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Editorial

Justicia que nos avergüenza

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La justicia de nuestro país está nuevamente en los ojos del mundo y lamentablemente para avergonzarnos. Ayer se confirmó que los esposos chilenos Jorge Tovar Pérez y Rosario Madueño, fueron injustamente detenidos en el Perú y que no forman parte de ninguna organización dedicada al tráfico de niños. Todo se trató de un exceso de celo por parte de la policía al comprobar que la fecha de nacimiento de los mellizos que estaban por llevar a su país fue anterior al ingreso de la pareja de esposos del vecino país del sur.

Al ser puestos a disposición del Poder Judicial, se dispuso su detención preliminar a pesar que ellos aclararon que se trataba de una reproducción por vientre de alquiler o subrogado, pero no fueron escuchados. Solo después de la intervención de su abogado se les permitió someterse a la prueba de ADN que ellos exigían. Por fin, ayer por la tarde se confirmó que no habían cometido delito de trata de personas en la modalidad de compra de niños.

Recién ayer recibieron el respaldo de 15 congresistas de las bancadas de Peruanos Por el Kambio, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Nuevo Perú, Frente Amplio y Acción Popular, quienes firmaron un documento en favor de la maternidad subrogada, y de apoyo a los esposos chilenos.

Se trata en realidad de un tema que ya ha debido ser abordado sin mordazas ni tapujos. No es un tema tabú y muchos congresistas podrían estar presentando iniciativas para reglamentarlo. En efecto, no hay delito alguno en ese método y lo que hay es un vacío legal que debe ser corregido de inmediato. ¿Qué delito es querer ser madre o padre? Sin embargo, nuestros padres de la patria al parecer prefieren seguir realizando sus permanentes campañas electorales antes que cumplir con el deber para el que fueron elegidos por la ciudadanía.

En verdad es criticable la detención preliminar dispuesta por la justicia peruana contra dos ciudadanos chilenos que solo querían ser padres, la decisión de mandarlos a centros de reclusión no fue acertada, había otros métodos como por ejemplo el impedimento de salida del país. Además, como han advertido algunos legisladores en la Ley General de Salud no hay una prohibición expresa contra esta modalidad de reproducción asistida, peor aún, el Congreso le está dando largas a la reforma judicial, la misma que debería tener primerísima prioridad. Valdría la pena recordarles el dicho: “Justicia que tarda no es justicia”

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Editorial

García tampoco debe tener corona

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El expresidente Alan García ha emprendido una serie de ataques sistemáticos contra el jefe del Estado Martín Vizcarra. Ha dicho que “nadie tiene corona”, en relación a la decisión del Congreso de investigar a Conirsa y la empresa del presidente Martín Vizcarra, “CyM Vizcarra SAC”, a la cual renunció antes de asumir el gobierno. En realidad, se trata de una empresa que fue proveedora del consorcio del que forma parte Odebrecht; es decir que era una de las 300 empresas proveedoras cuando la constructora brasileña no tenía denuncia alguna.

Pero García al parecer anda sumamente nervioso últimamente, y por eso saluda que se investigue cualquier posible irregularidad. Además, AG pide también volver a revisar el caso Chinchero que, según él “no acabamos de investigar adecuadamente”. En fin, cualquier cosa es buena con tal que la justicia no se acuerde de investigarlo a él. Será por eso que dice que el presidente Martín Vizcarra “debe dar explicaciones”. Claro, en su caso, García sostiene que él no tiene delación, ni cuenta, ni nadie le ha sindicado jamás.

Entonces, la pregunta cae de madura: ¿porqué trató de escapar de la acción de la justicia buscando asilo en la residencia de la embajada de Uruguay? ¿Será que también siente temor por lo que venga de Brasil? Si no es así, por qué esa fijación con el presidente Vizcarra, quien ha aclarado que su empresa, CyM Vizcarra, no ha tenido ningún contrato directo con la empresa Odebrecht, pero sí ha alquilado maquinarias para Conirsa, consorcio que se encargó de ejecutar obras en la carretera Interoceánica Sur en 2006 y 2008.

Todo parece indicar, pues, que no se estaría buscando investigar a una empresa, sino a la persona. En ese caso debe recordar el exmandatario aprista que no se puede investigar a un presidente en ejercicio de su labor, porque eso sería ilegal e inconstitucional. Es verdad que nadie tiene corona, pero eso también incluye a Alan García. En tal sentido, la población espera que la justicia mida a todos con la misma vara.

