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Política

Fujiapristas quieren tener a los ciudadanos desinformados

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Justamente hoy la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso debatirá la Ley de publicidad estatal, que ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad.

La norma busca establecer el régimen jurídico de la publicidad estatal contratada por el Estado en todos sus niveles y se excluyen únicamente los avisos legales que sean ordenados mediante una disposición legal o que se cuente con autoridad administrativa o judicial y la publicación en El Peruano.

Además, se excluye de los alcances de la ley toda la publicidad estatal comercial producida por entidades públicas que participan en el mercado. Esto es peligroso porque no se podrá medir los niveles de corrupción que se pueden suscitar.

Para Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), los medios privados y estatales deben competir en igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna.

TODA REGULACIÓN ES INJUSTA

“Toda regulación de la publicidad siempre y desgraciadamente favorece a unos u otros medios. Indudablemente que habrá un recorte de información. Lamentablemente se recorta por un lado pero por otro se da en demasía”, dijo el doctor Amoretti.

Por su parte, Alberto Adrianzén manifestó que “es una jugada más del Congreso para enfrentarse con el gobierno, me parece clarísimo que está en esa lógica”, dijo Alberto Adrianzén, analista político.

“Yo creo que lo que quieren es arrinconar a Vizcarra y someterlo en la práctica. Porque mi impresión es que Vizcarra no quiere cerrar el Congreso y por lo tanto la intención del fujimorismo y el Apra es actuar de ese modo, porque saben que eso no va a pasar”, espetó.

“Es decir, acepta someterse al fujimorismo o no acepta. Algo parecido ocurrió la vez pasada con la famosa ‘Ley Mulder’. En definitiva, eso apunta a someter al Ejecutivo”, concluyó Alberto Adrianzén.

LO MEDIOS DEBEN SER REGULADOS

“Creo que en materia de comunicación tiene que haber el máximo de libertad a la opinión de las personas, pero también debe haber una regulación de los medios de comunicación en base a una suerte de reglamento que defina para que no haya monopolio, concentración”, afirmó el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú.

“Reitero que debe haber respeto a la libertad, pero que no haya monopolio y que haya una debida contratación de la publicidad estatal para que no haya corrupción”, concluyó Quintanilla.

La analista política Alejandra Dinegro, precisó que “por una parte tengo entendido que hay un dictamen prácticamente listo y algunos gremios de medios de comunicación han estado en la sesión, habría que ver para qué lado de la balanza se inclinan”.

HAY OPINIONES ENCONTRADAS

“Hay algunos congresistas, como la señora Aramayo, que sostienen que ese predictamen tenía errores garrafales que tenían que subsanarse y verse temas básicos como la transparencia y descentralización, que tenían que estar incluidas”, explicó.

“Lo cierto es que la publicidad tiene que estar descentralizada. Lo otro es la función de los medios que tienen que cumplir principios básicos. Este proyecto tiene opiniones encontradas, no hay una opinión concertada, la mayor parte de los medios están en contra de la regulación de la publicidad, piensan que el Estado es mal administrador”, remarcó.

“Pero, yo creo que estamos frente a una gran oportunidad para lograrse un marco legal y enriquecerlo con los aportes del Tribunal Constitucional (TC), que recoge algunas pautas, yo creo que hay que reforzar el rol del Estado en ese sentido”, subrayó.

HAY MUY POCO MENÚ PARA EL LECTOR

“Hay algunos medios que tienen la concentración al máximo. Hay muy poco menú para que el lector pueda elegir, los grandes consorcios tienen tres o cuatro canales y tres o cuatro periódicos”, explicó.

“Tienen prácticamente el 80% del mercado de los medios de comunicación. Esta es una discusión que ya lleva años, desde el 2013-2014 se estaba discutiendo una ley de medios”, recordó.

“En cuanto a la publicidad estatal considero que se debe equilibrar. Recordemos que el TC declaró inconstitucional la famosa ‘Ley Mordaza’ de los servicios publicitarios que contrata el Estado”, declaró.

ALGO MÁS

“Hay que buscar una ley que sea de buen uso en cuanto a la publicidad que contrata el Estado, sobre todo si sabemos que corre gran cantidad de dinero y hay grandes intereses de por medio”, concluyó Dinegro.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Se le acaba el poder

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Pedro Gonzalo Chávarry

La fiscal adjunta suprema Bersabeth Revilla pidió este viernes al Poder Judicial la suspensión de sus funciones contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien es investigado por el presunto encubrimiento real, delito que habría cometido al remover de sus cargos a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

La representante del Ministerio Público presentó el requerimiento ante el despacho del juez supremo Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En el documento se sustenta la obstrucción que habría ejercido Chávarry Vallejos, como titular del Ministerio Público, en contra de los fiscales Vela y Pérez.

