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Especial

Fujimorismo quiere controlar Procuraduría

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HENRY COTOS CAMPEÁN

Una Procuraduría General del Estado (PGE) es positiva pero se debe evitar que en un tiempo corto el fujimorismo coopte dicha institución, advirtió el exprocurador Antonio Maldonado al comentar las declaraciones de Keiko Fujimori, quien cuestionó la decisión del Ejecutivo de retirar de su cargo a la procuradora Katherine Ampuero y a la abogada Julia Príncipe.

Sostuvo que la creación de la PGE es una medida muy positiva y está contenida en el DL 1326, pero “lo que no quisiera ver es una reforma constitucional que cree la Procuraduría General del Estado y que el fujimorismo cooptase esta institución por vía de nombramiento de determinadas personas que le están haciendo el juego político”.

Maldonado Paredes pidió a Julia Príncipe que reflexione y no se sume al pedido del fujimorismo, que quiere una procuraduría para manejar dicha institución. “Yo creo que ese es el objetivo. Invito a la doctora Príncipe a que reflexione”, anotó.

Si vamos a ver –prosiguió- la repetición de lo que pasó con la exprocuradora Vilcatoma “finalmente elegida con el fujimorismo, me parece ya la máxima expresión del oportunismo político y, realmente, eso yo creo que desvirtúa totalmente la legítima acción anticorrupción”.

Ve complicidad entre Príncipe y el fujimorismo, al estilo Vilcatoma.

Ve complicidad entre Príncipe y el fujimorismo, al estilo Vilcatoma.

DECISIÓN ACERTADA
Para Maldonado fue una decisión acertada que se retire de su cargo a la procuradora Ampuero y a la abogada Príncipe debido a que se encuentra fundamentada en argumentos jurídicos sólidos. “No creo que estemos frente a una situación de interferencia indebida o de arbitrariedad o favoritismo en un escenario en el cual todo el mundo duda de todo el mundo”, manifestó.

Consideró que se ha podido ver una serie de desencuentros entre la defensa del Estado y el Poder Ejecutivo, pero no observa que haya habido una injerencia. “El estándar que se aplica a la relación Estado, por medio del Poder Ejecutivo y sus abogados, es un estándar de autonomía relativa y no absoluta. Es la misma relación que hay entre un abogado y su cliente”, declaró.

EL DECRETO 033
El exprocurador recordó que la crisis se genera a raíz de la medida de inhibición solicitada por la procuradora ad hoc, Katherine Ampuero, y que fue acogida por el juez Richard Concepción Carhuancho, que impide que Odebrecht venda sus activos en el proyecto Olmos.

“Esta medida de inhibición es una medida de carácter general, procesal, pero para el caso concreto de la gran corrupción de Odebrecht, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia 033- 2017 que establece un marco de actuación del Estado en este tipo de casos. Este marco lógico puede no ser perfecto, pero era aceptado por todos como un esquema de tratamiento adecuado a esta situación particular de la corrupción de Odebrecht”, argumentó.

Aprovecha para buscar más poder.

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CON FUJIMORISMO
Maldonado consideró que las declaraciones de Julia Príncipe están sirviendo al fujimorismo para desestabilizar el escenario político. Fue al comentar las declaraciones de Keiko criticando al presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Consideró que “la conducta de la doctora Príncipe está sirviendo finalmente a una fuerza política (fujimorismo) que no tiene lealtad con el estado de derecho ni con el régimen democrático, sino que busca desestabilizar el escenario político para obtener el poder de cualquier forma”.

Cuestionó que Príncipe quiera comparar su actualidad con lo que le ocurrió durante el gobierno de Ollanta Humala. “No me parece que está siendo tratada de la misma forma. La propia manera en como la ministra de Justicia presentó su relación con ellas, en términos de reconocer el valor de su trabajo e invitarla a continuar en su equipo. Es una situación distinta”, afirmó en Ideeleradio.

CUESTIONA AUTONOMÍA
El exministro Antero Flores Aráoz, expresó que todo este problema se debe principalmente a que el gobierno sucumbió a indebidas presiones para dar autonomía a los procuradores públicos, lo que no corresponde.

