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Política

Fiscal Zoraida Ávalos debe ser nueva Fiscal de la Nación

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Zoraida Ávalos Rivera

El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez insistió ayer en el pedido de renuncia de su polémico sucesor, Pedro Chávarry, como salida a la crisis del Ministerio Público, y señaló que en su reemplazo debe asumir la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera, quien le sigue en línea de antigüedad y no está involucrada en los audios de “Los cuellos blancos del puerto”.

Tras una extensa fundamentación en la que además rechazó recientes acusaciones en su contra, señaló que el relevo debe darse “en momentos de crisis en el Ministerio Público, por la salud de nuestra institución, en atención al pedido de la mayoría de fiscales del país, de la opinión pública y la sociedad civil organizada”.

“Se hace necesario reiterar al Fiscal de la Nación (que) se aparte del cargo en tanto duren las investigaciones ya indicadas y asuma, en línea de antigüedad y por no estar incursa en los audios que ya todos conocen, la Fiscal Suprema Zoraida Avalos Rivera”, dice el comunicado difundido por Sánchez.

El texto revela que el pasado jueves planteó a Chávarry que la crisis del Ministerio Público no obedece a un enfrentamiento entre ambos, como sostiene Chávarry, sino a los hechos que lo relacionan a una presunta conducta indebida y le pidió que deje el cargo y lo asuma Ávalos hasta que se resuelvan los cuestionamientos que existen.

El interpelado respondió luego de oír a los integrantes de la junta que evaluaría la invocación y respondería en días siguientes. “Sin embargo, horas después comunicó que no dejaría el cargo y ha continuado responsabilizando a muchas personas (de su situación) y también a mí, como si yo tuviera un interés personal”.

Planteó resguardar la institucionalidad democrática y se refirió a los audios de la red judicial corrupta, que han generado “una investigación seria y objetiva, pero a la vez una férrea oposición de los implicados y de fuerzas políticas que ven en la investigación fiscal un peligro y por ello las cuestionan, incluso mintiendo o mal informando a la opinión pública, buscando restar credibilidad y respeto a dichas investigaciones y a quienes las dirigen”.

El ex fiscal de la Nación rechaza además la acusación de origen fujimorista de que filtró los audios a IDL-Reporteros, lo que es fácilmente corroborable y denuncia que para esa acusación se ha tergiversado la supuesta declaración del colaborador y asevera que nunca perteneció a los “cuellos blancos”.

Un integrante de Los cuellos blancos jamás podría testificar o dar testimonio de ningún acto sobre mi persona, sencillamente porque ellos pueden describir y referir hechos de quienes conformaban su círculo o entorno (“Los cuellos blancos”), al cual nunca pertenecí.

Relató que votó por Chávarry para que sea fiscal de la Nación, pero tras conocerse los hechos que lo comprometen, le dijo que se apartara para ser investigado; “es decir, ni pretendí antes ni pretendo ahora continuar en el cargo de Fiscal de la Nación”.

“Por favor, basta de argumentar eso como si fuese una razón escondida para la salida del Fiscal de la Nación. Es una justificación tendenciosa y falsa, pues los hechos que hoy se le cuestionan al Dr. Gonzalo Chávarry tienen que ver con sus acciones y no con una supuesta pretensión mía de sucederlo”, prosigue.

Revela que el fiscal supremo Tomás Gálvez, defensor de Chávarry, lo atacó en la última sesión de la Junta de Fiscales Supremos, de la que Rodríguez se retiró y lo emplaza “a responder por lo que se le denuncia y no generar intrigas”.

El extitular del Ministerio Público defiende la denuncia constitucional contra un juez supremo y otros involucrados (en la red de “Los cuellos blancos”) y aclara que no filtró la denuncia a la prensa

“Dejo constancia que mi despacho continúa con las investigaciones y cuento con solo dos fiscales de apoyo. Mis requerimientos para incrementar el número de fiscales, hasta la fecha, no ha sido atendida. Pese a que lo solicité desde hace más de tres semanas y de forma reiterativa”, señaló.

Aclara también que no tuvo injerencia en las investigaciones del caso Lavajato, a cargo del fiscal Hamilton Castro y que no ha buscado proteger a ninguna persona sometida a investigación.

“Tampoco tengo acercamiento político ni he gestionado acuerdos políticos durante mi gestión, porque no soy político ni tengo el menor interés en serlo o relacionarme en ese ambiente”.

REIVINDICA LOGROS ANTICORRUPCIÓN

El pronunciamiento de Pablo Sánchez reivindica la defensa del Ministerio Público que ha defendido “ante excesos, calificaciones negativas y hasta imputaciones delictivas de parte de un sector de la política” y menciona su trayectoria de lucha contra la corrupción.

Al respecto, señala que “he asumido los juicios más importantes en la lucha contra la corrupción, sobre todo en el caso Montesinos. Durante los años 2001 al 2005 ejercí como Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción y lo asumí con el compromiso que siempre he tenido de lucha contra la corrupción”.

