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Política

Feminicidios: la punta de un iceberg que desangra al país

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Maltrato a la mujer feminicidios

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional (PNP), Gregorio Néstor Giraldo Girado (33) por el presunto delito de feminicidio en agravio de la agente Ana María Huamán Ramos (26).

Según el Ministerio Público, Giraldo acabó con la vida de su pareja Ana Huamán con un cuchillo, el pasado 17 de mayo, en el distrito de Independencia, luego de que esta había decidido acabar la relación sentimental, dado que él era casado y tenía dos hijos menores.

Lo curioso de este último caso, es que este feminicidio fue cometido por un policía, que se supone sabe lo que es este delito y que está preparado para combatirlo. Sin embargo, llevaba una doble vida: era casado y tenía dos hijos, lo cual no fue aceptado por su víctima, también de la PNP.

¿QUÉ ES EL FEMINICIDIO?

Andrea Imaginario, especialista en artes, literatura comparada e historia, dice que el feminicidio es “el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. La palabra es un neologismo que proviene de la lengua inglesa, en la que recibe el nombre de feminicide.

“Los feminicidios siempre responden al odio o desprecio por el género femenino, al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer y/o al deseo de posesión, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como una propiedad del hombre. En cualquiera de estos casos se trata de un crimen de odio de género.

“Por ello, el feminicidio es el resultado de un proceso precedido por otras formas de maltrato hacia la mujer, sean eventuales o recurrentes, y sean perpetradas por un desconocido o un conocido. Entre las formas de maltrato se cuentan: violación, violencia psicológica, obstrucción del libre desarrollo y de la autonomía de la mujer, esclavitud sexual, maltrato físico, violencia doméstica, tortura, mutilación, desfiguración, persecución, privación de la comunicación y privación de libertad”.

¿CÓMO EVITAR UN FEMINICIDIO?

Christian Hernández Alarcón, juez superior de la Corte de Ventanilla, integrante de la comisión de género del Poder Judicial, profesor de derecho de familia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pone sobre el tapete varios puntos importantes sobre cómo impedir un feminicidio.

a) Investigar sin atender vs atender investigando: Priorizarse la atención de la víctima como sujeto de derechos evitando instrumentalizarla y tratarla como objeto de información. Mostrar preocupación genuina por su situación personal y familiar y actuar de modo concreto de acuerdo a ello.

b) Investigación proactiva, no reactiva: La investigación no puede ser burocrática, sino principalmente en el campo, por ello es fundamental efectuar una inspección técnico policial que permita recabar datos periféricos que corroboren la declaración de la víctima.

c) Emergencia legal: La declaración de la víctima debe ser recabada de modo inmediato, pues no obstante debe tenerse cuidado en no revictimizar, no debe perderse de vista que nos encontramos ante una emergencia legal, donde el paso del tiempo sin recabar la declaración pone en serio riesgo el propio testimonio, pues la familia y entorno social puede actuar contra la víctima buscando su retractación, la cual en caso de consolidarse generará impunidad y legitimará la violencia.

d) Asistencia y comunicación con la víctima: La víctima desde que es atendida por cualquier operador, no puede estar en situación de incertidumbre. Se le debe informar sus derechos, el lugar y día en el que se efectuará su audiencia, las cosas que puede pedir, los requisitos para cada una de las peticiones y asistirla en el llenado de los formatos requeridos para tal efecto, e incluso referirle quien es el abogado del Centro de Emergencia Mujer o Ministerio de Justicia que estará a cargo de su caso.

REPORTES

Por cada región, solo en Lima Metropolitana en 2018 hubo 36, el número más alto a nivel nacional. Le siguen Cusco con 14 víctimas, Huánuco y La Libertad con 12; y Arequipa 11. En Pasco, Tumbes y Ucayali no hubo ningún reporte de feminicidio en el 2018. Estas son las cifras de feminicidios en el país desde el año 2009:

• 2018: 149 feminicidios / hasta noviembre hubo 280 tentativas

• 2017: 121 feminicidios / 247 tentativas

• 2016: 124 feminicidios / 258 tentativas

• 2015: 95 feminicidios / 198 tentativas

• 2014: 96 feminicidios / 186 tentativas

• 2013: 131 feminicidios / 151 tentativas

• 2012: 83 feminicidios / 91 tentativas

• 2011: 93 feminicidios / 66 tentativas

• 2010: 121 feminicidios / 47 tentativas

• 2009: 139 feminicidios / 64 tentativas

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Política

Con la soga al cuello

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Vicente Silva Checa

Luego del anuncio de la Fiscalía respecto al próximo interrogatorio de Vladimiro Montesinos a cargo del fiscal José Pérez, y la posibilidad de incluir en la acusación de lavado de activos contra Fuerza Popular el uso de dinero proveniente de la corrupción en los años 90, el analista político Carlos Monge consideró que el caso se torna “mucho más complejo y serio de lo que se tenía identificado inicialmente”.

