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Política

Keiko será investigada como jefa de banda hasta marzo de 2019

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Keiko Fujimori detenida

En el caso de Keiko Fujimori, ya no resulta extremo decir “tras cuernos, palos” o “le llueve sobre mojado”.

Anteayer, su investigación por la donación ilícita de un millón de dólares negros por parte de Odebrecht provocó su detención preliminar y la de 19 acólitos.

Y, ayer, la Corte Suprema ordenó que siga siendo investigada como jefa de organización criminal, hasta marzo del próximo año, en el “caso cocteles 2016”.

Realmente una semana negra, pero de gran valor para el país porque ha permitido ver de cerca la estrecha vinculación de los dos más importantes casos de corrupción nacional, vía la persona de la lidereza de Fuera Popular.

LAVA JATO Y LAVADO DE ACTIVOS

Estos dos casos y el tercero sobre “Anotación -aporte de US$ 1 millón de Odebrecht 2011”, corresponden al megacaso de gran corrupción Lava Jato.

Las pesquisas están bajo la dirección del tenaz fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez.

En realidad, los casos de falsos aportantes y de la propina (soborno) del millón de dólares constituyen una unidad en cuanto a materia y cronología.

Pero, la Fiscalía los separa por estrategia judicial, para evitar que la defensa de los imputados derribe o dilate todo el caso con alguna jugarreta jurídica eficaz.

Además de los tres anotados, en los que se persigue el delito de lavado de activos, Keiko Fujimori enfrenta un cuarto caso, fuera de Lava Jato. Es el presunto “blanqueo” de US$ 15 millones que habría entregado a Joaquín Ramírez.

Portátil apoyando a Fuerza Popular - Keiko Fujimori

FALLO SUPREMO

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundados los recursos de casación planteados por Fuerza Popular, por Fujimori y su esposo.

Determinó que el fiscal Pérez no vulneró el principio del plazo razonable en investigaciones preliminares. En consecuencia, podrá continuar sus pesquisas.

El veredicto establece que el plazo de la investigación sobre “Falsos aportantes”, de 36 meses, (Casación 599-2018 de Fuerza Popular) concluirá el 19 de octubre del 2018, o sea la próxima semana.

Respecto a la Casación 528-2018 de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito, la investigación terminará el 7 de marzo de 2019, sobre la materia de los “Cocteles” y el origen del dinero para la compra de terrenos en Chilca.

CASACIÓN REVELADORA

El curso y final de la impugnación keikista contra la decisión del fiscal Pérez de investigarla a ella y a su partido bajo la ley de organizaciones criminales, resulta aleccionador.

Su breve y reciente historia muestra cómo el poder político manejaba este tipo de procesos hasta hace solo unos meses, tras bambalinas.

Esa historia vincula estrechamente los dos casos más graves de gran corrupción peruana en lo que va del siglo XXI: Lava Jato y Lava Juez, o el caso de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

LA CAMPAÑA 2011

El caso “Falsos aportantes 2011” fue abierto por la 16 Fiscalía Penal de Lima en octubre de 2015. Tanto reportes de la ONPE y de medios periodísticos señalaban que habían sido detectadas irregularidades en los reportes de Fuerza 2011 sobre sus finanzas en aquella campaña.

Posteriormente, la pesquisa contra Keiko Fujimori y los responsables de las finanzas partidarias pasó al despacho del fiscal de lavado de activos Pérez Gómez.

El “Caso Cocteles” empezó el 8 de marzo del 2016 a cargo del fiscal Germán Suárez Atoche, por presunto lavado de activos con lo recaudado en los cocteles de FP realizados desde el 2015 a 2016, bajo la sospecha de que los altos montos reportados no tenían adecuado sustento.

La indagación también incluía el aporte de la ONG LVF Liberty Institute realizado en diciembre del 2015 por S/. 220.608 y comprende a Keiko Fujimori, a su esposo Mark Vitto y a Fuerza Popular. Este caso pasó también al despacho del fiscal José Domingo Pérez el 16 de setiembre de 2017.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El 28 de ese mes, Pérez sorprendió al país y enfureció a Fuerza Popular y a Keiko porque decidió investigarlos bajo la ley de crimen organizado y el nuevo Código Procesal Penal, ampliando el plazo de investigación a 36 meses.

Pidió autorización al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, pero la jueza Catalina Pérez Escalante se la negó a mediados de octubre, arguyendo que los casos no cumplían los requisitos legales.

En el caso específico de “Los cócteles”, la jueza Elizabeth Arias Quispe del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, a pedido de Keiko Fujimori y de su esposo, dio por concluida la etapa de investigación preliminar y dio al fiscal diez días para acusar o archivarlo.

APELACIÓN Y ALLANAMIENTOS

El Fiscal Pérez apeló la decisión y no se quedó con los brazos cruzados.

