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Política

Fujimorista Letona también debe cantar ante Comisión Lava Jato

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ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

“Nadie en su sano juicio puede hacer una afirmación de esa naturaleza y si se hace hasta con un monto definido es porque puede haber algo más”, sostuvo el parlamentario Richard Arce, en relación a las declaraciones de la congresista fujimorista Úrsula Letona, respecto a que la constructora brasileña Odebrecht le ofreció dos millones a la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, pero que esta no accedió.

Indicó que Letona ha entrado en contradicción con Keiko porque esta dijo ante la Comisión Lava Jato que “a Fuerza Popular ni a quien habla se nos ha acercado ningún funcionario de la empresa Odebrecht”.

“Eso amerita una profunda investigación en la Comisión Lava Jato y respecto a la financiación de la campaña del fujimorismo en el 2011 pero también en el 2016”, dijo Arce al Diario UNO.

Respecto al intento de Letona por desmentirse y cambiar de versión, el parlamentario dijo que ello “se presta mucho a la suspicacia porque podría ser que el señor Barata, ahora que se va a acoger a la colaboración eficaz, confirmaría mucho de esa afirmación”.

También consideró irónicamente la posibilidad de que el fujimorismo pretenda confesar el delito. “De repente están tratando de curarse en salud haciendo este tipo de afirmaciones”, anotó.

Tiene que explicar qué gente de Odebrecht, cuándo, cómo le ofrecieron dos millones a Keiko.

Tiene que explicar qué gente de Odebrecht, cuándo, cómo le ofrecieron dos millones a Keiko.

DEBE DAR LA CARA
Su colega del Frente Amplio (FA) y vicepresidente de la Comisión Lava Jato, Jorge Castro Bravo, dice estar claro de la existencia de una oferta para el fujimorismo. “Por lo menos ya tenemos claro que hubo una oferta para los fujimoristas. Ahora hay que seguirle la pista, hay que averiguar hasta dónde se llegó, si se procedió a dar el aporte o no”, advirtió a un diario local.

Por su parte, el congresista del bloque político Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, consideró necesario que la congresista Letona dé la cara ante la comisión.

“Aunque ha intentado aclararlo, considero que sería bueno que dé un informe más detallado para aclararlo aún más pues ella misma ha puesto el tema en debate”, sostuvo Quintanilla en diálogo con el Diario UNO.

Asimismo, cuestionó que la parlamentaria de Fuerza Popular (FP) haga una declaración de interés público para luego cambiar de opinión. “Primero buscó curarse en salud para poner por delante el parche y después ha cambiado de opinión porque ya no lo consideró necesario”, señaló.

Respecto a la posible presión del fujimorismo para que Letona cambie sus declaraciones, Quintanilla dijo que “ella (Letona) tendrá que explicarnos por qué ha dado una versión y luego lo cambia”.

Arce hace notar que Letona y Keiko se contradicen.

Arce hace notar que Letona y Keiko se contradicen.

NO DIJO LO QUE DIJO
El viernes pasado y durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva, la congresista Letona indicó que personas vinculadas al ex CEO de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, sí buscaron reunirse con la excandidata Keiko Fujimori para ofrecerle dinero para su campaña presidencial.

“Lo que entiendo es que había la intención de reunirse con Keiko y el ofrecimiento querían incrementarlo. Decían: ‘Oye, Marcelo Odebrecht quiere reunirse contigo. Está dispuesto a darte dos millones para tu campaña’”, reveló.

La legisladora consideró que como no hubo una respuesta positiva del partido, todo habría quedado como una “mera especulación” anotada en la agenda de Odebrecht con la frase “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.

Luego de generarse el escándalo, ayer por la mañana y a través de una radioemisora local, la fujimorista rechazó sus propias declaraciones. “Lo que yo estaba tratando de explicar era el modus operandi con que Odebrecht actuaba, según las especulaciones, en nuestro país”.

En otro momento dijo: “Nunca hubo un acercamiento con Odebrecht (…) lo que yo claramente he dicho es que era una especulación”, refirió.

Letona intentó desmentirse. “He sido clarísima que nunca llegó el ofrecimiento (de Odebrecht a Keiko)”. Pero sus declaraciones han quedado registradas.

El pasado 13 de octubre, Keiko Fujimori declaró ante la Comisión Lava Jato: “A Fuerza Popular ni a quien habla se nos ha acercado ningún funcionario de la empresa Odebrecht”; esto fue contradicho por Letona y por tratarse de la primera vez que un fujimorista admite un acercamiento con la constructora brasileña, trascendió que varios parlamentarios solicitarán su asistencia a la mencionada comisión.

Política

Hasta S/ 415 mil de multa para candidatos que infrinjan normas sobre propaganda electoral

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Política

Gobierno formalizó acción de inconstitucionalidad contra Ley Mordaza

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Salvador Heresi

El Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. (más…)

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Política

Aníbal Quiroga: “Ley Mulder” será derogada por Tribunal Constitucional

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Mauricio Mulder

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga dijo al Diario UNO que la llamada “Ley Mulder” que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados “está herida de muerte” y que de todas maneras va a ser derogada por el Tribunal Constitucional (TC).

