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Política

Keiko será investigada como jefa de banda hasta marzo de 2019

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Keiko Fujimori detenida

En el caso de Keiko Fujimori, ya no resulta extremo decir “tras cuernos, palos” o “le llueve sobre mojado”.

Anteayer, su investigación por la donación ilícita de un millón de dólares negros por parte de Odebrecht provocó su detención preliminar y la de 19 acólitos.

Y, ayer, la Corte Suprema ordenó que siga siendo investigada como jefa de organización criminal, hasta marzo del próximo año, en el “caso cocteles 2016”.

Realmente una semana negra, pero de gran valor para el país porque ha permitido ver de cerca la estrecha vinculación de los dos más importantes casos de corrupción nacional, vía la persona de la lidereza de Fuera Popular.

LAVA JATO Y LAVADO DE ACTIVOS

Estos dos casos y el tercero sobre “Anotación -aporte de US$ 1 millón de Odebrecht 2011”, corresponden al megacaso de gran corrupción Lava Jato.

Las pesquisas están bajo la dirección del tenaz fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez.

En realidad, los casos de falsos aportantes y de la propina (soborno) del millón de dólares constituyen una unidad en cuanto a materia y cronología.

Pero, la Fiscalía los separa por estrategia judicial, para evitar que la defensa de los imputados derribe o dilate todo el caso con alguna jugarreta jurídica eficaz.

Además de los tres anotados, en los que se persigue el delito de lavado de activos, Keiko Fujimori enfrenta un cuarto caso, fuera de Lava Jato. Es el presunto “blanqueo” de US$ 15 millones que habría entregado a Joaquín Ramírez.

Portátil apoyando a Fuerza Popular - Keiko Fujimori

FALLO SUPREMO

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundados los recursos de casación planteados por Fuerza Popular, por Fujimori y su esposo.

Determinó que el fiscal Pérez no vulneró el principio del plazo razonable en investigaciones preliminares. En consecuencia, podrá continuar sus pesquisas.

El veredicto establece que el plazo de la investigación sobre “Falsos aportantes”, de 36 meses, (Casación 599-2018 de Fuerza Popular) concluirá el 19 de octubre del 2018, o sea la próxima semana.

Respecto a la Casación 528-2018 de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito, la investigación terminará el 7 de marzo de 2019, sobre la materia de los “Cocteles” y el origen del dinero para la compra de terrenos en Chilca.

CASACIÓN REVELADORA

El curso y final de la impugnación keikista contra la decisión del fiscal Pérez de investigarla a ella y a su partido bajo la ley de organizaciones criminales, resulta aleccionador.

Su breve y reciente historia muestra cómo el poder político manejaba este tipo de procesos hasta hace solo unos meses, tras bambalinas.

Esa historia vincula estrechamente los dos casos más graves de gran corrupción peruana en lo que va del siglo XXI: Lava Jato y Lava Juez, o el caso de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

LA CAMPAÑA 2011

El caso “Falsos aportantes 2011” fue abierto por la 16 Fiscalía Penal de Lima en octubre de 2015. Tanto reportes de la ONPE y de medios periodísticos señalaban que habían sido detectadas irregularidades en los reportes de Fuerza 2011 sobre sus finanzas en aquella campaña.

Posteriormente, la pesquisa contra Keiko Fujimori y los responsables de las finanzas partidarias pasó al despacho del fiscal de lavado de activos Pérez Gómez.

El “Caso Cocteles” empezó el 8 de marzo del 2016 a cargo del fiscal Germán Suárez Atoche, por presunto lavado de activos con lo recaudado en los cocteles de FP realizados desde el 2015 a 2016, bajo la sospecha de que los altos montos reportados no tenían adecuado sustento.

La indagación también incluía el aporte de la ONG LVF Liberty Institute realizado en diciembre del 2015 por S/. 220.608 y comprende a Keiko Fujimori, a su esposo Mark Vitto y a Fuerza Popular. Este caso pasó también al despacho del fiscal José Domingo Pérez el 16 de setiembre de 2017.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El 28 de ese mes, Pérez sorprendió al país y enfureció a Fuerza Popular y a Keiko porque decidió investigarlos bajo la ley de crimen organizado y el nuevo Código Procesal Penal, ampliando el plazo de investigación a 36 meses.

Pidió autorización al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, pero la jueza Catalina Pérez Escalante se la negó a mediados de octubre, arguyendo que los casos no cumplían los requisitos legales.

