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Política

La bancarrota moral de Dionisio Romero

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Julio Arbizu

La reciente confesión de Dionisio Romero Paolettiante el Equipo Especial Lava Jato sobre el aporte de US$ 3.650 millones a la campaña electoral 2011 de Keiko Fujimori no solo han generado que las acciones de Credicorp pierdan valor en las bolsas de Lima y Nueva York, sino principalmente han motivado el rechazo prácticamente unánime de la población y de diversos sectores políticos hacia el accionar oculto del presidente de directorio de dicho grupo económico.

Entre los cuestionamientos, destaca el presunto intercambio de favores con el fujimorismo, pues las distintas empresas del Grupo Romero podrían haberse beneficiado del accionar de la bancada naranja desde el Congreso. Las leyes de promoción de la alimentación saludable, de plásticos, de combustibles o las referidas a los rubros de agroexportación así como a banca, AFP y seguros, impactan directamente en los rubros en los que se comprenden las empresas de este grupo económico.

CAPTURA DEL ESTADO

Para el exfiscal de la Nación, Avelino Guillén, la donación de Dionisio Romero Paolettia la campaña electoral de Keiko Fujimori constituye “una grosera intromisión de parte de los empresarios con los políticos con la finalidad de obtener más adelante resultados favorables a sus intereses particulares”.

En declaraciones a la agencia Andina, Guillén indicó que la supuesta preocupación del empresario por la corriente chavista queda desvirtuada ya que en la siguiente campaña Romero volvió a realizar aportes de dinero. “Lo volvió a hacer en el 2011 con Fuerza Popular y también con Peruanos por el Kambio (PPK), entonces su argumento inicial de la amenaza del chavismo se cae por sí solo”, expresó.

Nelson Manrique

ES UN SOBORNO

Por su parte, el sociólogo e historiador Nelson Manrique, consideró que “se están mostrando varias facetas de la corrupción”. “En primer lugar este financiamiento a Keiko Fujimori se realiza con un dinero que no viene gratuitamente, sino que es un adelanto de dinero por beneficios posteriores. Y el otro punto es que se mueve una gran cantidad de dinero de la manera más informal y no pasa nada. Esto tiene que investigarse en la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs(SBS)”, indicó.

Manrique manifestó que “el señor Romero tiene tanto derecho de detestar a Hugo Chávez como a Bon Jovi”, pero que ese es un tema suyo y por tanto no tiene derecho a imponer sus preferencias como una política de Estado. “Él pretende gobernar imponiéndonos sus preferencias de acuerdo a sus expectativas. No estoy de acuerdo con Hugo Chávez pero es parte de la democracia que los ciudadanos elijan libremente entre distintas alternativas”, apuntó.

Al ser consultado por el espíritu de la donación a la campaña electoral de Keiko Fujimori, señaló que se trataría de un soborno. “Es un adelanto de dinero a cambio de beneficios y eso está penado con cárcel. Pero, como sabemos, en el Perú si uno se consigue buenos abogados por lo general saldrá bien parado de este problema”, afirmó.

Carlos Monge

ES LA HISTORIA RECIENTE DEL PERÚ

De otro lado, el analista político Carlos Monge advirtió que “esta es una manifestación de la manera histórica de cómo se han financiado las campañas electorales y de cómo el poder del dinero es el que manda”. “Porque ninguna otra campaña basada en los aportes de los simpatizantes o de gente de a pie puede competir con donaciones de casi cuatro millones de dólares”, señaló.

Para Monge, además, lo realizado por Romero representa “exactamente lo mismo que los aportes de Odebrecht”. “Nadie sabe exactamente cómo así han sacado en cash el dinero en efectivo que han sido entregados bajo la mesa de manera clandestina y que no ha sido sujeto de declaración ante la ONPE por parte de Keiko Fujimori. Romero ha confesado que la mayor parte del aporte ha salido de los tres grupos económicos de Credicorp, significa que ahí hay plata de los accionistas y clientes. Sí creo que es un comportamiento criminal”, calificó.

Respecto a los presuntos beneficios para las empresas del Grupo Romero, indicó que “se ha visto la oposición feroz de la bancada fujimorista y aprista respecto a los octógonos para identificar productos dañinos, y el Grupo Romero se perjudicaba directamente por estas políticas contra la comida chatarra porque ellos venden masivamente comida chatarra”. Entonces el juego es financiar la campaña de alguien protegiendo sus intereses empresariales a costa de la salud pública”, concluyó.

FISCALÍA DEBE INVESTIGAR

“Es hora de que la Fiscalía abra también una investigación al señor Romero por este tema, para que explique la fuente, cómo es que ese dinero lo sacó de manera correcta de sus arcas lícitas”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ojo que, si no lo bancariza a Keiko, se está evadiendo el pago de impuesto, por ambos lados. Si es un empresario de bien, que tiene la plata ordenada como todo parece indicar, yo le puedo depositar anualmente una cantidad y no tengo por qué sacar este argumento de que era porque iba a entrar Ollanta Humala. Tres millones no es una cifra poca, es una cifra impresionante”, apuntó.

