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Política

Keiko será investigada como jefa de banda hasta marzo de 2019

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Keiko Fujimori detenida

En el caso de Keiko Fujimori, ya no resulta extremo decir “tras cuernos, palos” o “le llueve sobre mojado”.

Anteayer, su investigación por la donación ilícita de un millón de dólares negros por parte de Odebrecht provocó su detención preliminar y la de 19 acólitos.

Y, ayer, la Corte Suprema ordenó que siga siendo investigada como jefa de organización criminal, hasta marzo del próximo año, en el “caso cocteles 2016”.

Realmente una semana negra, pero de gran valor para el país porque ha permitido ver de cerca la estrecha vinculación de los dos más importantes casos de corrupción nacional, vía la persona de la lidereza de Fuera Popular.

LAVA JATO Y LAVADO DE ACTIVOS

Estos dos casos y el tercero sobre “Anotación -aporte de US$ 1 millón de Odebrecht 2011”, corresponden al megacaso de gran corrupción Lava Jato.

Las pesquisas están bajo la dirección del tenaz fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez.

En realidad, los casos de falsos aportantes y de la propina (soborno) del millón de dólares constituyen una unidad en cuanto a materia y cronología.

Pero, la Fiscalía los separa por estrategia judicial, para evitar que la defensa de los imputados derribe o dilate todo el caso con alguna jugarreta jurídica eficaz.

Además de los tres anotados, en los que se persigue el delito de lavado de activos, Keiko Fujimori enfrenta un cuarto caso, fuera de Lava Jato. Es el presunto “blanqueo” de US$ 15 millones que habría entregado a Joaquín Ramírez.

Portátil apoyando a Fuerza Popular - Keiko Fujimori

FALLO SUPREMO

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundados los recursos de casación planteados por Fuerza Popular, por Fujimori y su esposo.

Determinó que el fiscal Pérez no vulneró el principio del plazo razonable en investigaciones preliminares. En consecuencia, podrá continuar sus pesquisas.

El veredicto establece que el plazo de la investigación sobre “Falsos aportantes”, de 36 meses, (Casación 599-2018 de Fuerza Popular) concluirá el 19 de octubre del 2018, o sea la próxima semana.

Respecto a la Casación 528-2018 de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito, la investigación terminará el 7 de marzo de 2019, sobre la materia de los “Cocteles” y el origen del dinero para la compra de terrenos en Chilca.

CASACIÓN REVELADORA

El curso y final de la impugnación keikista contra la decisión del fiscal Pérez de investigarla a ella y a su partido bajo la ley de organizaciones criminales, resulta aleccionador.

Su breve y reciente historia muestra cómo el poder político manejaba este tipo de procesos hasta hace solo unos meses, tras bambalinas.

Esa historia vincula estrechamente los dos casos más graves de gran corrupción peruana en lo que va del siglo XXI: Lava Jato y Lava Juez, o el caso de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

LA CAMPAÑA 2011

El caso “Falsos aportantes 2011” fue abierto por la 16 Fiscalía Penal de Lima en octubre de 2015. Tanto reportes de la ONPE y de medios periodísticos señalaban que habían sido detectadas irregularidades en los reportes de Fuerza 2011 sobre sus finanzas en aquella campaña.

Posteriormente, la pesquisa contra Keiko Fujimori y los responsables de las finanzas partidarias pasó al despacho del fiscal de lavado de activos Pérez Gómez.

El “Caso Cocteles” empezó el 8 de marzo del 2016 a cargo del fiscal Germán Suárez Atoche, por presunto lavado de activos con lo recaudado en los cocteles de FP realizados desde el 2015 a 2016, bajo la sospecha de que los altos montos reportados no tenían adecuado sustento.

La indagación también incluía el aporte de la ONG LVF Liberty Institute realizado en diciembre del 2015 por S/. 220.608 y comprende a Keiko Fujimori, a su esposo Mark Vitto y a Fuerza Popular. Este caso pasó también al despacho del fiscal José Domingo Pérez el 16 de setiembre de 2017.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El 28 de ese mes, Pérez sorprendió al país y enfureció a Fuerza Popular y a Keiko porque decidió investigarlos bajo la ley de crimen organizado y el nuevo Código Procesal Penal, ampliando el plazo de investigación a 36 meses.

Pidió autorización al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, pero la jueza Catalina Pérez Escalante se la negó a mediados de octubre, arguyendo que los casos no cumplían los requisitos legales.

En el caso específico de “Los cócteles”, la jueza Elizabeth Arias Quispe del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, a pedido de Keiko Fujimori y de su esposo, dio por concluida la etapa de investigación preliminar y dio al fiscal diez días para acusar o archivarlo.

