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Política

Keiko puede obstaculizar el proceso

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Keiko Fujimori detenida

El poder político y las influencias de Keiko Fujimori constituyen el principal fundamento de su detención preliminar, aclaró ayer el jurista Ronald Gamarra, en entrevista con Diario UNO, al desestimar el alegato de sus defensores, de que la medida judicial no se justifica porque ella tiene arraigo, pues trabaja para su propio partido.

Señaló que el principal argumento es que la Señora K tiene la capacidad para influir en las decisiones del Poder Judicial y en el Legislativo que pueden obstaculizar el proceso en su contra.

DETENCIÓN ES LEGAL

El exprocurador del Estado aseguró que esta no es una prisión preventiva por eso no se les puede exigir los márgenes tan estrictos como los que se aplican a la prisión preventiva.

Dijo que, además, la detención preliminar dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, está prevista en las normas y que sea utilizada en esta oportunidad no debe llamar a sorpresa.

“Quien no esté de acuerdo tiene expedita la posibilidad de hacer las impugnaciones correspondientes, me imagino que la abogada de Keiko Fujimori habrá hecho las que correspondan”, afirmó, mientras la defensora de Keiko, Giulianna Loza, apeló ayer contra la medida.

OBSTACULIZACIÓN

Destacó que el tema fundamental es el de la obstaculización, más que el del peligro de fuga.

“Porque la obstaculización se desprende también del hecho que la señora Fujimori se haya reunido con el juez suspendido César Hinostroza, cuando él estaba conduciendo un tema vinculado a ella. ¿Qué hace ella reuniéndose con este juez?” , añadió.

“Por otro lado, la existencia de una serie de personas que, como parte de la organización, habrían tratado de borrar huellas o en todo caso de hacer aparecer entregas de dinero para la campaña electoral fujimorista de 02011 que en realidad no existieron”, añadió.

Resaltó que esos son actos concretos de obstaculización, y me imagino que “en su momento, si el fiscal José Domingo Pérez requiere una medida de prisión preventiva, el tema de la obstrucción se va a centrar en estos dos hechos, sobre todo en la reunión de la señora con un juez supremo señalado como miembro de una organización criminal”.

Refirió que por otro lado están los actos en concreto que los miembros de la organización, que supuestamente lideraba la señora Keiko Fujimori, perpetraron para impedir que la justicia cumpla con su labor.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Gamarra también aclaró que la resolución judicial no dice que Fuerza Popular es una organización criminal, como alegan los legisladores fujimoristas.

“Hay una tergiversación dolosa de la resolución judicial dado por el magistrado Concepción Carhuancho. No se dice en ningún momento que Fuerza Popular sea una organización criminal, bien claro está escrito en ese documento que dentro de este partido se creó una organización criminal”, afirmó.

“En ningún momento equipara a la organización criminal con la organización político-partidaria inscrita formalmente”, agregó.

QUE NO QUEDE EN AMAGO DE JUSTICIA

El analista político Alberto Adrianzén declaró a Diario UNO que espera que el juez Carhuancho tenga un sustento sólido para que esta detención de Keiko no quede como un amago de justicia. Y que continúe el proceso y que los que han incumplido las leyes sean castigados.

Asimismo, señaló que el país debe dejar de girar alrededor de la familia Fujimori: Alberto Fujimori, Keiko y Kenji.

“Hace casi un año el Perú gira en torno a una familia: el papá, el hijo, la hija, los hijos, porque no somos una monarquía aunque con estos sucesos ya parece, basta con esto”, enfatizó

BASTA DEL TEMA

Adrianzén se preguntó: “¿cuándo vamos a salir en esa especie de burbuja en la que estamos y no discutimos problemas más serios que el de los Fujimori?”.

“Porque en el hipotético caso que vaya presa Keiko Fujimori, los problemas no van a terminar, tampoco se van a resolver espontáneamente. Es hora de pensar otra forma de ver el país, sin los anteojos del fujimorismo o el anti fujimorismo”, aseveró.

