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Política

García ante fiscal por los sobornos de Odebrecht

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HENRY COTOS CAMPEÁN

El expresidente Alan García tendrá que responder hoy (8:30 a.m.) ante el equipo de fiscales que investiga el caso Odebrecht por los sobornos que la constructora brasileña entregó a exfuncionarios del segundo gobierno aprista a cambio de las obras del Metro de Lima.

Edwin Luyo Barrientos, exintegrante del Comité de Licitación del Metro de Lima, y Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro del MTC, en el gobierno de Alan García, se encuentran en prisión por haber recibido coimas de Odebrecht, cuyo director (MO, que actualmente está preso en Brasil) confesó que pagó millones de dólares en sobornos en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Pese a que Marcelo Odebrecht confesó el millonario soborno, la Fiscalía solo ha puesto en prisión a Cuba y a Luyo, que vienen a ser funcionarios menores, mientras que el ministro de Transportes de entonces, Enrique Cornejo, y el presidente Alan García (que eran los que tomaban las decisiones), aseguran que no sabían nada de los sobornos, pese a que el expresidente tuvo al menos seis reuniones con Odebrecht y 30 reuniones con Jorge Barata, gerente de la empresa brasileña en el Perú.

El Ministerio Público informó ayer que la declaración de Alan García, “como parte de su derecho a la defensa, a pedido del investigado, será exclusivamente sobre sus descargos” y se reserva el derecho de ampliar el interrogatorio al exmandatario con mayores elementos acopiados.

Como es su costumbre, García ha ido negando sistemáticamente todos los indicios de su cercanía con los directivos de las empresas brasileñas, pero han ido apareciendo pruebas gráficas y documentales de su cercanía no solo con Jorge Barata, sino con el mismo Marcelo Odebrecht.

En un principio García negó haberse reunido con Marcelo Odebrecht fuera de Palacio de Gobierno, pero aparecieron fotos de ambos en reuniones privadas en un hotel. Asimismo, negó haber tenido varias reuniones con Jorge Barata; sin embargo se contabilizan al menos 30 encuentros entre ambos.

QUE RESPONDA
El excongresista Juan Pari, quien fue presidente de la Comisión Lava Jato en el Parlamento del gobierno anterior, sostuvo que dados los millones en sobornos que se repartieron en los últimos tres gobiernos, es muy difícil que la responsabilidad solo se atribuya a funcionarios menores.

Dijo que quienes conocen a García pueden dar fe de que le gusta controlar todo y saber todo lo que pasa a su alrededor, por lo que es poco probable que las decisiones hayan sido solo de Cuba y Luyo, quienes son funcionarios de segundo y tercer nivel y solo son ejecutores de las decisiones que han tomado sus jefes, por lo que la Fiscalía tiene mucho que investigar y preguntar a García.

INVESTIGACIÓN
Pese a que lo niega todo, Alan García fue incluido en la investigación que la Fiscalía Anticorrupción realiza sobre los sobornos que Odebrecht entregó a funcionarios del segundo gobierno aprista para adjudicarse el tramo I y II de la línea 1 del Metro de Lima.

El nombre del exjefe de Estado también ha sido asociado a anotaciones hechas por Marcelo Odebrecht en su agenda, por lo que ha llamado la atención de analistas y juristas que la Fiscalía no profundice las investigaciones sobre el expresidente aprista, como sí lo ha hecho en los casos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

DETENIDOS
En el caso del Metro de Lima, la Policía detuvo a Edwin Luyo Barrientos, antiguo integrante del Comité de Licitación, y Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García.

Según la Fiscalía, Cuba, quien trabajaba en el MTC dirigido por Enrique Cornejo, pidió 8,1 millones de dólares para favorecer a Odebrecht: 1,4 millones por el tramo 1 y 6,7 millones por el tramo 2.

Alan García aseguró que no tiene cercanía con ninguno de ellos y negó haber conocido a Cuba, responsabilizando al exministro Cornejo por su contratación en el MTC.

