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Entrevista

Gremios sindicales preparan propuesta por un trabajo digno

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CGTP

Empujado por el MEF y la Confiep, el Ejecutivo promueve legislación que precarizará los pocos derechos laborales existentes.

El Gobierno mediante D.S N.º 345-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, definió la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) de manera unilateral y al margen del diálogo tripartito. El OP N.º 5 de esta política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral” propone “revisar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral (…)”, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y precariedad laboral.

Frente a ello, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han expresado su rechazo y plantean la derogatoria del Objetivo Prioritario 5 y realizarán los días 21 y 22 de mayo la Conferencia Nacional Sindical de los Trabajadores para debatir y enriquecer la propuesta de los trabajadores: “Poner al trabajo en el centro de la sociedad y la economía, regular el mercado para garantizar derechos”. La Conferencia tendrá lugar en el auditorio del Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónicos, en la avenida Uruguay 335, Cercado de Lima.

La entrega de la propuesta al Ministerio de Trabajo será el 23 de mayo previa movilización que se concentrará en el Campo de Marte a las 3 de la tarde. En ese contexto, Diario UNO entrevistó a los referentes sindicales Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y a Julio César Bazán, presidente de la Central Única de Trabajadores del Perú (CUT).

EL MEF USURPA FUNCIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la posición de la CGTP sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad impuesta por el Ejecutivo?

—Nuestra posición es que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha definido la Política Nacional de Competitividad y Productividad de manera unilateral y al margen del diálogo social tripartito. El objetivo N.° 5 de esa política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral”, propone esencialmente la revisión del marco regulatorio del mercado laboral, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y profundización de la precariedad laboral.

Esto evidencia que el Ejecutivo ha elegido la ruta del continuismo neoliberal de sus antecesores para convertir a los trabajadores y, especialmente a los jóvenes, en los esclavos del siglo XXI, pues no dice nada sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las trabas a la libertad sindical y a la negociación colectiva, los despidos arbitrarios de trabajadores y dirigentes sindicales; no dice nada sobra la contratación temporal que de excepcional se ha convertido en regla, tampoco se inmuta frente a los bajos salarios y las pensiones diminutas.

No podemos menos que afirmar que de esta manera el Ejecutivo solo aboga por una reforma laboral a la medida de los intereses de un empresariado conservador y antipatriótico.

Dicho sea de paso, en lugar de pretender una reforma laboral proempresarial, debemos recordarle al Ejecutivo que hay un largo listado de obligaciones laborales internacionales incumplidos por el Estado peruano en el marco de los convenios de la OIT, la Unión Europea, el TLC con Canadá y EE.UU. y sobre los cuales debe adoptar medidas concretas orientadas a su cumplimiento. Asimismo, debemos recordarle que viene incumpliendo compromisos asumidos en el marco del diálogo social tripartito nacional como el de elaborar el Plan Nacional de Trabajo Decente.

Inmediatamente de promulgada la Política Nacional de Competitividad y Productividad los trabajadores decidimos enfrentarla decididamente con jornadas de protesta y lucha, pero también de propuestas. Realizamos una gran jornada laboral de lucha con más de 25 mil trabajadores en Lima y 350 mil a nivel nacional, exigiendo la derogatoria del D.S. N.º 345-2018. Igualmente, el 3 de abril, en la jornada de lucha con casi 26 mil trabajadores en las calles demostramos al Gobierno que estamos dispuestos a defender nuestros derechos.

Estamos también convocando al paro nacional cívico-popular para el 20 de junio, que no solo es por la reforma laboral que se pretende imponer, sino también orientados a exigir la solución de los problemas que enfrentan los diferentes sectores laborales en todo el país y los grandes problemas que aquejan a la población, como los del agro que está totalmente abandonado y piden la reestructuración del Ministerio de Agricultura, y la reactivación del Banco Agrario.

En esa misma dirección, los trabajadores hemos realizado esfuerzos para dotarnos de una propuesta que nos va a permitir encarar la Política Nacional de Competitividad y Productividad de claro tinte proempresarial, en ella analizamos el fracaso de las políticas de flexibilización laboral como recurso para formalizar la economía y generar trabajo digno y los aspectos imprescindibles de una reforma laboral y económica que realmente potencie la competitividad, productividad, formalización y el crecimiento integral y sostenible de la economía. Esta propuesta será debatida por los trabajadores en la Conferencia Nacional Sindical que realizaremos el próximo 21 y 22 de mayo del presente año.

—Este plan debió consultarse al Consejo Nacional del Trabajo, por eso sería ilegítimo o inconstitucional. ¿Qué opinión tiene al respecto?