APELACIÓN Y ALLANAMIENTOS

El Fiscal Pérez apeló la decisión y no se quedó con los brazos cruzados.

El 7 diciembre de 2017 allanó locales de Fuerza Popular, ubicados en Paseo Colón y en la calle Morochucos, de Surco. Se incautó ordenadores, dispositivos de soporte de data electrónica y abundante documentación partidaria sobre el financiamiento de las campañas 2011 y 2016.

Realizó las diligencias bajo la sospecha de que Fuerza Popular había realizado “contabilidad paralela” en la campaña 2011, para ocultar el dinero ilícito recibido.

Después, también allanó las viviendas de presuntos falsos aportantes, en Nuevo Cajamarca y Moyobamba.

Como para complementar la requisa a Fuerza Popular, el 18 de diciembre intervino la ONPE y se incautó la documentación sobre las cuentas de las campañas fujimoristas del 2011 y 2016.

PROPINA DE US$ 1.2 MILLONES

Sin embargo, los casos en manos de Pérez Gómez recibieron un gran impulso cuando el 28 de febrero de 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, le confesó en Brasil, con pelos y señales, porqué y cómo su representada aportó US$1.2 millones a la campaña de Fuerza Popular.

Un millón en efectivo, en dos entregas personales a Jaime Yoshiyama Tanaka y a Augusto Bedoya Cámere, altos dirigentes de FP, y 200 mil dólares, dados a la Confiep para que desplegara una campaña anti Ollanta Humala.

Ante la apelación del fiscal Pérez, el 10 de abril de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones, revocó la resolución del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, dándole la razón.

En respuesta, Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular acudieron ante la Corte Suprema con recursos de casación. Este trámite, en especial el de Keiko Fujimori, siguió entonces un curso dramático y de gran impacto en la afectación a la vida política del país, por la gran corrupción.

FACTOR HINOSTROZA

En abril de 2018, luego de su victoria sobre el expresidente Kuczynsky y la asunción al mando de Martín Vizcarra, es seguro que Keiko sabía sobre el avance de la indagación de Pérez.

Conocía que había dado con la serie de triquiñuelas que había usado la gente de FP para enmascarar dinero ilícito recibido en el 2011, en particular el millón de dólares de Odebrecht

Los aportes fraccionados o “pitufeados”; los falsos aportes y hasta negados por sus aportantes; las donaciones de personas que no pueden sustentar el origen del dinero y los aportes de personas sin capacidad para hacerlo.

Demasiado peligroso para no hacer nada. Por eso, si de ir a la Suprema se trataba, era necesario apelar, pero sobre seguro.

EL FACTOR BECERRIL

El legislador fujimorista Héctor Becerril, a través de su amigo del alma, el empresario Antonio Camayo Valverde, se abrió paso entonces por la puerta grande hacia el servicial vocal supremo César Hinostroza.

Camayo ha dicho como colaborador eficaz que consiguió que Becerril se reuniera con Hinostroza a principios de mayo. Después de eso, Hinostroza acudió ante Keiko Fujimori.

Lo más probable es que se hayan coludido para que el tribunal a su cargo, la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria, admita los recursos de casación de ella y de FP y los resuelva a favor de ellos.

Porque, en efecto, la primer parte se cumplió. En cortísimos diez días, la Sala presidida por Hinostroza admitió los recursos y los programó para resolverlos el 24 de julio.

TODO SE DERRUMBÓ

Todo empezó a derrumbarse con el estallido del caso de los “CNM audios”, una de cuyas piezas iniciales fue la célebre llamada telefónica del empresario Camayo a Hinostroza en la que le pide una nueva reunión con “la señora K”, la de la “Fuerza número 1”.

Y todo se derrumbó como resultado del descubrimiento de los latrocinios de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

Hinostroza fue suspendido en sus funciones de magistrado, su tribunal fue disuelto, renunció el presidente del poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

Y, como efecto colateral, la vista de la causa de los recursos de casación contra la decisión del fiscal Pérez Gómez, pasó al ámbito de la Primera Sala Suprema Penal Permanente.

VEREDICTO ESPERADO

Los supremos escucharon los alegatos de las partes el 15 de setiembre y ayer dieron su veredicto.

En el ínterin, el fiscal Pérez Gómez no cejó en su jaqueo a Keiko y sus coinvestigados. La citó a declarar, pero ella se excusó aduciendo que tenía que participar en la campaña electoral regional y municipal. Lo mismo hizo su esposo.

Pero ese desdén, ese casi desprecio de los Vitto-Fujimori hacia la Fiscalía ya terminó. Por lo menos ella y un grupo de nueve coimputados están detenidos bajo custodia policial.

