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Editorial

Fuerza Popular y la intolerancia

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Con su pedido de boicot publicitario contra la revista Caretas, en la que el periodista Rafo León empleara en su columna de sátira política calificativos para caricaturizar a legisladoras de Fuerza Popular, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, ha echado nubes negras sobre la libertad de prensa en el país.

Por cierto, no se trata de un hecho anecdótico sino, por el contrario, de una actitud más que preocupante que ha sido calificada como un atentado contra la libertad de prensa por el director de ese medio de comunicación que siempre se ha caracterizado por su defensa del sistema democrático frente a gobiernos autoritarios.

Ocurre, además, que la Constitución Política del Perú señala que es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Y una forma de impedir la circulación de un medio de comunicación es precisamente alentar un boicot publicitario para dejarlo sin ingresos. Pero no es la primera vez que Fuerza Popular muestra ese tipo de actitudes que rayan con la intolerancia propia de las dictaduras.

A principios de año, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, defendió un proyecto de ley que limitaba el derecho constitucional a la libertad de prensa. Un proyecto que pretendía que los condenados por delitos de corrupción no puedan ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerente general o apoderados de medios de comunicación.

Bien decía Manuel González Prada en su obra Horas de Lucha que “…el periodismo guarda semejanza con el alumbrado público: suprimamos el petróleo, el gas o la luz eléctrica, y las ciudades más civilizadas se transformarán en bosques de bandidos; eliminemos los diarios, y en las naciones más libres surgirán los tiranos más inicuos y más abominables…”.

Por ello, Fuerza Popular debería corregir los arranques de intolerancia con la prensa, pues de lo contrario no estaría haciendo otra cosa que mostrando el fustán del Fujimontesinismo.

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Editorial

Planificación, ahora

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Nuevamente 28 de julio y un nuevo mensaje al país. Esta vez será el presidente Martín Vizcarra quien tendrá que tomar el toro por las astas y decirnos –brújula en mano– hacia dónde nos dirigimos y a dónde queremos llegar. No se trata de un aniversario patrio más, pues si no hemos caído en cuenta hasta el momento no hay ninguna propuesta del gobierno para los próximos tres años; es decir, para cuando se cumpla el Bicentenario de nuestra Independencia Nacional. Nada se ha planificado porque la planificación no es parte de nuestra cultura política.

En efecto, ninguno de los presidentes que han desfilado por Palacio de Gobierno en poco más de tres lustros ha sido capaz de encabezar la lucha contra la corrupción. Por el contrario, se ha dejado avanzar a esa lacra durante casi 28 años, sin que se tenga una propuesta clara de las reformas que deberían haberse hecho para no llegar al Bicentenario de la manera como lo estamos haciendo, con un gobierno maniatado por una mayoría legislativa aprofujimorista que solo busca ponerle zancadillas al Ejecutivo para tenerlo ocupado en menesteres que poco aportan a la vida política y económica del país.

Pero no es la corrupción el único problema que debe enfrentar el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Están de por medio la reconstrucción del norte azotado por las lluvias intensas que todos los años nos “sorprenden” más o menos por la misma época, semanas más o semanas menos. Hasta ahora no se ha encontrado una solución definitiva al drama de esas familias. También llegaron las heladas en las zonas altoandinas del sur del país con temperaturas de hasta 19 grados bajo cero y se viene el friaje en zonas de selva. La neumonía mata niños y ancianos; el ganado es diezmado, los pastos y forrajes desaparecen.

Es lugar común que todo eso se repita años tras año y casi todos los 28 de julio se efectúan cambios en el Gabinete ministerial. Este año al parecer los habrá. Por supuesto que sí, pues ya tenemos la renuncia del ministro de Justicia, Salvador Heresi, a pedido del Presidente por haber sido involucrado en los audios que comprometen a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y jueces del Poder Judicial. Es de esperar que el próximo 28 de julio el presidente Martín Vizcarra marque, de una vez por todas, el derrotero que seguirá el Perú en los próximos tres años, incluidas la reforma electoral y la del Poder Judicial. Basta ya de improvisación en nuestro país, la planificación debe empezar ahora.