—Es un plan impuesto por la Confiep, que en su conferencia nacional anual entregaron a Vizcarra, ahí plantean la reducción de derechos laborales y por eso decían que el Perú tiene las leyes más rígidas en derecho laboral. Su operador Carlos Oliva la ha implementado. El MEF está usurpando funciones que no le corresponde.

Las políticas laborales se discuten en el Consejo Nacional del Trabajo, entonces también han violado el Convenio 144 de la OIT sobre diálogo social, el mismo que forman parte del derecho nacional y deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, como lo reconoce la Constitución Política del Perú.

Por eso los trabajadores planteamos que se derogue y que pase al Consejo Nacional del Trabajo que es el espacio donde se debe discutir. La CGTP ha suspendido su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y esperamos que por el bien del diálogo social el Ejecutivo proceda a derogar el Objetivo Prioritario 5.

—En el capítulo de la Política de Productividad y Competitividad, hay una parte que preocupa porque este tipo de contrato laboral de las agroexportaciones, que es precario, se pueda replicar…

Ahí plantean la nueva contratación de trabajadores, con nuevos regímenes y derechos recortados, y plantean que la Ley de Agroexportaciones N.º 27360 se amplíe para otros sectores, a pesar de que esa ley se dio en el año 2000, faltando tres meses para que renuncie José Chlimper, quien fue el autor intelectual. Ya pasaron más de 20 años y los empresarios han conseguido grandes ganancias a costa de los trabajadores, el Estado les dio terrenos a precio regalado, carreteras y servicios, y ahora quieren ampliar eso hasta el año 2031.

Pagan a EsSalud el 4 por ciento, eso no puede ser posible, pero como hay lobistas en el Congreso, en las bancadas del Ejecutivo y del fujimorismo, vienen trabajando desesperadamente en la Comisión de Trabajo para su aprobación en el Pleno del Congreso.

Pero además, están los regímenes laborales de las MYPES, el régimen laboral CAS, de los textiles, de las trabajadoras del hogar que establecen menos derechos laborales con respecto al régimen laboral común y que han agudizado la discriminación en el empleo y precarizan los derechos laborales. Los trabajadores exigimos terminar de manera inmediata con los regímenes laborales discriminatorios, adoptando las medidas legislativas y de política necesarias.

—También se está debatiendo la Ley de Negociación Colectiva, con ‘ppkausas’ y el aprofujimorismo, no quieren ni cambios mínimos a favor de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes esta situación?

Esas bancadas que promulgan leyes a favor de transnacionales, sacan leyes que exoneran a casinos de pagar impuestos y, sin embargo, boicotean la aprobación de la regulación de la negociación colectiva en el sector público, pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Congreso de la República a que la apruebe. Ahora simplemente no van y no hay el cuórum correspondiente, ¿y quiénes no van?, la bancada del Gobierno y Fuerza Popular.

Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT)

PRETENDE IMPONER UNA POLÍTICA SIN DIÁLOGO SOCIAL

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la opinión de la CUT respecto a la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la manera cómo ha sido impuesta por el MEF?

—Consideramos que es una grave amenaza para los intereses de la gente y en particular para los trabajadores. A todas luces responde a los intereses de grandes negocios del gran capital.

Los nueve objetivos prioritarios que se han señalado en realidad adolecen en la parte de los diagnósticos de una mirada integral, de una mirada que recoja las inquietudes de toda la sociedad. Básicamente recoge los intereses de los grandes empresarios que pretenden implementar negocios en las distintas temáticas que se están planteando.

En infraestructura, capacitación, formación, tecnología, en todas esas áreas hay grandes negocios. En el capítulo laboral también se busca beneficios para empresarios y recortes laborales para trabajadores. En cada capítulo se profundiza un modelo que en los últimos 30 años ha permitido el enriquecimiento de pocos y las grandes mayorías en realidad “la hemos visto pasar”.

—Hay un discurso del empresariado y grupos económicos de que el Perú tiene las leyes laborales más rígidas, cosa que no es cierta o incluso podría ser al revés. ¿Cómo analiza esta parte del capítulo laboral?

—Igual que todos los demás capítulos, en este en particular se parte de una definición del mercado de trabajo y de un diagnóstico equivocado. Porque lo que evalúa es de qué manera las empresas pueden mejorar sus ingresos a costa de los derechos de los trabajadores.

Y señalan claramente que, por ejemplo, el tema del respeto de la sentencia del Tribunal Constitucional que remedia un abuso empresarial contra el despido arbitrario como la causante de la proliferación de contratos temporales, cuando en realidad esto se debe a una clara política empresarial de querer eludir responsabilidades laborales mediante el uso de diversas formas de contratación e incluso desnaturalizándolos, contratando temporalmente en puestos de naturaleza permanente.

