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Editorial

Fiscal de la Nación: ¿juez y parte?

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El Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado. Entre sus funciones principales están la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos. También, velar por la prevención del delito y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia. Para ello, los fiscales cuentan con autonomía funcional; es decir, actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones.

Así lo destaca en su página web ese órgano de nuestro sistema judicialy señala, además, que siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores. Actualmente el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, ha sido sindicado por la fiscal que investiga el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Sandra Castro, como presunto integrante de la mencionada red de corrupción, en base a lo informado por los colaboradores eficaces.

Eso quiere decir, tal y como lo hace notar el Instituto de Defensa Legal – IDL, que el fiscal Chávarry encabeza la institución que debe investigar las imputaciones que recaen sobre sí mismo. Hablando en buen romance, su permanencia viola la autonomía del Ministerio Público, consagrada en el artículo 158 de la Constitución, además de otras normas, así como la garantía de independencia interna de los fiscales competentes de las pesquisas, porque se convertiría en juez y parte al encabezar la acción penal.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está suspendido en sus funciones tras la difusión de audios que comprometen a algunos de sus miembros y tocaría al Congreso investigar y sancionar la responsabilidad que recayese en el Fiscal de la Nación. No obstante, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular –agrupación con mayoría en el Parlamento–ha salido a respaldar públicamente la permanencia de Chávarry en el cargo.

De otro lado, está el precedente de la postulación del exfiscal Mateo Castañeda, según la cual la presunta responsabilidad penal es causal para no poder ser elegido como fiscal supremo. El país exige, sin embargo, que el fiscal Pedro Chávarry dé un paso al costado y se ponga fin así a la crisis en el Ministerio Público, porque la situación es insostenible. La ciudadanía está dispuesta a salir a las calles en defensa de la institucionalidad, lo que a su vez obligaría al presidente Martín Vizcarra a cerrar el Congreso por la vía constitucional.

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Editorial

Un decreto antilaboral

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El Gobierno publicó el pasado domingo el Decreto Legislativo Nº 1442 que crea la Planilla Única de Pago del Sector Público. La norma ha sido cuestionada porque en la práctica anula las negociaciones colectivas en el ámbito estatal y aunque el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, niega que el Gobierno haya eliminado la figura de la negociación colectiva para los trabajadores estatales, el abogado laboralista Javier Neves Mujica, sostuvo que el DL 1442 representa un acto de inconstitucionalidad.

Ocurre, sin embargo, que el cuestionado decreto legislativo implementa la Planilla Única de Pago del Sector Público, un registro con los ingresos de cada uno de los trabajadores públicos, que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Además, establece que las entidades del Estado deben cumplir con entregar a sus trabajadores 12 remuneraciones al año, una bonificación por escolaridad, una gratificación por Fiestas Patrias y otra por Navidad (algo que ya se sabe de sobra).

Pero la norma, también, precisa que los montos de gratificaciones y bonificaciones son fijados únicamente por la Ley de Presupuesto del Sector Público. Asimismo, señala que todos –salarios incluidos– deben ser reglamentados mediante decreto supremo del MEF. El artículo 16 obliga a todas las entidades públicas a cumplir con los lineamientos de la Planilla Pública, caso contrario se comunicará a la Contraloría General de la República, detallando el impacto fiscal.

En opinión de expertos, nos encontraríamos ante una flagrante violación de la Constitución y los derechos laborales por parte del Poder Ejecutivo, ante lo cual el Congreso deberá retomar el proyecto consensuado que tiene sobre la materia. En caso contrario, qué razón de ser tendrían los sindicatos. Es necesario, pues, que se corrija cualquier atisbo de colisión con los derechos laborales, consagrados por la Constitución, toda vez que es el Estado el encargado de velar por su cumplimiento.

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Editorial

El arte del engaño

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El presidente Martín Vizcarra ha reafirmado su compromiso de llevar adelante los temas propuestos para la reforma política y judicial, con la finalidad de que la población asista al referéndum el próximo 9 diciembre. Sin embargo, para algunos, el mandatario peca de confianza, especialmente después de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo ha calificado de “golpista” y “generador de cortinas de humo”, seguramente recordando ella lo que fue el gobierno de su padre, Alberto Fujimori y de su socio Vladimiro Montesinos.

En todo caso, vale la advertencia y no debería ser echada en saco roto, pues a lo largo de los últimos 20 años el Perú ha podido darse cuenta de la forma en que actúan los miembros de Fuerza Popular, quienes han mostrado que han hecho del engaño y las leguleyadas un estilo de hacer política. No obstante, el Jefe del Estado ha señalado que la confianza ha sido otorgada de manera integral en función de la disposición del Presidente del Consejo de Ministros y, en consecuencia, “no tenemos por qué dudar”

Pero los miembros de la bancada fujimorista ya han salido a decir que el tema del referendo no depende de ellos sino del Jurado Nacional de Elecciones. Sería bueno, entonces, que el Presidente y el premier Villanueva se mantenga firmes en sus planteamientos y no permitan que los miembros de Fuerza Popular le pasen gato por liebre a la población que está esperando acudir al referéndum el próximo 9 de diciembre para expresarse libremente.

No es gratuito que la Comisión de Constitución del Congreso haya suspendido el debate del proyecto referido a la bicameralidad, mientras que aún está pendiente el tema de la no reelección de congresistas. Esto podría ser un indicio, si no la confirmación de que el fujimorismo, al igual que el lobo, pierde el pelo, pero no las mañas.

Tanto el presidente Vizcarra como el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no deben de olvidar que Fuerza Popular conoce muy bien sobre el arte del engaño.

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Editorial

El primer poder del Estado

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Durante el extenso debate que generó la solicitud del voto de confianza y aprobación de los proyectos de reforma política y judicial planteados por el Gobierno, la representación nacional ha reiterado que el Parlamento Nacional es el primer poder del Estado. Así es –por lo menos así debiera serlo– no obstante la bancada de Fuerza Popular parece no entender qué significa eso, pues sus integrantes han mantenido durante todas sus intervenciones un discurso antidemocrático, en el que ha salido a relucir su prepotencia por saberse mayoría.

Ser el primer poder del Estado implica, en primer lugar, una gran responsabilidad por haber recibido los votos necesarios para ocupar la curul en la que se encuentran. En segundo lugar, si se deben al soberano –el pueblo que los eligió– es a él a quien deben rendir cuentas de sus actos porque obran en su representación. Y el electorado ya se ha pronunciado en las calles con voz firme y actitud resuelta: Que se vayan todos, ha dicho y ha pedido un referéndum para expresar la voluntad popular.

Sin embargo, la mayoría de Fuerza Popular ha denostado contra el Gobierno, haciendo la salvedad que en su momento votarían a favor de la cuestión de confianza. Cosa difícil de comprender, a no ser porque quizá los parlamentarios fujimoristas habían tomado la decisión de antemano de aprovechar las cámaras y los reflectores para lanzar todo tipo de epítetos contra el Ejecutivo. No era gratuito, tampoco, que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori haya salido más temprano a decir que los pedidos del Ejecutivo eran solamente una “cortina de humo”.

Así las cosas, la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular –léase fujimorismo– fue derrotada en las calles por lo que se vio obligada a aprobar la cuestión de confianza con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. De no haber ocurrido así, las calles habrían vuelto a pedir el cierre de este Congreso y “que se vayan todos a su casa” lo que implicaría adelantar las elecciones. Eso lo sabía el fujimorismo y tuvo que dar su brazo a torcer.

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