Señaló que en enero del presente, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual se modificó integralmente el Sistema de Defensa Jurídica del Estado dándose indebidamente autonomía a los procuradores.

“De acuerdo con la Constitución los procuradores son los abogados defensores del Estado, principalmente en los procesos judiciales, constitucionales y supranacionales, entre otros, pero no pueden ser autónomos, pues tienen que depender de quien les da el encargo de defensa, que son las reparticiones públicas a las que se encuentran adscritos”, explicó.

Dijo que al haber dado autonomía a los procuradores, lo que ha hecho el gobierno es confeccionar la propia cuerda con la que luego puede ser ahorcado por cualquier procurador, y hoy en día los procuradores pueden hacer lo que les da la gana. “El gobierno está pagando la impericia de haber expedido el Decreto Legislativo 1326, el que ni siquiera ha podido hasta ahora reglamentarlo, pese a que ya pasó más de medio año de su expedición”, señaló.

REACCIONES

Nelson Manrique

Bien sacadas
“Si Alan, junto con Mulder y Keiko, lamentan la salida de Príncipe y Ampuero es que era verdaderamente imprescindible sacarlas si realmente se quiere acabar con la impunidad de los corruptos. Ahora Mulder y Keiko piden reponer a las procuradoras. Ya saben de qué lado han estado estas en la lucha contra la corrupción”, comentó Nelson Manrique.

Luz Salgado

Pedido difícil
La fujimorista Luz Salgado informó que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ha solicitado asistir a la Comisión Permanente del Congreso. “Ministra Pérez Tello solicita venir a [Comisión] Permanente. Viernes y tarde, difícil. Se consultará a portavoces, próxima semana se elige nueva Mesa [Directiva del Congreso]”, manifestó la parlamentaria.

Héctor Becerril

Lavado de cara
El pintoresco fujimorista Héctor Becerril comentó que el gobierno convocó a Julia Príncipe “para lavarse la cara por el escándalo de asesor Carlos Moreno y al no poderla manipular la cesan vergonzosamente” y ministra Pérez Tello “dice que perdió la confianza en procuradora por pedido de inhibición que impide salida del país de Odebrecht, pero DU 003 no busca eso”.

Marisol Pérez Tello

NO HAY MARCHA ATRÁS, DICE MINISTRA PÉREZ TELLO
Príncipe y Ampuero no serán repuestas
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, descartó la posibilidad de que Julia Príncipe y Katherine Ampuero recuperen sus puestos. “No hay ninguna posibilidad. No hay marcha atrás en esta decisión porque si no se aplica el DU 003-2017 la casa (en referencia a participación de Odebrecht en Olmos) pierde todo el valor”, señaló.

De esta forma respondió al mensaje que escribió Keiko Fujimori, quien pidió restituir a Príncipe y Ampuero en sus respectivos cargos. “Ampuero tomó una acción que no fue la adecuada. No tuvo la proyección económica y del perjuicio que iba a generar al Estado y yo, como ministra de Justicia, tengo que tomar decisiones. Si no tienes ganas de asumir lo que yo voy a asumir ahora, no puedes ser ministro”, aseguró, tras descartar que vaya a renunciar.

Pedro Pablo Kuczynski

“LEEMOS LOS TUITS CON MUCHO INTERÉS”, COMENTÓ
PPK niega injerencia política
Hubo “cero injerencia” política en la separación de Julia Príncipe y de Katherine Ampuero como procuradora ad hoc del Caso Odebrecht, señaló el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). “La ministra ha explicado bien el tema”, señaló tras dar un balance de su gestión en el Acuerdo Nacional.

Tranquilo y risueño, así se mostró el Presidente cuando le preguntaron por los tuits de Keiko Fujimori quien le pidió que devuelva el cargo a las ahora destituidas procuradoras Katherine Ampuero y Julía Príncipe. “Nosotros leemos los tuits con mucho interés”, aseguró..