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Editorial

Buscando impunidad

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El presidente Martín Vizcarra advirtió desde un principio que la lucha contra la corrupción no iba a ser fácil y no se equivocó. El fujimorismo está recurriendo a todas las maniobras legales posibles en busca de lograr la impunidad. Tal es su osadía que han llegado al punto de investigar una empresa de la que fue socio Martín Vizcarra antes de ser presidente, incluso antes de que asumiera como gobernador regional de Moquegua en 2011. Es a todas luces una maniobra desesperada que raya en la ilegalidad como lo ha hecho notar el congresista Yonhy Lescano.

Sostiene, y no sin razón, el legislador acciopopulista, que la decisión de la Comisión de Fiscalización de investigar a la Constructora Conirsa y a la empresa CyM Vizcarra es una reacción frente a las acciones del presidente Martín Vizcarra para luchar contra la corrupción. Buscan implicar al Jefe del Estado con la constructora brasileña Odebrecht con fines “non sanctos”, pues lo que en el fondo quieren es sacar al mandatario para que no siga liderando la lucha contra la corrupción en la que está comprometido desde el inicio de su gestión.

Es el mismo modus operandi que han empleado en el tema judicial. En este caso, el exfiscal supremo Avelino Guillén coincide con el fiscal anticorrupción José Pérez en que el claro objetivo procesal del fujimorismo ha sido apartar al juez Carhuancho desde el inicio. Esta ha sido -ha dicho– la quinta oportunidad en que lo han recusado y esta vez la sala ha resuelto declarar fundado el pedido que, al mismo tiempo, es formulado por un prófugo de la justicia, según ha recordado el exfiscal Supremo que puso tras las rejas a Alberto Fujimori.

Ocurre, sin embargo, que cualquier investigación al presidente Vizcarra violaría el Artículo 11 de la Constitución que establece que el “Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; y por disolver el Congreso”. Sin embargo, tal es la desesperación del fujimorismo y de sus socios apristas en el Congreso que no escatiman esfuerzos en buscar la impunidad a cualquier precio, aunque tengan que sacar al Presidente de la República. No obstante, la ciudadanía toda está alerta y esta vez les dirán basta.

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Editorial

La justicia debe imponerse

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ha declarado fundada la recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama, y dispuso que el magistrado se aparte del caso “Cocteles” para que otro juez de investigación preparatoria asuma el proceso. Esta decisión ha causado no solo sorpresa sino también indignación entre los fiscales y magistrados que vienen luchando contra la corrupción, por tratarse de una resolución ilegal, tal como ha sido advertido por representantes del Ministerio Público.

La resolución se sustenta en que el juez Concepción Carhuancho emitió declaraciones a la prensa sobre hechos relacionados a la actuación de los fiscales que investigan el caso Odebrecht, lo cual es tomado como adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso. Sin embargo, muchos de los argumentos carecen de motivación. Uno de ellos es el que hace alusión a una entrevista, pero la defensa no acompaña los impresos de la referida entrevista aparecida en un diario local. Sin embargo, los jueces dan por cierta esta información.

En tanto, el coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, ha coincidido en que la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado, de apartar del caso Keiko Fujimori al juez Richard Concepción Carhuancho, es ilegal e irregular porque no se respetó los trámites de la convocatoria de audiencia de la recusación y por haberse emitido la resolución en tiempo récord. Y lo que es más, no corrieron traslado de la documentación a la otra parte.

Más preocupante aún es la presencia de la juez Jessica León Yarango en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, pues ella es la jueza de la Sala que anuló la detención de Keiko Fujimori, y que –según IDL Reporteros– en el pasado trabajó como adjunta del fiscal que archivó el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori a la oposición. Años después, León favoreció con su voto a César Hinostroza cuando laboraba en la Corte del Callao.

Urge, pues, que el Poder Judicial declare la nulidad de la resolución que aparta del caso al juez Concepción Carhuancho, uno de los pocos que sacan cara por el Poder Judicial, porque complican las investigaciones que se vienen realizando, más cuando el citado magistrado tenía que resolver la situación legal de seis abogados, entre ellos Giulliana Loza, el próximo 25 de enero.

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