Y en otra parte del diagnóstico señalan que habría sobrecostos en la terminación del contrato laboral y en el despido, en realidad eso no lo están usando porque recurren a los contratos de tiempo determinado y que están, por el término de la contratación, sacando a los trabajadores.

De igual manera aducen que la informalidad que hay actualmente se debe a ese tipo de cosas y no toman en cuenta que en la micro y pequeña empresa, donde está la mayoría de trabajadores, la informalidad se debe a que los emprendimientos no cuentan con facilidades tributarias ni de acceso a servicios financieros básicos para poder desempeñarse a diferencia de las grandes empresas multinacionales.

Entre otros temas, el diagnóstico está aterrizando en una formulación de lineamientos de política que pretenden superar el tema de la formalidad y revisar la normativa laboral con lo cual deja abierta la posibilidad o intencionalidad de que en cada uno de esos puntos se afirman las conclusiones del diagnóstico, es decir, que como hay sobrecostos hay que reducir derechos, facilitar despido a empresas, no hay que fijar sueldos mínimos y hay que eliminar las CTS.

Conclusiones como esas son las que el empresariado tiene elaboradas para pasar al famoso debate del plan nacional que pretenden hacer en el MEF en un consejo de competitividad y productividad transgrediendo el rol rector del Ministerio de Trabajo en temas laborales, por eso es que nosotros exigimos al Gobierno que este capítulo sea excluido de la política general que propone, de modo que se debata en el Consejo Nacional de Trabajo y se elabore un plan nacional que resuelva los problemas reales de los trabajadores y no solo lo que el empresariado busca para mejorar sus ingresos.

—Retomando las formas en que el Ejecutivo ha impuesto este proyecto, ha sido una decisión del MEF e incluso esta decisión no se ha propuesto en el Ministerio de Trabajo ni discutido en el Consejo Nacional del Trabajo…

—Lo que pretende es imponer una política sin diálogo social, eso contraviene los compromisos internacionales que el Estado tiene en el concierto internacional de las naciones, particularmente en la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que el diálogo consiste en la discusión y el debate de los temas entre Gobierno, empresario y trabajadores; en el país se está vulnerando eso.

También se vulneran los TLC que el Estado se ha comprometido con los derechos laborales fundamentales, como el diálogo social que debe ser tripartito. Lo mismo podemos decir con los estándares que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea para que los países ingresen a ese escenario con estándares laborales de respeto irrestricto a derechos fundamentales, lo mismo podemos decir de las líneas rectoras de las Naciones Unidas que imponen normas de derechos humanos a las empresas.

En suma, esta política agrede de manera casi integral todo lo civilizado que debe haber en el mundo del trabajo y en las relaciones correctas entre países e instituciones que debe haber. En ese sentido, hemos rechazado y estamos exigiendo una pronta reunión con el premier a efectos de que se establezca de manera real el debate y la discusión del capítulo laboral en el Consejo Nacional del Trabajo en el marco del diálogo social.

Y esta política se contrapone con lo que verbaliza el Presidente de la República, ministros y el propio Congreso, a raíz de los conflictos originados en los últimos tiempos como los agrarios o Las Bambas, todos hablan de diálogo, pero en la práctica se resisten a la institucionalidad del diálogo. Por eso nuestra exigencia de una reunión con el premier.

Entrevista

CGTP plantea a la Confiep debatir propuestas en el marco del diálogo social

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Gerónimo López Sevillano

Gerónimo López Sevillano, arequipeño de nacimiento, es secretario general de la CGTP. En entrevista con Diario UNO, el dirigente afirma que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no quiere escuchar a los trabajadores y anuncia que el gremio de gremios al que representa estará permanentemente en las calles para defender los derechos laborales. A continuación sus picantes declaraciones:

— ¿Señor Gerónimo López, qué evaluación tiene la CGTP del paro realizado el pasado jueves 20 de junio?

— El paro cívico popular del jueves 20 de junio convocado por la CGTP tuvo el éxito que todos esperábamos. Participaron todas nuestras bases de las distintas regiones del país para exigir al Gobierno la inmediata derogación del objetivo prioritario número 5 de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por Decreto Supremo Nº 345-2018-EF.

— ¿A qué se refiere ese objetivo?

— La política contiene nueve objetivos, de los cuales el quinto es lesivo para los intereses de los trabajadores.

— ¿Por qué?

— Porque allí se establecen los lineamientos que coinciden con las propuestas de los empresarios, en primer lugar, para pretender justificar de manera errónea la eliminación de la reposición a la que tenemos derecho los trabajadores cuando somos despedidos en forma arbitraria. Actualmente, cuando el despido es injusto el trabajador puede demandar su reposición en el Poder Judicial porque, además, es un mandato constitucional.

