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Política

Identifican a 13 narcocandidatos

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Identifican a 13 narcocandidatos

La Asociación Civil Transparencia reveló ayer una lista de 13 candidatos para las elecciones municipales y regionales del 5 de octubre que tienen sentencias por tráfico ilícito de drogas, lo que se suma a los 115 candidatos con antecedentes de narcotráfico que tiene la Policía Antidrogas.

Ante ello, el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, dijo que es necesario impulsar reformas electorales que impidan que los candidatos ligados al narcotráfico y otras actividades ilícitas continúen infiltrándose en los partidos políticos.

“Urgen hacer reformas políticas y electorales que permitan tener candidatos de mejor calidad y que los partidos sean más estrictos a la hora de dar su aval para integrar las listas electorales”, señaló.

Távara instó a los partidos a “revisar las listas que han presentado y decidir si mantienen a sus candidatos o los retiran”.

FACILIDAD

El analista Fernando Tuesta advirtió la facilidad que tienen las mafias para ingresar a la política a través de los municipios del interior, por lo que consideró necesario una mayor atención para evitar su infiltración.

“Ahora se dan cuenta no solo el narcotráfico, la minería ilegal, las mafias que es posible ingresar a la política con cierta facilidad”, subrayó.

Indicó que en los distritos rurales, donde el concejo municipal lo integran seis personas, las listas de candidatos son pequeñas y no hay partidos políticos, por lo que con un poco de dinero se hacen las campañas, especialmente en las que perciben canon.

“Y están absolutamente vulnerables a cualquier tipo de mafias, también a la competencia para convertir al municipio en un botín, a nivel de municipios distritales, como San Marcos (Ancash)”, dijo Tuesta.

Refirió que hay un serio problema en la descentralización -vía la regionalización- porque se siguieron transfiriendo funciones, competencias y presupuesto a instancias donde los gobernantes tienen bajos controles y, producto de ello, hay presidentes regionales denunciados, encarcelados y prófugos.

“Estamos en un punto ciertamente preocupante, pero es necesario que se involucren no solamente los medios de comunicación”, afirmó el analista.

Señaló que el caso de Ancash, donde hubo una intervención del Gobierno, el Poder Judicial, el Ministerio Público, se logró “algo” en la lucha contra la corrupción. Esta experiencia, refirió, debe constituir un mensaje a los próximos gobiernos regionales.

Tuesta dijo que si bien el país no está en una situación similar a los peores momentos de Colombia y México, el hecho que el 75% de los cultivos de hoja de coca se encuentran en el territorio nacional, constituye un riesgo para la política nacional.

INHABILITAR A PARTIDOS

El congresista José León Rivera (Perú Posible) anunció la presentación de un proyecto de ley para inhabilitar a los partidos políticos que permitan la infiltración del narcotráfico en sus filas, ya sea a través de candidaturas o financiamiento ilícito de campañas electorales.

Anotó que esta norma precisará mejor el artículo 14.3 de la Ley de Partidos Políticos, que si bien ya sanciona la infiltración del narcotráfico en la política, no queda claro los procedimientos ni la dimensión del castigo.

León explicó que su proyecto agregará a las sanciones el cierre de los locales partidarios e impedir la reinscripción de los partidos infractores.

“Tenemos que parar esta infiltración, la plata del narcotráfico está buscando poder político a través de las candidaturas; los partidos no deben privilegiar el dinero, el poder económico, sino la moral, la ética y las cualidades personales del candidato”, afirmó.

Anotó que este proyecto será presentado en los próximos días y surge en respuesta a las últimas denuncias que implican el hallazgo de droga en vehículos de campaña de dos candidatos municipales de partidos nacionales.

DOS MIL SENTENCIADOS

◘ El presidente del Jurado Nacional de Elecciones Francisco Távara, dijo anoche que hay dos mil candidatos que tiene sentencias por diversos delitos y no han declarado esa información en sus hojas de vida.

CANDIDATOS LIGADOS AL  NARCOTRÁFICO SEGÚN TRANSPARENCIA

CANDIDATOS LIGADOS AL NARCOTRÁFICO SEGÚN TRANSPARENCIA

1- Silvia Martha Mejía Leiva (Movimiento Regional Pasco Dignidad), candidata a la Municipalidad de Chacayán (Daniel Alcides Carrión, Pasco). Fue sentenciada a 12 años de cárcel y puesta en libertad por gracia presidencial de Alan García, cuando había cumplido 10 años y cinco meses.

