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Editorial

Integración Perú-Bolivia

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El presidente Martín Vizcarra y su homólogo boliviano, Evo Morales, han suscrito en la ciudad amazónica boliviana de Cobija una declaración conjunta, como corolario del IV Gabinete Binacional Perú y Bolivia, el cual ha sido calificado por el mandatario peruano como “nutrido” y con resultados “muy satisfactorios” para ambas partes. Y no es para menos, pues se han abordado temas muy importantes no tanto por la envergadura de los proyectos, como por la visión de progreso, desarrollo e integración que ambos pueblos comparten por tener lazos históricos de amistad que deben ser fortalecidos.

Verdad es, también, que ambos pueblos pueden beneficiarse mutuamente con el trabajo mancomunado de sus gobiernos. El presidente Martín Vizcarra ha destacado, por ejemplo, que en dicha reunión se ha analizado cómo mejorar la integración energética, pues ambos países cuentan con reservas de gas natural, pero por dificultades geográficas no pueden llevar ese recurso a las poblaciones más alejadas en sus respectivas jurisdicciones. La idea es complementarse con el recurso natural para tener gas barato en los hogares de ambos países.

También se ha tratado sobre la integración vial, a través de los ejes de la carretera Tacna-Colpa-La Paz, cuyo tramo peruano estará culminado el próximo año. Asimismo, la consolidación del proyecto de diseño final para la millonaria construcción de un tren de carga por el Corredor Bioceánico Central, el más ambicioso de la historia de integración de Sudamérica porque no solo beneficiará a Perú y Bolivia, sino a otros países como Brasil, Paraguay y Uruguay que ya ven con gran interés dicho proyecto. La agenda es larga y hay que seguir trabajando de la mano. El IV Gabinete Binacional Bolivia-Perú concluyó con la firma de 12 documentos, entre convenios, acuerdos, memorándums de entendimiento y la “Declaración de Pando”.

Como vemos, el corredor ferroviario es uno de los puntos más importantes de la agenda bilateral. Es el proyecto territorial más grande del siglo XXI y al mismo tiempo una muestra de todo lo que se puede hacer cuando se trabaja pensando en la integración sin importar las diferentes orientaciones políticas de los gobiernos y se hacen las cosas pensando en el beneficio de los pueblos de tal suerte que el crecimiento económico se traduzca en una mejora de la calidad de vida de sus respectivos ciudadanos.

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Editorial

Caiga quien caiga

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La Procuraduría Anticorrupción denunció ayer al congresista Roberto Vieira por presunto tráfico de influencias, tras revelarse que solicitó dinero a cambio de levantar una sanción a una embarcación pesquera. La denuncia ha sido presentada ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Según un reportaje del programa “Panorama”, Vieira habría solicitado 20,000 dólares para levantar una sanción de caducidad de permiso de pesca impuesta por el Ministerio de la Producción a una embarcación de su primo y empresario Guillermo Venegas Vieira.

Venegas registró la llamada que tuvo con el legislador, en la cual este último se compromete a arreglar “el problema”, pues sospecha que el legislador tuvo que ver con la caducidad del permiso de su embarcación Ponce II. No se sabe si las sospechas del primo y dueño de la nave tienen fundamento o no, pero de llegarse a comprobar, la denuncia indicaría que la corrupción está vivita y coleando en el Congreso, en los ministerios y en muchas instituciones más. En todo caso, el congresista Roberto Vieira ha dicho que no teme a las investigaciones por presunto tráfico de influencias y aseguró que presentará las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

La Comisión de Ética parlamentaria aprobó iniciar una indagación preliminar a Vieira por la denuncia periodística que lo involucra en el cobro de dinero a cambio de mover sus influencias para levantar una sanción administrativa en el Ministerio de la Producción. Sin embargo, Vieira niega los hechos y asegura que nunca ha recibido ni un sol ni ha hecho tráfico de influencias a favor o en contra de algún proceso. Además, señala estar preparando las pruebas y sostiene que “eso se aclarará en su momento”.