ALGO MÁS

Advirtió que tenemos que salir de esa especie de burbuja en la que estamos, “porque todos los días es Fujimori, mientras hay más cosas importantes que suceden en el país que eso”. eró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

Política

Ministro pide investigar a García y cobrarle 1,500 millones a Odebrecht

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García Pérez, por interferir contra la justica con sus espías dentro del equipo Lava Jato y manifestó su respaldo al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

Sobre la confesa intromisión de García Pérez en la Fiscalía que lo investiga, Zeballos dijo: “Ha sido reiterativo en esta apreciación (…) no ha sido una ni dos, sino tres veces que ha manifestado lo mismo (..). Lo que menos puede hacer el Ministerio Público es abrir una investigación y, si encuentra responsabilidad, que se deslinde”.

El ministro Zeballos resaltó que al acuerdo Ministerio Público – Odebrecht contribuyó decisivamente el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, funcionario que pertenece al Sector Justicia dentro de la Oficina de Defensa Legal del Estado, aportando la solución del punto de la reparación civil.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando los encargados. Sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. Además, no están consideradas las empresas consorciadas. Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.

ACUERDO EQUILIBRADO

El procurador Ramírez, a su vez, siguiendo la campaña de defensa del acuerdo iniciada por el jefe del equipo Lava Jato Rafael Vela Barba, explicó que el punto central es que la indemnización se calculó, respecto a las cuatro obras en las que Odebrecht confesó sobornos.

El procurador dijo que por esas obras Odebrecht reconoció que pagó US$ 32 millones, lo cual es inexacto, pues una simple suma de las coimas conocidas: US$ 20 millones por la Transoceánica Sur, US$ 24.4 millones por el Tren Eléctrico, US$ 4 millones por la Costa Verde Callao y US$ 3 millones por la Vía de Evitamiento del Cusco, arrojan la cifra de US$ 51.4 millones.

En consecuencia, tampoco es cierto que esta suma se pone en relación a los S/ 610 millones, el monto de la multa sería más de cinco veces el soborno reconocido.

No obstante, Ramírez es del criterio de que el acuerdo es “equilibrado”, que puede ser reajustado en el tiempo, pues si se descubriese que también sobornaron en otros proyectos, se cobrará como corresponde la reparación civil.

El procurador dijo también que los 610 millones de soles de reparación civil, es cerca de la mitad del monto del daño al Estado calculado por la Contraloría, ascendente S/ 1.500 millones. La Procuraduría planea cobrar el resto a las empresas naturales y jurídicas que resulten cómplices de la constructora brasileña.

LOS QUE APOYAN

El ex procurador anticorrupción, Iván Meini, respaldó al convenio porque dará acceso a la información que permitirá que las investigaciones sigan y lleguen a buen puerto y que se descubran otros hechos delictivos.

Dijo que esto es importante porque quienes están investigados son personas de poder político y económico que se opondrán con muchos recursos a que se sepa la verdad. No obstante, criticó el monto reducido de la reparación civil

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio dijo que el acuerdo es una solución pragmática en la que también se ha visto la reparación civil que deberá pagar Odebrecht y la autorización para que esta siga operando y pueda disponer de sus activos. “Hay un aumento significativo del aspecto resarcitorio de Odebrecht”, expresó.

RECHAZO

En contra del acuerdo se pronunció ayer el congresista no agrupado Roberto Vieira, quien dijo que con sus sobornos Odebrecht ganó mucho dinero que salió del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no solo perjudicó al Estado, sino a los contribuyentes. Por eso criticó que se le haya aprobado solo 610 millones de soles y que, además, se le permita seguir contratando obras con el Estado.

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Política

Premier contra cambio de fiscales Lava Jato

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César Villanueva

“Espero que no se produzcan esos cambios porque cada cambio te frena o te hace retroceder en estos procesos que más bien tienen que ser la prioridad”, declaró ayer el primer ministro, César Villanueva, al manifestar que no debe haber cambios en el equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato.

Se pronunció por la permanencia del coordinador del equipo, Rafael Vela, y el eficiente fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y demás involucrados en la presunta recepción de fondos de Odebrecht.

