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Política

Keiko, atrapada y sin salida

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Keiko Fujimori

En la puerta del horno se le quemó el pan a Keiko Fujimori. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, solicitó ayer al Ministerio Público que se le envíen las copias certificadas de las declaraciones que brindó Jorge Yoshiyama Sasaki ante el Equipo Especial Lava Jato, a fin de incorporarlas como elemento de debate cuando el próximo martes 19 el Pleno Constitucional evalúe el hábeas corpus presentado por la defensa de Fujimori Higuchi.

Así, el fiscal José Domingo Pérez, quien ya había adelantado que si el TC no le requería la documentación él la haría llegar por iniciativa propia, dispone de 48 horas para hacer llegar las declaraciones del sobrino del exjefe de campaña de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama.

En los días previos, acaso preocupados por el impacto que tendrían las aseveraciones de Jorge Yoshiyama en la decisión del TC, voceros del fujimorismo habían manifestado su rechazo a la posibilidad de que estas declaraciones sean evaluadas por el ente constitucional. “La declaración del señor Jorge Yoshiyama no es una declaración oficial de la cual tenga conocimiento el TC, ha sido una información que ha salido en los medios de comunicación. Si no está en el expediente del TC, no se puede tomar en cuenta”, afirmó el expresidente del TC y hoy candidato al Congreso por Fuerza Popular, Carlos Mesía, quien además fue conocido por afirmar que “al pueblo no hay que hacerle caso”.

La propia Keiko Fujimori publicó en su cuenta de Twitter un descargo contra las declaraciones de Yoshiyama. “Lo que claramente vemos en esta nueva declaración del imputado es que miente para darle gusto a los fiscales. Parece que es otro caso de presión y extorsión como otros que ya se han denunciado”, escribió.

Sin embargo, para Blume habrían pesado más las opiniones de los demás miembros del TC, quienes según lo señalado por el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña le solicitaron incluya las declaraciones de Yoshiyama apenas fueron dadas a conocer. “Si uno quiere trabajar seriamente este tema, tiene que leerlo a profundidad y, si además de eso, aparecen nuevos elementos que podrían tener incidencia, como la declaración que se ha empezado a hacer pública, parece ser prudente que todos los magistrados tengamos información más completa”, comentó el 7 de noviembre.

ACUSACIONES INELUDIBLES

La decisión del TC atiende la solicitud del procurador adjunto del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi Sotomayor, quien el 8 de noviembre pidió formalmente que se incluya el testimonio de Jorge Yoshiyama como argumento para resolver el hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular.

Tupayachi destacó en su solicitud lo referido por Yoshiyama sobre el hecho de que Keiko Fujimori tenía conocimiento de los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial del 2011, los que intentó ocultar mediante falsos aportantes. También hace referencia al comentario que Fujimori habría hecho a Yoshiyama sobre sus reuniones con el exjuez César Hinostroza.

El documento también consigna las indicaciones expresas que Keiko Fujimori habría dado a Jaime Yoshiyama para desconocer el aporte de Odebrecht y negar toda relación entre Fuerza Popular y la empresa brasileña. Además, destaca lo afirmado por Yoshiyama Sasaki respecto a que fue la propia Keiko Fujimori quien le pidió buscar falsos aportantes. “Me pide que lo haga como lo hice en el 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona para que ella me entregue el dinero para ser depositado”, afirmó Yoshiyama en su declaración ante la Fiscalía.

El procurador del Poder Judicial consideró en su escrito que lo declarado por Yoshiyama sería una prueba importante para desvirtuar la tesis de la defensa de Keiko Fujimori, la cual afirma que la acusada no conocía del dinero de Odebrecht ni se había reunido nunca con Hinostroza. Por otro lado, destaca que no se trata de cualquier testigo, sino del sobrino de quien fuera el jefe de campaña electoral de Fujimori.

RIESGO PROCESAL LATENTE

En cuanto al peligro procesal o de obstaculización al proceso, Tupayachi argumentó que “se aprecia de las últimas declaraciones que la procesada Keiko Fujimori ha tenido injerencia frente a diversos órganos jurisdiccionales (reunión con jueces y fiscales), pudiendo ello manifestarse con la influencia directa sobre los mismos, sobre todo por la contraprestación política que podía ejercer a través de su organización política”.

