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Editorial

Keiko quiere guerra

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Aparte de algunas declaraciones de los congresistas contra las iniciativas de reformas del presidente Martín Vizcarra, el fujimorismo no había respondido con fuerza al mandatario luego que este lo pusiera contra la pared al presentar el 28 de julio en el corazón del Congreso sus propuestas de referéndum para eliminar la reelección consecutiva de los parlamentarios, para retornar a la bicameralidad, para regular el financiamiento privado de los partidos políticos y para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura.

Seguramente Keiko esperaba el momento preciso para responder a Vizcarra, pero no se atrevió a hacer algo contra el mandatario porque la población empezó a apoyar de manera mayoritaria las decisiones del Jefe del Estado e iba verse pésimo una crítica de la señora K.

Solo se atrevió a atacar a Vizcarra al día siguiente que la encuesta Ipsos revelara que el 80% de los consultados desaprueban a la lideresa de Fuerza Popular, pensando en mejorar así su situación. Nunca antes en toda su historia política Keiko estaba por los suelos en nivel de aprobación.

El parlamentario Gilbert Violeta, de Peruanos Por el Kambio, dijo anoche que la reacción de Keiko contra el presidente Vizcarra evidencia que el fujimorismo quiere una confrontación dura contra el Ejecutivo.

Violeta avizora que se vienen tiempos duros de confrontación de Keiko contra el gobierno cuyos resultados perjudicarán a los ciudadanos, principalmente, como en los tiempos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Keiko ha optado por un camino arriesgado para mejorar su imagen ya que el Presidente de la República tiene gran aprobación en la ciudadanía y seguirá mejorando si es que se pone firme contra las pretensiones del fujimorismo.

La lideresa de Fuerza Popular sigue teniendo poder en el Congreso, pero el Parlamento está desacreditado; tiene influencia en el Ministerio Público de Chávarry, pero este ente también está por los suelos a los ojos de la gente.

Keiko tiene graves denuncias que afrontar en el Ministerio Público y el Poder Judicial y ahora ha abierto un flanco que puede ser contraproducente para ella si es que el Presidente de la República se pone firme y actúa de acuerdo al latido de la ciudadanía.

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Editorial

Nadie gana con la informalidad

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Los comerciantes de la zona de Mesa Redonda, en el centro de Lima, aseguran que el cierre por tres semanas, dispuesto por el municipio metropolitano para permitir las inspecciones a los locales comerciales, les ocasionará grandes pérdidas.

Evidentemente que la razón no les asiste porque después del siniestro registrado en el lugar en el año 2001 –en que se perdieron 279 vidas humanas– se han vuelto a registrar por lo menos otros nueve y el último de ellos fue el ocurrido la noche del Viernes Santo, en el que no se registraron daños personales y vaya uno a saber si fue por algún milagro divino.

Efectivamente, en esas galerías comerciales no se respetan las más mínimas normas de seguridad. Lo peor es que muchos de los locales fueron hechos para vivienda y no cuentan con pasillos de alto tránsito y mucho menos para el almacenaje de mercaderías.

Pero aun así hay un alto tránsito de clientes. No se trata solo de la vida de los comerciantes y sus clientes, sino también la de los bomberos y policías que llegan al lugar cuando se ha producido un incendio que se propaga rápidamente por la gran cantidad de materiales altamente inflamables que se almacena en el lugar.

De otro lado, es obligación de las autoridades municipales verificar el fiel cumplimiento de las normas de seguridad para garantizar la integridad física de la gente que concurre al lugar, pues de lo contrario no puede otorgarles licencia de funcionamiento a esos negocios tugurizados.

Lo ideal hubiera sido que primero se construyan las galerías de acuerdo a las normas de seguridad y después se proceda a pedir la licencia de funcionamiento, contando con el visto bueno de Defensa Civil, pero lamentablemente en nuestro país ocurre lo contrario por la informalidad.

Pero si los comerciantes creen que son ellos los únicos que están sufriendo grandes pérdidas, la medición hecha por el Organismo de evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), con información de dos monitores instalados cerca, comprobó que la cantidad de material particulado fino y muy fino triplica la cantidad permitida.

Francisco García, representante de OEFA, confirmó que en la zona del siniestro se halló ayer por la mañana 366.84 microgramos por metro cúbico de PM10 (material particulado fino) y 347.33 de PM2.5 (material particulado muy fino), cuando lo aceptable es 100 y 50 microgramos, respectivamente. Un alto grado de contaminación que enferma a los vecinos. Eso quiere decir que con la informalidad nadie gana.

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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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Editorial

Otra vez la informalidad

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Más de 200 bomberos voluntarios, apoyados por 350 policías, tuvieron que trabajar toda la noche del Viernes Santo en la zona de Mesa Redonda, donde ardió como tea una galería comercial, ubicada a la altura de la cuadra 7 del jirón Cusco. Milagrosamente no se registraron desgracias personales, pero los daños son considerables. El presidente Martín Vizcarra, quien se hizo presente en el lugar, ha explicado que la presencia de almacenes informales en la zona de Mesa Redonda, con material altamente inflamable, permitió que el incendio se propagara rápidamente.

Desde esta columna, hace casi cinco meses, hemos alertado sobre la situación de riesgo inminente para las personas que acuden a esta zona, pero al parecer las autoridades pertinentes siguen pensando que prevenir no es mejor que lamentar. Quizá por eso es que no se han hecho operaciones de fiscalización en ese lugar para detectar todos los peligros latentes, desde un incendio hasta un sismo de regular intensidad. El Jefe de Estado ha mencionado, también, que los representantes de la Municipalidad de Lima constataron que esa localidad, declarada en su zonificación para vivienda, en realidad era ocupada por almacenes.

Lo más lamentable es que a pesar de la gran cantidad de organismos reguladores y de fiscalización que se han creado la informalidad no puede ser erradicada de nuestro país. ¿Por qué siguen operando sin licencia estos comercios? ¿Por qué se destina a un uso diferente estas viviendas sin que nadie haga algo para que esta situación no continúe así? ¿Acaso no fue suficiente la tragedia ocurrida en Mesa Redonda el 29 de diciembre de 2001, y que costó la vida de 279 personas? ¿Necesitamos otra tragedia de esa magnitud para que nuestras autoridades recién vean la forma de acabar con ese problema de la informalidad? No, claro que no.

Ha llegado, pues, la hora de actuar con firmeza. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado que toda la zona de Mesa Redonda será cerrada durante tres semanas a fin de realizar una minuciosa fiscalización de los comercios y determinar si se encuentran en condiciones para operar sin ningún riesgo para la ciudadanía. Previo empadronamiento, los vecinos afectados tendrán que ser reubicados, pues según los bomberos hay 23 techos desplomados. Es necesario, entonces, que el burgomaestre capitalino disponga todas las acciones necesarias para acabar con este caos generado otra vez por la informalidad.

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