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Editorial

Justicia que nos avergüenza

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La justicia de nuestro país está nuevamente en los ojos del mundo y lamentablemente para avergonzarnos. Ayer se confirmó que los esposos chilenos Jorge Tovar Pérez y Rosario Madueño, fueron injustamente detenidos en el Perú y que no forman parte de ninguna organización dedicada al tráfico de niños. Todo se trató de un exceso de celo por parte de la policía al comprobar que la fecha de nacimiento de los mellizos que estaban por llevar a su país fue anterior al ingreso de la pareja de esposos del vecino país del sur.

Al ser puestos a disposición del Poder Judicial, se dispuso su detención preliminar a pesar que ellos aclararon que se trataba de una reproducción por vientre de alquiler o subrogado, pero no fueron escuchados. Solo después de la intervención de su abogado se les permitió someterse a la prueba de ADN que ellos exigían. Por fin, ayer por la tarde se confirmó que no habían cometido delito de trata de personas en la modalidad de compra de niños.

Recién ayer recibieron el respaldo de 15 congresistas de las bancadas de Peruanos Por el Kambio, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Nuevo Perú, Frente Amplio y Acción Popular, quienes firmaron un documento en favor de la maternidad subrogada, y de apoyo a los esposos chilenos.

Se trata en realidad de un tema que ya ha debido ser abordado sin mordazas ni tapujos. No es un tema tabú y muchos congresistas podrían estar presentando iniciativas para reglamentarlo. En efecto, no hay delito alguno en ese método y lo que hay es un vacío legal que debe ser corregido de inmediato. ¿Qué delito es querer ser madre o padre? Sin embargo, nuestros padres de la patria al parecer prefieren seguir realizando sus permanentes campañas electorales antes que cumplir con el deber para el que fueron elegidos por la ciudadanía.

En verdad es criticable la detención preliminar dispuesta por la justicia peruana contra dos ciudadanos chilenos que solo querían ser padres, la decisión de mandarlos a centros de reclusión no fue acertada, había otros métodos como por ejemplo el impedimento de salida del país. Además, como han advertido algunos legisladores en la Ley General de Salud no hay una prohibición expresa contra esta modalidad de reproducción asistida, peor aún, el Congreso le está dando largas a la reforma judicial, la misma que debería tener primerísima prioridad. Valdría la pena recordarles el dicho: “Justicia que tarda no es justicia”

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Editorial

Urge frenar la corrupción

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Ante la negativa del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, de poner en debate las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el legislador de Acción Popular, YonhyLescano, propuso a las bancadas del Parlamento retirarse como medida de protesta.

“Promover una sanción o una censura en contra de su presidente (César Segura) no será facilitada por los votos de Fuerza Popular, lo otro (el retiro de integrantes) es más efectivo”, agregó.

Segura se niega a poner en debate las denuncias constitucionales contra Chávarry, a pesar de los constantes pedidos de diversos sectores políticos y sociales, argumentando que deben ingresar por orden de llegada; es decir que podrían quedar para las calendas griegas, a pesar de la importancia que tienen, pues de continuar postergadas el país seguirá sumido en medio del caos político y nadie podrá ocuparse de los principales problemas nacionales que preocupan a la mayoría de peruanos.

De otro lado, la bancada del Frente Amplio ha anunciado que presentará al Ministerio Público en forma independiente el trabajo realizado en minoría que fue obviado en el informe final de la Comisión Lava Jato, lo que es interpretado por un sector de parlamentarios como un blindaje a Alan García y a Keiko Fujimori.

Parece ser, pues, que a la mayoría fujiaprista que domina el Congreso poco le importa el enfriamiento de la economía, ni la llegada masiva de ciudadanos venezolanos en busca de trabajo, como poco les importa las alzas en el transporte masivo y los retrasos en la reconstrucción del norte. Eso no les interesa como tampoco parece importarles la lucha anticorrupción. Como dice el legislador Yonhy Lescano, hay un doble discurso que maneja la alianza Apra-Fuerza Popular.

Sería bueno que el Gobierno pise acelerador a fondo en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere porque de lo contrario la economía corre el riesgo de quedar paralizada. Así lo han advertido sectores empresariales al señalar que hay cifras preocupantes, como la menor importaciones de bienes de capital (-3.3% en agosto y -5.9% en setiembre), lo que indicaría una menor inversión privada que se traduciría en un menor PBI al esperado para este año. Ojalá nos equivoquemos.