La coartada de García respecto a Cuba se cayó al conocerse que sí habían trabajado juntos a inicios de la década de 1990, cuando el exviceministro fue investigado en el Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana (IDEL), presidido por Alan García.

OLMOS TAMBIÉN
Pero García no solo tiene que responder por los sobornos en el caso del Metro de Lima, sino también por la entrega del proyecto Olmos a Odebrecht. Al respecto, la Policía Federal de Paraná, en Brasil, encontró anotaciones en las agendas de Marcelo Odebrecht referidas a la segunda etapa del proyecto Olmos (licitado en el segundo gobierno de Alan García) que comprometen al expresidente aprista.

Las anotaciones de Odebrecht incluyen un apunte con la inscripción “AG vs Olmos, finalizar”. El exmandatario negó tener relación con la anotación: “AG es logo de Andrade Gutiérrez, empresa que compitió con Odebrecht para Olmos”, escribió en Twitter.

El exmandatario aprista tiene que explicar a la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque ¿cómo es que el proyecto Olmos llegó a Odebrecht?. García no asistió a la citación de la fiscal Ana Zegarra el 19 de julio último para explicar su participación en las adjudicaciones y firmas de contrato relacionado con Trasvase Olmos y H2 Olmos, ambos relacionados con Odebrecht.

Fue en el segundo gobierno de García que Odebrecht se adjudicó el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto cuyo costo el 2014 era de 222 millones de dólares y con las adendas el costo final fue de 580 millones de dólares.

ALGO MÁS
La presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque Mariana del Pilar Vásquez advirtió que García podría ser citado de grado o fuerza y por eso AG se apuró en pedir al fiscal Hamilton Castro que lo cite.

Política

Con la soga al cuello

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Vicente Silva Checa

Luego del anuncio de la Fiscalía respecto al próximo interrogatorio de Vladimiro Montesinos a cargo del fiscal José Pérez, y la posibilidad de incluir en la acusación de lavado de activos contra Fuerza Popular el uso de dinero proveniente de la corrupción en los años 90, el analista político Carlos Monge consideró que el caso se torna “mucho más complejo y serio de lo que se tenía identificado inicialmente”.

“Considerando que el señor Vicente Silva Checa (acusado de ser testaferro de Montesinos y asesor en las sombras de Keiko Fujimori según un testigo protegido) ha tenido un vínculo histórico con estos actos de corrupción, e incluso ya purgó cárcel, me parece totalmente razonable que la Fiscalía convoque a Montesinos para indagar cuál era el mecanismo en los ‘90 para guardar el dinero que sería usado posteriormente en las campañas del fujimorismo”, indicó.

“Además del dinero de la caja negra de Odebrecht, parece que la acusación también apunta a movimientos de dinero, en un blanqueo de millones de dólares entregados a Joaquín Ramírez para que lo blanquee en universidades, usando el mecanismo de empresas familiares que proveían de servicios sobrevaluados a su propia universidad”, agregó.

Sobre el vínculo de Silva Checa y Keiko Fujimori, Monge afirmó que “si el problema fuera que solo la asesora, habría un problema ético, y nadie va preso por tener un delincuente de asesor”. “Sin embargo, en caso se compruebe que Silva Checa es donante de dinero proveniente de la corrupción en los ‘90 y usado en las campañas de Keiko Fujimori, el caso se volvería mucho más grave por ampliarse la figura de lavado de activos”, señaló.

FINANCIADOS POR EL NARCOTRÁFICO

Monge recordó los casos más emblemáticos de los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico en la dictadura de los años ‘90: “Recuerdo el caso del desvío de armas para las Farc a cambio de pagos con dinero proveniente del narcotráfico colombiano, que era la forma como las Farc financiaba sus compras de armamento. Luego, han habido acusaciones de parte de narcos de la zona del Huallaga, quienes indicaron que pagaban cupos a Montesinos para que los proteja en sus operaciones”.

“Entonces no es novedad que Montesinos aparezca asociado a lavado de dinero del narcotráfico. Esto tiene muchos antecedentes y no sería para nada una sorpresa que surgiera algo nuevo en ese sentido durante el interrogatorio”, añadió.

