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Editorial

Keiko en caída libre

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La aprobación a la labor que viene desarrollando la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se encuentra en caída libre según la última encuesta de Datum y, al parecer, se acerca bastante rápido a un dígito. A pesar que ella lo niega todo, entre los ciudadanos encuestados hay un contundente 70% o más que piensa que la excandidata presidencial sí se ha reunido con el suspendido juez supremo, César Hinostroza. Peor aún, el 71% de encuestados considera como falso que Keiko Fujimori haya acudido a las reuniones con el presidente Martín Vizcarra “con el ánimos de contribuir a colaborar con el gobierno”.

Además, la hija del exdictador Alberto Fujimori le ha puesto la cereza al pastel cuando ayer dijo en el Congreso de la República que nadie en Fuerza Popular ha hablado de vacar al presidente Vizcarra. Y subrayó que ella lo descarta. Eso tampoco es creíble para la gran mayoría, pues el 70% de encuestados por Datum respondió que sí tiene la intención de vacar al Jefe del Estado, y solo un 21% respondió negativamente.

Razones de sobra tienen los peruanos para asignarle una desaprobación tan alta a la señora Fujimori. Una de ellas es la ardorosa defensa que ha hecho del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, cuando un 85% de encuestados considera que debería renunciar a su cargo después de todo lo que se ha visto o escuchado en los CNM-audios. Solo un magro 11% ha respondido que no debería renunciar. Para hablar en buen romance, los intereses de ella tampoco sintonizan con los de la mayoría de la población.

Ocurre, además, que la señora Fujimori parece no entender la gravedad de este asunto. Está acostumbrada a lanzar al aire cualquier patochada para salirse de algún aprieto, como el caso de sus estudios sobre el que dio varias versiones. Pero tanto va el cántaro al agua que termina por romperse.

Así las cosas, Keiko Fujimori ahora no solo está perdiendo la aprobación de la ciudadanía, sino que también se está desacreditando cada día más, algo que ningún buen político puede permitirse si es que aún tiene expectativas.

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Editorial

Un decreto antilaboral

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El Gobierno publicó el pasado domingo el Decreto Legislativo Nº 1442 que crea la Planilla Única de Pago del Sector Público. La norma ha sido cuestionada porque en la práctica anula las negociaciones colectivas en el ámbito estatal y aunque el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, niega que el Gobierno haya eliminado la figura de la negociación colectiva para los trabajadores estatales, el abogado laboralista Javier Neves Mujica, sostuvo que el DL 1442 representa un acto de inconstitucionalidad.

Ocurre, sin embargo, que el cuestionado decreto legislativo implementa la Planilla Única de Pago del Sector Público, un registro con los ingresos de cada uno de los trabajadores públicos, que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Además, establece que las entidades del Estado deben cumplir con entregar a sus trabajadores 12 remuneraciones al año, una bonificación por escolaridad, una gratificación por Fiestas Patrias y otra por Navidad (algo que ya se sabe de sobra).

Pero la norma, también, precisa que los montos de gratificaciones y bonificaciones son fijados únicamente por la Ley de Presupuesto del Sector Público. Asimismo, señala que todos –salarios incluidos– deben ser reglamentados mediante decreto supremo del MEF. El artículo 16 obliga a todas las entidades públicas a cumplir con los lineamientos de la Planilla Pública, caso contrario se comunicará a la Contraloría General de la República, detallando el impacto fiscal.

En opinión de expertos, nos encontraríamos ante una flagrante violación de la Constitución y los derechos laborales por parte del Poder Ejecutivo, ante lo cual el Congreso deberá retomar el proyecto consensuado que tiene sobre la materia. En caso contrario, qué razón de ser tendrían los sindicatos. Es necesario, pues, que se corrija cualquier atisbo de colisión con los derechos laborales, consagrados por la Constitución, toda vez que es el Estado el encargado de velar por su cumplimiento.

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Editorial

El arte del engaño

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El presidente Martín Vizcarra ha reafirmado su compromiso de llevar adelante los temas propuestos para la reforma política y judicial, con la finalidad de que la población asista al referéndum el próximo 9 diciembre. Sin embargo, para algunos, el mandatario peca de confianza, especialmente después de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo ha calificado de “golpista” y “generador de cortinas de humo”, seguramente recordando ella lo que fue el gobierno de su padre, Alberto Fujimori y de su socio Vladimiro Montesinos.

En todo caso, vale la advertencia y no debería ser echada en saco roto, pues a lo largo de los últimos 20 años el Perú ha podido darse cuenta de la forma en que actúan los miembros de Fuerza Popular, quienes han mostrado que han hecho del engaño y las leguleyadas un estilo de hacer política. No obstante, el Jefe del Estado ha señalado que la confianza ha sido otorgada de manera integral en función de la disposición del Presidente del Consejo de Ministros y, en consecuencia, “no tenemos por qué dudar”

Pero los miembros de la bancada fujimorista ya han salido a decir que el tema del referendo no depende de ellos sino del Jurado Nacional de Elecciones. Sería bueno, entonces, que el Presidente y el premier Villanueva se mantenga firmes en sus planteamientos y no permitan que los miembros de Fuerza Popular le pasen gato por liebre a la población que está esperando acudir al referéndum el próximo 9 de diciembre para expresarse libremente.

No es gratuito que la Comisión de Constitución del Congreso haya suspendido el debate del proyecto referido a la bicameralidad, mientras que aún está pendiente el tema de la no reelección de congresistas. Esto podría ser un indicio, si no la confirmación de que el fujimorismo, al igual que el lobo, pierde el pelo, pero no las mañas.

Tanto el presidente Vizcarra como el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no deben de olvidar que Fuerza Popular conoce muy bien sobre el arte del engaño.

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Editorial

El primer poder del Estado

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Durante el extenso debate que generó la solicitud del voto de confianza y aprobación de los proyectos de reforma política y judicial planteados por el Gobierno, la representación nacional ha reiterado que el Parlamento Nacional es el primer poder del Estado. Así es –por lo menos así debiera serlo– no obstante la bancada de Fuerza Popular parece no entender qué significa eso, pues sus integrantes han mantenido durante todas sus intervenciones un discurso antidemocrático, en el que ha salido a relucir su prepotencia por saberse mayoría.

Ser el primer poder del Estado implica, en primer lugar, una gran responsabilidad por haber recibido los votos necesarios para ocupar la curul en la que se encuentran. En segundo lugar, si se deben al soberano –el pueblo que los eligió– es a él a quien deben rendir cuentas de sus actos porque obran en su representación. Y el electorado ya se ha pronunciado en las calles con voz firme y actitud resuelta: Que se vayan todos, ha dicho y ha pedido un referéndum para expresar la voluntad popular.

Sin embargo, la mayoría de Fuerza Popular ha denostado contra el Gobierno, haciendo la salvedad que en su momento votarían a favor de la cuestión de confianza. Cosa difícil de comprender, a no ser porque quizá los parlamentarios fujimoristas habían tomado la decisión de antemano de aprovechar las cámaras y los reflectores para lanzar todo tipo de epítetos contra el Ejecutivo. No era gratuito, tampoco, que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori haya salido más temprano a decir que los pedidos del Ejecutivo eran solamente una “cortina de humo”.

Así las cosas, la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular –léase fujimorismo– fue derrotada en las calles por lo que se vio obligada a aprobar la cuestión de confianza con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. De no haber ocurrido así, las calles habrían vuelto a pedir el cierre de este Congreso y “que se vayan todos a su casa” lo que implicaría adelantar las elecciones. Eso lo sabía el fujimorismo y tuvo que dar su brazo a torcer.

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