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Política

Keiko y la historia de US$ 1 millón de Odebrecht para asegurar su victoria

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Keiko Fujimori custodiada por policías

La historia de la detención preliminar por diez días de la jefa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y de 19 coinvestigados es, en realidad, la historia del millón de dólares que la corrupta constructora brasilera Odebrecht le habría “regalado” para que triunfara en la campaña presidencial del 2011.

MALA RACHA KEIKISTA

A pesar de que el caso es muy conocido y negado, el impacto de la detención fue demoledor en Keiko, a juzgar por la expresión de hundimiento, estupor, al borde del shock, que exhibió al presentarse a su control de identidad.

Una mala racha que se inició en diciembre pasado con la ruptura de su partido y el enfrentamiento con su hermano por el indulto de su padre y que se acrecentó con la reciente anulación de ese perdón y el estrepitoso fracaso de Fuerza Popular en los comicios del último domingo.

REACCIONES DESCABELLADAS

El fujimorismo tuvo reacciones de rechazo, destempladas y descabelladas, con la intención de capitalizar algún apoyo ciudadano, con base en la condición de víctima de su lideresa.

Uno de los extremos fue la acusación del legislador Miguel Torres de que la orden judicial contra su jefa constituía un “golpe de Estado”.

La más serena reacción fue la de Kenji Fujimori quien solo dijo que era otro día triste de su vida, mientras que su padre permanecía en la clínica que lo aloja desde que se anunció la nulidad del indulto.

FESTIVAL DE “PROPINAS”

La historia del drama de ayer, se remonta a 2010-11, años durante los cuales Odebrecht realizó un verdadero festival de regalos electorales.

Jorge Barata dijo que al expresidente Alejandro Toledo le dio 700 mil dólares, a Pedro P. Kuzcynski 300 mil y a Ollanta Humala 3 millones de dólares; en este último caso por cuenta del Partido de los Trabajadores del Brasil.

PRIMER MEDIO MILLÓN.

En su confesión del 28 de febrero de este año ante fiscales peruanos, Barata declaró que en 2011 Keiko Fujimori, era su favorita para ganar los comicios.

Por eso –según dijo- prontamente, luego de reunirse varias veces con ella, prometió apoyo económico. A mediados del 2010, entregó personalmente 500 mil dólares en efectivo a Jaime Yoshiyama, entonces secretario general de Fuerza 2011.

Luego de coordinaciones telefónicas, dio ese monto en una casa de la calle Octavio Espinoza 220, de San Isidro, residencia del ex ministro fujimorista Issac Goldemberg.

La Fiscalía ha confirmado el contacto previo Barata- Yoshiyama, con el registro de las llamadas telefónicas entre ambos, reportado por las empresas del rubro.

SEGUNDO MEDIO MILLÓN

Como a Barata le cayó muy mal que su jefe le ordenara dar a Humala 3 millones de dólares, consiguió que le autorizaran a dar 500 mil dólares más a Keiko.

Barata entregó el segundo medio millón poco antes de la segunda vuelta, en su propia oficina de la avenida Basadre, en San Isidro, a Augusto Bedoya, secretario de economía de Fuerza 2011.

Barata dio también a la Confiep 200 mil dólares adicionales para financiar una campaña contra Ollanta Humala, como enemigo de la inversión privada.

Sobre esta parte del dinero, entregado cuando la campaña estaba por terminar, la Fiscalía sospecha que ni siquiera fue usado para gastos electorales, sino para una repartija entre los miembros del círculo cercano de la jefa a ser aplicada en negocios privado, sin que se haya establecido la ruta del dinero.

LOS COTELES

En la campaña, la organización de Keiko realizó en el año 2010, una rifa y dos cocteles.

En el año 2011 llevó a cabo una cena, en la que recaudó S/ 246,711.00. Del coctel del 4 de mayo no se tienen resultados; el del 23 generó ingresos por S/. 350 mil y el del 30 de mayo, proporcionó S/ 1’029.527,

En total, Fuerza Popular reportó S/ 2.6 millones de recaudación mediante este procedimiento respecto a un ingreso total por poco más de S/ 17 millones, provenientes de distintas fuentes.