ALGO MÁS

Sánchez califica como falsas las acusaciones que le lanza la fiscal adjunta Rocío Balbín, en el sentido que él tenía directa injerencia en las investigaciones y decidía qué allanamientos se ejecutaban. “En la función fiscal cada titular de despacho asume los logros y también las responsabilidades de su propio trabajo”, acotó.

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Política

Toledo se salvaría

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Alejandro Toledo Manrique

Alejandro Toledo, expresidente de Perú y examigo de Maiman, se paseaba y bebía el mejor licor en los EEUU, como Pedro en su casa. Pero fue detenido y pasado mañana se verá su caso por el pedido de su extradición en Perú.

Sin embargo, si se comprueba que tiene doble nacionalidad o que ya renunció a la peruana por la norteamericana, el pedido de extradición se verá entrampado porque EEUU siempre defiende a sus connacionales.

Si no ha sucedido lo anterior, dependerá del cuadernillo de extradición presentado por el abogado sobre su caso y, al parecer, está mejor fundamentado y documentado.

De ser así, se habrán acabado las gollerías de las que gozaba. Y no solo él, también su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, quienes estarían en la danza por Ecoteva.

DEPENDERÁ DEL CUADERNILLO

“El pago de la fianza va a depender mucho de la corte de los EEUU y del acervo documentario que haya presentado la Fiscalía para determinar la vinculación del delito por el cual está siendo investigado Toledo, que permita establecer una suerte de veracidad para el tribunal americano”, comentó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“Hay una posibilidad de que pagando una fianza podría (lo pongo en condicional) seguir su proceso en libertad, una caución bastante elevada que fácilmente la podría pagar con todo lo que se ha llevado”, precisó.

“Lo importante es que la Fiscalía ha hecho acopio de mayor información de su examigo Maiman y que ya está el pedido de homologación en el Poder Judicial, así como se hizo con el acuerdo con Odebrecht; cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, la Fiscalía, una vez que ha corroborado la información, ha llegado a un acuerdo, este tiene que ser validado por el Poder Judicial”, explicó.

“La Fiscalía tiene ese pedido o se lo va hacer al Poder Judicial, porque ha corroborado, ha comprobado, que toda la información que tiene y que le ha dado el examigo de Toledo, es cierta”, anotó.

NO SE DESCARTA LA CAUCIÓN

“Va a depender mucho de esta primera audiencia que va a tener Toledo… Yo no descartaría la caución, lo que seguramente su defensa va a solicitar al tribunal de los EEUU”, sostuvo.

“Si por delitos más graves ha habido caución, entonces por un delito de corrupción también pueden ponerle una caución. Podría librarla Toledo, pero todo está condicionado a lo que el abogado contratado por el Estado peruano presente ante el tribunal”, subrayó.

“Yo creo que en este caso se va a presentar un segundo pedido de extradición por Ecoteva, con pruebas mucho más fehacientes. En resumen, le está llegando la hora, pero este procedimiento demorará por lo menos un año en que podamos traer a Toledo”, afirmó.

¿LE LLEGÓ LA HORA?

“Pero, vuelvo a reiterar que le llegó la hora al señor Toledo. Pero, las cosas se podrían complicar si él demuestra la nacionalidad norteamericana. Eso sería grave para los fines de extradición, porque todos sabemos que EEUU protege a sus connacionales bastante fuerte”, advirtió.

“Y en ese sentido -agregó- sería un doble trabajo en caso Toledo pase a la nacionalidad americana. Vamos a ver ahora si nuestro expresidente sigue siendo peruano o ya es americano-peruano o ya renunció a la nacionalidad peruana. No lo sabemos”, declaró.

“En este procedimiento vamos a poder comprobar dos cosas: uno, si sigue siendo peruano o tiene ambas nacionalidades; y dos, si la Fiscalía se ha preocupado a través de conductos que establecen los medios procesales allá en el país y asociarla a un mayor acervo documentario concerniente a Toledo, con el cual se le está vinculando, y con la acusación de Ecoteva que debe sumarse a la anterior”, subrayó.

ALGO MÁS

“Solo así podemos pedir la extradición, en caso contrario, Toledo estaría fuera con una elevada caución”, dijo el jurista Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Fue detenido por recibir sobornos de Odebrecht

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Odebrecht

El expresidente peruano, Alejandro Toledo, fue detenido el martes 16 de julio por las autoridades estadounidenses, a solicitud de la Fiscalía de Perú que ha apelado a la cooperación internacional con la finalidad de facilitar su proceso de deportación.

Toledo, cuyo mandato abarcó el período 2001-2006, es señalado de recibir sobornos por el conocido caso de la empresa brasileña Odebrecht, que ha salpicado a mandatarios de toda la región, incluyendo a sus homólogos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el fallecido, Alan García.

LAVADO DE DINERO

La justicia peruana también señala a Toledo por los delitos de lavado de dinero a través de la creación de la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica y representada por su suegra, Eva Fernenbug, detalla Europa Press. En el caso también se señala a su esposa, Eliane Karp.