Aníbal Quiroga

Aníbal Quiroga

“La ley está herida de muerte; tiene fecha de caducidad. La historia la va a denunciar. Va a ser derogada por el Tribunal Constitucional por ser una cuestión grosera y flagrante”, sostuvo Quiroga en referencia a la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, por parte del Poder Ejecutivo.

Asimismo, tras denunciar la inconstitucionalidad de la ley, al colisionar contra los derechos de la Carta Magna, dijo que son los fujimoristas quienes deberán decir qué criterio tuvieron para aprobar una ley que viola la Carta Magna.

“La Ley Mulder es inconstitucional en todos sus extremos porque colisionan contra derechos constitucionales. Recordemos que la presentó el legislador aprista Mauricio Mulder pero fue aprobada por la mayoría del fujimorismo; son ellos quienes deben decir el criterio que manejaron para aprobarla, sabiendo que es inconstitucional”, sentenció Quiroga.

“La Ley Mulder vulnera el derecho a la libre contratación. Es como si a una bodega se le prohibiera vender leche, que es uno de sus principales productos; limitan su libertad de contratar”, dijo Quiroga tras recordar que el acceso a la información se vería afectado porque la ciudadanía no tendría cómo enterarse de lo que pasa en el Estado. “Esto (el proyecto) supuestamente ayudaría a reducir gastos, pero se olvida de todos aquellos que no tienen acceso a Internet, por ejemplo”.

De otro lado, el constitucionalista calificó la “Ley Mulder” como “chantaje económico”. “La Ley Mulder es una suerte de chantaje económico y una forma estatal de amedrentamiento a la prensa libre por lo que informa diariamente, bajo la clarísima amenaza: más informas, menos publicidad te doy”, advirtió.

EJECUTIVO PRESENTA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

El Poder Ejecutivo presentó ayer por la tarde, la demanda de inconstitucionalidad que anunció anticipadamente en contra de la llamada “Ley Mulder”, que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados y que fuera aprobada por insistencia en el Congreso.

El documento, presentado ante el Tribunal Constitucional por el ministro de Justicia, Salvador Heresi, señala que la Ley N°30793 planteada en el 2017 por el congresista aprista, Mauricio Mulder, contraviene de forma directa y manifiesta la Constitución, así como la Convención Americana de Derechos humanos.

“El Gobierno (…) está presentando ante el TC la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que hemos denominado ‘Ley Mordaza’”, sostuvo Heresi ante la prensa.

El titular de Justicia señaló que las principales violaciones de la norma son contra los derechos de información y de acceso a la información, así como la libertad de expresión y la de libre contratación.

Asimismo, cuestionó que “quienes no están de acuerdo con las críticas que hacen los medios” utilicen normas que presuntamente regulan el gasto publicitario para prohibir derechos de manera inconstitucional.

LEY INJUSTIFICABLE

Para el abogado constitucionalista Samuel Abad no existe una justificación objetiva y razonable para prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

Se trata de “una medida inconstitucional que limita la transparencia activa del Estado y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. No existe una justificación objetiva y razonable para ello. Los argumentos sobre austeridad, cautela del gasto público o empleo de medios alternativos -redes sociales y medios del Estado-, no justifican semejante prohibición pues no permiten alcanzar similares resultados”, dijo el constitucionalista en el portal de la Gaceta Jurídica.

Tras esperar que el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial intervengan en defensa de las libertades de expresión e información, Abad dijo que la mayoría fujimorista en el Congreso pretende evitar que la ciudadanía se informe.

“La publicidad estatal en los medios de comunicación privados es un instrumento importante: permite a la ciudadanía estar informada. Esto es lo que pretende evitar la mayoría del Congreso al aprobar la denominada ´Ley Mulder`. Una prohibición inconstitucional”, sostuvo.

“El debate sobre la prohibición de la publicidad estatal nos recuerda momentos oscuros de nuestra historia cuando se afectaban las libertades de expresión e información. Por ello, confiamos que el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, con la celeridad que exige la trascendencia del caso, intervenga en defensa de las libertades de expresión e información. En una democracia no existen poderes absolutos, los abusos deben ser erradicados”, concluyó el abogado.

DEMANDAS DE AMPARO Y ANTECEDENTE

A fin de contrarrestar la “Ley Mulder” la legislación permite presentar demandas de amparo, al limitarse el derecho de los ciudadanos a estar informados. En el proceso de amparo es posible obtener medidas cautelares para suspender los efectos de la ley hasta la culminación del proceso.

Entre los antecedentes está el de junio del 2013 cuando la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de amparo en defensa de los derechos de la colectividad, a fin de suspender el arbitrario sorteo que hubiera convertido en obligatorio el servicio militar. Una cautelar dictada en un “amparo colectivo” suspendió el sorteo en todo el país.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN? 

LIBRE CONTRATACIÓN

Artículo 2 (inciso 14): “Toda persona tiene derecho: (…) A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”.

Artículo 62: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 2 (numeral 5): “Toda persona tiene derecho: (…) A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.

LIBERTAD DE PRENSA

Artículo 2 (numeral 4): “Toda persona tiene derecho: (…) A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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