Marcelo Odebrecht

DE REPARACIÓN CIVIL, ASEGURA PRÍNCIPE
Odebrecht quiere pagar un “ripio”
Tras ser despedida de la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe advirtió que la constructora brasileña Odebrecht pretende pagar “un ripio” de reparación civil al Perú.

“No lo podemos permitir”, señaló Príncipe, quien aseguró que la empresa quiere pagar solo US$60 millones por todo el daño que habrían causado al país, cuando correspondería S/2.000 millones.

“Precisamente fui informada por la procuradora Ampuero de que ya estaban sentados en una mesa tratando de negociar el pago de la reparación civil. Pero lo que pretendían era pagar un ripio”, manifestó.

ALGO MÁS
En otros casos Príncipe ha sido víctima de presiones, pero en este caso el gobierno hizo bien en sacarla de su cargo, al igual que a la procuradora Ampuero, dijo el exprocurador Antonio Maldonado.

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Especial

Por una solución integral a los problemas de las mayorías

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CGTP Marcha movilización protesta

Plataforma de lucha

Las diversas organizaciones y movimientos que confluyen en la Asamblea de los Pueblos del Perú convocaron a través de un comunicado a trabajadores del campo y la ciudad, y a los ciudadanos en general, a participar del Paro Nacional convocado para este 20 de junio en rechazo tanto a las políticas neoliberales del actual gobierno que restringen derechos y afectan seriamente las condiciones de vida, así como a la corrupción e impunidad que han causado graves daños al país.

El Paro Nacional recoge en su plataforma unitaria las principales demandas de la población, que se ha movilizado y reclamado de diversas maneras en medio de la grave crisis institucional que afecta al país. Por ello, junto a las demandas concretas, el documento reitera la afirmación de que esta crisis solo podrá resolverse con cambios de fondo, “en particular derogando la nefasta Constitución heredada del fujimorismo y construyendo, desde las bases de la sociedad, una nueva Constitución que restituya todos los derechos para todas y todos, y garantice Soberanía, Democracia Plena y paritaria, respeto a la Diversidad y Paz basada en la Justicia Social”.

Además, los organizadores se ratificaron en la convicción de que no es posible combatir a la corrupción y la impunidad manteniendo el continuismo neoliberal en lo económico y lo social. “Con este Paro Nacional rechazamos en particular los recortes sistemáticos a los derechos laborales, el abandono del agro peruano y la creciente criminalización de la protesta social. Así mismo, repudiamos las maniobras de las fuerzas mafiosas que intentan recuperar terreno y se oponen al reclamo ciudadano de que se produzca una auténtica reforma del poder judicial y del sistema político”, señala el comunicado.

En otro punto, también rechazaron enérgicamente la ofensiva de las fuerzas conservadoras

contra los derechos de las mujeres y la equidad de género, “campaña que contribuye a crear un clima de impunidad frente a los feminicidios, y que es un gran peligro, pues podría estar gestándose un Bolsonaro en el país”.

Por tanto, los organizadores de la jornada de protesta exigieron al gobierno una pronta solución para las siguientes demandas:

En política económica:

Nueva política económica para el país, que cambie el modelo primario exportador, por la industrialización y la diversificación productiva; terminar con las exoneraciones, devoluciones, evasión y elusión que benefician al gran capital transnacional y nacional; política de desarrollo energético y polo petroquímico con soberanía nacional y protección del medio ambiente; acrecentar el gasto en inversión pública con fiscalización ciudadana; incremento justo y necesario de la recaudación tributaria para que paguen los que más ganan; atención del campo y la agricultura buscando la soberanía alimentaria; aumento de sueldos, salarios y pensiones; presupuesto público reactivador que priorice el gasto en inversión y en sectores que atienden los derechos básicos. Igualmente. Se pide la aceleración y culminación de las obras de reconstrucción, desarrollo de políticas de prevención con protagonismo de la población organizada.

En políticas públicas:

Defensa y ampliación de la educación, salud y seguridad públicas, gratuitas, de calidad y universales. Rechazo a la privatización en marcha de estos derechos humanos fundamentales a través de las Asociaciones Público Privadas (APPs) –como el peaje de Odebrecht en Lima- o cualquier otra forma. Exigimos políticas públicas de agua y desagüe con titulación de la propiedad de la población y promuevan ciudades saludables, con gestión de riesgos y resiliencia frente a los fenómenos naturales y sociales. Defender a los quechuas hablantes. Cumplimiento de la cota de empleo de las personas con discapacidad y el respeto de la continuidad en el empleo y el acceso a la función pública.

