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Editorial

Feliz 2019, pero sin corrupción

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En muy pocas horas terminará este año 2018 y la mayoría de peruanos ahítos de esperanza estaremos celebrando la llegada de 2019. Muchos descorcharán botellas y harán sonar sus copas unas contra otras; algunos se abrazarán exactamente a las cero horas y se prodigarán buenos deseos por doquier. Pero eso no bastará para que el próximo año sea verdaderamente mejor que este 2018 que ya languidece, que ya se extingue y que quizá para muchos no fue tan malo como para alegrarse de que se acabe.

En verdad, hacer de 2019 un mejor año dependerá mucho de las acciones que realicemos los peruanos. Aquí no contarán los buenos deseos, sino la decisión de empujar el carro en la misma dirección. Que todos recordemos que tan corrupto es el que recibe una coima como quien la ofrece. Que tan evasor es aquel que no declara la mercadería que trae en enormes contenedores como el pequeño comerciante que se “olvida” de entregar comprobante de pago. La recaudación tributaria es vital para la educación y la salud.

Por eso es importante comprometerse en la lucha contra la corrupción. No basta ver por televisión los procesos a quienes echaron mano de dineros públicos o a quienes cobraban por administrar justicia o hacer “favores”. Hay que dejar de ver todo eso como una película. Los peruanos sí podemos cambiar esa triste realidad. Hay que decirle basta a la corrupción. No hay que permitirla. Que el nuevo año sea verdaderamente un punto de quiebre.

Claro que el año que termina ha mostrado avances en la lucha anticorrupción, pero ha sido básicamente por el trabajo de los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, y de “Los cuellos blancos del puerto”, Rocío Sánchez y Sandra Castro, así como por la reforma del sistema de justicia, aunque la situación aún es crítica y queda mucho por hacer. Seguramente hay más fiscales que se han sumado a la tarea.

Según una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 34% de la población considera que la lucha contra la corrupción es una de las prioridades del gobierno para el año 2019, mientras que un 16% lo considera más urgente. Es necesario, pues, la participación masiva de la ciudadanía para impedir que pícaros y sinvergüenzas sigan haciendo de las suyas. Agradecemos a nuestra gran legión de lectores por habernos brindado su preferencia a lo largo de todo el año 2018 y les deseamos un feliz 2019, sin corrupción en el Perú.

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Editorial

Tan solo palabras

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El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, destacó que su gestión viene trabajando en la creación de un Sistema de Planificación Energética que señale objetivos de mediano y largo plazo para este importante sector, lo cual es necesario para el país. Sin embargo, lo que no se entiende es por qué no lo tenemos desde hace mucho tiempo, cuando el Perú cuenta con diversas fuentes energéticas, incluso no convencionales, pero al mismo tiempo tiene que importar petróleo.

Ocurre, además, que cuando se decidió iniciar la explotación de los yacimientos gasíferos de Camisea se anunció con bombos y platillos que la electricidad bajaría de precio en un porcentaje importante en beneficio de la población. Nada más lejos de la realidad porque eso no ha ocurrido y, por el contrario, los usuarios del servicio eléctrico vienen constatando que los recibos que les llega por consumo de energía eléctrica son cada vez más abultados, a pesar que las nuevas tecnologías –televisores y focos led, línea blanca más eficiente en ahorro de energía, etc– permiten un ahorro considerable en el consumo.

Los automóviles también permiten el ahorro de combustibles, por estar dotados de motores más pequeños y de mayor eficiencia al mismo tiempo. Pero por esas cosas del destino tampoco le significa nada al usuario que ha invertido un considerable capital con la esperanza de gastar menos en el grifo. Y es que en nuestro país los precios de los carburantes son los más caros de la región andina porque así lo establecen las condiciones oligopólicas, según el experto Jorge Manco Zaconetti. El costo del gas licuado de petróleo, combustible de uso doméstico también sube sin control alguno, gracias al dichoso mercado.

Lo que no explica el Gobierno a los usuarios es por qué, mientras que los precios internacionales del petróleo van para abajo y los países productores de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) hacen malabares para evitar fuertes caídas, en el Perú no se traslada al consumidor final esa reducción del costo. Se prometió masificar el gas y se dijo que con el cambio de la matriz energética ganarían todos, empresarios, trabajadores y usuarios, pero la verdad es que nada de eso ha ocurrido hasta la fecha. Los consumidores merecen una explicación de parte del Gobierno porque todo está quedando en promesas o como dice la canción: palabras, tan solo palabras.

