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Política

Golpe en Bolivia: la barbarie armada, de nuevo

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Conflictos sociales en Bolivia golpe de estado

“Quiero decirles, para que sepa la prensa internacional, a los primeros aymaras, quechuas que aprendieron a leer y escribir, les sacaron los ojos, cortaron las manos para que nunca más aprendan a leer, escribir. Hemos sido sometidos, ahora estamos buscando cómo resolver ese problema histórico, no con venganzas, no somos rencorosos.

Y quiero decirles sobre todo a los hermanos indígenas de América concentrados acá en Bolivia: la campaña de 500 años de resistencia indígena-negro-popular no ha sido en vano; la campaña de 500 años de resistencia indígena popular empezada el año 1988, 1989, no ha sido en vano”.

Evo Morales, 22 de enero de 2006 al asumir por primera vez la presidencia.

El presidente Evo Morales y su vice Álvaro García Linera dieron una lección de conducta y templanza, envuelta en gran oratoria política. Explicaron, pidieron a los golpistas que cesaran con la violencia . No gritaron, no sobreactuaron. Parecía que no querían terminar de hablar, de argumentar, de persuadir aun ese momento extremo, aciago, injusto. El discurso de Evo, como el último del presidente chileno Salvador Allende en septiembre de 1973, deberá reiterarse y honrarse a través del tiempo. También valdrá la pena repasar el que dijera al asumir. Recordado hoy genera congoja y rabia aunque también debe valer para enaltecer al mejor presidente de la historia de Bolivia. Al autodidacta que supo capacitarse, que mejoró todos los indicadores de la economía de su país e implementó políticas sociales y educativas jamás vistas en su país. Los avances producidos por las gestiones de Evo se pueden cuantificar, son apabullantes cotejados con los desempeños de quienes los precedieron en el poder.

El dirigente cocalero y un compañero blanco, educado, académico de primer nivel eran, convengamos, demasiado para la derecha que predomina en el planeta.

Agreguemos otro dato duro, en doble acepción. En pocos años se sucedieron golpes de estado en Paraguay, Brasil y ahora Bolivia. El más reciente llega desnudo de disfraz institucional. No hay juicio político exprés como contra el ex presidente paraguayo Fernando Lugo ni impeachment fundado en delitos inexistentes como contra Dilma Rousseff. Hay violencia pura, ataques armados con protagonismo policial y militar, amenazas de muerte, linchamientos, viviendas quemadas, una alcaldesa vejada a niveles inhumanos.

Conflictos sociales en Bolivia golpe de estado

***

La Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) consiguió frenar un conato similar en septiembre de 2008. Presidentes de toda América del Sur reunidos de arrebato en Chile, lo hicieron. Predominaban los de izquierda o progresistas de distinto tono pero los había de derecha. Una respuesta rápida puso límites a la barbarie. A esa diplomacia presidencial expeditiva y defensora de la democracia llamaría uno “el mundo”. Los presidentes amigos-aliados-iguales de Brasil y Argentina Jair Bolsonaro y Mauricio Macri desmantelaron Unasur, siguiendo directivas del Departamento de Estado.

Unasur congrega a los países del vecindario, Estados Unidos queda afuera. He ahí una de las causas de su eficacia y de sus diferencias con la Organización de Estados Americanos. La OEA desde hace años es un mamarracho. Tiene su sede en Washington desde siempre. Cuesta abajo en la rodada, puso ahí su corazón, su bolsillo. Su presidente Luis Almagro dejó de lado todo decoro. Actuó como ariete del golpismo desde el mismo día de la elección presidencial boliviana. Propuso (casi intimó a) realizar de nuevo los comicios, injerencia que arrasa con la Constitución de Bolivia. Estados Unidos tercerizó-fundó así un nuevo modo de intervención, una variante siglo XXI de imperialismo.

La OEA no se comportó como mediadora sino como una suerte de referí bombero. Evo accedió a que auditaran el escrutinio provisorio, luego a convocar a nuevas elecciones. Concesiones para salvar al sistema. El dictamen de la OEA, capcioso a carta cabal, echó leña al fuego. Habla de irregularidades, asume a regañadientes que Morales puede haber sacado más votos que Carlos Mesa, termina con un sofisma: hay “alta improbabilidad estadística” de un triunfo por más de diez puntos. No firman que no, hipócritas redomados. Ni se atreven a estampar la palabra “fraude”. Hablan de “probabilidad estadística” cuando media conteo de votos. Instigadores y cómplices del golpe… tal vez no se detengan ahí aunque ya consumaron bastante.