Para Villanueva, “Si ya tienen un equipo en marcha, lo ideal es que continúe”, y hay que tener en cuenta que hay un ambiente de sensibilidad por la percepción de que se persigue a los fiscales del equipo Lava Jato.

“Hay que tranquilizar la situación, tenemos que continuar y reforzar las instituciones”, añadió.

El procurador para el caso, Jorge Ramírez, también planteó la necesidad de que el equipo Lava Jato se mantenga y señaló que la Fiscalía y la Procuraduría trabajan en conjunto.

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Política

Congreso verá hasta enero creación de Junta Nacional de Justicia y otros temas

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El Congreso seguirá trabajando en el primer mes de verano del 2019 para ejecutar la primera reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum, mediante la cual se creará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esa nueva instancia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, con facultades para nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del sistema judicial nacional.

Por lo menos esa es la pretensión primordial del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber emitido ayer el Decreto de Presidencia Nº 001-2018-2019 – P/CR que amplía hasta el 30 de enero próximo la legislatura ordinaria en curso.

CONVOCATORIA GENÉRICA

El texto de la disposición no dice expresamente que se tratará la primera reforma dispuesta por la ciudadanía en el referéndum, ya que incluye una fórmula bastante genérica:

“Para tratar los siguientes puntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legisltiva, informes y otras disposiciones que se encuentren en la agenda del pleno del Congreso al 15 de diciembre de 2018, y las proposiciones y mociones que se incluyan en la agenda, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

2. Los proyectos de ley y de resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto”.

No obstante, a través de Twitter, Salaverry escribió: “La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y el pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”.

TORRES EN OTRA COSA

Este doble lenguaje deductivo de Salaverry llevó a su colega de bancada, el congresista Miguel Torres, a declarar a la prensa en tono de mofa que en la ampliación de la legislatura se verán asuntos pendientes como las reformas de educación, laboral, ambiental y todos los temas que están pendientes en el Congreso.

Omitió mencionar siquiera la ley de creación de la JNJ, aunque no quedó claro si lo hizo por golpear a Salaverry o porque su bancada se resiste a allanarse al mandato del referendo del domingo, cuya trascendencia los fujimoristas intentan cuestionar.

Es de anotar que el 18 de setiembre, el Congreso aprobó una autógrafa de ley que crea la Junta Nacional de Justicia, tal como hizo con las otras tres reformas planteadas por el Ejecutivo.

Todas esas autógrafas fueron acogidas por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM (publicado el 10 de octubre de 2018) y sirvieron de base para la elaboración de los textos que fueron votados en el referéndum del 9 de diciembre.

MÁS PROYECTOS

Sin embargo, el premier César Villanueva dijo que tiene listo un proyecto propio sobre la Junta Nacional de Justicia que remitirá al Congreso en breve.

Trascendió que el Ejecutivo tiene además un proyecto alternativo a la ley sobre el tema del financiamiento de partidos políticos, aprobado a marcha forzada por fujimoristas y apristas y cuestionado por el presidente Vizcarra, quien ha adelantado que observará la cuestionada norma que podría favorecer a investigados como los jefes de FP, Keiko Fujimori, y el Apra, Alan García, indagados por lavado de activos.

ALTERNATIVAS

Dadas así las cosas, todos los organismos con capacidad de iniciativa legislativa, principalmente en el Poder Judicial, cada una de las bancadas y cada uno de los legisladores, estarán en posición de presentar proyectos de ley al respecto.

El Congreso podría insistir en su autógrafa o compatibilizarla con la que envíe el Gobierno.

Debido a que la prolongación de la legislatura admitirá todos los temas posibles, podría derivar en el tratamiento de una diversidd de materias, lo cual conspiraría contra la premura que requiere poner en vigencia la primera reforma constitucional planteada.

INTERPELACIÓN PENDIENTE

Uno de esos puntos urticantes es la moción de las bancadas del Apra y Fuerza Popular para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesta interceptación telefónica al expresidente Alan García.

Aunque los promotores no han dicho que pretenden censurar a Morán y hasta el aprista Elías Rodríguez dijo ayer que “Aquí no estamos hablando de censura, sino de un ánimo de discutir este tema en el Pleno”, nada debe descartarse.

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