2-Alejandro Soliz Asencios (Somos Perú), candidato a alcalde distrital de Singa (Huamalíes, Huánuco). Fue sentenciado a 15 años de cárcel. Conmutado por gracia presidencial de Alan García a 14 años. Su condena venció el 17 de mayo de 2007.

3- Mauro Gómez Mendoza (APRA), candidato a alcalde provincial de Vilcashuamán (Ayacucho). Fue sentenciado en 1994. Sentencia concluida.

4- Jesús Velásquez Araujo (Alianza Para el Progreso), candidato a regidor distrital de Iguaín (Huanta, Ayacucho). Fue sentenciado el año 2007.

5- Julio César Díaz Carrasco (Alianza Para el Progreso), candidato a alcalde distrital de Chochorco (Sánchez Carrión, La Libertad). Sentenciado en 1997, condena suspendida.

6- Pedro Feliz Cuevas Arpi (Unión Por el Perú), candidato a regidor distrital de San Juan de Salinas (Azángaro, Puno). Sentenciado en el año 2003.

7- Edgar Bruno Bastidas Calderón (Movimiento Integración Descentralista), candidato a alcalde distrital de Codo del Pozuzo (Puerto Inca, Huánuco). Fue sentenciado a 7 años de cárcel en 2007.

8- Miguel Luis López Díaz (Unipol), candidato a alcalde distrital de Putumayo (Putumayo, Loreto). Fue sentenciado en 1995. Rehabilitado en 2014.

9- José Antonio Morales Madera (Movimiento Político Frente Amplio Regional Paisanocuna), candidato a alcalde distrital de Mariano Dámaso Beraún (Leoncio Prado, Huánuco). Fue sentenciado en el año 2011.

10- Justiniano Vilca Quispe (Moral y Desarrollo), candidato a alcalde distrital de Tilali (Moho, Puno). Fue sentenciado el 2008. Rehabilitado en 2013.

11- Nerio Oré Riveros (Alianza Renace Ayacucho), candidato a alcalde distrital de Sivia (Huanta, Ayacucho). Fue sentenciado a 9 años de prisión en 2005. Además, en 2002 fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad por un delito contra la libertad (no especifica cuál).

12- Josafat Durand Garay (Cuenta Conmigo), candidato a alcalde distrital de Luyando (Leoncio Prado, Huánuco). Sentenciado en 1980.

13- Fermín Sánchez Ramírez (Democracia Directa), candidato a alcalde distrital de Condormarca (Bolívar, La Libertad). Sentenciado por el Juzgado de Lima por tráfico ilícito de drogas.

(Fuente Asociación Civil Transparencia)

Política

Con la soga al cuello

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Vicente Silva Checa

Luego del anuncio de la Fiscalía respecto al próximo interrogatorio de Vladimiro Montesinos a cargo del fiscal José Pérez, y la posibilidad de incluir en la acusación de lavado de activos contra Fuerza Popular el uso de dinero proveniente de la corrupción en los años 90, el analista político Carlos Monge consideró que el caso se torna “mucho más complejo y serio de lo que se tenía identificado inicialmente”.

“Considerando que el señor Vicente Silva Checa (acusado de ser testaferro de Montesinos y asesor en las sombras de Keiko Fujimori según un testigo protegido) ha tenido un vínculo histórico con estos actos de corrupción, e incluso ya purgó cárcel, me parece totalmente razonable que la Fiscalía convoque a Montesinos para indagar cuál era el mecanismo en los ‘90 para guardar el dinero que sería usado posteriormente en las campañas del fujimorismo”, indicó.

“Además del dinero de la caja negra de Odebrecht, parece que la acusación también apunta a movimientos de dinero, en un blanqueo de millones de dólares entregados a Joaquín Ramírez para que lo blanquee en universidades, usando el mecanismo de empresas familiares que proveían de servicios sobrevaluados a su propia universidad”, agregó.

Sobre el vínculo de Silva Checa y Keiko Fujimori, Monge afirmó que “si el problema fuera que solo la asesora, habría un problema ético, y nadie va preso por tener un delincuente de asesor”. “Sin embargo, en caso se compruebe que Silva Checa es donante de dinero proveniente de la corrupción en los ‘90 y usado en las campañas de Keiko Fujimori, el caso se volvería mucho más grave por ampliarse la figura de lavado de activos”, señaló.

