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Política

Fujimorista Bartra usó doble vara en Comisión Lava Jato

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Rosa Bartra

La Comisión Lava Jato del Congreso tiene doble criterio para tomar sus decisiones sobre casos similares o parecidos que ha investigado durante los dos últimos años sobre el mayor escándalo de corrupción transnacional ocurrido en el país.

Esta doble medida surge de sus decisiones tomadas en relación a los informessobre los casos del Tren Eléctrico, de la Carretera Transoceánica Sur (Tramos 1 y 2) y sobre el primer proyecto del Gasoducto del Sur.

FAVORECIMIENTO

El informe de la Comisión Lava Jato sobre el Tren Eléctrico no contiene medida ni recomendación alguna que afecte al expresidente Alan García, a pesar de que fue el personaje estelar de la adjudicación y la ejecución de la obra que resultó todo un emblema de la corrupción promovida por el cartel brasilero de la construcción.

El documento solo se enfoca en recomendar acusar penalmente al exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, por los presuntos delitos de cohecho, colusión y negociación incompatible.

GRAVE DENUNCIA

Respecto a este informe, ni la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, ni los demás miembros, han dicho esta boca es mía respecto a la denuncia del periodista Eloy Marchand del semanario “Hildebrandt en sus trece” acerca de que Bartra sustituyó un informe de los asesores técnicos de la Comisión Lava Jato que recomendaba acusar constitucionalmente a AG y solicitar su encausamiento penal.

La acusación constitucional es porque AGP habría infringido el numeral 1 del artículo 118 de la Carta Magna y por haber incumplido los principios de “probidad” y “neutralidad” de la Ley 27815, que regula la función pública. El documento añade que la exoneración del proyecto del control SNIP, impidió que el Estado pudiese establecer la viabilidad del proyecto y prever un costo probable de la obra, ajustado a la realidad.

La denuncia penal es por el presunto delito negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, porque AGP se excedió en su interés político en la ejecución del proyecto, pasando a un favorecimiento personal indebido a Odebrecht.

DECRETOS DE URGENCIA

Para ello, según el informe descartado, además de sostener 15 reuniones con ejecutivos de esa empresa, organizó un sistema exclusivo de contratación, con base en once (11) decretos de urgencia (todo un record) y facilitó que la constructora eleve los costos de la obra por omisiones no imputables a la empresa, hasta por US$ 146 millones en perjuicio del Estado.

Así, para ocultar estas propuestas Bartra sometió a debate en la comisión un informe sustituto hecho a su medida por personal de su confianza, que no incluyó ninguna recomendación contra García.

Votaron a favor del informe encubridor las fujimoristas Bartra, Karina Beteta y el aprista Mauricio Mulder. En contra lo hicieron Víctor García Belaunde, de Acción Popular, y Gilbert Violeta, de Peruanos Por el Kambio.

MÁS FAVORECIMIENTO

Sobre la Carretera Interoceánica del Sur, en el informe respectivo también reluce el tema del favorecimiento personal desmedido.

El documento determinó que durante el régimen de García, mediante 13 adendas se modificó la fórmula para calcular el presupuesto de la obra, se ampliaron los plazos de entrega y se reconocieron gastos adicionales para los tramos 2 y 3, provocando que el costo de la obra subiera de US$ 800 millones más de US$ 2,000 millones a 2017.

Ni por asomo se menciona la responsabilidad del titular del sector Enrique Cornejo ni menos del jefe del Estado Alan García, sin cuya venia no hubiesen procedido los aumentos de ingresos de Odebrecht.

El informe sobre el Gasoducto del Sur, sobre el cual el propio Marcelo Odebrecht declaró a fiscales peruanos que lo asumieron a instancias del expresidente García, ante el fracaso del primer adjudicatario, Kuntur Transportadora, tampoco incluye ninguna recomendación sobre García.

DISTINTA VARA

El criterio de la Comisión Lava Jato-Bartra, en el caso del proyecto del Gasoducto del Sur-2, es diametralmente distinto, a pesar de las similitudes con lo que García hizo en el tema del Tren Eléctrico.