En el caso específico de “Los cócteles”, la jueza Elizabeth Arias Quispe del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, a pedido de Keiko Fujimori y de su esposo, dio por concluida la etapa de investigación preliminar y dio al fiscal diez días para acusar o archivarlo.

APELACIÓN Y ALLANAMIENTOS

El Fiscal Pérez apeló la decisión y no se quedó con los brazos cruzados.

El 7 diciembre de 2017 allanó locales de Fuerza Popular, ubicados en Paseo Colón y en la calle Morochucos, de Surco. Se incautó ordenadores, dispositivos de soporte de data electrónica y abundante documentación partidaria sobre el financiamiento de las campañas 2011 y 2016.

Realizó las diligencias bajo la sospecha de que Fuerza Popular había realizado “contabilidad paralela” en la campaña 2011, para ocultar el dinero ilícito recibido.

Después, también allanó las viviendas de presuntos falsos aportantes, en Nuevo Cajamarca y Moyobamba.

Como para complementar la requisa a Fuerza Popular, el 18 de diciembre intervino la ONPE y se incautó la documentación sobre las cuentas de las campañas fujimoristas del 2011 y 2016.

PROPINA DE US$ 1.2 MILLONES

Sin embargo, los casos en manos de Pérez Gómez recibieron un gran impulso cuando el 28 de febrero de 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, le confesó en Brasil, con pelos y señales, porqué y cómo su representada aportó US$1.2 millones a la campaña de Fuerza Popular.

Un millón en efectivo, en dos entregas personales a Jaime Yoshiyama Tanaka y a Augusto Bedoya Cámere, altos dirigentes de FP, y 200 mil dólares, dados a la Confiep para que desplegara una campaña anti Ollanta Humala.

Ante la apelación del fiscal Pérez, el 10 de abril de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones, revocó la resolución del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, dándole la razón.

En respuesta, Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular acudieron ante la Corte Suprema con recursos de casación. Este trámite, en especial el de Keiko Fujimori, siguió entonces un curso dramático y de gran impacto en la afectación a la vida política del país, por la gran corrupción.

FACTOR HINOSTROZA

En abril de 2018, luego de su victoria sobre el expresidente Kuczynsky y la asunción al mando de Martín Vizcarra, es seguro que Keiko sabía sobre el avance de la indagación de Pérez.

Conocía que había dado con la serie de triquiñuelas que había usado la gente de FP para enmascarar dinero ilícito recibido en el 2011, en particular el millón de dólares de Odebrecht

Los aportes fraccionados o “pitufeados”; los falsos aportes y hasta negados por sus aportantes; las donaciones de personas que no pueden sustentar el origen del dinero y los aportes de personas sin capacidad para hacerlo.

Demasiado peligroso para no hacer nada. Por eso, si de ir a la Suprema se trataba, era necesario apelar, pero sobre seguro.

EL FACTOR BECERRIL

El legislador fujimorista Héctor Becerril, a través de su amigo del alma, el empresario Antonio Camayo Valverde, se abrió paso entonces por la puerta grande hacia el servicial vocal supremo César Hinostroza.

Camayo ha dicho como colaborador eficaz que consiguió que Becerril se reuniera con Hinostroza a principios de mayo. Después de eso, Hinostroza acudió ante Keiko Fujimori.

Lo más probable es que se hayan coludido para que el tribunal a su cargo, la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria, admita los recursos de casación de ella y de FP y los resuelva a favor de ellos.

Porque, en efecto, la primer parte se cumplió. En cortísimos diez días, la Sala presidida por Hinostroza admitió los recursos y los programó para resolverlos el 24 de julio.

TODO SE DERRUMBÓ

Todo empezó a derrumbarse con el estallido del caso de los “CNM audios”, una de cuyas piezas iniciales fue la célebre llamada telefónica del empresario Camayo a Hinostroza en la que le pide una nueva reunión con “la señora K”, la de la “Fuerza número 1”.

Y todo se derrumbó como resultado del descubrimiento de los latrocinios de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

Hinostroza fue suspendido en sus funciones de magistrado, su tribunal fue disuelto, renunció el presidente del poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

Y, como efecto colateral, la vista de la causa de los recursos de casación contra la decisión del fiscal Pérez Gómez, pasó al ámbito de la Primera Sala Suprema Penal Permanente.

VEREDICTO ESPERADO

Los supremos escucharon los alegatos de las partes el 15 de setiembre y ayer dieron su veredicto.

