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Política

Graña y Montero conocía sobornos de Odebrecht

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Graña y Montero

Las recientes declaraciones de Jorge Barata, respecto a que Graña y Montero (GyM) tenía conocimiento de los sobornos por el tramo 1 y 2 del Metro de Lima no causaron sorpresa en los consultados por Diario Uno, quienes aseguran que este acto ilícito y la complicidad de la constructora peruana era muy conocido y que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú hizo ayer una corroboración.

NO LE LLAMA LA ATENCIÓN

El congresista del Frente Amplio, Wilbert Rozas, dijo no llamarle la atención las declaraciones de Jorge Barata y que GyM sabía que no era por sus méritos que accedía a obras.

“No es sorprendente; no creo que lo de Graña y Montero llame la atención. Esta empresa, al pertenecer al Club de la Construcción, sabía perfectamente que cuando les daban las obras de manera tan directa y además no solamente en los concursos sino con leyes, no era por los méritos que tenía”, señaló al Diario UNO.

Asimismo, dijo estar seguro que la constructora peruana conocía el origen del dinero destinado a los sobornos.

“Estoy totalmente seguro que desde un principio Graña y Montero sabía que los dineros para los sobornos venían de la Caja 2 de Odebrecht”.

ODIO HACIA LAS EMPRESAS

El psicólogo social Sandro Macassi afirmó que era sabido que GyM conocía de los sobornos de Odebrecht y que quienes conducen la empresa están en un plan mafioso.

“Ya se sabía y eso demuestra la deshonestidad. Es un ejemplo más que estas personas que conducen las empresas están en un plan mafioso”, sostuvo a Diario UNO.

Asimismo, indicó: “Todos los que van cayendo tienen el mismo discurso defensivo de negarlo; esto está llevando a una situación de cinismo y están exacerbando el odio hacia las empresas. La reputación de empresas como Graña y Montero está bajando porque en lugar de reconocer su error y hacer mea culpa, terminan tratando de engañar una vez más a la opinión pública”.

GyM SÍ SABÍA

El exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó durante su interrogatorio en Brasil que la constructora Graña y Montero tenía conocimiento de los sobornos por el tramo 1 y 2 del Metro de Lima realizado durante el gobierno de Alan García.

Barata afirmó que se habrían destinado 24 millones de dólares para las coimas por los tramos 1 y 2 y que el empresario José Graña, entonces directivo de la constructora Graña y Montero, sabía de esa operación.

Asimismo, reconoció que de dicha cantidad, el 45% se habrían ido en generación de contratos ficticios, pago de impuestos, intermediarios y otros. El 55% restante se habría hecho en efectivo; 14 millones de dólares serían para el pago de sobornos, finalmente, bajo el concepto de “utilidades o riesgos adicionales”.

SOCIA DE ODEBRECHT

GyM formó junto a la empresa brasileña un consorcio para las obras de las carreteras Interoceánica Sur y Norte. Para este último proyecto también se sumó la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Por el caso de la Interoceánica, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo.

En el Gasoducto Sur volvieron a figurar como socios. El contrato con el Estado peruano fue firmado en 2014. En el consorcio también participó la española Enagás Internacional.

El contrato del Metro de Lima es el tercer proyecto conjunto en cuestión. El contrato con el Estado se cerró en el 2009, durante el Gobierno de Alan García. La Contraloría calcula que esta obra tuvo un sobrecosto de 400 millones de dólares. Este caso es el único que ya cuenta con detenidos, sospechosos de haber recibido coimas de Odebrecht.

REAPARACIÓN CIVIL

Al cierre de edición GyM afirmó en un comunicado que afrontará la reparación civil establecida de comprobarse actos ilícitos de exfuncionarios vinculados a su empresa.

“La compañía reafirma su compromiso de cooperar con las autoridades para el completo esclarecimiento de los hechos investigados, brindándoles la información que estimen necesaria, y ratifica la intención de afrontar cualquier potencial reparación civil de encontrarse evidencia de la participación de cualquier persona vinculada a la compañía que hubiese estado involucrada en actos de corrupción”, indicaron.

Subrayaron que “el pago de sobornos o cualquier otra actividad ilícita, no forma parte de las políticas y prácticas de la compañía. De encontrar algún tipo de información que permita validar o descartar esta declaración la misma será inmediatamente puesta a disposición de la justicia”.

Wilbert Rozas

SANCIÓN A LA PERSONA JURÍDICA

Al respecto, Wilbert Rozas sostiene que las sanciones no solo deben ser aplicadas a las personas sino también a las empresas.

“Muchos de estos estudios de abogados que defienden a las empresas que eluden impuestos nos quieren confundir. Las empresas están dirigidas por personas y las sanciones son para las personas, de lo contrario vamos a decir que se han cometido actos de corrupción para después sancionar solamente a los funcionarios. Me parece que las sanciones también deben aplicarse a las empresas”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que de no ejercer sanciones a la empresa “vamos a volver a tener a las mismas empresas cometiendo los mismos actos de corrupción”.

Por su parte, Sandro Macassi opinó que la sanción a la empresa debería contemplar que no pueda participar en licitaciones el Estado.

“Tengo la impresión que no es posible hacer una acusación a la personalidad jurídica sino a los individuos que han conducido la empresa. Mi posición es que debe hacer un tipo de sanción a la persona jurídica, castigándola con no participar en licitaciones para el Estado por cinco años. Eso deberá ser inmediato”, acotó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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