Además, indicó que si bien ya desde los ‘80 han existido acusaciones de narco parlamentarios dirigidas a las bancadas de Acción Popular y el Apra, “con el fujimorismo se ha fortalecido esa presencia”. “El fujimorismo, recordemos, ha logrado ser el espacio de representación política de muchas economías ilegales. Ahí se expresa el lobby de las universidades truchas para tirarse abajo a la Sunedu; hay parlamentarios fujimoristas que son defensores de las cooperativas ilegales en el Vraem; otros están vinculados a la minería y a la pesca ilegal; y así sucesivamente podemos mencionar casos”, afirmó.

NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA

Respecto a la protesta expresada por los parlamentarios de Fuerza Popular, quienes manifestaron que el interrogatorio a Vladimiro Montesinos se programó con el afán de presionar al Tribunal Constitucional en el caso del hábeas corpus de Keiko Fujimori, Monge indicó que “ellos se han pasado años tratando de contarnos el cuento de que Fujimori era un pobre tonto que no se enteraba de lo que ocurría a sus espaldas”.

“Han tratado de construir esa narrativa; sin embargo todos sabemos cómo son las cosas. Obviamente, les molesta que ahora reaparezca la figura de Montesinos asociada al fujimorismo y por eso inventan esto de la persecución política. Pero son argumentos de defensa porque se sienten afectados por la íntima asociación de Montesinos no solo con Alberto Fujimori sino con Keiko, porque era él quien pagaba sus estudios”, apuntó.

Monge advirtió que “no hablamos de niños de 12 años que no se han preguntado de dónde sale la plata para pagar el colegio, sino de adultos que estudiaron maestrías en el extranjero y que recibían del asesor de inteligencia ese dinero sin preguntarse de dónde venía”.

ACUSACIÓN SERÁ CONTUNDENTE

Finalmente, el analista político destacó que “se van acumulando evidencias sobre el funcionamiento de Fuerza Popular como una organización criminal, y ante cada nueva prueba sus miembros reaccionan muy nerviosos para tratar de frenar la investigación”.

En este sentido, indicó que Silva Checa es una pieza que podría “ayudar a probar no solo cómo funcionaba Fuerza Popular y cómo trataba de obstruir la investigación, sino también permitirá llevar la madeja hacia atrás y mostrar la relación entre Montesinos y el fujimorismo, y cómo se habría sostenido esa relación hacia el presente con el soporte en campañas del dinero ilícito de la corrupción de los años ‘90”.

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Política

Criminalización de los trabajadores mineros sindicalizados

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Enfrentamientos conflictos sociales policía contramanifestaciones huelgas

Lo grave de todo esto es que Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo, no cumple con su labor de mediar, que debería ser el rol de un funcionario del Estado peruano, para que empresarios y trabajadores se acerquen y lleguen a un acuerdo para solucionar el pliego de reclamos que fue presentado oportunamente.

En vez del diálogo que solicitan reciben la indiferencia de la SNMPE y para remate fueron reprimidos de manera violenta por un piquete de la Policía Nacional, cuando fueron a protestar al Ministerio de Trabajo para solicitar que se solucione su petitorio.

Para remate, el grupo de congresistas que los acompañó para conseguir el diálogo, nos referimos a María Elena Foronda, Hernando Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del del Frente Amplio, fueron arrastrados y maltratados por los gendarmes.

Esto revela que no hay respeto por las autoridades congresales y a ello se sumaron: Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, que los acusó de “incitar” a la violencia, y Pedro Olaechea, presidente del Legislativo, que le mintió cínicamente al país.

Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú

REACCIONES SOLIDARIAS

En seguida entrevistamos a Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMP, quien nos dijo cómo se encuentra el sector laboral que representa, a más de una semana de la violencia de la que fueron víctimas. De igual modo a Francisco Soberon, fundador de Aprodeh y exsecretario de la Coordinadora Nacional de Derchos Humanos (CNDDHH), y a Jorge Bracamonte, titular de esa entidad.