En temas de soberanía, territorio y comunidades indígenas:

Se demanda por una política soberana en relación con los recursos energéticos, anulando contratos entreguistas, corruptos y priorizando la cobertura de la demanda de energía barata y limpia para los hogares y los productores nacionales. Para ello es necesario un desarrolloalternativo y sustentable de los pueblos y de la agricultura, ajeno al extractivismo contaminante y depredador, por ello el respaldo a la Plataforma Agraria levantada por Conveagro, la CCP y la CNA entre otros.

En defensa del medio ambiente, se exige la derogatoria de las leyes 30230 y 30327. Así mismo se exige seguridad jurídica y protección de las tierras de las comunidades campesinas, promoción de una agricultura sostenible que garantice la biodiversidad y apueste por el pequeño agricultor y la agricultura familiar en lugar de mantener el favorecimiento a las grandes corporaciones de la agricultura intensiva y de exportación.

Igualmente se exige la defensa de las comunidades andinas y amazónicas frente a la grave contaminación que ocasiona las actividades mineras, petroleras y madereras. Retiro inmediato y definitivo del proyecto Tía María-La Tapada de Southern y cancelación de la concesión.

CGTP Marcha movilización protesta

En política laboral:

Se demanda la derogatoria de los dispositivos legales antilaborales que desconocen el derecho a la organización y a la negociación colectiva tanto en el sector público como en el privado. Pedimos la formalización de los trabajadores estatales. Vigencia plena del Convenio de la OIT N° 189 para las trabajadoras del hogar. Ya basta de seguir criminalizando la protesta social. También se pide la derogatoria de las leyes de tercerización y discriminación laboral, así como la ley MYPES. De igual modo, se exige la derogatoria del DS 345-2018-EF, apertura de un proceso de discusión nacional de la política de competitividad y productividad que incluya al Consejo Nacional del Trabajo (tal y cual se firmó el 03 de diciembre en el CNT), sobre la base de un desarrollo sostenible y no de un simple crecimiento económico. Desarrollo sostenible que signifique una justa distribución de la riqueza para lograr buenos resultados económicos que tengan incidencia en educación, salud, nutrición y prevención social. Se pide una devolución de los aportes al FONAVI de manera integral y de acuerdo a lo aportado por los trabajadores. También dotar a Sunafil de los recursos necesarios para que realice más y mejores inspecciones.

En cuanto a la criminalización de las protestas sociales:

Se exige la inmediata derogatoria de los estados de emergencia, cese de los procesos de criminalización de los líderes sociales que defienden los derechos de trabajadores y comunidades (casos de comuneros de Cotabambas, Valle del Tambo, Cajamarca, etc.) dirigentes sindicales de Tumán, Backus y otros).

Sobre la política de recursos naturales:

Se exige el pleno respeto del derecho al agua. Garantía de acceso equitativo al agua para las poblaciones rurales y urbanas. No a la privatización de las empresas proveedoras de agua y saneamiento. Suspensión inmediata del acoso administrativo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a las juntas de usuarios y modificatoria de la Ley 30157. Por ello es necesario recuperar el mar peruano y su actividad pesquera.

Por la defensa de nuestro mar y de los pescadores peruanos, se considera necesario rechazar la explotación de hidrocarburos en el litoral peruano. Todo esto en beneficio de los intereses del país y sobre todo de la niñez peruana que permita disminuir ostensiblemente la terrible enfermedad de la anemia.

Sobre políticas de Igualdad de Género:

Se exige una real política de inclusión y de igualdad de género que se aplique de manera transversal. La misma debe incluir una lucha frontal contra todo tipo de violencia ejercida contra la mujer ya sea en el ámbito laboral, familiar, sexual o personal; por una reforma política con paridad para garantizar la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política económica. Por el fortalecimiento del sistema nacional de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres con recursos, personal calificado y protección a las víctimas y con la aprobación de la ley de despenalización del aborto por violación.