Conflictos sociales en Bolivia golpe de estado

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Los golpeadores responsabilizan a las víctimas por sus propios hechos de violencia. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich a Rafael Nahuel por haber provocado su asesinato por la espalda. El presidente Macri a los votantes opositores por el “fracaso” de su política económica. En la derecha y en los que se alinean en el quimérico “extremo centro” se agitan razones para responsabilizar a Morales. Un patrón de pensamiento, un retrato impecable de la cultura hegemónica en el mundo.

Un golpe de Estado sanguinario divide aguas, no deja margen para gambetas cortas o “terceras posiciones”. Los debates acerca de la pureza del proceso electoral son nimios frente a la barbarie racista, a la usurpación, al uso de la fuerza bruta.

***

La Argentina limita con Bolivia, cientos de miles de hermanas y hermanos de esa nacionalidad viven acá. Celebraron en las calles cada victoria electoral de Evo. La gobernabilidad en Bolivia, sostenida con sensato y constante apoyo del kirchnerismo, contribuye a la paz social de sus vecinos.

El Gobierno macrista espera órdenes de la Casa Blanca en vez de retomar la histórica postura de los gobiernos democráticos frente a los golpes de Estado. Los “republicanos” argentinos se sacan la máscara por enésima vez.

Las campanas doblan de nuevo en este Sur. Por los humildes de Bolivia, por el gran Evo, por los avances democráticos en su patria y en toda la región.

 

MARIO WAINFELD
Página | 12

Política

Insisten en traer abajo el acuerdo con Odebrecht

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Amado Enco

Según el exDefensor del Pueblo, Walter Albán, la denuncia del procurador Amado Enco tiene como objetivo boicotear el acuerdo de colaboración eficaz y evitar que se revelen todos los codinomes. Además, en el TC se cocinaría el camino a la vacancia presidencial.

El ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, calificó como “totalmente abusiva y sin ningún sentido” la denuncia presentada en agosto por el procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Albán, quien ha asumido la defensa legal de Ramírez, advirtió que lo que en realidad busca la acusación es generar obstáculos y amedrentar a los fiscales que intervienen en el caso Lava Jato. Además, indicó que con esta acción el procurador Amado Enco buscaría quebrar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Afirmó que dicho acuerdo de colaboración no se va a considerar cumplido por las autoridades brasileñas ni por la empresa en tanto no se tenga la disposición de los S/ 524 millones que se debía reintegrar a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. “Ese dinero no es para que Odebrecht se lo reparta entre los accionistas, sino para que cumplan con sus obligaciones inmediatas como pagar a la empresa que hace el trabajo para desencriptar la información con los codinomes, o al abogado de Barata, que alega que no cobra desde enero de este año y por eso Barata en la oportunidad anterior dijo que no iba a cumplir con dar información hasta que no se cumpla el acuerdo”, explicó.

El jurista cuestionó que el procurador Enco priorice el seguimiento de esta denuncia con especial interés. “En lugar de preocuparse por los miles de casos de corrupción y cobrar más de S/ 1500 millones en reparación civil, lo que hace es enviar mensajes insistentes para que quienes deben dar trámite a la devolución del dinero se empiecen a preocupar por posibles complicaciones penales”, denunció.

Walter Albán

PRESUNTO OPERADOR DE LA CORRUPCIÓN

En ese sentido, indicó que el procurador Amado Enco habría asistido al despacho de la fiscal a cargo para intentar que se abra una etapa formal de investigación preliminar. “Ha estado invirtiendo tiempo y por tanto recursos del Estado para que su proceso camine. También ha ido al Ministerio de Economía a consultar si el dinero a devolver a Odebrecht forma parte de los recursos públicos. Y parece que la respuesta no le quedó clara porque luego ha intentado amedrentar a la funcionaria que debe autorizar estos recursos, indicando que son recursos públicos”, señaló.

Por ello, consideró que el procurador Enco estaría persiguiendo el objetivo de traer abajo el acuerdo de colaboración. “No solo quienes están involucrados en estos procesos, sino quienes todavía no han sido expuestos sobre sus vínculos con Odebrecht son los interesados en que el acuerdo no continúe, y en esa perspectiva el operador más importante con el que pueden contar ahora es el procurador anticorrupción”, apuntó.