El 7 diciembre de 2017 allanó locales de Fuerza Popular, ubicados en Paseo Colón y en la calle Morochucos, de Surco. Se incautó ordenadores, dispositivos de soporte de data electrónica y abundante documentación partidaria sobre el financiamiento de las campañas 2011 y 2016.

Realizó las diligencias bajo la sospecha de que Fuerza Popular había realizado “contabilidad paralela” en la campaña 2011, para ocultar el dinero ilícito recibido.

Después, también allanó las viviendas de presuntos falsos aportantes, en Nuevo Cajamarca y Moyobamba.

Como para complementar la requisa a Fuerza Popular, el 18 de diciembre intervino la ONPE y se incautó la documentación sobre las cuentas de las campañas fujimoristas del 2011 y 2016.

PROPINA DE US$ 1.2 MILLONES

Sin embargo, los casos en manos de Pérez Gómez recibieron un gran impulso cuando el 28 de febrero de 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, le confesó en Brasil, con pelos y señales, porqué y cómo su representada aportó US$1.2 millones a la campaña de Fuerza Popular.

Un millón en efectivo, en dos entregas personales a Jaime Yoshiyama Tanaka y a Augusto Bedoya Cámere, altos dirigentes de FP, y 200 mil dólares, dados a la Confiep para que desplegara una campaña anti Ollanta Humala.

Ante la apelación del fiscal Pérez, el 10 de abril de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones, revocó la resolución del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, dándole la razón.

En respuesta, Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular acudieron ante la Corte Suprema con recursos de casación. Este trámite, en especial el de Keiko Fujimori, siguió entonces un curso dramático y de gran impacto en la afectación a la vida política del país, por la gran corrupción.

FACTOR HINOSTROZA

En abril de 2018, luego de su victoria sobre el expresidente Kuczynsky y la asunción al mando de Martín Vizcarra, es seguro que Keiko sabía sobre el avance de la indagación de Pérez.

Conocía que había dado con la serie de triquiñuelas que había usado la gente de FP para enmascarar dinero ilícito recibido en el 2011, en particular el millón de dólares de Odebrecht

Los aportes fraccionados o “pitufeados”; los falsos aportes y hasta negados por sus aportantes; las donaciones de personas que no pueden sustentar el origen del dinero y los aportes de personas sin capacidad para hacerlo.

Demasiado peligroso para no hacer nada. Por eso, si de ir a la Suprema se trataba, era necesario apelar, pero sobre seguro.

EL FACTOR BECERRIL

El legislador fujimorista Héctor Becerril, a través de su amigo del alma, el empresario Antonio Camayo Valverde, se abrió paso entonces por la puerta grande hacia el servicial vocal supremo César Hinostroza.

Camayo ha dicho como colaborador eficaz que consiguió que Becerril se reuniera con Hinostroza a principios de mayo. Después de eso, Hinostroza acudió ante Keiko Fujimori.

Lo más probable es que se hayan coludido para que el tribunal a su cargo, la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria, admita los recursos de casación de ella y de FP y los resuelva a favor de ellos.

Porque, en efecto, la primer parte se cumplió. En cortísimos diez días, la Sala presidida por Hinostroza admitió los recursos y los programó para resolverlos el 24 de julio.

TODO SE DERRUMBÓ

Todo empezó a derrumbarse con el estallido del caso de los “CNM audios”, una de cuyas piezas iniciales fue la célebre llamada telefónica del empresario Camayo a Hinostroza en la que le pide una nueva reunión con “la señora K”, la de la “Fuerza número 1”.

Y todo se derrumbó como resultado del descubrimiento de los latrocinios de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”.

Hinostroza fue suspendido en sus funciones de magistrado, su tribunal fue disuelto, renunció el presidente del poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

Y, como efecto colateral, la vista de la causa de los recursos de casación contra la decisión del fiscal Pérez Gómez, pasó al ámbito de la Primera Sala Suprema Penal Permanente.

VEREDICTO ESPERADO

Los supremos escucharon los alegatos de las partes el 15 de setiembre y ayer dieron su veredicto.

En el ínterin, el fiscal Pérez Gómez no cejó en su jaqueo a Keiko y sus coinvestigados. La citó a declarar, pero ella se excusó aduciendo que tenía que participar en la campaña electoral regional y municipal. Lo mismo hizo su esposo.

Pero ese desdén, ese casi desprecio de los Vitto-Fujimori hacia la Fiscalía ya terminó. Por lo menos ella y un grupo de nueve coimputados están detenidos bajo custodia policial.

El fallo supremo resultó absolutamente distinto respecto al que Keiko Fujimori había planeado conseguir con todo el poder intervencionista que ejercía y aún ejerce, en los poderes Legislativo y Judicial.