Además, se expresa el rechazo a las posiciones conservadoras y fundamentalistas que fomentan el odio, la violencia contra las mujeres y que cuestionan el enfoque de género en la Currícula Nacional. El sentido de la educación es la formación de una ciudadanía plena, que sostenga y fortalezca la convivencia democrática. Por tanto, se solicita una política de la igualdad y no discriminación de las poblaciones LGTBIQ.

Sobre la lucha anticorrupción:

No a la impunidad en todos los campos donde se ha desarrollado la corrupción. Juicio y cárcel para los políticos y empresarios que están comprometidos en casos de corrupción. Eliminación de los peajes otorgados con actos de corrupción y sin sustento técnico.

Nueva Constitución:

Lucha por una nueva constitución democrática, inclusiva, paritaria, sin corrupción, ni discriminación, ni explotación, para generar a partir de ella una nueva república, que asegure democracia y justicia social.

Frente al proceso de reformas, inclusive, constitucionales por las que estamos pasando ahora, se plantea un cambio del ordenamiento constitucional que permita democratizar el país, el ejercicio del gobierno y la participación ciudadana, combatiendo el autoritarismo, la corrupción, la exclusión y discriminación de todo tipo.

El comunicado finaliza con vivas por una nueva constitución para una nueva república y por cerrar el presente ciclo de corrupción institucionalizada.

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Especial

Cómo los medios privados pueden incitar al genocidio

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Cómo los medios privados pueden incitar al genocidio - Tragedia en Ruanda

Los periodistas que colaboran en maniobras de persecución política, desinformación, guerra psicológica (de cuarta generación) utilizando informaciones falsas como un arma de destrucción masiva ¿son periodistas o “fuerzas de tareas” de la nuevas formas de guerras que se aplican en el mundo y en nuestra región?

Sobre este tema giró el recientemente rescatado informe “Los medios y el genocidio”, publicado por el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá en 2007, editado por Allan Thompson, donde se cita una declaración de Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, quien denunció entonces que “los medios de comunicación fueron usados en Ruanda para diseminar odio, para deshumanizar a la gente, y más aún para guiar a los genocidas hacia sus víctimas”.

Cómo los medios privados pueden incitar al genocidio - Tragedia en Ruanda

“Tres periodistas y propietarios de medios fueron encontrados culpables de genocidio por el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, y también de incitación al genocidio, conspiración y de cometer crímenes contra la humanidad. Debemos encontrar una vía para responder a tales abusos de poder”, concluyó Annan durante una conferencia en la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Carleton de Ottawa. Esta declaración, silenciada a nivel mundial, ha comenzado a rescatarse en estos tiempos.

Refiriéndose al caso Ruanda, el editor Thompson habló de “los medios del odio en ese país –a través de sus periodistas, locutores y ejecutivos– que jugaron un rol instrumental en el establecimiento de las bases para el genocidio, luego participaron activamente en la campaña de exterminación”.

Al evaluar el veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal del Crimen Internacional, en el juicio sostuvo que “el propósito de revisar el rol de los medios en el genocidio de Ruanda no es solo para recordar. Aún tenemos mucho que aprender sobre este particular y examinar la manera en que periodistas y empresas de medios se condujeron durante la tragedia y esto no es solo un ejercicio histórico. Tristemente, da la impresión de que no hemos discernido ni entendido completamente las lecciones de Ruanda”.

Cómo los medios privados pueden incitar al genocidio - Tragedia en Ruanda

El juicio estaba referido a los sucesos en Ruanda cuando el 6 de abril de 1994 el presidente de ese país, Juvenal Habyarimana, fue víctima de un atentado contra el avión en que viajaba y que se estrelló, cuando se había logrado firmar la paz en Arusha, Tanzania, en 1993, entre una población mayoritaria hutu y la minoría tutsi.

El mismo día, medios locales atribuyeron el crimen a los tutsis y en la noche comenzaron los asesinatos de miles de familias. Escuadrones de la muerte lanzaban granadas en todos los lugares y refugios.