El fallo supremo resultó absolutamente distinto respecto al que Keiko Fujimori había planeado conseguir con todo el poder intervencionista que ejercía y aún ejerce, en los poderes Legislativo y Judicial.

Sin embargo, con las manos libres y con el tiempo para hacerle las numerosas preguntas que seguramente tiene en cartera, es muy posible que el fiscal Pérez solicite tener en prisión preventiva a Fujimori y los otros, hasta consolidar su acusación para ir a juicio oral.

El fiscal supervisor del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, respaldó ayer ante la prensa al fiscal Pérez Gómez, resaltando que la investigación que ha motivado la detención de Keiko Fujimori y los demás, es prolija.

ALGO MÁS

Vela precisó además que en el curso del proceso, es posible que la Fiscalía, como parte de su estrategia, haga uso, en un probable pedido de prisión preventiva, de la declaración del empresario Antonio Camayo respecto a que Keiko Fujimori, como la ‘Señora K’, se reunió con César Hinostroza para evitar ser juzgada bajo la ley de crimen organizado.

 

ELMER OLÓRTEGUI

Política

Ministro pide investigar a García y cobrarle 1,500 millones a Odebrecht

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García Pérez, por interferir contra la justica con sus espías dentro del equipo Lava Jato y manifestó su respaldo al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

Sobre la confesa intromisión de García Pérez en la Fiscalía que lo investiga, Zeballos dijo: “Ha sido reiterativo en esta apreciación (…) no ha sido una ni dos, sino tres veces que ha manifestado lo mismo (..). Lo que menos puede hacer el Ministerio Público es abrir una investigación y, si encuentra responsabilidad, que se deslinde”.

El ministro Zeballos resaltó que al acuerdo Ministerio Público – Odebrecht contribuyó decisivamente el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, funcionario que pertenece al Sector Justicia dentro de la Oficina de Defensa Legal del Estado, aportando la solución del punto de la reparación civil.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando los encargados. Sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. Además, no están consideradas las empresas consorciadas. Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.

ACUERDO EQUILIBRADO

El procurador Ramírez, a su vez, siguiendo la campaña de defensa del acuerdo iniciada por el jefe del equipo Lava Jato Rafael Vela Barba, explicó que el punto central es que la indemnización se calculó, respecto a las cuatro obras en las que Odebrecht confesó sobornos.

El procurador dijo que por esas obras Odebrecht reconoció que pagó US$ 32 millones, lo cual es inexacto, pues una simple suma de las coimas conocidas: US$ 20 millones por la Transoceánica Sur, US$ 24.4 millones por el Tren Eléctrico, US$ 4 millones por la Costa Verde Callao y US$ 3 millones por la Vía de Evitamiento del Cusco, arrojan la cifra de US$ 51.4 millones.

En consecuencia, tampoco es cierto que esta suma se pone en relación a los S/ 610 millones, el monto de la multa sería más de cinco veces el soborno reconocido.

No obstante, Ramírez es del criterio de que el acuerdo es “equilibrado”, que puede ser reajustado en el tiempo, pues si se descubriese que también sobornaron en otros proyectos, se cobrará como corresponde la reparación civil.

El procurador dijo también que los 610 millones de soles de reparación civil, es cerca de la mitad del monto del daño al Estado calculado por la Contraloría, ascendente S/ 1.500 millones. La Procuraduría planea cobrar el resto a las empresas naturales y jurídicas que resulten cómplices de la constructora brasileña.

LOS QUE APOYAN

El ex procurador anticorrupción, Iván Meini, respaldó al convenio porque dará acceso a la información que permitirá que las investigaciones sigan y lleguen a buen puerto y que se descubran otros hechos delictivos.

Dijo que esto es importante porque quienes están investigados son personas de poder político y económico que se opondrán con muchos recursos a que se sepa la verdad. No obstante, criticó el monto reducido de la reparación civil

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio dijo que el acuerdo es una solución pragmática en la que también se ha visto la reparación civil que deberá pagar Odebrecht y la autorización para que esta siga operando y pueda disponer de sus activos. “Hay un aumento significativo del aspecto resarcitorio de Odebrecht”, expresó.

RECHAZO

En contra del acuerdo se pronunció ayer el congresista no agrupado Roberto Vieira, quien dijo que con sus sobornos Odebrecht ganó mucho dinero que salió del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no solo perjudicó al Estado, sino a los contribuyentes. Por eso criticó que se le haya aprobado solo 610 millones de soles y que, además, se le permita seguir contratando obras con el Estado.