Por su parte, la ministra de la Producción ha hecho bien en haber dispuesto una exhaustiva investigación en ese portafolio, pues los congresistas advierten que el audio no deja lugar a dudas y que no es nada creíble que el dinero solicitado era para el pago de un abogado porque en la conversación no se escucha hablar de contratar una defensa. De otro lado, es necesario indagar sobre los vínculos que pudiera tener el congresista Vieira con funcionarios del ministerio. Por la salud moral del país, las investigaciones sobre este caso de presunta corrupción deben llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.

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Editorial

¿La militancia es el problema?

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Suena razonable la propuesta de la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrero, de que quienes resulten elegidos como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no deben tener licencia de militancia política y ser absolutamente independientes. Es decir, no militancia política ni licencia. La ley, sin embargo, considera la posibilidad de que los miembros del JNJ puedan tener esa licencia.

De lo que se trata, según la decana del CAL, es que las personas que lleguen a integrar la Junta Nacional de Justicia tengan independencia partidaria absoluta, de tal suerte que se pueda recuperar el prestigio y credibilidad de una institución tan importante. Por eso ha pedido, también, ser drásticos en este aspecto, pues de otra manera no se podría recuperar la confianza ciudadana. Un punto de vista muy respetable, que ha sido ampliamente debatido y forma parte de las conclusiones de un conversatorio con especialistas en derecho constitucional realizado por el CAL.

Por cierto, las conclusiones serán alcanzadas la semana que viene a la comisión encargada de elegir a los integrantes de la JNJ. No obstante, habría que agregar que además de todos los filtros para elegir a los candidatos, como pueden ser la meritocracia y la cuota de género, debería tenerse el máximo cuidado en elegir a los candidatos que demuestren ser inmunes a la corrupción. El problema comienza cuando las personas aceptan el encargo por razones crematísticas. Eso es más peligroso que la militancia política.

Ojalá, pues, este nuevo organismo garantice un Poder Judicial que esté a la altura de las circunstancias. Sobre todo, en este momento en que la economía global se está desacelerando y se requiere dar mayor confianza a los inversionistas que quieren apostar por el Perú. También es necesario que el ciudadano de a pie se sienta protegido en el sentido de saber que la ley es igual para todos y que gracias a eso desaparezca la idea de que “es mejor un mal arreglo que un buen juicio”.

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Editorial

¿A la policía se la respeta?

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Resulta increíble que en pleno Siglo XXI y cuando el vertiginoso desarrollo de la tecnología está afectando profundamente todas las relaciones, sociales, laborales, educativas, de comunicación y hasta de ocio de los seres humanos, en el Perú recién se piense implementar internet e intranet de alta velocidad en 141 comisarías, ubicadas en zonas rurales de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Lambayeque y Cusco, en el marco de un plan para mejorar la seguridad ciudadana. Sin conectividad de poco valen los esfuerzos en compras de patrulleros y equipos para que la policía pueda realizar su labor eficazmente.

El anuncio lo hizo la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, durante la primera reunión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), realizada en la víspera en la ciudad de Trujillo y que fue encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Allí, la viceministra dijo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como miembro del Conasec, es responsable de facilitar las herramientas en materia de conectividad digital, con la finalidad que las instituciones encargadas de reforzar la seguridad ciudadana puedan cumplir con su labor.

No obstante, más vale tarde que nunca. Es de esperar, entonces, que esta tarea se agilice lo más que se pueda y en lo sucesivo todas las comisarías estén interconectadas mediante el internet de alta velocidad, pues la tecnología permitiría a las autoridades contar en cuestión de minutos con información oficial sobre antecedentes, requisitorias y otros datos personales que se requiera para una debida investigación preliminar.

Es importante, también, el Proyecto 911 que es el que el MTC viene desarrollando con el Banco Mundial para unificar los códigos de emergencia y seguridad. Según señaló la viceministra Nakagawa, esta iniciativa dará una mejor atención y respuesta de las entidades de emergencia y seguridad como policía, bomberos, salud, Indeci, en una primera etapa, y en el futuro se ampliaría a casos de violencia familiar, que van en aumento. En todo caso, le recordamos al Gobierno el slogan de una antigua campaña: “A la policía se la respeta”.

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