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Política

García intentó vender isla San Lorenzo a los chilenos

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Foto: John Reyes

LUIS REVOREDO

La traición, el robo, la estafa, son palabras muy duras pero que definen lo que fue uno de los primeros actos del último gobierno del entonces presidente Alan García, quien no tuvo reparos en vender a privados chilenos la isla San Lorenzo, una posición geoestratégica para la defensa de nuestro país.

No solo se trató entonces de la venta del aeródromo de Collique y de los cuarteles San Martín y otros ubicados en zonas diversas, sino que también quiso disponer de una isla que por su ubicación es estratégica para la defensa nacional.

Quien así lo advierte es el Capitán de Navío en retiro Lizandro Paredes Infante, uno de los pocos que decidieron luchar contra viento y marea para evitar que se perpetre un acto inconstitucional como era la entrega de esa isla a privados para la construcción de restaurantes, bares y casas de juego, entre otros.

LA ISLA
En la isla San Lorenzo funciona una estación naval, que es una extensión de la Base Naval del Callao, una estación de submarinos y el centro de formación de comandos de élite de las Fuerzas Armadas, por lo que el Capitán de Navío en situación de retiro, Lizandro Paredes Infantes, sostiene que no se podía ignorar su potencial militar.

Aún así, el primer acto de Alan García fue disponer la venta de la isla para evitar que se concrete allí un proyecto que consiste en un megaterminal que cambiaría la suerte de nuestro país porque nos colocaría a la altura de Singapur y de países del primer mundo, según alegaba con su florido verbo.

“Yo me enteré por su misma gente porque el hermano de un congresista aprista me lo contó, y como no tenía pruebas materiales, no pude denunciarlo ante el Poder Judicial”, recordó Paredes.

García se propuso regalar el Perú a Chile.

García se propuso regalar el Perú a Chile.

LA VENTA
Él me dijo: “Lizandro, por si acaso el 10 de julio ya García vendió la isla de San Lorenzo y Paita a los chilenos, y por todo eso habrían pagado 350 millones de dólares”. Fue entonces que le salimos al encuentro y le ganamos la batalla.

Paredes Infantes sabía que la venta de la isla San Lorenzo es a todas luces inconstitucional, violatoria de la Constitución en sus artículos 73º y 163º, en los que se establece la intangibilidad de los bienes de derecho público y la garantía de la seguridad nacional.

Sin embargo, el oficial de la Armada Peruana recordó, también, que a pesar de ello Alan García promulgó la Resolución Suprema 057-2009-EF, de fecha 3 de junio de 2009 para sacar a la venta la isla e incluso ProInversión lo publicitó en YouTube, por lo que recurrió a las instancias pertinentes.

“Fui al Colegio de Abogados, a las instituciones tutelares, pero ninguna de ellas quiso enfrentarse al mandatario aprista”, relató.

ODEBRECHT EN LA JUGADA
Dicha resolución suprema, según dijo, fue promulgada por el gobierno del presidente Alan García en flagrante violación de la Constitución Política del Perú y traición contra la soberanía marítima insular de la Nación, en suplantación a la resolución 062-99-PE, para favorecer el corredor interoceánico Odebrecht Brasil-Aconcagua, Megapuerto Mejillones y análogos, en evidente colusión, argucias y trapazas.

Por ello, Paredes Infantes y un grupo de ciudadanos interpuso una demanda contra el Ministerio de Economía y Finanzas para que se deje sin efecto la resolución en cuestión.

No obstante, después de más de siete años de una dura y tenaz batalla legal, el Poder Judicial por fin ordenó en mayo del año pasado la expulsión del ordenamiento jurídico de la cuestionada Resolución Suprema 057-2009-EF.

EL TC LO IMPIDIÓ
Los sólidos argumentos contenidos en la demanda de Acción Popular motivaron la sentencia final ganada en tres instancias con el voto unánime de los jueces, lo que según Paredes Infantes es un caso insólito contra Alan García en el Poder Judicial.

Además, fue el Tribunal Constitucional el que dictaminó con dureza “expulsar del ordenamiento jurídico” nacional la citada resolución suprema.

Nos han dado la razón plena, los cuatro jueces; pues sino votaban los cuatro la resolución y la sentencia no valían nada. Tenían que votar todos para que tenga valor, recibido este documento fue remitido a la presidencia de la República para que tome acción, la presidencia de la República ha dado orden ejecutoria a ProInversión, y esperemos que cumpla, advirtió.

FUJIMORI TAMBIÉN
Pero la historia se remonta en realidad a los tiempos del presidente Alberto Fujimori, quien intentó sacar adelante el proyecto del megaterminal multimodal, pero designando a otro miembro de la Marina, sin conseguir los resultados que esperaba.