SERÁ DENUNCIADO

En tanto, el exprocurador anticorrupción y ahora candidato al congreso por Juntos por el Perú, Julio Arbizu, destacó que el hecho, ahora corroborado, de que Keiko Fujimori mintió en sus declaraciones. “Para un imputado está permitido el silencio en tanto supone que una declaración puede afectar su presunción de inocencia, pero no la mentira. Y habiendo mentido, Keiko Fujimori se arriesga a un delito contra la administración de justicia y además se entiende que esa mentira forma parte del peligro procesal en la modalidad de perturbación de la actividad probatoria”. Por ello, consideró que el testimonio de Dionisio Romero Paolettisí debe ser considerado por el Tribunal Constitucional (TC) cuando se evalúe el hábeas corpus de Keiko Fujimori.

Arbizu también reparó en la forma en que el sector privado construye determinadas lealtades con figuras y organizaciones políticas.”En el caso de Romero, puede haber un concurso de delitos, porque no solo habría ocurrido un delito de fraude en la administración de personas jurídicas, sino un delito de cohecho, que no es otra cosa que soborno”, indicó.

Además, recordó que tras el aporte de Romero a Keiko Fujimori, en el 2013 en el Congreso se aprobó la ley de promoción de alimentación saludable, a pesar de la oposición del fujimorismo. “Sin embargo, esa ley fue encarpetada del 2013 al 2017, y se sabe que Alicorp es parte del Grupo Romero, que es aportante de la campaña de Keiko Fujimori”.

Por tanto, consideró como “perfectamente lógico” sostener la posibilidad de un presunto delito de cohecho. “Hablamos de un delito contra la administración pública, que puede tener penas de hasta 6 años de prisión”, advirtió.

También consideró que la SBS tendría que haberse informado sobre estos movimientos. “¿Cómo se explica que los controles de la SBS no hayan funcionado, que nadie se diera cuenta del movimiento de ese dinero en efectivo?. Se espera un pronunciamiento sobre lo que se debió declarar en su momento. Hay una serie de delitos que se podrían haber cometido y es por eso que vamos a presentar una denuncia en las próximas horas”, anunció.

Finalmente, recordó que los Romero han tenido “mucha suerte” a lo largo de su historial de procesos judiciales. Tanto el padre como el hijo han desfilado por el Poder Judicial y han salido bien librados. Sabemos que el poder del dinero se ejerce con mucho rigor”, señaló, cuando fue informado de que el exprocurador José Ugaz ejercerá la defensa legal de Dionisio Romero.

ALGO MÁS

El presidente del directorio del Grupo Gloria, Vito Rodríguez reconoció al Equipo Especial Lava Jato que dio un aporte de US$ 200 mil en efectivo a Keiko Fujimori para la campaña presidencial de 2011, según informó IDL Reporteros.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

El futuro negro de Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori

Fiscalía decidió formalizar una nueva investigación preparatoria contra la lideresa de Fuerza Popular y otros presuntos implicados en la comisión de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y contra la administración de justicia. Esto se suma a las imputaciones por lavado de activos.

El Ministerio Público dispuso ampliar y formalizar la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori y otros imputados a partir de la existencia de nuevos elementos de convicción, entre ellos los testimonios de Jorge YoshiyamaSasaki y de los empresarios Dionisio Romero Paoletti y Vito Rodríguez.

Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, había declarado ante el Equipo Especial Lava Jato que Keiko Fujimori tenía conocimiento sobre los aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht y que por ello montó un plan para ocultarlos a través de falsos aportantes, en la modalidad conocida como “pitufeo”. Además, Yoshiyama afirmó que la lideresa de Fuerza Popular le comentó que había coordinado el archivamiento de la investigación fiscal con el presunto líder de los Cuellos Blancos del Puerto, el exjuez supremo César Hinostroza.

Otros testimonios brindados al equipo de fiscales siguieron complicando a Keiko Fujimori: el empresario Dionisio Romero Paoletti, del Grupo Credicorp, confirmó haber entregado US$ 3 millones 650 mil en efectivo en las propias manos de Fujimori Higuchi, y el excongresista Daniel Salaverry relató cómo la lideresa naranja le pidió contactar a Hinostroza y al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien pretendía hacer llegar copias de una agenda del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

Jaime Yoshiyama Tanaka

FUERZA PARA DELINQUIR

El fiscal José Domingo Pérez incluyó en la investigación la comisión de los delitos de asociación ilícita y organización criminal, además del delito contra la administración de justicia en las modalidades de falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal y falsedad genérica. Todo esto, además de la imputación original por el delito de lavado de activos.

Según el documento fiscal, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo se habría producido al presentar la información económico financiera en las campañas electorales del año 2016, pues se declaró como aportantes a personas que no habrían realizado aporte alguno.

En tanto, el delito de falsedad genérica se habría configurado al burlar la labor de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del ONPE, atentando contra su función de verificación y control.