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Política

Premier contra cambio de fiscales Lava Jato

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en

César Villanueva

“Espero que no se produzcan esos cambios porque cada cambio te frena o te hace retroceder en estos procesos que más bien tienen que ser la prioridad”, declaró ayer el primer ministro, César Villanueva, al manifestar que no debe haber cambios en el equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato.

Se pronunció por la permanencia del coordinador del equipo, Rafael Vela, y el eficiente fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y demás involucrados en la presunta recepción de fondos de Odebrecht.

Para Villanueva, “Si ya tienen un equipo en marcha, lo ideal es que continúe”, y hay que tener en cuenta que hay un ambiente de sensibilidad por la percepción de que se persigue a los fiscales del equipo Lava Jato.

“Hay que tranquilizar la situación, tenemos que continuar y reforzar las instituciones”, añadió.

El procurador para el caso, Jorge Ramírez, también planteó la necesidad de que el equipo Lava Jato se mantenga y señaló que la Fiscalía y la Procuraduría trabajan en conjunto.

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Política

Congreso verá hasta enero creación de Junta Nacional de Justicia y otros temas

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El Congreso seguirá trabajando en el primer mes de verano del 2019 para ejecutar la primera reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum, mediante la cual se creará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esa nueva instancia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, con facultades para nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del sistema judicial nacional.

Por lo menos esa es la pretensión primordial del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber emitido ayer el Decreto de Presidencia Nº 001-2018-2019 – P/CR que amplía hasta el 30 de enero próximo la legislatura ordinaria en curso.

CONVOCATORIA GENÉRICA

El texto de la disposición no dice expresamente que se tratará la primera reforma dispuesta por la ciudadanía en el referéndum, ya que incluye una fórmula bastante genérica:

“Para tratar los siguientes puntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legisltiva, informes y otras disposiciones que se encuentren en la agenda del pleno del Congreso al 15 de diciembre de 2018, y las proposiciones y mociones que se incluyan en la agenda, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

2. Los proyectos de ley y de resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto”.

No obstante, a través de Twitter, Salaverry escribió: “La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y el pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”.

TORRES EN OTRA COSA

Este doble lenguaje deductivo de Salaverry llevó a su colega de bancada, el congresista Miguel Torres, a declarar a la prensa en tono de mofa que en la ampliación de la legislatura se verán asuntos pendientes como las reformas de educación, laboral, ambiental y todos los temas que están pendientes en el Congreso.

Omitió mencionar siquiera la ley de creación de la JNJ, aunque no quedó claro si lo hizo por golpear a Salaverry o porque su bancada se resiste a allanarse al mandato del referendo del domingo, cuya trascendencia los fujimoristas intentan cuestionar.

Es de anotar que el 18 de setiembre, el Congreso aprobó una autógrafa de ley que crea la Junta Nacional de Justicia, tal como hizo con las otras tres reformas planteadas por el Ejecutivo.

Todas esas autógrafas fueron acogidas por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM (publicado el 10 de octubre de 2018) y sirvieron de base para la elaboración de los textos que fueron votados en el referéndum del 9 de diciembre.

MÁS PROYECTOS

Sin embargo, el premier César Villanueva dijo que tiene listo un proyecto propio sobre la Junta Nacional de Justicia que remitirá al Congreso en breve.

Trascendió que el Ejecutivo tiene además un proyecto alternativo a la ley sobre el tema del financiamiento de partidos políticos, aprobado a marcha forzada por fujimoristas y apristas y cuestionado por el presidente Vizcarra, quien ha adelantado que observará la cuestionada norma que podría favorecer a investigados como los jefes de FP, Keiko Fujimori, y el Apra, Alan García, indagados por lavado de activos.

ALTERNATIVAS

Dadas así las cosas, todos los organismos con capacidad de iniciativa legislativa, principalmente en el Poder Judicial, cada una de las bancadas y cada uno de los legisladores, estarán en posición de presentar proyectos de ley al respecto.

El Congreso podría insistir en su autógrafa o compatibilizarla con la que envíe el Gobierno.

Debido a que la prolongación de la legislatura admitirá todos los temas posibles, podría derivar en el tratamiento de una diversidd de materias, lo cual conspiraría contra la premura que requiere poner en vigencia la primera reforma constitucional planteada.

INTERPELACIÓN PENDIENTE

Uno de esos puntos urticantes es la moción de las bancadas del Apra y Fuerza Popular para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesta interceptación telefónica al expresidente Alan García.

Aunque los promotores no han dicho que pretenden censurar a Morán y hasta el aprista Elías Rodríguez dijo ayer que “Aquí no estamos hablando de censura, sino de un ánimo de discutir este tema en el Pleno”, nada debe descartarse.

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