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Editorial

Seguridad ciudadana: ¿para cuándo?

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El ministro del Interior, Carlos Morán, ha presentado —según ha dado a conocer— en el Congreso de la República cinco acciones concretas para fortalecer la seguridad ciudadana en el país y hacer frente a la delincuencia común. Una de ellas es la expulsión de ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales y judiciales. Una segunda medida es la implementación de los módulos integrados de justicia, para articular la labor de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como del Ministerio de Justicia.

La tercera medida es el desarrollo de un Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), como un servicio integral para la seguridad ciudadana en favor de nueve millones de habitantes de Lima y Callao; por último, la optimización de la flota vehicular policial, compuesta por más de 20,000 unidades, entre camionetas y motos, pues el 59% de estas unidades está operativo, pero el 41% no lo está, según el mismo ministro lo ha reconocido.

Sin embargo, el titular del Interior debería comenzar por entender la seguridad ciudadana como una tarea multisectorial, en la que cada uno de los ministerios y municipios involucrados se convierta en parte de la solución y deje de ser parte del problema. Habría que resolver la deficiente iluminación de muchas arterias de Lima y otras ciudades. El abandono de los lugares públicos por parte de algunos municipios, así como la falta de oportunidades de trabajo, entre otros aspectos se conjugan para servir de caldo de cultivo a la delincuencia.

La policía debería hacer una labor de prevención, dar charlas en los colegios para que niños y jóvenes estén siempre alerta de todo tipo de peligros. Recordemos la función que cumplía antes el policía de la esquina, quien era amigo de todos los jóvenes y niños. La policía está para proteger al ciudadano. Pero eso requiere de una acción multisectorial. No basta con pedir al Congreso leyes duras para sancionar a quienes se resistan a una intervención policial. El respeto hay que ganarlo y para eso se tendrá que trabajar con mucho empeño, pero de manera coordinada con otros sectores para proteger verdaderamente a la población.

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Editorial

Un Congreso sin voluntad de cambio

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La mayoría de peruanos ha quedado anonadada al enterarse que solo el 1% de los empleados del Congreso de la República, que se encuentran en condición de nombrados, accedió a su plaza mediante concurso público, porque es una práctica común que cada Mesa Directiva acuerde su nombramiento por favoritismos políticos, según ha revelado el congresista Daniel Salaverry.

Si eso no es ilegal, por lo menos parece inmoral. Por un lado, porque las referidas plazas se financian con dineros públicos y no privados; de otro, porque a esos puestos del Congreso deberían acceder las personas más capacitadas.

La actual Mesa Directiva había acordado convocar a un concurso público para cubrir 209 plazas laborales por ciudadanos debidamente capacitados que accedan por meritocracia y que cubran los requerimientos académicos y profesionales indicados en los perfiles elaborados por SERVIR.

Dicho Concurso Público “se realiza con absoluta transparencia”, según la Presidencia del Legislativo. Además, las evaluaciones están a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y la Contraloría General de la República realizará un acompañamiento y supervisión del proceso.

No obstante, la vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, y Yeni Vilcatoma retiraron su firma del acuerdo de la Mesa Directiva que permite realizar un concurso público para 209 plazas laborales en el Legislativo; es decir, todo seguirá como antes. Razón tiene la congresista Marissa Glave (Nuevo Perú) al señalar que este Congreso no tiene voluntad de cambio ni de avanzar hacia temas centrales, ya que solo actúa frente a la reacción y la exigencia ciudadana.

Sería mejor que los congresistas de la bancada de Fuerza Popular se dejen de actitudes obstruccionistas que no conducen a nada bueno. Algunos parlamentarios, inclusive, están tratando de provocar al presidente Martín Vizcarra para que pise el palito y entre a un enfrentamiento directo con el Congreso.

No se dan cuenta que si en el Parlamento se aprueban las leyes los primeros llamados a cumplirlas son los mismos legisladores que por ningún lado tienen corona. Además, ya es hora que demuestren que tienen voluntad de cambio ya que hasta la fecha no han dado muestras de ello.

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