En Ruanda se calcularon alrededor de un millón de muertos y en el año 2003, “el veredicto en el juicio a los medios de los ejecutivos de la estación RTLM y el periódico Kangura, el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda confirmó sin ninguna duda el rol de los medios privados de comunicación en los asesinatos (…) demonizando a los tutsi y acusándolos de poseer inherentemente condiciones diabólicas, igualando grupos étnicos con ‘el enemigo’ y presentando a sus mujeres como ‘seductores agentes’ enemigos.

“Los medios llamaron a la exterminación de los grupos étnicos tutsi como una respuesta a la amenaza política que ellos asociaban con esta etnia” (Veredicto del tribunal 2003: parágrafo 72)

Thompson estimó “que gran parte de la matanza hubiera podido evitarse de no haber sido por el papel jugado por los medios” y finalizó su trabajo con un grito “de la humanidad” reclamando a los periodistas que asuman sus responsabilidades.

La tragedia de Ruanda se repitió en otros países tanto en el siglo XX, como en este siglo XXI bajo un poder hegemónico fundamentalista que aplica un terrorismo de Estado “universal” con total impunidad y desarrolla guerras coloniales y de baja intensidad utilizando las informaciones falsas como los primeros misiles que se disparan entre los tantos que provocaron los genocidios del siglos XXI.

 

STELLA CALLONI
PÁGINA 12

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Especial

El paro, las mesas y el pleno agrario: ¿hacia una nueva institucionalidad agraria?

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Campesino agricultor cosechan chacra

El viernes 14 de junio el Congreso de la República realizó por primera vez un pleno agrario. Luego del exitoso paro, el presidente el Congreso, Daniel Salaverry, anunció el Pleno ante el severo llamado de atención de la movilización campesina a las autoridades y la opinión pública sobre el clamoroso abandono en que se encuentran más de 2.5 millones de familias de agricultores y ganaderos a nivel nacional.

Al respecto, conviene retroceder un poco y colocar la actual coyuntura agraria en un contexto histórico más amplio. Recordemos que cuando hace una década se negoció y firmó el TLC con Estados Unidos (gobiernos de Toledo y García) se ofrecieron una serie de políticas y compensaciones para la agricultura familiar, de tal forma que nuestros pequeños agricultores pudieran enfrentar la desproporcionada apertura comercial de nuestro país con la primera potencia agrícola del mundo (y una de las que más subsidia a su agricultura).

Pero luego de firmado el TLC, los sucesivos gobiernos (García, Humala y PPK) siguieron en el mismo piloto automático, rebajando aranceles para promover la importación de alimentos baratos, y sin atender a los graves problemas y necesidades de millones de agricultores familiares.

Las dos reorganizaciones del Ministerio de Agricultura post-TLC se hicieron de espaldas a los agricultores. Por ejemplo, la reestructuración durante el gobierno de García estuvo orientada a debilitar la capacidad pública para ofrecer servicios a la escala requerida por el pequeño productor; y se concentró en conceptos y visiones abstractas de competitividad que solo terminarían favoreciendo a la gran agroexportación costeña. Durante dicho gobierno se redujeron en forma masiva los aranceles a la importación de alimentos, desprotegiendo aún más a nuestra agricultura.

Luego, durante el gobierno de Humala, se hizo una nueva reestructuración que convirtió al ministerio en un ente ejecutor de infraestructura de riego, descuidando diversos temas de la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas y, sobre todo, el desarrollo de servicios agrarios requeridos por los agricultores. Pese a que se aprobó una ley de agricultura familiar, esta nunca tuvo presupuesto.

Finalmente, en el gobierno de PPK las cosas se pusieron aún peor, se quiso quebrar adrede a Agrobanco, y se volvió a reactivar la intención de extender la ley de promoción agraria de Chlimper en favor de las grandes exportadoras que recibieron tierras y agua barata del Estado. En esos diez años nada significativo se hizo en realidad para mejorar la situación de la pequeña agricultura familiar.