El gobierno del presidente Toledo le puso reparos y se negó a darle luz verde al proyecto hasta el último día que estuvo en el poder, pero sí tuvo tiempo de firmar un decreto que vendía la aerolínea TAN a los chilenos”, advirtió Paredes.

Toledo no quiso firmar a pesar de que fue a hablar con él personalmente el congresista piurano Humberto Requena, famoso por sus largos bigotes. Igual, no quiso firmar porque ya estaba el proyecto de Odebrecht, el año 2003 para que el Perú no haga su megapuerto y Chile haga el megapuerto de Mejillones y el de Aconcagua, un calco de lo que habíamos logrado a nivel internacional, denunció Lizandro Paredes.

Años después, y después que el Poder Judicial dio la razón a la demanda de Acción Popular presentada para evitar la venta de San Lorenzo, Lizandro Paredes y Víctor Acuña Arcos han dirigido una carta al presidente Pedro Pablo Kuczynski.

EN MANOS DE PPK
En su misiva dan cuenta que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, mediante sentencia APNº 12505-2013-Lima, de fecha 12 de mayo de 2016 ha declarado fundada la demanda y en consecuencia ha dispuesto la expulsión del ordenamiento jurídico de la Resolución Suprema 057 que disponía la venta de San Lorenzo.

Ahora, Paredes Infantes señala que para que se pueda continuar con el proyecto del Megaterminal en la isla San Lorenzo se requiere de una decisión política, pues el Presidente sería quien tendría que dar la orden ejecutoria porque nadie más se atreve a hacerlo debido a intereses ajenos al desarrollo nacional.

PERO NOS METIEROIN UN CABALLO DE TROYA
Perú podría ser como Singapur
El Capitán de Navío Lizandro Paredes Infante sostuvo que Odebrecht es el testaferro chileno que se mete acá para impedir que se haga el megapuerto porque si lo hacemos el Perú será como Singapur, mayor potencia portuaria mundial.

Explicó que Singapur era chiquitito y pantanoso, pero después de hacer su primer megapuerto multimodal se fue arriba. Hoy es la cuarta economía del mundo, tiene 6 megapuertos y 11 megaaeropuertos.

Nosotros queríamos superar eso, el Perú tenía las condiciones ideales para ser Singapur multiplicado por cinco veces.

Entonces fue un caballo de Troya que nos metieron. Fujimori quiso hacerlo solo pero no pudo, fracasó en su intento,

Luego le tomó la posta Alan García, que puso a la venta la isla San Lorenzo para evitar a toda costa que se lleve adelante el proyecto en manos peruanas y se favorezca a los chilenos, manifestó.

Pero ahora, con la expulsión nuevamente vuelve a la ley para que se ejecute el proyecto del megapuerto multimodal y ahora tenemos tres entidades financieras de primer nivel mundial prestas a financiarlo en cuanto le digamos.

Las Naciones Unidas ofrecieron entregarme un fondo no renovable ni reembolsable para que se disponga de ese dinero en todo lo que ayude al proyecto y rendir las respectivas cuentas, es decir que tienen una confianza total en el proyecto.

ALGO MÁS
Él me dijo: “Lizandro, por si acaso el 10 de julio ya García vendió la isla de San Lorenzo y Paita a los chilenos, y por todo eso habrían pagado 350 millones de dólares”. Fue entonces que le salimos al encuentro y le ganamos la batalla.

Pero la historia se remonta en realidad a los tiempos del presidente Alberto Fujimori, quien intentó sacar adelante el proyecto del megaterminal multimodal, pero designando a otro miembro de la Marina, sin conseguir los resultados que esperaba.

Política

Fujimori debe volver a la Diroes

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

En entrevista con el Diario UNO, el jurista Carlos Rivera, quien es abogado de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, señaló que esperaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), anule el indulto al dictador Alberto Fujimori. Pero, al reenviar el caso a la justicia nacional, ellos continuarán su lucha hasta encontrar justicia y reparación.

“Sí, en realidad el conjunto de acciones que hemos venido realizando y la esperanza que teníamos en la sentencia de la Corte IDH era eso. De que declare nulo el indulto y que Fujimori cumpla la condena que le corresponde (en la Diroes)”, manifestó Rivera. “Sin embargo, la decisión de la Corte IDH indica que la justicia peruana declare la nulidad del indulto”, agregó.

El jurista refirió que ahora tienen que enfrentar una acción en el sistema judicial penal con todos los problemas que el Poder Judicial tiene en este momento. Dijo que los familiares seguirán en busca de justicia como lo hacen desde 1991.