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Editorial

El 19 a las calles

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Crece la solidaridad con Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y Rosana Cueva, directora del programa televisivo Panorama, por el amedrentamiento que reciben de parte de algunos miembros de organismos del Estado tras la revelación de los audios en que se demuestra la abominable corrupción del sistema judicial peruano, una muestra de la corrupción engendrada en el sistema político, económico y social del país.

En Chimbote y en otros puntos del país periodistas y comunicadores han salido a las calles a mostrar respaldo a los periodistas y rechazar la corrupción. La indignación y la reacción ciudadana crecen.

Líderes de opinión, representantes de la sociedad civil y de los trabajadores como Gerónimo López, secretario general de la CGTP, coincidieron en señalar que es necesario salir a las calles a protestar por una reorganización total del aparato gubernamental y el sistema político. Hay quienes creen que es urgente una Asamblea Constituyente y elecciones generales.

Este sistema, señalan, nos hunde en extrema pobreza, destrucción y desempleo, pues la justicia solamente sonríe a los que tienen dinero para comprar conciencias de jueces y fiscales. Si no hay cambios, la corrupción empujará al país al caos y la anarquía.

Hay organizaciones sociales y políticas que se han unido formalmente al llamado de la confederación de los trabajadores para salir a las calles en todo el país este 19 de julio, en la Jornada Nacional de Lucha.

Las razones de esta movilización también abarcan la lucha por mejores salarios y pensiones; atención a los campesinos, mujeres y jóvenes; derecho a la negociación colectiva del sector público y eliminación del régimen CAS y la Ley Servir; seguridad ciudadana; erradicar la privatización de la salud y la educación; rechazar los impuestos a los pobres mientras a los ricos se les perdona las deudas tributarias, entre otros.

No se trata de un paro, sino de una jornada de lucha, es decir, un día de protesta entero, realizando plantones, paros sectoriales, movilizaciones y tomar las calles y plazas de las principales ciudades del país, y en las que intervendrán trabajadores y diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil, y a la que pueden sumarse los ciudadanos de a pie que estén indignados con la clase política peruana.

Subyace en todo lo dicho la idea certera de que la corrupción se encuentra en todos los poderes del Estado, y los gobernantes no pueden cambiar esta situación, porque son parte de esta situación.

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Editorial

La prensa sin cortapisas

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El escándalo desatado en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la difusión de comprometedores audios que involucran a magistrados del Poder Judicial y que ha motivado la renuncia del ministro de Justicia, Salvador Heresi, no hubiera tenido el mismo efecto de terremoto político, a no ser por la intervención de los medios de comunicación. En efecto, una vez más, se ha podido comprobar la importancia del papel que juegan los medios en la lucha contra la corrupción, ahora enquistada también en las más altas esferas de nuestro sistema judicial.

Nada justifica, entonces, buscar el debilitamiento de la prensa que, a pesar de todos sus defectos, viene cumpliendo un papel preponderante en la formación de la opinión pública y en la fiscalización de nuestras autoridades.

Sin embargo, últimamente estamos observando cómo desde el Congreso de la República –una de las instituciones más representativas de nuestro sistema democrático– la mayoría fujiaprista busca debilitar a los medios de comunicación que le resultan incómodos, mediante una ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

Una nueva acción del actual Congreso ha sido la pretensión de los legisladores fujimoristas de citar a los periodistas Gustavo Gorriti y Rosana Cueva para conminarlos a que digan cómo así se filtraron los audios que destaparon el escándalo del CNM y el Poder Judicial. La respuesta hubiera sido una sola, ampararse en el secreto profesional y eso lo saben muy bien los congresistas, por lo que los periodistas aludidos hicieron bien en señalar que no acudirían a la citación, la misma que después fue retirada.

Contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, las empresas periodísticas anunciaron que iban a interponer medidas cautelares. Si todo sigue su curso normal, como se espera, la justicia y el TC deben declarar la inconstitucionalidad de esa norma que lesiona los más elementales derechos consagrados por la constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el Perú. La prensa debe seguir circulando y denunciando, sin mordazas ni tapujos, hechos como el escándalo del tráfico de influencias en el CNM. Por una democracia sin cortapisas, esperemos que así sea.

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