Sin embargo, con las manos libres y con el tiempo para hacerle las numerosas preguntas que seguramente tiene en cartera, es muy posible que el fiscal Pérez solicite tener en prisión preventiva a Fujimori y los otros, hasta consolidar su acusación para ir a juicio oral.

El fiscal supervisor del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, respaldó ayer ante la prensa al fiscal Pérez Gómez, resaltando que la investigación que ha motivado la detención de Keiko Fujimori y los demás, es prolija.

ALGO MÁS

Vela precisó además que en el curso del proceso, es posible que la Fiscalía, como parte de su estrategia, haga uso, en un probable pedido de prisión preventiva, de la declaración del empresario Antonio Camayo respecto a que Keiko Fujimori, como la ‘Señora K’, se reunió con César Hinostroza para evitar ser juzgada bajo la ley de crimen organizado.

 

ELMER OLÓRTEGUI

Política

Fiscal Pérez pide protección

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, reveló anoche que ante la situación de agitación que ha desplegado Fuerza Popular por la detención de su lideresa y de otras 19 personas, ha solicitado a su institución que le proporcione seguridad para contrarrestar cualquier tipo de ataque.

“Solicito al Ministerio Público que se aseguren las medidas de protección hacia mi persona y hacia mi familia. He tomado conocimiento por las redes sociales que se ha expuesto públicamente mi dirección. Es una situación que me preocupa”, dijo el fiscal Domingo Pérez a “Panorama”

Agregó: “Cuando investigamos a presuntas organizaciones criminales, los fiscales tenemos que estar preparados para poder afrontar todo este tipo de agresiones.

Así mismo, adelantó que el equipo especial Lava Jato está gestionando la reincorporación de la fiscal adjunta Erika Delgado Torres, despedida intempestivamente por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Dijo que las gestiones están a cargo del coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, quien ha solicitado a la superioridad la reconsideración de la destitución de Delgado Torres, quien formaba parte de su despacho.

Vela Barba ha tomado ya las providencias correspondientes para que se pueda reconsiderar o revertir esa decisión y explicó que no tuvo conocimiento previo de la decisión de Chávarry, sobre la salida de la fiscal adjunta.

Algunos medios de prensa informaron ayer que una probable causa del despido de Delgado Torres habría sido su relación con una entonces congresista del Partido Nacionalista Peruano, durante el año 2009.

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Política

Patrizia Coppero acepta ser falsa aportante de Keiko y pide ser colaboradora eficaz

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Keiko Fujimori

Desde la clandestinidad, Patrizia Coppero del Valle, exesposa del empresario Giancarlo Bertini Vivanco -ambos con orden de detención en condición de cómplices de Keiko Fujimori- declaró que el aporte de más de 79 mil que ella hizo a la campaña de Fujimori Higuchi en el 2011, no procedió de su patrimonio personal ni conyugal.

Y explicó que el verdadero origen solo lo sabe Bertini Vivanco, de quien se ha separado hace un tiempo y quien aparece en los reportes de Fuerza Popular del 2011 como aportante de 171 mil soles.

De este modo, Coppero del Valle, es la primera persona del conjunto de veinte con orden de detención preliminar en el caso de lavado de activos contra Fuerza Popular y una presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori, que se aviene a contarlo todo, empezando por declararse como “falsa aportante”, corroborando la tesis central del fiscal Domingo Pérez.

Como parte de su ex sociedad conyugal, Coppero era gerente ejecutiva de la firma Office USA SAC y desde su escondite dijo al programa ”Cuarto Poder” que está dispuesta a colaborar con la justicia, siempre y cuando el juez le permita hacerlo en libertad y no con la medida extrema de detención. .

Ella dijo: “Lo que quiero hacer es estar a disposición de cualquier citación que me hagan, voy a colaborar en todo lo que me pidan, pero me parece que la medida es bastante extrema. Quiero dar toda la información que yo tenga”.

Coppero contó que firmó los documentos de aportes a Fuerza 2011 a pedido de su entonces esposo Bertini Vivanco, entendiendo que era dinero que procedía del negocio familiar cuyos fondos estaban bajo el total manejo de su cónyuge.

También explicó: “Pensaba que era dinero de nosotros, del patrimonio familiar, y lo hacía con gusto en ese momento para aportar a la campaña de Fuerza 2011, para que no salga Ollanta Humala de presidente. No tenía idea de que provenía de otra fuente que no fuera la nuestra”

Y, agregó: “Yo no veía el dinero, yo solo veía el voucher. Vi solo recibos de donativos, había que poner el monto, la cantidad, el nombre y la firma. Nada más. Y yo me imagino que se iba al banco con eso y se depositaba el dinero”.