Por su parte, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, remarcó en Ideeleradio que la controversia en el caso de Keiko Fujimori no radica en el tema probatorio, sino en el de la obstaculización de la justicia.

“Nadie discutía en el momento que se sustentó la prisión preventiva la gravedad de los hechos y la sospecha grave que existía dentro de la investigación. Se discutía esencialmente si había un peligro procesal, que tiene dos vertientes: el peligro de fuga y el de obstaculización”, indicó.

Vela destacó que además del testimonio de Yoshiyama, el peligro de obstaculización siempre ha estado sustentado en la evidencia concreta que genera “toda la construcción argumentativa respecto al entorpecimiento de la actividad probatoria”. En ese sentido, recordó que tras revelarse los audios del caso Lava Juez y la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una sala diferente recompuesta es la que finalmente declaró infundado el recurso de casación. “Pero el primer término, con lo difícil que es pasar la fase de calificación previa en la Corte Suprema, fue admitido. Por lo tanto, se materializó esa vinculación entre Hinostroza Pariachi y el grupo investigado por financiamiento de la señora Keiko Fujimori”, apuntó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Política

Insisten en traer abajo el acuerdo con Odebrecht

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Amado Enco

Según el exDefensor del Pueblo, Walter Albán, la denuncia del procurador Amado Enco tiene como objetivo boicotear el acuerdo de colaboración eficaz y evitar que se revelen todos los codinomes. Además, en el TC se cocinaría el camino a la vacancia presidencial.

El ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, calificó como “totalmente abusiva y sin ningún sentido” la denuncia presentada en agosto por el procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Albán, quien ha asumido la defensa legal de Ramírez, advirtió que lo que en realidad busca la acusación es generar obstáculos y amedrentar a los fiscales que intervienen en el caso Lava Jato. Además, indicó que con esta acción el procurador Amado Enco buscaría quebrar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Afirmó que dicho acuerdo de colaboración no se va a considerar cumplido por las autoridades brasileñas ni por la empresa en tanto no se tenga la disposición de los S/ 524 millones que se debía reintegrar a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. “Ese dinero no es para que Odebrecht se lo reparta entre los accionistas, sino para que cumplan con sus obligaciones inmediatas como pagar a la empresa que hace el trabajo para desencriptar la información con los codinomes, o al abogado de Barata, que alega que no cobra desde enero de este año y por eso Barata en la oportunidad anterior dijo que no iba a cumplir con dar información hasta que no se cumpla el acuerdo”, explicó.

El jurista cuestionó que el procurador Enco priorice el seguimiento de esta denuncia con especial interés. “En lugar de preocuparse por los miles de casos de corrupción y cobrar más de S/ 1500 millones en reparación civil, lo que hace es enviar mensajes insistentes para que quienes deben dar trámite a la devolución del dinero se empiecen a preocupar por posibles complicaciones penales”, denunció.

Walter Albán

PRESUNTO OPERADOR DE LA CORRUPCIÓN

En ese sentido, indicó que el procurador Amado Enco habría asistido al despacho de la fiscal a cargo para intentar que se abra una etapa formal de investigación preliminar. “Ha estado invirtiendo tiempo y por tanto recursos del Estado para que su proceso camine. También ha ido al Ministerio de Economía a consultar si el dinero a devolver a Odebrecht forma parte de los recursos públicos. Y parece que la respuesta no le quedó clara porque luego ha intentado amedrentar a la funcionaria que debe autorizar estos recursos, indicando que son recursos públicos”, señaló.

Por ello, consideró que el procurador Enco estaría persiguiendo el objetivo de traer abajo el acuerdo de colaboración. “No solo quienes están involucrados en estos procesos, sino quienes todavía no han sido expuestos sobre sus vínculos con Odebrecht son los interesados en que el acuerdo no continúe, y en esa perspectiva el operador más importante con el que pueden contar ahora es el procurador anticorrupción”, apuntó.