En el ínterin, el fiscal Pérez Gómez no cejó en su jaqueo a Keiko y sus coinvestigados. La citó a declarar, pero ella se excusó aduciendo que tenía que participar en la campaña electoral regional y municipal. Lo mismo hizo su esposo.

Pero ese desdén, ese casi desprecio de los Vitto-Fujimori hacia la Fiscalía ya terminó. Por lo menos ella y un grupo de nueve coimputados están detenidos bajo custodia policial.

El fallo supremo resultó absolutamente distinto respecto al que Keiko Fujimori había planeado conseguir con todo el poder intervencionista que ejercía y aún ejerce, en los poderes Legislativo y Judicial.

Sin embargo, con las manos libres y con el tiempo para hacerle las numerosas preguntas que seguramente tiene en cartera, es muy posible que el fiscal Pérez solicite tener en prisión preventiva a Fujimori y los otros, hasta consolidar su acusación para ir a juicio oral.

El fiscal supervisor del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, respaldó ayer ante la prensa al fiscal Pérez Gómez, resaltando que la investigación que ha motivado la detención de Keiko Fujimori y los demás, es prolija.

ALGO MÁS

Vela precisó además que en el curso del proceso, es posible que la Fiscalía, como parte de su estrategia, haga uso, en un probable pedido de prisión preventiva, de la declaración del empresario Antonio Camayo respecto a que Keiko Fujimori, como la ‘Señora K’, se reunió con César Hinostroza para evitar ser juzgada bajo la ley de crimen organizado.

 

ELMER OLÓRTEGUI

Política

Instan a Salaverry a reorganizar comisiones del Congreso

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en

Walter Albán

El miembro del Consejo Ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo que el Congreso debe analizar en forma inmediata la posibilidad de reconsiderar la votación que rechazó la propuesta para recomponer las comisiones parlamentarias, a fin de garantizar una adecuada representación en el Poder Legislativo.

Refirió que el archivamiento de parte de la denuncia contra Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, cuya mayoría la tiene Fuerza Popular, evidencia la necesidad de hacer cambios urgentes en ese grupo de trabajo y en otras comisiones.

“Quienes están en el Congreso y se dan cuenta lo que ocurre por lo menos debieran buscar la forma de concretar la recomposición de las comisiones parlamentaria, de manera inmediata”, declaró.

En ese sentido, consideró necesario que los congresistas que no pertenecen a Fuerza Popular dialoguen y hagan esfuerzos para poner ese tema en debate lo más pronto posible.

Alberto Adrianzén

SIN EMBARGO…

Quien se mostró sorprendido por el pedido es el analista político Alberto Adrianzén, quien dijo que el asunto ya se había visto pero que el titular del Congreso en lugar de dedicarse a ello está metido en leguleyadas que no llevan a nada bueno.

“Todo este problema del Congreso ya se ha votado, yo no entiendo por qué Walter Albán toca este tema que ya fue votado en el Congreso”, dijo de manera tajante al referirse a este tema.

Y en seguida agregó: “Lo que debe de hacer Walter Albán, que es de Proética, es pedir que se investigue al señor Daniel Salaverry que está haciendo un abuso de su poder en el Congreso”.

“Salaverry prometió la recomposición y se votó, pero no fue aceptada. Lo que debe pedir el señor Walter Albán, que está interesado en la ética, porque es de Proética, esa que Salaverry cumpla en presentar su caso al Pleno del Congreso”, denunció.

Alberto Quintanilla

SERÍA IDEAL PERO FALTA PRESIÓN SOCIAL

“Yo no veo espacio en qué momento, porque la vez pasada se votó y se perdió. Ese es un pedido de la sociedad civil, pero en el Congreso ya se perdió”, dijo el congresista Alberto Quintanilla.

“Se perdió en el momento previo a la cuestión de confianza. Si existe esa propuesta hay que escucharla, además nosotros si estaríamos interesados en eso. El tema del Congreso es bien complicado; solo hay que esperar al 28 de julio”, comentó.

“Solo va a suceder si hay una presión social, que la veo bien difícil y que haya una correlación favorable, que también la veo difícil. No había pensado de que era posible en esta coyuntura”, analizó.

“Yo creo que sería lo ideal, pero no veo cómo realizar eso hasta el 28. Voy a ver este asunto y ponerlo en consulta para ver si es posible o no hacerlo antes”, concluyó Quintanilla.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

¿Ya no son mayoría?