— Sí, pero desde inicios de los 90 se han incrementado los contratos a plazo fijo lo que permite despedir trabajadores sin derecho a reposición ¿verdad?

— Claro, cuando son trabajadores a plazo fijo el empleador justifica alegando que al término del contrato no vuelven a contratar al trabajador porque ya no lo necesitan, pero hay trabajadores que vienen haciendo trabajos permanentes y por lo tanto allí no corresponde aplicar los contratos sujetos a modalidad. Ese es el primer punto.

— ¿Y cuál sería el otro punto?

— El segundo punto es que los empleadores proponen contratar a los nuevos trabajadores con derechos reducidos; es decir que los nuevos que sean contratados no tendrán derecho a gratificaciones en Fiestas Patrias ni en Navidad, ni CTS y tampoco tendrán derecho a vacaciones, solo acceso a la salud y a la capacitación.

— ¿Ah, pero habrá capacitación?

— Sí, pero será en el Senati, que es administrado por los empresarios, y no lo van a hacer gratis, pasarán la factura al Estado peruano. Es obvio que van a cobrar. Los trabajadores promovemos la capacitación y la formación para el trabajo, que consideramos fundamental para la productividad, pero estamos en desacuerdo que sustituyan los derechos de los trabajadores

— Hablemos del tercer punto en discordia

— El tercer punto es que la propuesta del empresariado pretende eliminar el derecho al arbitraje potestativo. Cuando los trabajadores no somos escuchados por el empresario en la solución a la negociación colectiva que presentamos cada año y no hay solución en trato directo, podemos recurrir al Ministerio de Trabajo para buscar allíla solución a nuestro pliego de reclamos con el incremento salarial. Una vez agotada en esa instancia tenemos dos alternativas: la huelga o el arbitraje, y muchos sindicatos optan por esta segunda vía apelando al arbitraje potestativo que obliga a la parte empresarial a que el conflicto se solucione en la vía arbitral. .

— ¿Y cómo funciona un arbitraje?

— Es un terceroquien bajo criterios jurídicos y estudio económico sobre la situación de la empresaresuelve el conflicto mediante el laudo arbitral.Eso tiene que ser cumplido por la empresa porque tiene equivale a una sentencia. Entonces los empresarios quieren eliminar el arbitraje potestativo.

— ¿Es en el caso de las empresas chicas donde los trabajadores no están en capacidad de organizarse, verdad?

Así es, pero además pretenden eliminar o reducir las gratificaciones de 30 a 22 días como inicialmente salió a declarar el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, cuando se estaba implementando en el mes de noviembre la política de competitividad y productividaden las oficinas del MEF. Eso motivó a la denuncia pública de la CGTPque obligóal entonces jefe del Gabinete, César Villanueva, a salir a los medios de comunicación para decir que no se iba a recortar ni eliminar ningún derecho de los trabajadores.

— ¿Y qué pasó, entonces?

— Eso fue de la boca para afuera para no generar ningún descontento en los trabajadores, pero en el fondo sí se venía trabajando esa propuesta que finalmente fue aprobada el 31 de diciembre en la noche, cuando los trabajadores estábamos esperando el Año Nuevo y nos dieron ese “regalo”.

— ¿A espaldas de los trabajadores?

— Todo eso en coordinación con la Confiep; es decir que empresarios y Gobierno se reunieron en las oficinas del MEF, teniendo como vocero y operador al señor Carlos Oliva para que aplique reformas antilaborales,en beneficio de las grandes transnacionales y en desmedro de todos los peruanos y peruanas.

— Bueno, pero ustedes han renunciado al Consejo Nacional del Trabajo, donde se discuten todas esas cosas entre Gobierno, empresarios y trabajadores…

— No, no hemos renunciado, hemos suspendido nuestra participación debido a que el Gobierno aprobó su política al margen del diálogo social contraviniendo Convenios de la OIT en materia de diálogo social.

— ¿Por qué?

— Porque le dijimos al Gobierno que el escenario para debatir aspectos y temas laborales es el Consejo Nacional del Trabajo, donde están representados trabajadores, empresarios y el Gobierno, a través de la ministra. Le hemos exigido que derogue el objetivo 5 con un decreto supremo y ordene que ese objetivo pase al CNT para allí sentarnos a discutir, pero el Gobierno no quiere escuchar a los trabajadores y está yendo contra el diálogo social.

— Usted ha mencionado que el Ministerio de Trabajo pretende imponer la reforma laboral de la Confiep que busca precarizar más el empleo, ¿por qué cree eso?

— Bueno, el empleo juvenil está dentro de los que significa la contratación de trabajadores nuevos. Los empresarios dicen que los trabajadores que tienen más de 40 años ya no les rinden como un joven y por lo tanto hay que botar a los viejos. Los jóvenes no reclaman y además no pueden organizarse en sindicatos. Los empresarios solo ven ganancia y producción.