Según lo argumentado por Revilla, la Fiscalía consideró como irregular que Pedro Chávarry solicitara información de un acuerdo confidencial al equipo de fiscales que es dirigido por Vela Barba; de igual opinión fue respecto a la decisión contra los fiscales Vela y Pérez de removerlos de sus cargos en el Equipo Especial, con el presunto fin de pretender frustrar las diligencias con la empresa Odebrecht, en Brasil. Finalmente, la fiscal adjunta suprema también consideró un acto irregular el intento de remover al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde de la investigación del caso Los cuellos blancos del puerto.

CHÁVARRY ES UNA AMENAZA

El fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, había anunciado en las horas previas que Pedro Chávarry constituye una amenaza a la labor del equipo de fiscales del caso “Lava Jato”.

“Nosotros estamos a la expectativa de que esto también signifique una medida en contra de nosotros porque se puede instrumentalizar el ejercicio de sus atribuciones como fiscales supremos para obtener lo mismo que en determinado momento realizó el señor Pedro Chávarry”, señaló.

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Política

No tiene sentido proceso a ministros por presunta infracción a neutralidad

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Diego García-Sayán

El jurista Diego García-Sayán consideró que no tiene sentido el proceso abierto por el Jurado Especial Electoral Lima Centro contra el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por una presunta vulneración a la neutralidad electoral.

Sostuvo que cuando ambos ministros dieron su opinión, en el sentido de que los excongresistas del Parlamento disuelto no podían participar en las elecciones del 26 de enero del 2020, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había emitido un pronunciamiento al respecto.

“Era una opinión, da la impresión de que no se pone el eje de las cosas donde se tenía que poner. No tiene ningún sentido, es una opinión que se da cuando no había una definición por parte del JNE que se demoró hasta hace tres días para tomar una decisión que debió haberse hecho en su momento”, afirmó.

El Jurado Especial Electoral Lima Centro informó ayer el inicio de un proceso contra ambos ministros, a quienes les concedió tres días de plazo para presentar sus descargos.

García-Sayán sostuvo en Radio Nacional que el JNE debió dilucidar este aspecto mientras los partidos políticos realizan el proceso de selección interna de sus candidatos a las elecciones parlamentarias del 2020.

“Mientras estaban haciendo sus procesos de selección interna de candidatos, la autoridad electoral no había definido quiénes podían postular y quiénes no. No se conocían las reglas para seleccionar (a candidatos) y eso es culpa del jurado”, afirmó.

Precisó que el papel de la autoridad electoral en este proceso debe enfatizarse en dar todas las garantías, señales y evidencias de que es independiente y que su único objetivo es conducir un proceso electoral transparente.

Sostuvo que está de acuerdo en que los excongresistas del Parlamento disuelto puedan participar en las elecciones de enero del 2020, como lo ha dispuesto el JNE.

Indicó, además, que será difícil, en un contexto como el actual, que el próximo Parlamento tenga una mayoría amplia de Fuerza Popular, como ocurrió con el Congreso disuelto, pese a que varios exlegisladores de esa bancada se presentan por otros partidos.

Estimó que aun cuando haya un Congreso sin mayorías, eso llevará a que se impulsen el diálogo y los acuerdos.

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Política

Considera un exceso indagación del JEE pero lo respeta

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, consideró como un exceso la indagación en su contra del Jurado Especial Electoral Lima Centro por presunta infracción a la neutralidad electoral, pero dijo que respeta su decisión.

Sostuvo que está a la espera de que se corra traslado del proceso indagatorio en su contra y de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por señalar que los integrantes del Congreso disuelto no pueden participar en las elecciones, para dar respuesta.

“En lo que respecta a mi persona me parece un exceso, pero nos vamos a allanar para absolverla dentro de los plazos y de acuerdo al procedimiento previsto”, refirió.

Dijo que, con sus declaraciones, ante una consulta de la prensa, no se pronuncia para favorecer o desmerecer a un candidato pues recién el 18 de noviembre vence el plazo para la inscripción de las listas de candidatos para las elecciones del 26 de enero de 2020.

“Nosotros hemos absuelto a una inquietud periodística respecto a una institución que es la reelección, está en fase indagatoria, espero que con la respuesta que demos el tema quede zanjado”, afirmó.

Insistió en que considera un exceso la decisión de este jurado especial, pero respeta su decisión, como se debe respetar a todos a los órganos constitucionales.

COMISIÓN PERMANENTE

El jefe del Gabinete Ministerial, asimismo, reiteró que la única función de la Comisión Permanente, en tanto no se elija al nuevo Congreso, es recibir los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo, elaborar un informe y dar cuenta del mismo al próximo Congreso.

Así lo señala la Constitución y también lo ratificó el Tribunal Constitucional cuando admitió la demanda de competencia tras la disolución del Congreso,añadió.

“Si nos requieren información sobre los decretos de urgencia obviamente tendrá que responderse. Una vez instalado el Congreso, debo ir como jefe del Gabinete para dar cuenta de todos los decretos de urgencia que se ha aprobado”, apuntó.

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