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Editorial

Justicia que tarda no es justicia

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En el Perú ya nada sorprende, pero a pesar de ello no deja de llamar la atención que una familia haya sostenido durante 20 años un proceso judicial contra el Estado reclamando la propiedad de Machu Picchu. Parecería cosa de locos, de no ser porque el asunto es mucho más serio de lo que se pudiera pensar. Sabido es que en el Perú la justicia camina a paso de tortuga y que los litigantes tienen que subir y bajar numerosas veces las escaleras del Palacio de Justicia antes que sus escritos pasen de una ventanilla a otra.

Sin embargo, es increíble que en pleno siglo XXI el Estado tenga que gastar los recursos de todos los peruanos para que el Poder Judicial por fin resuelva lo que es evidente: el patrimonio arqueológico de la nación no puede estar en manos de particulares, le pertenece al Estado; es decir, a todos los peruanos. La resolución no ha salido sino después de 20 largos años de batallas legales, cabría preguntarse, entonces, qué estará pasando con los juicios que están llevando por una u otra razón ciudadanos de escasos recursos.

Se trata, en realidad, de una situación que debería ser resuelta cuanto antes. Sin embargo, no hay hasta el momento una reforma que remueva desde sus cimientos nuestro sistema de justicia. Ofrecimientos y anuncios se ha hecho al por mayor, pero hasta ahora sin resultados a la vista. Ya tenemos el caso del Consejo nacional de la Magistratura que ha sido reemplazado por otro organismo, cuyos resultados están en veremos. Hemos visto cómo operaban los jueces de los “Cuellos blancos del Callao”, pero hasta ahora no vemos ninguna reforma integral de nuestro sistema judicial.

La pregunta es qué estamos esperando. ¿Acaso queremos que se vayan todas las inversiones por falta de garantías para una buena administración de justicia? Claro que no. Pero, entonces, le toca al Gobierno pasar de las palabras a los hechos con las reformas anunciadas, entre ellas la del sistema judicial. Debemos desechar para siempre aquella expresión de “La justicia tarda, pero llega” o mejor cambiarla por otra que diga “justicia que tarda no es justicia”.

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Editorial

En manos de los electores

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El Jurado Nacional de Elecciones publicó el sábado la Resolución Nº 0187-2019/JNE que faculta a los integrantes del Congreso disuelto a postular en los comicios parlamentarios del 26 de enero próximo. Es decir, por lo menos en teoría, quienes fueron parte del Congreso disuelto sí podrían participar en el nuevo Parlamento. La disolución se produjo conforme a la Constitución al haberle negado el Legislativo la confianza al proyecto presidencial de adelanto de las elecciones, lo cual era un clamor general.

Los ciudadanos pedían adelanto de los comicios para que el país pudiera salir de las crisis en que se encontraba por el enfrentamiento del Congreso con el Ejecutivo, pero como los legisladores del fujiaprismo decidieron aferrarse con uñas y dientes a sus curules, finalmente, el presidente de la República se vio obligado, en aras de la gobernabilidad, a hacer uso del mecanismo constitucional que le facultaba disolver el Congreso. Sin embargo, el JNE se ha pronunciado en el sentido que los congresistas disueltos pueden volver a postular, pese a que la ley prohíbe la reelección inmediata.

Ahora está en manos de los electores la decisión de no marcar por las listas en las que candidatean los disueltos congresistas o los cuestionados por tener procesos judiciales abiertos por presuntos delitos de corrupción. En efecto, el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado y ahora le toca al elector decir la última palabra, pues el 26 de enero próximo serán los ciudadanos los que dirán quiénes entrarán al Congreso y quiénes no.

Si bien la inscripción de candidatos se cierra recién hoy, de acuerdo al cronograma electoral, hasta ayer ya se conocía nombres de excongresistas que blindaron a al cuestionado fiscal Pedro Chávarry. En la lista aprista el cabeza visible es Mauricio Mulder, pero también hay otros nombres como los de Yeni Vilcatoma, Rosa Bartra y Nelly Cuadros, que ahora pugnan por entrar al Congreso en la lista de Solidaridad Nacional (SL), del también investigado exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio. Igualmente, Miguel Ávalos, Juan Carlos Gonzales, Mártires Lizana, Mario Mantilla, Marco Miyashiro y Gilmer Trujillo, por el partido fujimorista. En fin, el elector ahora tiene la palabra.