La comisión habría acordado recomendar hasta dos denuncias constitucionales contra Humala Tasso, la primera por, supuestamente, haber acordado con Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Antonio Mameri garantizarles la adjudicación del proyecto Gasoducto del Sur – 2 incurriendo inclusive en el presunto delito penal de colusión agravada.

La segunda es por presuntamente haber favorecido a Odebrecht, con interés personal desmedido, dictando un conjunto de decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones supremas como marco normativo para facilitar a la firma brasilera la ejecución de la obra. Humala emitió decretos de urgencia, decretos supremos y otras normas, supuestamente para beneficiar a la empresa brasileña.

Es lo mismo que hizo García en el caso del Tren Eléctrico.

ALGO MÁS

Otro trascendido señala que la Comisión Lava Jato, excediéndose en su competencia porque solo está facultada para proceder contra funcionarios públicos, recomendaría también denunciar a Nadine Heredia, a su madre Antonia Alarcón y a su amiga Rocío Calderón por el presunto delito de lavado de activos, con base en la presunta donación de US$ 3 millones por parte de Odebrecht para la campaña presidencial del 2011.

 

Elmer Olórtegui
Colaboración

Política

Derrochan la plata del pueblo para venganza política

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Bancada de Fuerza Popular fujimoristas

Daniel Salaverry anunció que auditaría las gestiones de Luis Galarreta y Luz Salgado cuando eran presidentes del Congreso. A decir de varios congresistas hay numerosas sorpresas, porque se registra un aumento dispendioso del presupuesto y de trabajadores.

Además, se ha favorecido a personas cercanas a Fuerza Popular o “aportantes”, y se ha contratado a “trabajadores fantasmas” sin que les importe para nada el uso de ese dinero que el pueblo da con el pago de sus impuestos.

Por ejemplo, del presupuesto total S/ 709’777.837 en el 2018, de ese monto, S/ 13’800.000 estuvo destinado a proyectos (obras mínimas) y la mayor parte fue para los gastos corrientes y el pago de planillas: S/ 695’977.837. O sea, una minucia para legislar.

De este último monto, 255 millones de soles se van en prestaciones sociales y otros gastos, mientras que S/ 440’490.516 quedan principalmente para el pago de las planillas del personal actual, además de las llamadas “otras retribuciones”, dice un informe periodístico.

ES SU BOTÍN

“Fuerza Popular ha convertido el Congreso en su botín y no solo ha servido para el movimiento de todo su accionar político. Porque si hablamos de cuando eran 73 congresistas, 7 asesores cada uno multiplique usted”, dijo Wilbert Rozas de Frente Amplio.

Expresó que estamos hablando de un ejército de gente o supuestos “aportantes”, porque en realidad no aportaron nada, más bien los han convertido en cómplices y se manejaba el Congreso como una institución para insultar a los otros congresistas”, dijo.

Denunció que se manejaba a los troles para los fines que todos conocen. Espero que el señor Salaverry, que también fue parte de ellos y conoce por dentro al monstruo, porque ha militado allí, haga que de manera inmediata se conozca la auditoría.

“Ojalá -concluyó-, que no sea un ajuste de cuentas entre ellos, sino que sea una reorganización del Congreso, y exista una verdadera meritocracia tal y como todos lo piden.

SE MALGASTABA LA PLATA

“Bueno, el derroche del presupuesto del Congreso de la República por parte de Fuerza Popular ha sido porque, como han sido mayoría parlamentaria, han hecho lo que han querido”, dijo Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

Observó que se ha visto cómo se repartían flores, se compraban computadoras, televisores, entre otras cosas; se gastaba la plata de peruanos en perjuicio de los más pobres del país que exigían atención a sus demandas, denunció.

“Creo que la auditoría que se está haciendo está bien, pero que se ponga en conocimiento de todo el dinero que se ha gastado, es una cantidad inmensa, que incluye a ‘trabajadores fantasmas’, allegados”, precisó.