FINANCIADOS POR EL NARCOTRÁFICO

Monge recordó los casos más emblemáticos de los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico en la dictadura de los años ‘90: “Recuerdo el caso del desvío de armas para las Farc a cambio de pagos con dinero proveniente del narcotráfico colombiano, que era la forma como las Farc financiaba sus compras de armamento. Luego, han habido acusaciones de parte de narcos de la zona del Huallaga, quienes indicaron que pagaban cupos a Montesinos para que los proteja en sus operaciones”.

“Entonces no es novedad que Montesinos aparezca asociado a lavado de dinero del narcotráfico. Esto tiene muchos antecedentes y no sería para nada una sorpresa que surgiera algo nuevo en ese sentido durante el interrogatorio”, añadió.

Además, indicó que si bien ya desde los ‘80 han existido acusaciones de narco parlamentarios dirigidas a las bancadas de Acción Popular y el Apra, “con el fujimorismo se ha fortalecido esa presencia”. “El fujimorismo, recordemos, ha logrado ser el espacio de representación política de muchas economías ilegales. Ahí se expresa el lobby de las universidades truchas para tirarse abajo a la Sunedu; hay parlamentarios fujimoristas que son defensores de las cooperativas ilegales en el Vraem; otros están vinculados a la minería y a la pesca ilegal; y así sucesivamente podemos mencionar casos”, afirmó.

NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA

Respecto a la protesta expresada por los parlamentarios de Fuerza Popular, quienes manifestaron que el interrogatorio a Vladimiro Montesinos se programó con el afán de presionar al Tribunal Constitucional en el caso del hábeas corpus de Keiko Fujimori, Monge indicó que “ellos se han pasado años tratando de contarnos el cuento de que Fujimori era un pobre tonto que no se enteraba de lo que ocurría a sus espaldas”.

“Han tratado de construir esa narrativa; sin embargo todos sabemos cómo son las cosas. Obviamente, les molesta que ahora reaparezca la figura de Montesinos asociada al fujimorismo y por eso inventan esto de la persecución política. Pero son argumentos de defensa porque se sienten afectados por la íntima asociación de Montesinos no solo con Alberto Fujimori sino con Keiko, porque era él quien pagaba sus estudios”, apuntó.

Monge advirtió que “no hablamos de niños de 12 años que no se han preguntado de dónde sale la plata para pagar el colegio, sino de adultos que estudiaron maestrías en el extranjero y que recibían del asesor de inteligencia ese dinero sin preguntarse de dónde venía”.

ACUSACIÓN SERÁ CONTUNDENTE

Finalmente, el analista político destacó que “se van acumulando evidencias sobre el funcionamiento de Fuerza Popular como una organización criminal, y ante cada nueva prueba sus miembros reaccionan muy nerviosos para tratar de frenar la investigación”.

En este sentido, indicó que Silva Checa es una pieza que podría “ayudar a probar no solo cómo funcionaba Fuerza Popular y cómo trataba de obstruir la investigación, sino también permitirá llevar la madeja hacia atrás y mostrar la relación entre Montesinos y el fujimorismo, y cómo se habría sostenido esa relación hacia el presente con el soporte en campañas del dinero ilícito de la corrupción de los años ‘90”.

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Política

Criminalización de los trabajadores mineros sindicalizados

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Enfrentamientos conflictos sociales policía contramanifestaciones huelgas

Lo grave de todo esto es que Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo, no cumple con su labor de mediar, que debería ser el rol de un funcionario del Estado peruano, para que empresarios y trabajadores se acerquen y lleguen a un acuerdo para solucionar el pliego de reclamos que fue presentado oportunamente.

En vez del diálogo que solicitan reciben la indiferencia de la SNMPE y para remate fueron reprimidos de manera violenta por un piquete de la Policía Nacional, cuando fueron a protestar al Ministerio de Trabajo para solicitar que se solucione su petitorio.

Para remate, el grupo de congresistas que los acompañó para conseguir el diálogo, nos referimos a María Elena Foronda, Hernando Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del del Frente Amplio, fueron arrastrados y maltratados por los gendarmes.

Esto revela que no hay respeto por las autoridades congresales y a ello se sumaron: Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, que los acusó de “incitar” a la violencia, y Pedro Olaechea, presidente del Legislativo, que le mintió cínicamente al país.

Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú

REACCIONES SOLIDARIAS

En seguida entrevistamos a Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMP, quien nos dijo cómo se encuentra el sector laboral que representa, a más de una semana de la violencia de la que fueron víctimas. De igual modo a Francisco Soberon, fundador de Aprodeh y exsecretario de la Coordinadora Nacional de Derchos Humanos (CNDDHH), y a Jorge Bracamonte, titular de esa entidad.

—¿En que estado está la situación que ustedes enfrentan?

—El día sábado pasado nos comprometimos con la ministra respecto a que íbamos a reunirnos la SNMPE el martes, en el marco del extraproceso, pero la ministra no ha asistido, solamente estuvieron el conciliador y la jefa del departamento de Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, la doctora Manuela García.

Estamos viendo para el día 25 una propuesta de diálogo con la ministra. Nosotros suspendimos la huelga, pero lamentablemente vemos una actitud intransigente por parte de la SNMPE, que desconoce y no respeta a los trabajadores, y ni siquiera envía un representante para que pueda enterarse de cuál es nuestro planteamiento.

—¿Van a reiniciar la huelga?

—Nosotros suspendimos la huelga el día sábado, después de nuestra excarcelación, ya que fuimos ilegalmente detenidos. Vamos a retomar nuevamente esta medida de fuerza, para ello vamos a tener una reunión este fin de semana para evaluar la reanudación de la huelga nacional indefinida, porque la SNMPE sigue dando las mismas muestras de intransigencia.

—La ministra de Trabajo tampoco se ha presentado…

—Claro, parece que ella y la SNMPE están en la mima sintonía.

—¿Sabe si se ha reunido con los representantes de la SNMPE?

—Tal vez ellos se habrán reunido pero con nosotros no había absolutamente nadie.

—Entonces, este fin de semanana reinician la huelga nacional indefinida.

—Sí, definitivamente. Lamentamos que no haya una voluntad de diálogo. Como usted verá, ni siquiera se presentan para dialogar y resolver, de una vez, nuestro pliego de reclamos.

 

ALGO MÁS

“Nos parece reprobable que el Congreso de la República pretenda estigmatizarlos y acusarlos de azuzadores de la violencia. Esto da cuenta del tipo de Congreso que tenemos, en donde el presidente del Legislativopuede permitirse mentir cínicamente frente al país”, concluyó Bracamonte.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

La negociación colectiva está consagrada por ley

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Huelga marcha mineros protestas

—¿Cuál es su opinión en torno a la forma en que fueron tratados los trabajadores mineros, que reclamaban la solución de su pliego de reclamos?

—Lo que hay que rechazar son las negativas de promover,de parte del Ministerio de Trabajo, un adecuado diálogo de los trabajadores con la SNMPE, para que se cumpla el acuerdo que ha establecido esa negociación colectiva. Es un derecho que ha sido restringido en otros sectores laborales.

El único que lo mantiene en vigencia es la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, hay otros en donde estos derechos se han limitado, y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú tiene establecida esa negociación que debería respetarse para que los trabajadores puedan demandar sus derechosy su negociación debe ser atendida.

Y debemos rechazar el comportamiento del gobierno del presidente Vizcarra, lo cual debe ser cuestionado por todos los sectores organizados, sociales y políticos, comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso es algo que, estoy seguro, la tolerancia de los trabajadores mineros vencerá, al imponer su derecho, porque la negociación colectiva está consagrada.

—¿Cree que las detenciones del señor Cerrón y Aduviri son un arrinconamiento de los sectores de izquierda?

—Son situaciones distintas. El señor Cerrón tiene una condena por corrupción. El señor Aduviri también está detenido, pero por protesta social. No son similares. Si ha sido condenado por corrupción tiene derecho a apelar y el Poder Judicial decidirá. En el caso del señor Aduviri, su detención es ilegal, ilegítima, es el uso de la justicia penal para condenar la protesta social. No se puede conciliar situaciones políticas e ideológicas. Si hay corruptos, tienen que ser procesados.

—¿Y qué decir de los congresistas Foronda, Cevallos, Morales y Tucto, que han sido acusados de promover la violencia por apoyar a los trabajadores mineros?

—Ellos han mediado para lograr el diálogo entre los trabajadores y la SNMPE, mediante el Ministerio de Trabajo, de modo que no se los puede acusar ligeramente de la movilización propia de los trabajadores, en todo caso que la Comisión de Ética vea su participación.

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