Publicado

en

Bancada de Fuerza Popular

“Los congresistas de Fuerza Popular ya no son mayoría. Debemos respetar la proporcionalidad”, aseveró Walter Albán de Proética.

Además, remarcó que esa recomposición es urgente para garantizar la aprobación de las reformas políticas planteadas por el Poder Ejecutivo, sin que estas sean desnaturalizadas.

Remarcó que ciudadanía también debe estar más vigilante a todas las acciones que realice la mayoría fujimorista, especialmente a eventuales cambios a la reforma política planteada por el Ejecutivo.

“Considerando como vienen actuando (los congresistas de Fuerza Popular) deberíamos poner en el tapete la manera como se desarrollan en el Congreso”, acotó.

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Política

Caso Chávarry debe tener prioridad en Comisión Permanente

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Pedro Gonzalo Chávarry y Luis Galarreta

La Comisión Permanente del Congreso, que asumirá las funciones del Pleno durante el receso parlamentario, debe revisar con prioridad las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y acabar con “el blindaje” que lo beneficia, sostuvo el legislador Marco Arana del Frente Amplio.

Arana sostuvo que corresponde a la Comisión Permanente revisar su decisión del 28 de mayo pasado cuando archivó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por 10 años de Chávarry.

Dijo, además, que la Comisión Permanente deberá revisar la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en torno a la denuncia constitucional 322 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, contra Pedro Chávarry, la cual fue archivada en parte por este grupo de trabajo.

“La Comisión Permanente tiene que revisar estas denuncias, en todo caso esperamos que haya un ánimo diferente a la que vimos antes en este grupo de trabajo y que se acabe con el blindaje al exfiscal de la Nación”, afirmó.

PUEDE HACERLO

“Me parece acertada la opinión en el contexto de este enfrentamiento de la cuestión de confianza, obviamente ya se sabía cómo el fujimorismo iba a actuar blindando a Chávarry. Yo creo que no está mal que Arana haga ese legítimo pedido”, dijo Alejandra Dinegro.

“La Comisión Permanente del Congreso va a asumir las funciones del Pleno, pero creo que si bien son prioritarias las reformas políticas, puede verse el caso Chávarry, y en este pedido coincide mucha gente que se ha horrorizado que se le siga blindando”, precisó.

“Esa prioridad no debe ser solamente el orden interno del Congreso en cuanto a la organización, sino en esta denuncia constitucional contra el ex Fiscal de la Nación. Una vez acabado este blindaje a personajes tan corruptos; de hecho me parece acertada su sugerencia”, comentó.

“Y eso se puede llevar a cabo dependiendo de los congresista que integran la Comisión Permanente. De hecho yo creo que pueden hacerlo y dejar de seguir blindando a personajes tan corruptos, pero eso está por verse”, concluyó la analista política Alejandra Dinegro.

OTRO ESCENARIO

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), dijo que la idea es positiva, pero se debe esperar que el Pleno vea el caso Chávarry como cuando se vio el caso de Hinostroza en que se presentó una moción de reconsideración.

“Yo creo que, como lo dije antes, la Comisión Permanente va a seguir actuando igual que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que la Comisión de Constitución, porque está conformada por mayoría fujiaprista”, objetó.

“Pienso que hay que actuar con estrategia y presentar que se revise el tema en el Pleno, que creo va a ser en la próxima legislatura, porque esta se ha ampliado hasta el 25 de julio y solo se van ver los casos de las reformas”, sugirió.

“Además ese va a ser otro escenario porque ya se sabrá el terreno que se pisa con la nueva recomposición de las comisiones y de la Mesa Directiva; entonces se verá cómo se llevará el caso de la revisión del blindaje a Chávarry”, vaticinó.

PRUEBAS FIRMES

El abogado Quispe manifestó que contra Chávarry hay pruebas sólidas y que incluso Zoraida Ávalos, la fiscal de la Nación, presentó argumentos irrefutables para investigar al ex fiscal de la Nación, hoy fiscal supremo.

“Todo ello fue tratado con irrespeto y se blindó nuevamente a Chávarry sin importarles que su caso tiene pruebas fehacientes y que es muy cuestionado, por su comportamiento ya hecho público”, sostuvo.

ALGO MÁS

Sin embargo, Quispe afirmó que se debe informar a la ciudadanía para que sepa lo que está sucediendo y entienda que su caso solo tiene la oportunidad de verse con fuerza y objetivamente, en el Pleno del Congreso.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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