Pero la Fiscalía no cree en esos reportes y tiene la convicción de que en ese total fue insertado el primer medio millón de dólares recibido de Odebrecht, equivalente a un millón 407 mil 500 soles, usando como cobertura la rifa, los cocteles y el conocido sistema de “aportantes falsos”.

“PITUFEADORES”

El fiscal Pérez Gómez tiene la convicción de que Keiko Fujimori y sus subalternos “pitufearon” el primer aporte de Odebrecht, a través de los siguientes allegados:

Johanna Sasaki y Melissa Keiko Sasaki, familiares de la esposa de Yoshiyama; Joon Lee Lin, sobrina política del mismo, Sil Yok Lee viuda de Lam, familiar de la anterior; Óscar Moritani Kutsuma, socio de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama.

También Patricia Moritani Kutsuma, hermana del anterior; Efraín Goldenberg Schreiber, socio de Jaime Yoshiyama en Pegapaxi, una empresa offshore en Aruba; Juan Luna Frisancho, amigo y socio de Yoshiyama.

Igualmente Carlos Blanco Oropeza, exministro y excongresista fujimorista, exmiembro del equipo de campaña, y sus hijas Karol Blanco Matsuno y Miguel Blanco Matsuno; Milagros Maraví Sumar y Raúl Maraví Sumar, también del entorno de Yoshiyama y Bedoya; así como Carlos Luna Venero, relacionado con la familia Yoshiyama.

Todos los implicados han negado los dichos de Odebrecht y de Barata y el caso no ha avanzado más porque la defensa legal keikista usó diversos recursos legales para dilatar las diligencias.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Para ordenar la detención preliminar de Fujimori y sus coinvestigados, el juez Concepción Carhuancho acogió la tesis central del fiscal Pérez Gómez que afirma que Keiko y sus coinvestigados constituyeron en el partido Fuerza 2011 (después Fuerza Popular) una organización criminal para lograr poder político.

Para eso, en 2011 recibieron un millón de dólares de dinero ilícito de la constructora Odebrecht, supuestamente bajo la promesa de entrega de contratos, una vez que llegaran al Gobierno.

LA CABECILLA Y SUS OPERADORES

En ese enfoque, Keiko Fujimori es considerada la cabecilla de la supuesta banda, en cuyo entorno, Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere fueron los captadores del dinero sucio. Adriana Tarazona Martínez de Cortés, fue la administradora de los fondos.

Para “lavar” los fondos ilegales la organización usó el manido método de los “aportantes falsos”, o personas que prestaron sus nombres para que en los reportes ante la ONPE les atribuyeran haber dado a F2011, cierta suma de dinero.

También emplearon a “burrieres” que transportaban dinero y empleados de la ONPE que santificaron los reportes falsos y a personas que apoyaron el ocultamiento del dinero negro.

El juez Concepción se convenció de que procedía la detención preliminar, porque es un hecho probado que Odebrecht tenía la política de comprar la voluntad de altos líderes políticos y funcionarios del Estado para conseguir sus negocios.

Asimismo, porque es público que Keiko Fujimori detenta gran poder político intervencionista en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y otros organismos públicos, con el cual es capaz de entorpecer la justicia.

El juez aludió en este extremo de su análisis, el vínculo de Fujimori con el procesado exjuez supremo César Hinostroza de la organización “Los cuellos blancos del Puerto”.

PPK

“En el Perú debemos olvidarnos de los rencores, deploro el drama que vive la familia Fujimori. La justicia debe administrarse sin apasionamientos ni excesos, todos pedimos paz y moderación”, escribió el expresidente Kuczynski.