Continuó afirmando que ellos no han querido legislar a favor del pueblo sino en beneficio propio y también para los grupos de poder económico. Yo creo que los peruanos y peruanas deben estar atentos porque debe haber delitos por el dinero mal usado que se pudo emplear para hacer colegios, hospitales, etc., concluyó Gerónimo López.

AGENCIA DE EMPLEOS

Al Congreso, ha señalado el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio, han ingresado 800 trabajadores en la gestión de Galarreta y Salgado. Lo que pasa es que el Congreso se ha usado como si fuera una agencia de empleos, como una empresa particular por al fujimorismo y sus aliados.

Remarcó que son recursos del Estado, del pueblo peruano. Los trabajadores que ingresen al Congreso, los absolutamente necesarios de acuerdo a su capacitación y al sector donde son más necesarios, como asesorías para las comisiones, deben ingresar no para resolver deudas políticas o agredir a los otros congresistas.

Dijo que no se pueden manejar los recursos del Congreso con esa direccionalidad, para devolver favores a los amigos o usar a los subcontratados como un arma política o contra la oposición.

“Nosotros esperamos que se definan cuáles son las verdaderas necesidades del Congreso, cuánto se ha manejado. Salaverry pueda ser que lo ha hecho como un mea culpa o porque no quiere ser arrastrado por el descrédito”, comentó Cevallos.

Afirmó que en el caso de los trabajadores fantasma no solamente era un asunto de ética sino que había delito. El trabajo administrativo del Congreso es evaluar los currículo, corroborar la validez de ese currículo, de las funciones del trabajador, de su asistencia, para evitar irregularidades.

ALGO MÁS

Hay más de 34 trabajadores con contratos determinados sin que les corresponda. O sea: han contratado personal y les han hecho contratos de tal manera que si son despedidos, pueden hacer un juicio. Porque en verdad se necesitan 5 años para que pasen a planilla. Y lo que se ha hecho es asegurar a algunos fujimoristas o “aportantes”, en lugares claves del Congreso para usarlos a favor de la bancada naranja.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Barata dirá dónde están los 25 millones de dólares

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Jorge Barata

En declaraciones a los fiscales peruanos integrantes del Equipo Lava Jato en Curitiba, Brasil, el exsecretario del Consorcio Conirsa Sergio Nogueira confesó que se pagaron 45 millones de dólares en sobornos por la obtención de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Nogueira resaltó que Odebrecht pagó el 70% de esa cantidad y el restante 30% fue aceptado por las socias peruanas: ICCGSA, JJCamet, Graña y Montero.

En el 2017 Barata manifestó que la constructora brasileña le entregó 20 millones de dólares al prófugo expresidente Alejandro Toledo. Respecto a los 25 millones de dólares restantes en coimas, Nogueira señaló que Jorge Barata, quien dará su testimonio en el mes de marzo, es quien conoce al detalle la repartición de la coima.

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Política

Keiko Fujimori declara ante la Fiscalía

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Joaquín Ramírez - Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien cumple 36 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos bajo la modalidad de crimen organizado, declaró ante un fiscal como parte de las pesquisas contra Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido naranja.

Ramírez presuntamente habría recibido de Keiko Fujimori la suma de 15 millones de dólares para lavarlos en su negocio de grifos.

Además, el piloto Jesús Vásquez, colaborador del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), señaló ante la Fiscalía que Joaquín Ramírez le dijo que había lavado dinero a pedido de Keiko Fujimori para la campaña presidencial del 2011.

La diligencia a Keiko Fujimori se inició a las 9 de la mañana en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida desde noviembre del 2018.

El fiscal de lavado de activos a cargo de la investigación es Wilson Salazar Reque, quien coordino previamente con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el acondicionamiento del lugar donde se llevaría a cabo la declaración.

No obstante, el encargado de efectuar el interrogatorio fue el fiscal adjunto Jorge García, quien hizo su ingreso al penal a las 9:30 de la mañana.

Se informó también que la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, llegó al Penal Anexo de Mujeres al promediar las 8:30 de la mañana. El viernes 15 de febrero, Joaquín Ramírez declaró ante la Fiscalía de lavado de activos también como parte de esta investigación.

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