritza García - Luis Lamas Puccio

El abogado Luis Lamas Puccio afirmó que se corre el peligro de que los integrantes de la JNJ no sean independientes y usen ese cargo como “trampolín político”. Por su parte, la congresista Maritza García manifestó que “la JNJ no debe estar contaminada como lo fue el ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”. De este modo, ambos coincidieron con la decana del CAL, Portocarrero.

En un conversatorio en el que se habló sobre la metodología de evaluación de los candidatos, la meritocracia y la cuota de género, entre otros aspectos, se concluyó que “los que resulten elegidos como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no deben,absolutamente, tener licencia de militancia política y ser independientes.

La decana del CAL dijo que esta posición forma parte de las conclusiones alcanzadas durante un conversatorio con especialistas en derecho constitucional realizado por el gremio que dirige, y que serán alcanzadas la semana que viene a la comisión encargada de elegir a los integrantes de la JNJ.

Según la ley, dijo, se considera la posibilidad de que los miembros del JNJ tengan licencia, pero “la licencia no te quita la esencia. Es preferible, si queremos recuperar el prestigio y credibilidad, que las personas elegidas tengan independencia partidaria absoluta”, declaró.

Subrayó que ello implica “no militancia ni licencia” en cualquier organización política. “Hay que ser drásticos, debemos recuperar la confianza ciudadana y para eso es preferible la independencia absoluta”.

QUE FIRMEN UN ACUERDO

Es fundamental y muy importante; no dejemos de llorar porque tres de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) han sido elegidos por el Congreso, cuando tenía mayoría absoluta Fuerza Popular (FP)”, dijo el abogado Luis Lamas Puccio.

“No han sido elegidos a través de un proceso democrático, independiente; entonces, yo creo que es fundamental que los integrantes de esta JNJ sean absolutamente independientes”, recalcó.

“Que sus miembros no pertenezcan o hayan pertenecido a alguna agrupación política, porque eso influiría en sus decisiones y eso sería contraproducente para lo que se quiere tener”, precisó Lamas Puccio.

“Por ello -agregó- yo creo que es sumamente importante que se firme un acuerdo en donde se diga que ellos no pertenecen a ninguna agrupación política y que además que tampoco aspirarían, más adelante, a ocupar un cargo político. Creo que esto es sumamente importante”.

TRAMPOLÍN POLÍTICO

“Hay un doble sentido: que no pertenezcan y se comprometan a que no van a ejercer una función pública de elección popular en los próximos cinco años”, remarcó tajantemente.

“Porque muchas veces estos cargos son usados como trampolín político más adelante. De lo que se trata es de que sean funcionarios totalmente alejados de cualquier proyecto político”, concluyó Lamas Puccio.

Asimismo, la congresista Maritza García, dijo que está de acuerdo con las afirmaciones de María Elena Portocarrero, decana del Colegio de abogados de Lima (CAL).

“No es la primera vez que he dado mi posición al respecto, lamentablemente la ley lo dice, de que pueden tener cualquier filiación política y eso es sumamente peligroso”.

CONTUBERNIO

“El anterior CNM ha tenido problemas por el contubernio político que tuvo y por el cual sus integrantes están siendo procesados”, recordó.

“Queremos un ente absolutamente independiente, que no esté contaminado políticamente, porque esta Ley de la JNJ necesita urgentemente un candado, porque hay que recordar que los integrantes del ex CNM fueron elegidos por el Congreso”, cuestionó.

Seguimos contaminando la JNJ y no deseamos que se repita lo del CNM y lo mejor que podemos hacer es que sus integrantes no tengan ninguna vinculación política, dijo la congresista.

Se debe llamar a los políticos para que no haya alguna situación irregular y, sobre todo, que los miembros de la JNJ garanticen la lucha contra la corrupción, concluyó la congresista Maritza García.

ALGO MÁS

La comisión especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) está liderada por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, e integrada por el contralor general, Nelson Shack; el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Jorge Alva, y el rector de la Universidad de Piura, Antonio Abruña.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Contraloría debe verificar gastos de representación

Publicado

en

Percy Medina

Este mecanismo de representación que llevan a cabo los congresistas por una semana, tiene por objeto dar cuenta de su actividad personal y trabajar una agenda de cada una de sus circunscripciones.

“Todos los funcionarios del Estado están sujetos a la Contraloría de la República y quizás lo más sano es que este organismo sea el que evalúe el uso de los recursos en el Legislativo y se sancione los casos de incumplimiento”, declaró.

El monto designado a la semana de representación es para un empleo específico, pero es usado por algunos de mala manera, pero otros lo usan debidamente en representación de sus electores.

“Como hubo un mal uso, algunos pueden pedir que se corte este monto, pero ello impedirá que haya una relación fluida entre los congresistas y las circunscripciones electorales”, especificó.

“El mal uso por algunos, no debería llevar a la eliminación de la Semana de Representación porque es un mecanismo útil para el Congreso y la población”, precisó Medina opuestamente a la afirmación de Daniel Salaverry, presidente del Legislativo.

“Lo que toca ahora al Congreso es evaluar si es que hubo casos o no donde se usó indebidamente esos recursos y que incluso podrían haber sido usados para el peculio de los propios congresistas”, concluyó Percy Medina.

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