 

ELMER OLÓRTEGUI

Política

Ministro pide investigar a García y cobrarle 1,500 millones a Odebrecht

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García Pérez, por interferir contra la justica con sus espías dentro del equipo Lava Jato y manifestó su respaldo al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

Sobre la confesa intromisión de García Pérez en la Fiscalía que lo investiga, Zeballos dijo: “Ha sido reiterativo en esta apreciación (…) no ha sido una ni dos, sino tres veces que ha manifestado lo mismo (..). Lo que menos puede hacer el Ministerio Público es abrir una investigación y, si encuentra responsabilidad, que se deslinde”.

El ministro Zeballos resaltó que al acuerdo Ministerio Público – Odebrecht contribuyó decisivamente el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, funcionario que pertenece al Sector Justicia dentro de la Oficina de Defensa Legal del Estado, aportando la solución del punto de la reparación civil.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando los encargados. Sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. Además, no están consideradas las empresas consorciadas. Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.

ACUERDO EQUILIBRADO

El procurador Ramírez, a su vez, siguiendo la campaña de defensa del acuerdo iniciada por el jefe del equipo Lava Jato Rafael Vela Barba, explicó que el punto central es que la indemnización se calculó, respecto a las cuatro obras en las que Odebrecht confesó sobornos.

El procurador dijo que por esas obras Odebrecht reconoció que pagó US$ 32 millones, lo cual es inexacto, pues una simple suma de las coimas conocidas: US$ 20 millones por la Transoceánica Sur, US$ 24.4 millones por el Tren Eléctrico, US$ 4 millones por la Costa Verde Callao y US$ 3 millones por la Vía de Evitamiento del Cusco, arrojan la cifra de US$ 51.4 millones.

En consecuencia, tampoco es cierto que esta suma se pone en relación a los S/ 610 millones, el monto de la multa sería más de cinco veces el soborno reconocido.

No obstante, Ramírez es del criterio de que el acuerdo es “equilibrado”, que puede ser reajustado en el tiempo, pues si se descubriese que también sobornaron en otros proyectos, se cobrará como corresponde la reparación civil.

El procurador dijo también que los 610 millones de soles de reparación civil, es cerca de la mitad del monto del daño al Estado calculado por la Contraloría, ascendente S/ 1.500 millones. La Procuraduría planea cobrar el resto a las empresas naturales y jurídicas que resulten cómplices de la constructora brasileña.

LOS QUE APOYAN

El ex procurador anticorrupción, Iván Meini, respaldó al convenio porque dará acceso a la información que permitirá que las investigaciones sigan y lleguen a buen puerto y que se descubran otros hechos delictivos.

Dijo que esto es importante porque quienes están investigados son personas de poder político y económico que se opondrán con muchos recursos a que se sepa la verdad. No obstante, criticó el monto reducido de la reparación civil

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio dijo que el acuerdo es una solución pragmática en la que también se ha visto la reparación civil que deberá pagar Odebrecht y la autorización para que esta siga operando y pueda disponer de sus activos. “Hay un aumento significativo del aspecto resarcitorio de Odebrecht”, expresó.

RECHAZO

En contra del acuerdo se pronunció ayer el congresista no agrupado Roberto Vieira, quien dijo que con sus sobornos Odebrecht ganó mucho dinero que salió del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no solo perjudicó al Estado, sino a los contribuyentes. Por eso criticó que se le haya aprobado solo 610 millones de soles y que, además, se le permita seguir contratando obras con el Estado.

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Política

Premier contra cambio de fiscales Lava Jato

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César Villanueva

“Espero que no se produzcan esos cambios porque cada cambio te frena o te hace retroceder en estos procesos que más bien tienen que ser la prioridad”, declaró ayer el primer ministro, César Villanueva, al manifestar que no debe haber cambios en el equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato.

Se pronunció por la permanencia del coordinador del equipo, Rafael Vela, y el eficiente fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y demás involucrados en la presunta recepción de fondos de Odebrecht.

Para Villanueva, “Si ya tienen un equipo en marcha, lo ideal es que continúe”, y hay que tener en cuenta que hay un ambiente de sensibilidad por la percepción de que se persigue a los fiscales del equipo Lava Jato.