Por otro lado, respecto a las afirmaciones del fiscal Tomás Gálvez, quien manifestó que los fiscales Vela y Pérez “no deben estar un minuto más en sus cargos”, manifestó que los fiscales acusados de ser parte de la red de los Cuellos Blancos “se están jugando la vida”. “Cuando el fiscal Pérez ya tenía que viajar a Curitiba le abren una investigación absurda con un hecho de hace más de diez años y con una diligencia donde él actuó correctamente. No hay que ser ingenuos, estas acciones no son aisladas, todo tiene que ver con un entramado que se mueve para impedir que avancen las investigaciones”, comentó.

AGENDA POLÍTICA EN EL TC

Acerca de la denuncia en el Tribunal Constitucional contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, Albán recordó que desde hace varios años se quieren “deshacer” del magistrado por ser “una piedra en el zapato” para el sector de Ernesto Blume, Sardón y Ferrero. “Ahora le han creado esta denuncia que en realidad es un montaje con malos guionistas y malos protagonistas, y que está destinado a desactivarse pronto porque no hay nada de lo que le puedan acusar, porque se valen de un presunto maltrato a una mujer cuando lo que en realidad ha existido es una crítica y no un insulto. Y si un magistrado no puede criticar a una funcionaria de tanta importancia en el TC, entonces de qué igualdad de género estamos hablando”, cuestionó.

Además, mencionó como algo “curioso” que el periodista Ricardo Uceda haya llamado al magistrado Espinosa-Saldaña el día lunes para consultarle por sus descargos, cuando este ni siquiera había sido notificado y no estaba al tanto de la denuncia. “Este es un caso con intereses políticos, porque no me queda la menor duda de que buscan hacerlo a un lado para declarar fundada la demanda competencial, y con eso generar una herramienta que permita al próximo Congreso buscar la vacancia del presidente Vizcarra”, apuntó.

ELECCIÓN DE JNJ DEBE POSTERGARSE

Finalmente, respecto al proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Albán destacó la importancia de la vigilancia ciudadana para que el proceso se realice en un marco de transparencia. En ese sentido, reiteró el pedido de que la comisión especial reprograme el calendario establecido para la elección de los integrantes de la JNJ. “No se justifica que se tenga que correr en estas fechas de fiestas, porque la ciudadanía y los medios deben hacer un adecuado seguimiento. Lo correcto sería que se corra para la primera semana de enero, cumpliendo los plazos, pero sin esta suerte de falta de transparencia al hacer todo en fechas festivas, que como sabemos no son las más idóneas para llevar adelante estos procesos”, indicó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Belaunde Lossio

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Martín Belaunde Lossio

El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Belaunde Lossio por vencimiento del plazo de la medida de prisión preventiva en su contra por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y simple, cohecho pasivo propio y otros.

Belaunde Lossio cumplía prisión preventiva desde el 11 de diciembre del 2017 por el caso Antalsis. Sin embargo, ya se encontraba recluido desde antes por el caso La Centralita.

La Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rechazó por mayoría la apelación que el Ministerio Público presentó para ampliar por 12 meses la medida contra el procesado.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que Belaunde Lossio deberá cumplir las siguientes restricciones:

No ausentarse de la localidad que reside dentro del territorio nacional, sin previa autorización expresa y antelada del órgano jurisdiccional, la prohibición de viajar al extranjero por el plazo de 36 meses.

Asimismo, el imputado deberá informar la dirección exacta de su residencia en el plazo de 24 horas egresado del establecimiento penitenciario.

Belaunde Lossio está prohibido de comunicar, a través de cualquier medio (redes sociales, por escrito, radio, televisión, teléfono o personalmente) lo relacionado a la presente investigación. De igual forma, está prohibido de comunicarse, directa o indirectamente, con sus coimputados, testigos, peritos.

ALGO MÁS

La resolución de excarcelación ordena también que el procesado debe abonar una caución económica de S/ 50,000.00.

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Política

26 de diciembre evaluará prisión preventiva contra Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori

El Poder Judicial dispuso que el 26 de diciembre se realice la audiencia de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. La cita tiene carácter de inaplazable y estará a cargo del juez Víctor Zúñiga.

Esta disposición se anunció luego de que se amplíe la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Fujimori Higuchi será procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, lavado de activos y organización criminal.

Keikosalió en libertad tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. El Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.

El Ministerio Público pidió en octubre del 2018 esta medida por el caso Cócteles, investigación sobre el supuesto método en que se dio una aparente legalidad a los aportes que habría recibido para su campaña presidencial.

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