Campesino agricultor cosechan chacra

Así, luego de una década de olvido y ninguneo, los agricultores peruanos lograron consolidar una plataforma unitaria de demandas entre los dos gremios más importantes, CONVEAGRO y Junta de Regantes, convocando a un paro agrario que puso en jaque no solo al gobierno de Vizcarra, sino a todo el país que se beneficia de alimentos importados baratos (a veces de dudosa calidad nutricional y alta presencia de transgénicos) a costa del ingreso de los pequeños productores que producen para el mercado interno.

En este contexto, el paro del 13 de mayo integró demandas en materia de aranceles y ampliación de la franja de precios, mayor financiamiento de Agrobanco, cumplimiento de normas de compras estatales a la agricultura familiar, necesidad de un esquema de financiamiento de la representación agraria (autogravámenes), apoyo a la agricultura familiar y reorganización total del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), que hoy es percibido como un ministerio al servicio de los intereses de la gran agroexportación costeña, y cada vez más lejano de los intereses del pequeño productor.

En reacción al paro, el gobierno de Martín Vizcarra creó, mediante un dispositivo legal, cinco mesas de trabajo con los gremios de productores para atender sus demandas en un plazo de dos meses, las que deberán terminar con acuerdos y soluciones concretas. Luego de idas y venidas, las mesas empezaron a funcionar en la semana del 3 de junio, y en ellas se empiezan a registrar algunos avances iniciales, aunque aún el grueso de las principales demandas no tienen respuestas concretas desde el Ejecutivo.

Dos avances interesantes en las mesas y que queremos resaltar (ya que existe la posibilidad de que se incluyan en el paquete de normas a ser aprobadas este viernes 14 en el pleno agrario) son (i) reestructuración del Ministerio de Agricultura para convertirlo realmente en un ministerio al servicio de los pequeños productores familiares del país; y, (ii) creación de una línea de apoyo público a las diversas formas de organización de los productores nacionales en sus formas asociativas y de representación a nivel nacional y por cultivos y crianzas desde el programa AGROIDEAS, un instrumento creado precisamente para compensar por el TLC y que sería extendido por un periodo adicional.

En amplio consenso entre gremios y gobierno, la mesa correspondiente acordó que el ministerio pase a llamarse Ministerio de Desarrollo Agrario (MIDA), y que tenga dos viceministerios, uno de agricultura familiar, y el otro de servicios agrarios. Esta estructura reflejaría una nueva voluntad política para enfrentar en forma directa el histórico olvido agrario, y, si es bien implementado, podría empezar a mejorar sustancialmente la política agraria en favor del campo.

En adición, hay también un consenso básico en que el ministerio inicie un programa de apoyo directo y sostenido a las organizaciones agrarias que enfrentan enormes dificultades de organización y gestión por falta de recursos. Esta opción no ha podido desarrollarse ya que en la Constitución de 1993 no se consideró la posibilidad de generar fondos de autogravamen.

Mientras se procesa una necesaria reforma constitucional que permita–al igual que en Colombia con sus contribuciones para-fiscales– la existencia del fondos de autogravamen para la agricultura peruana, se ha acordado en las mesas que exista un apoyo público a las organizaciones agrarias para que desarrollen sus capacidades organizativas, comunicacionales y de prestación de servicios a los agricultores.

Esta medida tendría impactos muy importantes para fortalecer la representación y tejido social de nuestros agricultores, quienes enfrentan enormes desventajas para participar e intervenir en las políticas públicas que los afectan (política comercial, de financiamiento, de inocuidad y sanidad, de seguros y servicios agrarios). De aprobarse esta política en el Pleno Agrario también se habría dado un paso importante par atender las demandas agrarias.

Quedando aún muchos temas por trabajar y atender, lo avanzado hasta ahora es interesante y debe ser bien visto y apoyado por toda la sociedad. No podemos seguir viviendo de espaldas a la cruda realidad de nuestros agricultores familiares, quienes cada día alimentan cada uno a doce peruanos y peruanas. Sin una agricultura familiar fuerte y competitiva no hay futuro posible para nuestro país.

 

EDUARDO ZEGARRA
ECONOMISTA

RED MUQUI

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