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Editorial

La corrupción nos pasará la factura

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Un emplazamiento a todos los peruanos ha hecho el presidente Martín Vizcarra para asumir el compromiso de independizar al país del yugo de la corrupción. Razón no le falta, pues si echamos un vistazo a las últimas encuestas sobre los principales problemas que afectan al país, la mayoría de respuestas identificarán a la corrupción. Y la lucha contra esa lacra no es privativa del Gobierno, pues en realidad depende de la decisión firme de todos los ciudadanos. Muchos quizá han olvidado que la corrupción organizada desde el poder, en los años 90, le ha costado al Perú una pérdida de aproximadamente 1,800 millones de dólares.

Para quienes no alcanzan a imaginar la dimensión del daño causado por la corrupción de entonces, estamos hablando de la friolera de 4,600 millones de nuevos soles, al cambio de la época; mejor dicho, de un dinero del erario nacional con el cual se pudo haber construido 36 hospitales de 200 camas cada uno en todo el país, o más de 180 modernos colegios donde se imparta educación de calidad, y crear alrededor de 100 mil puestos de trabajo. Sin embargo, muchos peruanos pensaban que no importaba que las autoridades elegidas roben con tal que hagan obras.

En esa misma línea, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, ha dicho que al margen de nombres, el Gobierno está decidido a luchar contra la corrupción. Estas declaraciones hacen clara alusión a la decisión del Congreso de no incluir a Alan García y Keiko Fujimori en el informe final de la Comisión Lava Jato. “Es una decisión del Congreso, pero, finalmente esto es un juicio político”, dijo. En efecto, corresponde al Ministerio Público determinar si los investiga o no, a la luz de nuevos elementos indiciarios que se están conociendo.

El anuncio del presidente Martín Vizcarra de liderar la lucha contra la corrupción es bien recibido por la población y también por el sector empresarial que viene reclamando garantías en el sistema judicial para las inversiones nacionales y foráneas. Precisamente, el vicepresidente del Grupo Moody’s Investors Service, Jaime Reusche, ha señalado hace poco que el Perú podría ser calificado de economía A1, igual que Chile, si no fuera por el tema institucional, en el que se ve un escándalo tras otro. Hablando en buen romance, el tema de la corrupción puede resultar tanto o más dañino para el Perú como en los años 90”.

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Editorial

Blindaje confirmado

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La sesión del pleno del Congreso de la República que ayer aprobó el informe de la comisión Lava Jato que determina presuntas responsabilidades en distintos exfuncionarios en el pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht, ha servido además para poner al descubierto la actitud de los congresistas de Fuerza Popular y del Apra. Un vergonzoso blindaje a Keiko Fujimori y Alan García, quienes no han sido incluidos en las recomendaciones para que el Ministerio Público los investigue. De ello el país entero ha tomado debida nota.

Por su parte, el expresidente Alan García ha felicitado a los congresistas apristas por la defensa que han hecho de su gobierno. Quizá García no recuerde que ya han pasado más de cinco años desde que terminó su gobierno; es decir, que ya no tiene la prerrogativa del antejuicio y eventualmente podría ser llamado por el Ministerio Público para aclarar cualquier inconsistencia que le encuentre algún acucioso fiscal. Por lo pronto, Keiko Fujimori, en cambio, ya está en manos de la Fiscalía para una exhaustiva investigación.

Volviendo al pleno del Congreso, el informe en minoría del congresista Humberto Morales (Frente Amplio) ha puesto al descubierto el vergonzoso blindaje al exmandatario aprista, pues planteaba incluirlo en el informe que alcanzaría la comisión Lava Jato al Ministerio Público. El congresista Morales destacó ayer que el informe aprobado confirma el blindaje porque Keiko Fujimori ni Alan García fueron incluidos en el informe aprobado ayer.

Ocurre, además, que en año y medio de trabajo, la comisión Lava Jato no ha presentado un informe prolijo porque al parecer ha usado doble rasero. No ha medido a todos con la misma vara. Pero sí se debe reconocer que sin querer el informe final de la comisión ha demostrado el vergonzoso blindaje de apristas y fujimoristas a sus jefes. Así lo mencionan las redes sociales. Señalan que los congresistas no pueden acusar a sus jefes, que es una suerte de conflicto de intereses y que era obvio que el blindaje funcionaría. Ojalá que la Fiscalía siga profundizando sus indagaciones para que ponga a buen recaudo, también, a los peces gordos.

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