Respecto a Daniel Mellado Correa, otro de los veinte con orden de detención, dijo que lo conoció porque era dependiente de la empresa Office USA SAC.

Ella explicó; “Él era el encargado de hacer los depósitos, de llevar las cosas de los bancos, de pagar a la aduana de las importaciones que hacíamos, ese tipo de cosas eran su función en la empresa. Pero, yo sabía también que le hacía favores al señor Yoshiyama”.

La Fiscalía sospecha que Mellado habría depositado casi US$500 mil a las cuentas de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Coppero cree que Mellado Correa habría servido también a Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exministro y ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama para realizar depósitos disfrazados a favor de la campaña de Fuerza 2011.

Ocurría que las empresas de los Bertini Coppero y de Yoshiyama Sasaki eran colindantes, en Surquillo, por lo que su exesposo y Yoshiyama eran amigos. Además, Bertini le debía un gran favor que le hizo con el pago de deudas.

Es posible entonces que Mellado Correa hiciera los depósitos para Fuerza 2011 por encargo de Yoshiyama y de su entonces esposo.

Jorge Yoshiyama, quien ya fue detenido durante el allanamiento de su casa, se negó a declarar al programa “Cuarto Poder”.

EL OTRO YOSHIYAMA

Por su parte, Jaime Yoshiyama Tanaka, buscado por la policía, declaró desde Miami que regresará cuando los médicos le autoricen, ya que ha sido operado de uno de sus ojos.

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Política

Alianza aprofujimorista protegerá a Salaverry de la censura

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Mesa Directiva del Congreso de la República - Daniel Enrique Salaverry Villa

Con el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, como director del debate, el Pleno del Congreso decidirá hoy si admite a discusión la moción de censura contra el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, y su junta directiva, bajo cargos de haber violado el reglamento del organismo para facilitar la aprobación de la “Ley Fujimori”, en menos de 48 horas.

García Belaunde dirigirá la sesión en su condición de postulante a presidente del Parlamento el último 28 de julio.

En la sesión de hoy, que tiene las 9 de la mañana como hora de inicio, el primer punto de la agenda es la moción de censura que fue presentada por la bancada del grupo izquierdista Nuevo Perú el mismo jueves 11 del presente.

AL CABALLAZO

Ese día, a gran velocidad, la alianza entre fujimoristas, apristas y acuñistas aprobó con prepotencia el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años.

El verdadero propósito de dicha ley es tratar de evitar que el expresidente Fujimori sea devuelto a prisión.

No obstante, ese propósito es incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado Peruano.

JUGARRETA ELECTRÓNICA

Para aprobar la ley cuyo proyecto había sido presentado un día antes por la legisladora y socia interesada del fujimorismo, Yeni Vilcatoma, la alianza aprofujiacuñista, exoneró a la propuesta de todos los trámites previos.

Para eso usó una firma electrónica (no presencial) del legislador Richard Acuña, hijo del propietario del partido Alianza Para el progreso, César Acuña.

Así fue desechada la intervención del representante formal de esa organización, César Vásquez, quien se hallaba presente el hemiciclo, pero era contrario al trámite.

Cuando Vásquez reclamó por su derecho y pidió retirar la firma del hijo del dueño de su partido, Richard Acuña le ordenó que no lo hiciera y solo le quedó acatar.

BUEN INTENTO

No obstante, la aritmética parlamentaria indica que el debate de la moción, si es admitida a trámite, solo dará lugar al derecho de protesta o “derecho al pataleo” de la minoría parlamentaria.

La alianza perpetradora del abuso legislativo suma 75 votos (Fuerza popular, 62, el Apra, 5, más los acuñistas), de tal modo que es imposible que los demás grupos obtengan el número suficiente de votos para derribar a Salaverry y su directiva, o sea la mitad más uno del quórum presente.

Según el cálculo del oficialista Carlos Bruce no tienen los votos para la censura. Las bancadas de Nuevo Perú (10), Frente Amplio (9), Acción Popular (5), Peruanos Por el Kambio (14) más los 17 legisladores, solo suman 55, suponiendo que todos asistan y se decidan a votar en un solo sentido, lo cual es poco probable.

RECHAZO DEL EJECUTIVO

La autógrafa u original de la “Ley Fujimori” ya está en el despacho del presidente Vizcarra, pero según la Constitución, el Presidente puede “observarla y devolverla al Congreso, rechazando todo o parte de su contenido.

Carlos Bruce ha sugerido que el Presidente haga eso. El Congreso la promulgaría.

ALGO MÁS

Quedarán entonces dos caminos: la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por congresistas descontentos y una nueva demanda de control de convencionalidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por parte de los deudos de las víctimas de las masacres fujimontesinistas de Barrios Altos y La Cantuta.

Una historia que tendría un desenlace ya conocido, en contra del estado peruano y del fujimorismo.

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