“Considerando que el señor Vicente Silva Checa (acusado de ser testaferro de Montesinos y asesor en las sombras de Keiko Fujimori según un testigo protegido) ha tenido un vínculo histórico con estos actos de corrupción, e incluso ya purgó cárcel, me parece totalmente razonable que la Fiscalía convoque a Montesinos para indagar cuál era el mecanismo en los ‘90 para guardar el dinero que sería usado posteriormente en las campañas del fujimorismo”, indicó.

“Además del dinero de la caja negra de Odebrecht, parece que la acusación también apunta a movimientos de dinero, en un blanqueo de millones de dólares entregados a Joaquín Ramírez para que lo blanquee en universidades, usando el mecanismo de empresas familiares que proveían de servicios sobrevaluados a su propia universidad”, agregó.

Sobre el vínculo de Silva Checa y Keiko Fujimori, Monge afirmó que “si el problema fuera que solo la asesora, habría un problema ético, y nadie va preso por tener un delincuente de asesor”. “Sin embargo, en caso se compruebe que Silva Checa es donante de dinero proveniente de la corrupción en los ‘90 y usado en las campañas de Keiko Fujimori, el caso se volvería mucho más grave por ampliarse la figura de lavado de activos”, señaló.

FINANCIADOS POR EL NARCOTRÁFICO

Monge recordó los casos más emblemáticos de los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico en la dictadura de los años ‘90: “Recuerdo el caso del desvío de armas para las Farc a cambio de pagos con dinero proveniente del narcotráfico colombiano, que era la forma como las Farc financiaba sus compras de armamento. Luego, han habido acusaciones de parte de narcos de la zona del Huallaga, quienes indicaron que pagaban cupos a Montesinos para que los proteja en sus operaciones”.

“Entonces no es novedad que Montesinos aparezca asociado a lavado de dinero del narcotráfico. Esto tiene muchos antecedentes y no sería para nada una sorpresa que surgiera algo nuevo en ese sentido durante el interrogatorio”, añadió.

Además, indicó que si bien ya desde los ‘80 han existido acusaciones de narco parlamentarios dirigidas a las bancadas de Acción Popular y el Apra, “con el fujimorismo se ha fortalecido esa presencia”. “El fujimorismo, recordemos, ha logrado ser el espacio de representación política de muchas economías ilegales. Ahí se expresa el lobby de las universidades truchas para tirarse abajo a la Sunedu; hay parlamentarios fujimoristas que son defensores de las cooperativas ilegales en el Vraem; otros están vinculados a la minería y a la pesca ilegal; y así sucesivamente podemos mencionar casos”, afirmó.

NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA

Respecto a la protesta expresada por los parlamentarios de Fuerza Popular, quienes manifestaron que el interrogatorio a Vladimiro Montesinos se programó con el afán de presionar al Tribunal Constitucional en el caso del hábeas corpus de Keiko Fujimori, Monge indicó que “ellos se han pasado años tratando de contarnos el cuento de que Fujimori era un pobre tonto que no se enteraba de lo que ocurría a sus espaldas”.

“Han tratado de construir esa narrativa; sin embargo todos sabemos cómo son las cosas. Obviamente, les molesta que ahora reaparezca la figura de Montesinos asociada al fujimorismo y por eso inventan esto de la persecución política. Pero son argumentos de defensa porque se sienten afectados por la íntima asociación de Montesinos no solo con Alberto Fujimori sino con Keiko, porque era él quien pagaba sus estudios”, apuntó.

Monge advirtió que “no hablamos de niños de 12 años que no se han preguntado de dónde sale la plata para pagar el colegio, sino de adultos que estudiaron maestrías en el extranjero y que recibían del asesor de inteligencia ese dinero sin preguntarse de dónde venía”.

ACUSACIÓN SERÁ CONTUNDENTE

Finalmente, el analista político destacó que “se van acumulando evidencias sobre el funcionamiento de Fuerza Popular como una organización criminal, y ante cada nueva prueba sus miembros reaccionan muy nerviosos para tratar de frenar la investigación”.

En este sentido, indicó que Silva Checa es una pieza que podría “ayudar a probar no solo cómo funcionaba Fuerza Popular y cómo trataba de obstruir la investigación, sino también permitirá llevar la madeja hacia atrás y mostrar la relación entre Montesinos y el fujimorismo, y cómo se habría sostenido esa relación hacia el presente con el soporte en campañas del dinero ilícito de la corrupción de los años ‘90”.

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Política

Criminalización de los trabajadores mineros sindicalizados

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Enfrentamientos conflictos sociales policía contramanifestaciones huelgas

Lo grave de todo esto es que Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo, no cumple con su labor de mediar, que debería ser el rol de un funcionario del Estado peruano, para que empresarios y trabajadores se acerquen y lleguen a un acuerdo para solucionar el pliego de reclamos que fue presentado oportunamente.

En vez del diálogo que solicitan reciben la indiferencia de la SNMPE y para remate fueron reprimidos de manera violenta por un piquete de la Policía Nacional, cuando fueron a protestar al Ministerio de Trabajo para solicitar que se solucione su petitorio.