Por los delitos de asociación ilícita y organización criminal, además de Keiko Fujimori, se incluyó a Vicente Silva Checa, PierFigari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, José ChlimperAckerman, Carmela Paucara, Antonietta Gutiérrez, Ana Cecilia Matsuno, Rafael Herrera, Erika Yoshiyama y Jorge Trelles.

INCLUYEN A EMPRESA DE MARK VITO

Por otro lado, el Ministerio Público incluyó en las investigaciones a MVV Bienes Raices SAC, empresa de Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori. Esta decisión fue a partir de las comisiones cobradas por corretaje inmobiliario entre julio de 2014 y julio de 2018. De acuerdo a lo investigado, en apenas cuatro años la empresa de Vito recaudó US$ 2’192,859.72, y personas de su entorno familiar y amical son quienes habrían pagado sumas importantes por dichos servicios.

Según la Fiscalía, Susana Higuchi Miyagawa, madre de Keiko Fujimori, abonó la suma de $ 71,284.25; su amigo y exsocio Nikola Seremet Slavkovic pagó $ 51,034.33 y su madre, Angélica Slavkovic la suma de $ 36,762.06. Además, las empresas Comercial Maderera Andina SRL y la Inmobiliaria CMS SAC desembolsaron $ 57,737.94 y $ 22,026.00 respectivamente.

La tesis fiscal considera que “es posible que se haya utilizado a la empresa formada por el investigado Mark Vito Villanella para el ocultamiento de activos ilícitos recibidos por su cónyuge, en relación a todos los activos que recibió durante el desarrollo de sus actividades como candidata presidencial”.

Por su parte, el abogado Juan José Quispe señaló a Radio Nacional que si bien la Fiscalía ya cuenta con una serie de pruebas, todavía debe corroborar las declaraciones y culminar la etapa de investigación. “Para ir a juicio oral primero debe concluir esta etapa, para lograr una denuncia y posterior condena”, afirmó.

En el escenario de una eventual sentencia, Quispe consideró que el futuro de Keiko Fujimori tiene todos los elementos para un cambio dramático. “En un concurso real de delitos, porque estamos hablando ya no solo de lavado de activos, sino de cinco delitos, podría ser condenada y pasar 29 años en la cárcel”, apuntó.

ALGO MÁS

Se ha programado para el 12 y 13 de diciembre la diligencia de deslacrado de las especies incautadas días atrás en las oficinas de la Confiep.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

74 candidatos tienen procesos penales por corrupción

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74 candidatos tienen procesos penales por corrupción

Un total de 74 aspirantes al Congreso de la República tienen procesos penales por presunto delito de corrupción, según la plataforma web Candidatos 2020.

La lista la integran, entre otros, los exgobernadores de Ica, Fernando Cilloniz; de Piura, Javier Atkins; y de La Libertad, Luis Valdez, quien fue titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

Hay candidatos de Vamos Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Podemos por el progreso del Perú, Juntos por el Perú, Somos Perú, Fuerza Popular y Todos por el Perú.

Asimismo, de Avanza País, Solidaridad Nacional, Perú Libre, Perú Patria Segura, Frente Amplio, Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Morado y Perú Nación

De igual forma, Acción Popular, Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional, Partido Aprista y Contigo.

No hay candidatos del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) con procesos por corrupción; sin embargo, dicha agrupación sí tiene uno con proceso penal por presunto tráfico ilícito de drogas.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó en la víspera la plataforma Candidatos 2020 con información sobre 3,056 aspirantes al Congreso, relacionada con procesos en curso por tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción y lavado de activos.

Incluye datos sobre las hoja de vida, que es la que maneja el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las sanciones de destitución, sanciones o despidos, para lo cual se ha cruzado datos con Servir.

Además, se ha incorporado información sobre los riesgos financieros y crediticios de los postulantes.

Los datos fueron suministrados por el Poder Judicial, el JNE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Política

29 postulantes recibieron resultados de pruebas de confianza

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JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Con el envío de los resultados de las pruebas de confianza a cada uno de los postulantes concluyó, exitosamente, la penúltima etapa del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esta etapa del concurso, que se desarrolló del 2 al 6 de diciembre, incluyó la realización de cuatro pruebas: patrimonial, socioeconómica, psicológica y psicométrica, con el fin de conocer el perfil de los candidatos, su situación económica, su entorno social, sus rasgos de personalidad y sus aptitudes y capacidades intelectuales.

Cabe resaltar que las pruebas tienen carácter técnico y sus resultados no son eliminatorios para pasar a la siguiente etapa, según menciona la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia.

SIGUIENTES PASOS DEL CONCURSO

El 20 de diciembre se publicará la relación de candidatos aptos que pasan a la etapa de entrevista personal, la cual se realizará del 26 al 28 de diciembre.

Según las bases del concurso, esta etapa será de carácter público y seguirá un protocolo establecido por la Comisión Especial que garantice el trato igualitario a cada postulante de inicio a fin.

El próximo 30 de diciembre se publicará el cuadro final de méritos, que permitirá conocer las calificaciones obtenidas a lo largo de todo el concurso. Los puntajes serán publicados través de la página web de la Comisión Especial.

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