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Editorial

Hay que desearle suerte

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El nuevo Primer Ministro no las tiene nada fácil para el desempeño de la importante labor para la que ha sido designado, al frente del equipo que secunda al Presidente de la República en los diferentes sectores de la vida nacional; lo que ha comenzado ayer en la primera sesión del Consejo de Ministros después de la crisis política que, entre el viernes y el lunes últimos, mantuvo en vilo a la institucionalidad.

Las cosas no se le presentan nada sencillas, si tenemos en cuenta que en menos de un mes desde su nombramiento ha recibido portazos de sectores radicales de oposición que rechazaron su temprano llamado al diálogo o, sin siquiera escuchar su disertación sobre los lineamientos de la labor que comenzaba, adelantaron que no le darían el voto de confianza que el gabinete a su cargo necesitaba a modo de ratificación, según manda la Carta Magna.

Ha protagonizado además el primer caso de un gabinete recién estrenado que no recibe ese aval de investidura para emprender su labor, es decir que ha sido objeto de una especie de censura a priori, por circunstancias políticas conocidas; y enfrenta una situación que se presenta harto complicada, por todo lo mencionado y otros problemas que acechan en el panorama político y social del país y las dificultades que parecen asomar en el frente externo de la economía, por mencionar solo algunos temas complejos.

Hay que señalar que el nuevo premier ha ofrecido en forma reiterada diálogo abierto y sin condiciones con las diversas fuerzas políticas y apertura a escuchar sus críticas y puntos de vista, así como una presencia política clara suya y de los ministros, como voceros exclusivos de la administración, de manera tal que quede claro que no se permiten poderes paralelos y que no haya al respecto percepciones en contrario.

El flamante premier ha asegurado además que hará los esclarecimientos del caso sobre las acusaciones en su contra, que él ha negado y que le han sido formuladas desde el Congreso de la República, y hay que confiar en que así lo haga, como corresponde a la transparencia como virtud democrática y como lo demanda la ciudadanía que espera aclaraciones prontas.

En ese contexto y sin renunciar el derecho y el deber de ejercer la crítica que tenemos como medio de comunicación al servicio de la comunidad y de los altos intereses de la Patria, creemos pertinente desearle suerte y éxitos al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de la difícil misión que ha asumido, y en el que pondrá a prueba sus calificaciones como técnico y tendrá que lidiar en el erizado terreno de la política, mucho más complicado aún.

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Editorial

La justicia debe imponerse

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ha declarado fundada la recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama, y dispuso que el magistrado se aparte del caso “Cocteles” para que otro juez de investigación preparatoria asuma el proceso. Esta decisión ha causado no solo sorpresa sino también indignación entre los fiscales y magistrados que vienen luchando contra la corrupción, por tratarse de una resolución ilegal, tal como ha sido advertido por representantes del Ministerio Público.

La resolución se sustenta en que el juez Concepción Carhuancho emitió declaraciones a la prensa sobre hechos relacionados a la actuación de los fiscales que investigan el caso Odebrecht, lo cual es tomado como adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso. Sin embargo, muchos de los argumentos carecen de motivación. Uno de ellos es el que hace alusión a una entrevista, pero la defensa no acompaña los impresos de la referida entrevista aparecida en un diario local. Sin embargo, los jueces dan por cierta esta información.

En tanto, el coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, ha coincidido en que la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado, de apartar del caso Keiko Fujimori al juez Richard Concepción Carhuancho, es ilegal e irregular porque no se respetó los trámites de la convocatoria de audiencia de la recusación y por haberse emitido la resolución en tiempo récord. Y lo que es más, no corrieron traslado de la documentación a la otra parte.

Más preocupante aún es la presencia de la juez Jessica León Yarango en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, pues ella es la jueza de la Sala que anuló la detención de Keiko Fujimori, y que –según IDL Reporteros– en el pasado trabajó como adjunta del fiscal que archivó el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori a la oposición. Años después, León favoreció con su voto a César Hinostroza cuando laboraba en la Corte del Callao.

Urge, pues, que el Poder Judicial declare la nulidad de la resolución que aparta del caso al juez Concepción Carhuancho, uno de los pocos que sacan cara por el Poder Judicial, porque complican las investigaciones que se vienen realizando, más cuando el citado magistrado tenía que resolver la situación legal de seis abogados, entre ellos Giulliana Loza, el próximo 25 de enero.