—¿En que estado está la situación que ustedes enfrentan?

—El día sábado pasado nos comprometimos con la ministra respecto a que íbamos a reunirnos la SNMPE el martes, en el marco del extraproceso, pero la ministra no ha asistido, solamente estuvieron el conciliador y la jefa del departamento de Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, la doctora Manuela García.

Estamos viendo para el día 25 una propuesta de diálogo con la ministra. Nosotros suspendimos la huelga, pero lamentablemente vemos una actitud intransigente por parte de la SNMPE, que desconoce y no respeta a los trabajadores, y ni siquiera envía un representante para que pueda enterarse de cuál es nuestro planteamiento.

—¿Van a reiniciar la huelga?

—Nosotros suspendimos la huelga el día sábado, después de nuestra excarcelación, ya que fuimos ilegalmente detenidos. Vamos a retomar nuevamente esta medida de fuerza, para ello vamos a tener una reunión este fin de semana para evaluar la reanudación de la huelga nacional indefinida, porque la SNMPE sigue dando las mismas muestras de intransigencia.

—La ministra de Trabajo tampoco se ha presentado…

—Claro, parece que ella y la SNMPE están en la mima sintonía.

—¿Sabe si se ha reunido con los representantes de la SNMPE?

—Tal vez ellos se habrán reunido pero con nosotros no había absolutamente nadie.

—Entonces, este fin de semanana reinician la huelga nacional indefinida.

—Sí, definitivamente. Lamentamos que no haya una voluntad de diálogo. Como usted verá, ni siquiera se presentan para dialogar y resolver, de una vez, nuestro pliego de reclamos.

 

ALGO MÁS

“Nos parece reprobable que el Congreso de la República pretenda estigmatizarlos y acusarlos de azuzadores de la violencia. Esto da cuenta del tipo de Congreso que tenemos, en donde el presidente del Legislativopuede permitirse mentir cínicamente frente al país”, concluyó Bracamonte.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

La negociación colectiva está consagrada por ley

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Huelga marcha mineros protestas

—¿Cuál es su opinión en torno a la forma en que fueron tratados los trabajadores mineros, que reclamaban la solución de su pliego de reclamos?

—Lo que hay que rechazar son las negativas de promover,de parte del Ministerio de Trabajo, un adecuado diálogo de los trabajadores con la SNMPE, para que se cumpla el acuerdo que ha establecido esa negociación colectiva. Es un derecho que ha sido restringido en otros sectores laborales.

El único que lo mantiene en vigencia es la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, hay otros en donde estos derechos se han limitado, y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú tiene establecida esa negociación que debería respetarse para que los trabajadores puedan demandar sus derechosy su negociación debe ser atendida.

Y debemos rechazar el comportamiento del gobierno del presidente Vizcarra, lo cual debe ser cuestionado por todos los sectores organizados, sociales y políticos, comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso es algo que, estoy seguro, la tolerancia de los trabajadores mineros vencerá, al imponer su derecho, porque la negociación colectiva está consagrada.

—¿Cree que las detenciones del señor Cerrón y Aduviri son un arrinconamiento de los sectores de izquierda?

—Son situaciones distintas. El señor Cerrón tiene una condena por corrupción. El señor Aduviri también está detenido, pero por protesta social. No son similares. Si ha sido condenado por corrupción tiene derecho a apelar y el Poder Judicial decidirá. En el caso del señor Aduviri, su detención es ilegal, ilegítima, es el uso de la justicia penal para condenar la protesta social. No se puede conciliar situaciones políticas e ideológicas. Si hay corruptos, tienen que ser procesados.

—¿Y qué decir de los congresistas Foronda, Cevallos, Morales y Tucto, que han sido acusados de promover la violencia por apoyar a los trabajadores mineros?

—Ellos han mediado para lograr el diálogo entre los trabajadores y la SNMPE, mediante el Ministerio de Trabajo, de modo que no se los puede acusar ligeramente de la movilización propia de los trabajadores, en todo caso que la Comisión de Ética vea su participación.

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