Para remate, el grupo de congresistas que los acompañó para conseguir el diálogo, nos referimos a María Elena Foronda, Hernando Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del del Frente Amplio, fueron arrastrados y maltratados por los gendarmes.

Esto revela que no hay respeto por las autoridades congresales y a ello se sumaron: Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, que los acusó de “incitar” a la violencia, y Pedro Olaechea, presidente del Legislativo, que le mintió cínicamente al país.

Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú

REACCIONES SOLIDARIAS

En seguida entrevistamos a Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMP, quien nos dijo cómo se encuentra el sector laboral que representa, a más de una semana de la violencia de la que fueron víctimas. De igual modo a Francisco Soberon, fundador de Aprodeh y exsecretario de la Coordinadora Nacional de Derchos Humanos (CNDDHH), y a Jorge Bracamonte, titular de esa entidad.

—¿En que estado está la situación que ustedes enfrentan?

—El día sábado pasado nos comprometimos con la ministra respecto a que íbamos a reunirnos la SNMPE el martes, en el marco del extraproceso, pero la ministra no ha asistido, solamente estuvieron el conciliador y la jefa del departamento de Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, la doctora Manuela García.

Estamos viendo para el día 25 una propuesta de diálogo con la ministra. Nosotros suspendimos la huelga, pero lamentablemente vemos una actitud intransigente por parte de la SNMPE, que desconoce y no respeta a los trabajadores, y ni siquiera envía un representante para que pueda enterarse de cuál es nuestro planteamiento.

—¿Van a reiniciar la huelga?

—Nosotros suspendimos la huelga el día sábado, después de nuestra excarcelación, ya que fuimos ilegalmente detenidos. Vamos a retomar nuevamente esta medida de fuerza, para ello vamos a tener una reunión este fin de semana para evaluar la reanudación de la huelga nacional indefinida, porque la SNMPE sigue dando las mismas muestras de intransigencia.

—La ministra de Trabajo tampoco se ha presentado…

—Claro, parece que ella y la SNMPE están en la mima sintonía.

—¿Sabe si se ha reunido con los representantes de la SNMPE?

—Tal vez ellos se habrán reunido pero con nosotros no había absolutamente nadie.

—Entonces, este fin de semanana reinician la huelga nacional indefinida.

—Sí, definitivamente. Lamentamos que no haya una voluntad de diálogo. Como usted verá, ni siquiera se presentan para dialogar y resolver, de una vez, nuestro pliego de reclamos.

 

ALGO MÁS

“Nos parece reprobable que el Congreso de la República pretenda estigmatizarlos y acusarlos de azuzadores de la violencia. Esto da cuenta del tipo de Congreso que tenemos, en donde el presidente del Legislativopuede permitirse mentir cínicamente frente al país”, concluyó Bracamonte.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

La negociación colectiva está consagrada por ley

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Huelga marcha mineros protestas

—¿Cuál es su opinión en torno a la forma en que fueron tratados los trabajadores mineros, que reclamaban la solución de su pliego de reclamos?

—Lo que hay que rechazar son las negativas de promover,de parte del Ministerio de Trabajo, un adecuado diálogo de los trabajadores con la SNMPE, para que se cumpla el acuerdo que ha establecido esa negociación colectiva. Es un derecho que ha sido restringido en otros sectores laborales.

El único que lo mantiene en vigencia es la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, hay otros en donde estos derechos se han limitado, y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú tiene establecida esa negociación que debería respetarse para que los trabajadores puedan demandar sus derechosy su negociación debe ser atendida.

Y debemos rechazar el comportamiento del gobierno del presidente Vizcarra, lo cual debe ser cuestionado por todos los sectores organizados, sociales y políticos, comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso es algo que, estoy seguro, la tolerancia de los trabajadores mineros vencerá, al imponer su derecho, porque la negociación colectiva está consagrada.

—¿Cree que las detenciones del señor Cerrón y Aduviri son un arrinconamiento de los sectores de izquierda?

—Son situaciones distintas. El señor Cerrón tiene una condena por corrupción. El señor Aduviri también está detenido, pero por protesta social. No son similares. Si ha sido condenado por corrupción tiene derecho a apelar y el Poder Judicial decidirá. En el caso del señor Aduviri, su detención es ilegal, ilegítima, es el uso de la justicia penal para condenar la protesta social. No se puede conciliar situaciones políticas e ideológicas. Si hay corruptos, tienen que ser procesados.

—¿Y qué decir de los congresistas Foronda, Cevallos, Morales y Tucto, que han sido acusados de promover la violencia por apoyar a los trabajadores mineros?

—Ellos han mediado para lograr el diálogo entre los trabajadores y la SNMPE, mediante el Ministerio de Trabajo, de modo que no se los puede acusar ligeramente de la movilización propia de los trabajadores, en todo caso que la Comisión de Ética vea su participación.

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