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Editorial

Alerta en Mesa Redonda

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La Municipalidad de Lima ha dispuesto desde ayer el cierre al tránsito vehicular de las vías comprendidas en la zona de Mesa Redonda, Mercado Central y el triángulo de Grau. La norma incluye, además, el ordenamiento de paraderos de taxi y playas de estacionamiento. Sin embargo, esta iniciativa, que forma parte del Plan de Seguridad Navidad 360°, debería incluir también la inspección a los locales comerciales y otros inmuebles de la zona que, como ya ha ocurrido en años anteriores, son usados como almacén de juegos pirotécnicos y otras mercaderías de material altamente inflamable.

Para realizar esos operativos, la Municipalidad de Lima ya debería estar coordinando con Defensa Civil y con la Policía Nacional. También con el Cuerpo General de Bomberos con la finalidad de brindarles todas las facilidades del caso para el cumplimiento de la labor que realizan y especialmente por encontrarnos a solo un mes de la Navidad. Deben recordar las autoridades ediles que por estas épocas cientos de personas ya comienzan a concurrir a esos estrechos locales para realizar sus compras navideñas y, dicho sea de paso, no han sido construidos para soportar tal cantidad de visitantes.

La coordinación previa con la policía es muy importante, porque una labor de inteligencia permitiría anticiparse a situaciones irregulares que podrían convertirse en una verdadera bomba de tiempo; ojalá y no haya alguna sorpresa más adelante. Las autoridades deben evitar que los ambulantes bloqueen los accesos a esa zona comercial porque en caso de emergencia los bomberos o una ambulancia perderían valioso tiempo para atender un llamado de auxilio. Sería bueno que el municipio capitalino imponga su autoridad desde el comienzo. La libertad de trabajo no debe ser pretexto para poner en riesgo la vida de mucha gente.

Sin embargo, estando a poco más de un mes para las celebraciones navideñas, la Municipalidad de Lima podría reducir cualquier tipo de riesgos ejerciendo un verdadero control en la zona. Conforme se acercan las fiestas de fin de año se incrementará la presencia de compradores en la zona y con ello también la llegada de personas de mal vivir que buscarán hacer su agosto en diciembre. Por eso, también, es clave un mayor control policial. Las autoridades deben ganarle los espacios a la delincuencia para impedirles su accionar. En fin, nuevamente hay que recordar que más vale prevenir que lamentar. Por eso, hay que estar alerta en Mesa Redonda.

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Editorial

Pongan freno a los accidentes de tránsito

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Desde el primer día del presente año y hasta el pasado 12 de noviembre, la policía ha reportado más de 600 víctimas –400 muertos y 212 heridos– a consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos en Lima, según la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, a cargo del comandante Germán Amancio Machuca. Si bien estas cifras pueden parecer no significativas en una ciudad con cerca de 10 millones de habitantes y un parque automotor cercano a los dos millones de vehículos, hay que considerar que detrás de cada muerte queda un hogar destruido y muchas veces en total desamparo.

El problema de siempre consiste en que tenemos el diagnóstico, pero no el remedio o, mejor dicho la solución. Por ejemplo, se han realizado campañas por la renovación del parque automotor limeño porque gran parte de las unidades que circulan tienen más de 15 años de uso. Sin embargo, se sabe que son pocos los casos en que una falla mecánica haya generado un accidente de tránsito. La principal causa fue la imprudencia temeraria del conductor (46%), como pasarse la luz roja, hablar por teléfono mientras se conduce o cambiar de carril de manera constante.

Las otras causas de accidentes de tránsito que le siguen en número son: la imprudencia del peatón (23%), el exceso de velocidad (11%), la ebriedad del peatón (8%) y conducir en estado de ebriedad (6%). Este último dato que podría causar sorpresa puede explicarse por los continuos operativos contra la alcoholemia que realiza la Policía Nacional: 1,605 operativos y 38,259 papeletas por exceso de velocidad. Esto quiere decir que los controles rinden sus frutos, pues han logrado bajar algunos de los índices, pero hay mucho por hacer todavía, especialmente ahora que se acercan las fiestas navideñas

Más que modificar legislación, de lo que se trata es que nuestras autoridades cumplan a cabalidad su trabajo. La policía en los operativos, y el SAT en el cobro de las multas impuestas a los malos conductores. En este último caso hay mucho pan por rebanar. No se explica, por ejemplo, cómo circulan vehículos de transporte público que adeudan elevadas cifras por multas impuestas. Si no pagan se manda las unidades al depósito y punto, lo cual al parecer eso no estaría ocurriendo. Ojalá las autoridades tomen conciencia de que tienen que poner freno a los accidentes de tránsito.

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