Por otro lado, respecto a las afirmaciones del fiscal Tomás Gálvez, quien manifestó que los fiscales Vela y Pérez “no deben estar un minuto más en sus cargos”, manifestó que los fiscales acusados de ser parte de la red de los Cuellos Blancos “se están jugando la vida”. “Cuando el fiscal Pérez ya tenía que viajar a Curitiba le abren una investigación absurda con un hecho de hace más de diez años y con una diligencia donde él actuó correctamente. No hay que ser ingenuos, estas acciones no son aisladas, todo tiene que ver con un entramado que se mueve para impedir que avancen las investigaciones”, comentó.

AGENDA POLÍTICA EN EL TC

Acerca de la denuncia en el Tribunal Constitucional contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, Albán recordó que desde hace varios años se quieren “deshacer” del magistrado por ser “una piedra en el zapato” para el sector de Ernesto Blume, Sardón y Ferrero. “Ahora le han creado esta denuncia que en realidad es un montaje con malos guionistas y malos protagonistas, y que está destinado a desactivarse pronto porque no hay nada de lo que le puedan acusar, porque se valen de un presunto maltrato a una mujer cuando lo que en realidad ha existido es una crítica y no un insulto. Y si un magistrado no puede criticar a una funcionaria de tanta importancia en el TC, entonces de qué igualdad de género estamos hablando”, cuestionó.

Además, mencionó como algo “curioso” que el periodista Ricardo Uceda haya llamado al magistrado Espinosa-Saldaña el día lunes para consultarle por sus descargos, cuando este ni siquiera había sido notificado y no estaba al tanto de la denuncia. “Este es un caso con intereses políticos, porque no me queda la menor duda de que buscan hacerlo a un lado para declarar fundada la demanda competencial, y con eso generar una herramienta que permita al próximo Congreso buscar la vacancia del presidente Vizcarra”, apuntó.

ELECCIÓN DE JNJ DEBE POSTERGARSE

Finalmente, respecto al proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Albán destacó la importancia de la vigilancia ciudadana para que el proceso se realice en un marco de transparencia. En ese sentido, reiteró el pedido de que la comisión especial reprograme el calendario establecido para la elección de los integrantes de la JNJ. “No se justifica que se tenga que correr en estas fechas de fiestas, porque la ciudadanía y los medios deben hacer un adecuado seguimiento. Lo correcto sería que se corra para la primera semana de enero, cumpliendo los plazos, pero sin esta suerte de falta de transparencia al hacer todo en fechas festivas, que como sabemos no son las más idóneas para llevar adelante estos procesos”, indicó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Belaunde Lossio

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Martín Belaunde Lossio

El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Belaunde Lossio por vencimiento del plazo de la medida de prisión preventiva en su contra por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y simple, cohecho pasivo propio y otros.

Belaunde Lossio cumplía prisión preventiva desde el 11 de diciembre del 2017 por el caso Antalsis. Sin embargo, ya se encontraba recluido desde antes por el caso La Centralita.

La Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rechazó por mayoría la apelación que el Ministerio Público presentó para ampliar por 12 meses la medida contra el procesado.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que Belaunde Lossio deberá cumplir las siguientes restricciones:

No ausentarse de la localidad que reside dentro del territorio nacional, sin previa autorización expresa y antelada del órgano jurisdiccional, la prohibición de viajar al extranjero por el plazo de 36 meses.

Asimismo, el imputado deberá informar la dirección exacta de su residencia en el plazo de 24 horas egresado del establecimiento penitenciario.

Belaunde Lossio está prohibido de comunicar, a través de cualquier medio (redes sociales, por escrito, radio, televisión, teléfono o personalmente) lo relacionado a la presente investigación. De igual forma, está prohibido de comunicarse, directa o indirectamente, con sus coimputados, testigos, peritos.

ALGO MÁS

La resolución de excarcelación ordena también que el procesado debe abonar una caución económica de S/ 50,000.00.

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Política

26 de diciembre evaluará prisión preventiva contra Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori

El Poder Judicial dispuso que el 26 de diciembre se realice la audiencia de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. La cita tiene carácter de inaplazable y estará a cargo del juez Víctor Zúñiga.

Esta disposición se anunció luego de que se amplíe la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Fujimori Higuchi será procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, lavado de activos y organización criminal.

Keikosalió en libertad tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. El Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.

El Ministerio Público pidió en octubre del 2018 esta medida por el caso Cócteles, investigación sobre el supuesto método en que se dio una aparente legalidad a los aportes que habría recibido para su campaña presidencial.

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