RESOLUCIÓN CONTRADICTORIA

Precisó que les ha sorprendido la resolución porque es un tanto contradictoria, parece escrita sobre una línea argumentativa de fundamentos que van desarrollando de manera impecable, en cuanto a contradecir y cuestionar el otorgamiento de indulto para casos de violación de derechos humanos. “Pero por otro lado, toman la decisión de reenviar el caso al fuero interno, eso nos ha sorprendido. No era la resolución que esperábamos porque habíamos logrado exponer los argumentos políticos, jurídicos, jurisprudenciales y los doctrinarios del derecho internacional”, añadió.

FUERO INTERNO

Ante esto, el jurista indicó que mediante la resolución de la Corte IDH, no es posible conocer por qué no declaró inválido el indulto. “Lo único que uno puede observar es que la Corte IDH señaló que había antecedentes en los casos Jaililie y Crousillat, para el fuero interno, el constitucional, que evaluará la legalidad del indulto. Y la resolución emitida por la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca, por la cual se decidió inaplicar el derecho de gracia que fue concedido en la misma fecha que el indulto”, destacó.

Familiares de víctimas de matanza en gobierno de Alberto Fujimori

Mañana tomarán la decisión legal después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

SÍ CUESTIONA EL INDULTO

Rivera afirmó que “justamente el hecho de que en la resolución la Corte IDH asumió nuestros argumentos, es decir, han asumido una línea no solo de cuestionamiento sino casi de repudio al indulto como medida posible de otorgar a quienes están condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.

Comentó que solo le faltó a la decisión, concluir que el indulto era una opción inaplicable y por lo tanto el Estado peruano debería anular. Aunque esta resolución no está convalidando el indulto, más bien lo cuestiona y repudia porque esta instancia supranacional no encuentra ningún argumento para sostenerlo como medida factible de imponer a un condenado por delitos de lesa humanidad.

CAMINOS A SEGUIR

El camino que la Corte IDH plantea es que debe haber un control jurisdiccional, eso significa que la defensa de los familiares de las víctimas puede optar por una vía constitucional a través de la presentación de una acción de amparo o una vía penal mediante un pedido de control de convencionalidad, que lo tendrían que hacer en el propio vocal supremo de instrucción que está a cargo del caso Fujimori.

“Una acción de amparo se presenta al Poder Judicial, si es que se pierde en 1ra y en 2da instancia, recién se va al Tribunal Constitucional. Un amparo en el Perú dura mucho tiempo, por lo menos un año. Lo de la Sala Penal probablemente dure menos tiempo. Esa decisión la vamos a tomar el día lunes”, señaló Rivera.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

ONPE bajo la lupa de la Fiscalía

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Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

El presunto favoritismo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la inscripción del partido Podemos Perú, del cuestionado José Luna,  viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Las indagaciones las estaría haciendo fiscal Carlos Nivin, quien abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de patrocinio ilegal, decisión que tomó después de las denuncias periodísticas.

El titular del 1° despacho de la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios dispuso la apertura de la investigación el pasado 1 de junio.

La exasesora legal de la ONPE, Susana Guerrero, denunció un presunto trato preferente para el partido político del excongresista José Luna durante el proceso de inscripción. Tras realizar la denuncia, la ONPE decidió cesar a la funcionaria.

En tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, quien declaró que no teme a las investigaciones y que va a colaborar.

Para el consejero Iván Noguera, la investigación podría ser más rápida y expeditiva de lo que hasta hoy ha sido.

El presidente del CNM, Orlando Velásquez, explicó que la investigación preliminar está en manos de la Comisión de Procesos Disciplinarios y que se emitiría un informe en 15 días, a favor de iniciar el proceso disciplinario o archivar el caso.

ALGO MÁS

El Consejo Nacional de la Magistratura recién se estaría pronunciando en julio sobre el sonado caso de ONPE. Castillo permanecería en el cargo hasta después de las elecciones regionales y municipales.

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Política

Solo 5 de 21 aspirantes a la alcaldía de Lima han solicitado inscripción

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Jurado Nacional de Elecciones

Hasta la fecha, solo 5 de los 21 partidos que postulan a la alcaldía de Lima han solicitado su inscripción para participar en las próximas elecciones del 7 de octubre. Por ello, el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Oswaldo Espinoza López, instó a las organizaciones a no esperar el último momento para realizar este procedimiento.

En ese sentido, recordó que el plazo para este trámite vence indefectiblemente el próximo martes 19 y recomendó a las agrupaciones políticas tomar las debidas precauciones, en el caso de que tengan que realizar subsanaciones.

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