“Hay que tranquilizar la situación, tenemos que continuar y reforzar las instituciones”, añadió.

El procurador para el caso, Jorge Ramírez, también planteó la necesidad de que el equipo Lava Jato se mantenga y señaló que la Fiscalía y la Procuraduría trabajan en conjunto.

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Política

Congreso verá hasta enero creación de Junta Nacional de Justicia y otros temas

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El Congreso seguirá trabajando en el primer mes de verano del 2019 para ejecutar la primera reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum, mediante la cual se creará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esa nueva instancia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, con facultades para nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del sistema judicial nacional.

Por lo menos esa es la pretensión primordial del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber emitido ayer el Decreto de Presidencia Nº 001-2018-2019 – P/CR que amplía hasta el 30 de enero próximo la legislatura ordinaria en curso.

CONVOCATORIA GENÉRICA

El texto de la disposición no dice expresamente que se tratará la primera reforma dispuesta por la ciudadanía en el referéndum, ya que incluye una fórmula bastante genérica:

“Para tratar los siguientes puntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legisltiva, informes y otras disposiciones que se encuentren en la agenda del pleno del Congreso al 15 de diciembre de 2018, y las proposiciones y mociones que se incluyan en la agenda, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

2. Los proyectos de ley y de resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto”.

No obstante, a través de Twitter, Salaverry escribió: “La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y el pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”.

TORRES EN OTRA COSA

Este doble lenguaje deductivo de Salaverry llevó a su colega de bancada, el congresista Miguel Torres, a declarar a la prensa en tono de mofa que en la ampliación de la legislatura se verán asuntos pendientes como las reformas de educación, laboral, ambiental y todos los temas que están pendientes en el Congreso.

Omitió mencionar siquiera la ley de creación de la JNJ, aunque no quedó claro si lo hizo por golpear a Salaverry o porque su bancada se resiste a allanarse al mandato del referendo del domingo, cuya trascendencia los fujimoristas intentan cuestionar.

Es de anotar que el 18 de setiembre, el Congreso aprobó una autógrafa de ley que crea la Junta Nacional de Justicia, tal como hizo con las otras tres reformas planteadas por el Ejecutivo.

Todas esas autógrafas fueron acogidas por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM (publicado el 10 de octubre de 2018) y sirvieron de base para la elaboración de los textos que fueron votados en el referéndum del 9 de diciembre.

MÁS PROYECTOS

Sin embargo, el premier César Villanueva dijo que tiene listo un proyecto propio sobre la Junta Nacional de Justicia que remitirá al Congreso en breve.

Trascendió que el Ejecutivo tiene además un proyecto alternativo a la ley sobre el tema del financiamiento de partidos políticos, aprobado a marcha forzada por fujimoristas y apristas y cuestionado por el presidente Vizcarra, quien ha adelantado que observará la cuestionada norma que podría favorecer a investigados como los jefes de FP, Keiko Fujimori, y el Apra, Alan García, indagados por lavado de activos.

ALTERNATIVAS

Dadas así las cosas, todos los organismos con capacidad de iniciativa legislativa, principalmente en el Poder Judicial, cada una de las bancadas y cada uno de los legisladores, estarán en posición de presentar proyectos de ley al respecto.

El Congreso podría insistir en su autógrafa o compatibilizarla con la que envíe el Gobierno.

Debido a que la prolongación de la legislatura admitirá todos los temas posibles, podría derivar en el tratamiento de una diversidd de materias, lo cual conspiraría contra la premura que requiere poner en vigencia la primera reforma constitucional planteada.

INTERPELACIÓN PENDIENTE

Uno de esos puntos urticantes es la moción de las bancadas del Apra y Fuerza Popular para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesta interceptación telefónica al expresidente Alan García.

Aunque los promotores no han dicho que pretenden censurar a Morán y hasta el aprista Elías Rodríguez dijo ayer que “Aquí no estamos hablando de censura, sino de un ánimo de discutir este tema en el Pleno”, nada debe descartarse.

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