El exmandatario ha negado tales acusaciones y ha instado a presentar las pruebas que lo incriminan. Sin embargo, el testimonio de su amigo de infancia, el empresario israelí Josef Maiman, confirmó la intención de Toledo de crear el consorcio en una transacción calculada en 20 millones de dólares.

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Política

Pueblo quiere Congreso sin requisitoriados

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Congreso de la República del Perú

No se trata del levantamiento de la inmunidad para la detención o continuar con el juzgamiento de un congresista por los procesos iniciados antes de su elección. En tales casos, no se requiere pronunciamiento alguno de la Corte Suprema o del Congreso.

Actualmente, el procedimiento está a cargo del propio Congreso, poder del Estado que, de acuerdo a las estadísticas, rechaza la mayoría de las solicitudes de levantamiento de fuero parlamentario, como se ha observado en recientes casos escandalosos

“La primera de las reformas aprobadas impone una suerte de valla a la presencia de personajes corruptos en el Congreso en la medida que impide candidatear si hay una sentencia firme”, afirmó Carlos Monge, analista político.

“Allí había una primera valla. El tema de la inmunidad parlamentaria tiene que ver con la manera como el Congreso ha venido usando sus prerrogativas para protegerlo de acciones en curso sobre delitos que se han cometido antes de ser parlamentarios”, acentuó.

QUE NO SEA EL CONGRESO

“Como se sabe cuando hay una investigación abierta sobre un delito cometido fuera de la función parlamentaria el Poder Judicial no puede directamente investigar al congresista, sino que tiene que oficiar al propio Parlamento y el Parlamento a su Comisión de Ética para que decida si le levantan o no la inmunidad parlamentaria”, explicó.

“Como el Parlamento tiene la capacidad de decir que no, porque no le parece suficiente, está utilizando mecanismos de la inmunidad parlamentaria para convertirlo en un mecanismo de impunidad, de protección”, remarcó.

“La reforma que el Ejecutivo plantea es que ya no sea el propio Congreso el que decida si se le quita o no la inmunidad parlamentaria al congresista frente al requerimiento del Poder Judicial”, puntualizó.

“El planteamiento original era que sea la Corte Suprema o cualquier entidad que no sea el propio Congreso, porque allí hay conflicto manifiesto de intereses. Porque en la práctica se ha usado como un mecanismo para asegurar impunidad de los amigos de la mayoría”, denunció.

ESTO ES MUY IMPORTANTE

“Creo que esto es muy, muy importante porque hemos visto en estos años cómo la mayoría fujimorista, sobre todo, ha tenido la capacidad para proteger y dejar fuera de investigaciones judiciales a un grupo ya bastante grande de parlamentarios, que obviamente han cometido delitos de toda índole, incluidos delitos electorales a la hora de candidatear, falsificando documentos y datos. Es un tema absolutamente fundamental”, anotó.

“No está en juego en realidad, eso hay que aclararlo, la inmunidad parlamentaria. No está en juego que el parlamentario esté protegido de acusaciones debido a sus funciones parlamentarias, de que alguien quiera sacarlo del Parlamento por una discrepancia. Eso no está en juego”, deslindó.

“Eso hay que protegerlo, porque el parlamentario tiene que poder tener la confianza de legislar y fiscalizar, sin tener miedo de la venganza, de un particular o de un sector del Estado”, aclaró.

FUJIMORISMO Y EL CABALLAZO

“Lo que es inaceptable es que yo falsifiqué toda la información sobre mi educación a la hora de presentar mi documentación y ese es un delito cometido antes de ser elegido parlamentario; ahora puedo durante cinco años evadir la justicia, con el agravante de que la Comisión de Ética no me levante la inmunidad”, observó.

“Eso es lo que se quiere evitar dándole la decisión a un ente que no sea el Congreso y sea por ejemplo la Corte Suprema. Se comparte la preocupación de muchos, porque estamos a 16 y se supone que el día 25 se acaba la Legislatura. Quedan pendientes 2 o 3 reformas, que son complejas, que son importantes”, advirtió.

“Me da la impresión de que el fujimorismo está jugando con llegar a la última hora y llegar al límite para aprobar al caballazo cualquier cosa. Lo que falta ver, además, es cómo reacciona el presidente Vizcarra y el Ejecutivo frente a lo que se está aprobando”, indicó.

“Le dieron el voto de confianza, pero en la reforma de las primarias el Congreso ha reformado groseramente las propuestas. Los partidos registrados se la llevan fácil y los nuevos tienen que registrar votos de la ciudadanía. Eso es completamente inconstitucional; no se le puede poner vallas a los partidos nuevos”, analizó.

ALGO MÁS

¿Qué va hacer Vizcarra contra eso? Dirá ‘bueno, eso es lo que se ha podido conseguir’, o decir ‘se han burlado de la confianza’ y disolvería el Congreso o podría convocar a un referéndum para que la gente sea la que decida. Yo creo que este es el camino”, concluyó Monge.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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