— Pero, entonces…

— Mire, nosotros no estamos en contra del desarrollo del país, no estamos en contra de un país competitivo, tampoco estamos en contra de que seamos un país productivo, pero eso no puede darse a costa del recorte de derechos laborales que tiene protección constitucional y convencional. Si hay que ver el tema de la productividad y la competitividad, eso tiene que ir acompañado de mejores condiciones laborales y mejores condiciones económicas para que mejore la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

— Pero no le parece válido el argumento de la Confiep de que en otros países los trabajadores no tienen 30 días de vacaciones, por ejemplo…

— No nos podemos comparar con otros países donde pagan cerca de 15 dólares por hora trabajada y en algunos otros pueden llegar a 20 dólares por hora trabajada. Además, laboran sólo seis horas.

—¿Qué propone entonces la CGTP, señor López?

— Nosotros le decimos al Gobierno que si pretende recortar derechos laborales nosotros planteamos también la reducción de la jornada laboral de las ocho horas a seis horas para dar oportunidad a otros jóvenes a que ingresen al mundo laboral. Y eso es precisamente lo que nos llevó al paro cívico popular del 20 de junio.

— ¿Por qué lo califican de exitoso?

— El martes 25 se ha reunido el secretariado de la CGTP y después de un amplio análisis y debate se llegó a la conclusión de que el paro fue exitoso. Sehan volcado a las calles cerca de 850,000 trabajadores en todo el país y en Lima más de 40,000. Esta vez los medios de comunicación que responden a los intereses del capital no han podido pasar por desapercibido el paro, y esperamos que el Gobierno escuche a los trabajadores. Hay un compromiso del Presidente del Consejo de Ministros de recibir a la CGTP el próximo 8 de julio. Esperamos que no haya ningún cambiohacia esa política antilaboral antes de la reunión con el premier Salvador del Solar.

CGTP

SI GOBIERNO INSISTE EN ELIMINAR DERECHOS LABORALES

Bases alistan gran marcha a Lima

— ¿De no ser escuchados, volverán a las calles?

— Exactamente, también hemos acordado que el 12 de julio se reúne el Consejo Nacional de la CGTP, que son 45 dirigentes nacionales, y al día siguiente estamos convocando a una gran asamblea nacional acá en Lima y analizaremos allí la situación política, económica, social y laboral que atravesamos los trabajadores y el pueblo peruano para acordar la próxima medida de lucha a nivel nacional.

— ¿La medida será en todo el país?

— Será una gran jornada nacional de lucha de todas las regiones para defender los derechos laborales de los trabajadores, si es que el Gobiernono dan marcha atrás y si la Confiep persiste en arrinconar y abrazar al presidente Martín Vizcarrapara que esté al servicio del capital transnacional.

— Bien, pero el tema de los ceses colectivos vendría a ser la cereza del pastel ¿cierto?

Sí, y ademásel empresariado plantea los ceses colectivos automáticos y sin límites; es decir que a simple presentación del empresario por mesa de partes comunicando que va a haber un cese colectivo de trabajadores, podrá hacerlo sin ninguna restricción. Actualmente tiene que demostrar la razón de un cese colectivo y existe un límite al número de trabajadores que podría cesar por esta vía.

— ¿No le parece contraproducente que el Gobierno promueva la informalidad cuando los organismos internacionales están recomendando al Perú reforzar la institucionalidad y combatir la informalidad?

— Mire, hay compromisos internacionales, como por ejemplo las firmas de los tratados de libre comercio con diferentes países de respetar estrictamente los derechos laborales de los trabajadores y de respetar irrestrictamente el derecho a la sindicalización, pero cuando el Gobierno pretende esta reforma laboral también está violando esos compromisos.Entonces creo que el Gobierno no solamente está faltando a los convenios que se firmaron por los TLC, sino que también está yendo contra los acuerdos internacionales de la OIT. El trasfondo de esta pretendida reforma laboral es debilitar y eliminar los sindicatos, públicos y privados.

— ¿Por qué?

Porque según los empresarios el sindicato es el obstáculo para obtener mayores ganancias.Si estopretendida reforma laboral se aprueba, inmediatamente serían despedidos primero los dirigentes sindicales, después los trabajadores sindicalizados y luego cualquier trabajador que le reclame al empresario porque ya no habría sindicato. En el fondo es eliminar el sindicato.

 

“CARLOS OLIVA REPRESENTA A LAS TRANSNACIONALES”

Nos gobierna el MEF y no Vizcarra

— ¿Se está haciendo harakiri el presidente Martín Vizcarra?