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Editorial

¿Un tren que trae cola?

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Aún no se pueden establecer las causas del aniego de aguas servidas que se produjo en San Juan de Lurigancho, dejando prácticamente con lo que tenían puesto a miles de vecinos de ese populoso distrito, uno de los más grandes de Lima, que ha tenido que ser declarado en emergencia sanitaria. Inclusive los médicos que acudieron al lugar señalaron que las consecuencias podrían verse recién en 20 o 25 días, pues es el tiempo que tardaría en aparecer los problemas de alergias, ácaros y epidemias como el dengue, por ejemplo. La humedad en los muebles podría desatar muchas plagas, si el Ministerio de Salud no reacciona rápidamente.

Por su parte, representantes de Sedapal adelantaron que los vecinos deben ser indemnizados por los daños sufridos, pero también advirtieron que el peso del Metro de Lima podría haber provocado que el terreno se hunda y la tubería reviente. Sería lamentable, porque la ciudad capital siempre adoleció de la falta de un transporte masivo que evite el caótico crecimiento del parque automotor. Sin embargo, también es verdad que desde sus inicios, durante el primer Gobierno de Alan García, esta obra presentó un sinnúmero de problemas técnicos y también de corrupción.

Nadie podría negar que el transporte masivo es una necesidad vital para la gran Lima y sus más de 10 millones de habitantes, pero no al precio que tendrían que pagar los pobladores que menos tienen y que han podido salir adelante a puro esfuerzo. Por lo pronto, la empresa del tren eléctrico afirma que la estructura del Metro de Lima no ha sufrido hundimiento alguno. Lo cierto es que todavía no se han realizado las pericias del caso porque lo primero es atender a los pobladores afectados. Tienen que ser reubicados provisionalmente para evitar los peligros de epidemias por la gran cantidad de aguas servidas que hasta horas de la noche aún había en la zona.

El gerente de Aguas Residuales de Sedapal, Francisco Quezada, ha explicado que el peso del Metro de Lima podría haber provocado el colapso, y el ministro de Vivienda ha dicho que es posible. Todo puede ser, pero eso lo dirá el peritaje técnico. Lo cierto es que en el Perú ya no se deben hacer las cosas solo pensando en el lucro o en el rédito político. Ojalá no sea este el caso, pero habría que recordar aquel viejo dicho: “Lo que mal empieza, mal acaba”.

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Editorial

Se le viene la noche a exfiscal Chávarry

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A las 9 de la mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debatirá las cinco denuncias presentadas contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, las mismas que están pendientes de discusión desde agosto del año pasado debido a una burda maniobra de algunos congresistas de Fuerza Popular.

Una de las denuncias constitucionales contra Chávarry es la que presentó el congresista Gino Costa por el presunto plagio de su tesis de maestría e irregularidades en su ratificación como fiscal supremo, en agosto del 2018.

Otra es la interpuesta por la legisladora Gloria Montenegro por la presunta vinculación de Chávarry con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, en setiembre del 2018. Además, está también la presentada por el procurador anticorrupción Amado Enco, por los presuntos delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y contra la tranquilidad pública, en octubre de 2018.

La más reciente es la formulada por la congresista Marisa Glave por el procedimiento de separación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato. Al parecer, Chávarry tendrá que interrumpir sus vacaciones para estar atento a todos los cargos que le podrían formular. Se le viene la noche o, por lo menos, eso podría pasar si nuestros padres de la patria cumplieran con todo rigor con las investigaciones pertinentes. Por lo demás, la población ya conoce de sobra cuál ha sido el proceder del exfiscal de la Nación.

En otras palabras, los congresistas de Fuerza Popular tendrán que evitar cualquier estratagema destinada a pasar por agua tibia al extitular del Ministerio Público porque la población se encuentra alerta y decidida a volver a ganar las calles para defender la institucionalidad. Desde el punto de vista legal, los fiscales han tenido oportunidad de recopilar todas las pruebas necesarias, las mismas que serán puestas a disposición de las autoridades, de tal manera que no le resultará nada fácil al fujimorismo echarle un salvavidas al exfiscal de la Nación. Toda la ciudadanía estará atenta a lo que ocurra hoy en el Legislativo, pero por lo visto a Chávarry se le viene la noche.

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