Lo que pasa es que da la impresión de que el señor Vizcarra no está gobernando el país. Creo que quien está gobernando es el MEF, es el señor Carlos Oliva que responde a los intereses del capital y de las transnacionales, y justamente estos que están agrupados en la Confiep porque hace poco los empresarios ya han presentado su plan de propuestas al Ministerio de Trabajo y toda la política antilaboral que se está implementando son las propuestas que ellos están planteando.

— ¿Y frente a eso qué va a hacer la CGTP?

— La CGTP va a salir a las calles para defender los derechos de los trabajadores. Hay un Gobierno que está gobernando para los intereses de las transnacionales y la oligarquía empresarial agrupada en la Confiep y no obedece realmente a un clamor del pueblo peruano. Se habló de reconstrucción con cambios en el norte y no hay nada de eso. Además cerca de 850,000 familias que se han posesionado en terrenos del Estadoreclaman formalización y titulación y servicios de agua y desagüepero no se ve nada de eso. Vamos a decirle a la Confiep y al Gobierno que la CGTP no se va a mantener pasiva sino que va a salir a las calles permanentemente a defender los derechos de los trabajadores. Emplazamos al gobierno a abrir las puertas y atender a la CGTP. Que no solamente escuche a los empresarios.El diálogo social tripartito implica la participación de todos los actores incluyendo a los trabajadores.

— Pero los empresarios han dicho que también quieren escuchar las propuestas de la CGTP.

— la CGTP llama presidenta de la Confiep, la señora María Isabel León Klenke, adebatir sobre los derechos laborales de los trabajadoresfrente a las propuestas de la Confiep que plantea eliminar esos derechos., porque ella ha declarado que no tenemos propuestas la CGTP le responde que los trabajadores tenemos nuestra propuesta de una reforma productiva que impulse el desarrollo, hacia la reconstrucción, modernización, diversificación y competitividad del aparato productivo con empleo digno y trabajo decente para todos y todas.

— ¿Y las tienen?

— Sí, la tenemos elaboradas y debatidas por los trabajadores con la participación de distinguidos profesionales, como laboralistas, exministro y economistas de prestigiosas universidades, así como funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La CGTP hace un llamado a los trabajadores y trabajadoras a participar en la asamblea nacional de delegado que se llevara este 13 de julio unidos en defensa de nuestros derechos laborales.

 

LUIS MIGUEL REVOREDO I.

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Entrevista

47% de pobreza extrema es una barbaridad

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Clímaco Cárdenas

Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano(Conveagro), saluda los avances logrados en el Pleno Agrario del Legislativopero apunta que los temas de fondo deben ser abordados: reestructuración del Ministerio de Agricultura (Minagri), titulación de tierras y protección de la producción nacional, entre otros.

—El viernes se realizó el Pleno Agrario. ¿Cuál es el estado de los avances en el tema agrario?

—Después del paro realizado en mayo, se instalaron las mesas de negociaciones por un plazo de 60 días, y este viernes se ha llevado a cabo el primer Pleno Agrario en el Congreso, lo que consideramos algo histórico porque no se había logrado antes en toda nuestra historia republicana.

—De los 13 pre dictámenes vistos en el Congreso, 6 fueron de carácter declarativo. ¿Qué opinión tiene respecto a esto?

—Han habido dos grupos de leyes; el primer grupo era lo trabajado en la Comisión Agraria, que recoge los trabajos de congresistas en los últimos 7 años, y luego otro paquete de proyectos de ley, de los cuales nuestros gremios han apoyado 11 y se aprobaron 10. De todos ellos, solo dos eran de carácter declarativo, el referente a la protección de las cuencas de agua de Puno y el de la reconstrucción de la represa Gallito Ciego.

—Dentro de los proyectos aprobados, está la ley de inclusión de productores agrarios a través de cooperativas, y la ley general de comunidades campesinas…

—En la primera, en realidad a los que se está incluyendo en esta ley es a los ganaderos, que estaban exceptuados y son un importante sector porque representan el 47 por ciento en la actividad agropecuaria en el Perú. La ley general de comunidades campesinas permite la participación de las mujeres en las organizaciones de las comunidades, es una ley de género.

—¿Qué es lo más importante que se ha logrado en el Pleno?

—Los proyectos más importantes son tres: el que retira el impuesto a las ventas del arroz pilado, la Ley del IVAP. Esto obligaba a pagar el 4% a la exportación, cuando ningún país en el mundo exporta tributos. Obviamente eso nos hacía menos competitivos y ahora se ha regulado. Es logro importante de la lucha en las mesas de trabajo con el Ejecutivo.

Otro logro importante es el poder etiquetar el origen de los productos. Un claro ejemplo es el arroz uruguayo, que se empaca y etiqueta acá, se le pone una paisana en el empaque y le ponen ‘producto peruano’ cuando el insumo es importado. Parar con esa distorsión del mercado va a beneficiar a los consumidores y a los productores locales, porque ahora todos los productos importados deberán incluir en el empaque la especificación de donde proceden.

Y el tercer proyecto en importancia es referido a la renovación del proyecto Agroideas, que de un modo compensatorio permite que los agricultores accedan a recursos en organización. En líneas generales ha sido un pleno fructífero para los pequeños agricultores, además de histórico.

EL DEBATE NECESARIO

—Hay algunos temas excluidos del debate en el Pleno. Uno de ellos es el de las agroexportadoras y sus beneficios.

—Las empresas agroexportadoras tienen beneficios del Estado, desde diferentes ministerios, para colocar sus productos. Ahora, el Pleno Agrario lo hemos trabajo los pequeños productores después del paro agrario. y se han discutido leyes para los pequeños productores, leyes que no tienen espacio en el debate nacional, y estas leyes que hemos podido desarrollar se han levantado en consenso con el Legislativo y el Ejecutivo.

Sería magnífico que los agroexportadores puedan consensuar también con los hombres del campo, los invocamos a que puedan desarrollar mesas de trabajo con los pequeños agricultores y de ese modo todos nos veamos favorecidos.

—Otro tema es el de la crisis de las empresas azucareras

—No hemos visto un proyecto de ley al respecto, pero sí hay una discusión de aranceles que se está llevando en las mesas técnicas. Fernando Cilloniz, por ejemplo, declara que se tiene que mantener aranceles compensatorios, y nosotros hablamos más bien de aranceles ad valorem y franjas de precio. Lo que tiene que haber es una protección a la producción nacional, porque EE.UU. por ejemplo tiene US$ 16 mil millones en subvención a su agricultura desde hace año y medio para pelear en la guerra comercial con China, y acá no hay subvención de nada, y además ingresan productos importados subsidiados en sus países de origen.

—A propósito de importaciones, ¿qué opina de la posible importación de quinua española?

—Es inconcebible que por interés de un grupo importador, en colusión con malos funcionarios de Senasa, puedan generar en tiempo récord una autorización para esa importación; además, de un producto oriundo del Perú y que es fuente de trabajo de seis regiones que dependen de granos andinos.

El interés económico y la corrupción se imponen, no reparan en que son productos transgénicos y que llegan con una producción superior gracias a agroquímicos y áreas de producción mecanizadas. ¿Cómo vamos a contrarrestar el impacto en el germoplasma peruano?

Campesinos agricultores

—¿Qué medidas han planteado contra esa iniciativa?

—Nuestra posición de rechazo ha sido clara desde un primer momento, y también hay asociaciones y autoridades que se han manifestado al respecto. Por ahora, esa resolución está suspendida, pero nosotros exigimos que se derogue, porque el vicio está demostrado, la persona que ha suscrito el documento no es la calificada. Depende del ejecutivo derogar esa resolución y zanjar ese tema.

—Días atrás sostuvo que era una burla que no se debata sobre reestructuración del Ministerio de Agricultura (Minagri)…

—En este momento existe una gran presión de los cuellos verdes del Minagri de no querer salir de su zona de confort. Hemos demostrado que este Minagri es ocioso, anquilosado, burócrata, por eso pedimos que se elimine esa estructura viciada. Pedimos también la creación del Viceministerio de Agricultura Familiar y Viceministerio de Servicios Agrarios, porque lo que necesitan los agricultores son servicios, que los trabajadores del Minagri estén en el campo.

Sin embargo, hay presiones de grupos de poder que tienen en el Minagri unidades para servir a intereses de grupos económicos en perjuicio del 98% de la población; ellos son el 2% pero el sistema neoliberal está a su servicio y se resisten a perder esa cuota de poder.

Por otro lado, debemos mencionar que tenemos el acta suscrita con el Ejecutivo para la reestructuración del Minagri y es algo que se tiene que respetar, porque no vamos a dar marcha atrás con esta exigencia. Invocamos al Congreso a que en la nueva legislatura se discuta la reestructuración del Minagri.

—Respecto a esas relaciones de poder, un tema fundamental es el tema territorial de las comunidades campesinas…

—En el caso de las comunidades que habitan en el macizo andino hay intereses de empresarios por el subsuelo, minerales y agua, por eso se entrampan los procesos de titulación.

En ese sentido, será importante el Viceministerio de Agricultura Familiar pues debe ser empoderado para poder trabajar dentro de sus funciones lo relacionado a titulación de tierras de comunidades y familias campesinas. El Minagri debe reestructurarse para que el campo salga adelante.

—¿En esta reestructuración, cuál será la participación de los gobiernos regionales?

—En realidad desde hace buen tiempo los gobiernos regionales ya tienen participación, ya que por ley administran las direcciones regionales de agricultura, así que en el papel están.

Lo que habría que hacer es más bien una crítica sobre su trabajo, porque el año pasado invirtieron solo el 1.8% del presupuesto, y el 85% de ese gasto se va a en planillas.

Entonces no funciona el proceso de descentralización, no están realizando su trabajo y eso nos genera atraso y abandono de los jóvenes del mundo rural. Somos más de 9 millones de personas, y 47% de pobreza extrema es una barbaridad.

—Es evidente que el problema del agro no se soluciona solo con un Pleno Agrario…

—Los avances logrados en el Pleno, en síntesis, representan un pequeño paso para el hombre rural campesino. Pero el problema no termina y los temas de fondo siguen en discusión, la clase política debe entender cómo daña la economía neoliberal, y cómo se beneficia a grupos económicos en perjuicio de las mayorías. Es necesario debatir y ver cuáles son las políticas que el agro necesita.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Entrevista

“Hay quienes usan seudosindicatos como fachada para sus delitos”

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LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

El secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú conversa con Diario UNO sobre el Foro Construcción 2019 realizado ayer y el Congreso de su Federación que se inicia hoy en Lima.

—¿Qué importancia tiene el Foro Construcción 2019?

—El Foro permite que los trabajadores, empresarios, profesionales y Gobierno realicen una exposición de su particular punto de vista sobre los problemas de la construcción y las alternativas de solución. En base a ello, se busca consensos para impulsar en conjunto este sector que dinamiza la economía del país.

Este es el segundo Foro Construcción y es producto de la organización y fortaleza de los trabajadores y su capacidad para hacer propuestas para el desarrollo del sector construcción y el país.

—La violencia en construcción es un problema mayor.

—La violencia se incrementó cuando Alan García, en su segundo gobierno, creó el registro sindical automático, mediante el cual cualquiera, hasta los delincuentes, obtenían su registro sindical del Ministerio de Trabajo en 24 horas y a sola firma. Esos registros se convirtieron en el amparo legal de muchas mafias. Hay quienes usan seudosindicatos como fachada para sus delitos. Hay una proliferación de seudosindicatos sin vida sindical.

Por ejemplo, en Lima, nuestra federación tiene dos sindicatos, pero existen más de 90 registrados en el Ministerio de Trabajo. Desde 2014, ya ningún seudosindicato saca su registro automático en 24 horas, pero aún cientos de ellos lo mantienen y operan en el Perú.

—¿Qué cree que debe hacerse para eliminar la violencia en construcción civil?

—Un primer paso es eliminar los registros sindicales de los seudosindicatos con vínculos delincuenciales. Ningún sentenciado por extorsión puede ser dirigente en nuestros sindicatos, pero eso no se cumple en los seudosindicatos. Se necesita, además, mucha inversión en inteligencia policial y el Poder Judicial, porque la mayoría de los capturados por la policía sale libre y nadie explica bien por qué.

—¿Es cierto que se está reactivando la construcción como dice el Gobierno?

—A paso lento y con proyectos pequeños y medianos. De acuerdo al Ministerio del Trabajo, hay 550,000 trabajadores que formalmente tienen su carné del RETCC (carné de trabajador formal del sector), pero de ellos solo 90,000 están en planilla. Eso significa que el 85% está desempleado o en la informalidad. Pero de acuerdo al INEI hay alrededor de un millón de trabajadores en el sector, por lo que el desempleo es mucho mayor. Hay que reactivar la construcción con urgencia y para eso necesitamos grandes obras.

27° CONGRESO FTCCP

La FTCCP realizará del 12 al 15 su 27° Congreso Nacional Ordinario, en la que estarán presentes alrededor de quinientos dirigentes de construcción civil.

—¿Qué importancia tiene el Congreso?

—El Congreso realizará un análisis de la gestión realizada y la realidad laboral y política del país, y cómo eso afecta a los trabajadores del sector. De acuerdo a ello, trazará la línea general que orienta el rumbo político y sindical de la Federación para el logro de sus fines y objetivos, facultando a elegir al Consejo Directivo Nacional para el periodo 2019-2023 y establecer normas organizativas, de cabal cumplimiento de toda la estructura sindical nacional.

—¿Qué tan reconocido es construcción civil en el mundo?

—Nuestro reconocimiento se refleja en la cantidad y calidad de dirigentes sindicales del mundo que vendrán a este Congreso. Habrá representantes de la Federación Sindical Mundial (FSM), la Unión Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (UITBB), la Internacional de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Edificación, Madera y Materiales de la Construcción (FLEMACON), y sindicatos como el SUNCA de Uruguay y SUNTRACS de Panamá, entre otros.

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