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Política

Explotación laboral sin regulación de un Estado que no genera empleos

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Alejandra Dinegro

Alejandra Dinegro es socióloga sanmarquina, uno de los rostros jóvenes más visibles de la lucha por la derogación de la “Ley Pulpín”, y actualmente viene dedicando su atención al trabajo que miles de jóvenes que se emplean en las famosas plataformas digitales de servicios como Glovo, Rappi, UberEats, entre otras.

—¿De qué trata esta modalidad de trabajo?

—A ver, cuando hablamos de plataformas digitales, es hablar de un abanico de modelos de negocios que varían de acuerdo a sus fines, características, servicios y relaciones que establecen. Pero todas comparten aspectos comunes: su capital fijo es un software, asumen un rol intermediario, su principal capital son los datos y la hiperconectividad. Lo peculiar de este modelo de negocios es que no existe ningún tipo de vínculo laboral entre las personas que emplean para cumplir con los servicios que se ofrecen.

—¿Qué otras características tienen?

—La totalidad de estas plataformas manifiestan que las personas que prestan servicios a través de sus aplicaciones son independientes, en algunos casos con denominaciones especiales como colaboradores, “Glovers”, socios, “Rappitenderos” o freelancers, pero en ningún momento los tratan de trabajadores. Ya que eso obliga a asumir ciertas normas laborales que deberían respetar como seguro, salario, contrato, horario de trabajo, entre otros derechos.

—¿Y por qué, si no se otorgan derechos mínimos, las personas están trabajando ahí?

—Es simple: no hay trabajo. Y sobre todo no hay trabajo para los jóvenes que salen de los colegios sin ninguna formación que los inserte en el mercado laboral, el sueldo no alcanza y las personas adultas que son los que hacen el servicio de taxi, también la tienen difícil para conseguir un empleo a esa edad.

En el Perú, las cifras hablan por sí solas: los niveles de desempleo en Lima, han aumentado en los últimos 5 años, según el reporte del primer trimestre de este año, elaborado por el INEI. Lo que equivale a 429 mil personas que se encuentran activamente buscando empleo. De las cuales 236 mil 500 personas, son mujeres.

—Entonces, ¿qué tipo de relación mantienen estas personas con estas plataformas digitales?

—En estas plataformas no hay un sueldo o salario fijo. De hecho, no hay ni contrato, seguro de salud, horario de trabajo o alguna modalidad de vínculo laboral. No hay ninguna dependencia de carácter legal con deberes y derechos, que obliguen a ambas partes a cumplir ciertas responsabilidades. Tampoco ofrecen herramientas tangibles de protección al consumidor o pasajero.

Uber Glovo

—¿Uber, Glovo, Rappi, etc. son empresas nacionales?

—No, ninguna de ellas, lo es. Uber es una empresa norteamericana, la de mayor presencia en el mundo y brinda el servicio de taxi. Glovo es una empresa española y se calcula que aproximadamente tienen más de 6 mil jóvenes trabajando allí.

Y Rappi es una empresa colombiana cada vez con mayor expansión en nuestro territorio y de la misma manera posee a más de 5 mil jóvenes trabajando tan solo en Lima. Esta cifra va en aumento. En muchas partes del mundo han sido acusados de competencia desleal de evadir impuestos y de que los salarios tiendan a bajar.

—¿Qué requisitos piden estas empresas para trabajar?

—Solo se necesita contar con un vehículo en el caso de los conductores, o una bicicleta o moto en el caso de los repartidores. Todas las herramientas de trabajo son de propiedad del trabajador, eso incluye el costo del combustible, seguro de accidentes, datos del celular, casco, Soat, entre otros.

Si manejar bicicleta por Lima es complicado, imagínese lo que es hacerlo mientras va cargando una caja de aluminio en la espalda. Ojo que, en estas empresas, las utilidades generadas, nunca llegan a los trabajadores, porque a ellos se les paga por reparto, por fracción.

—¿Es una forma de explotación o una forma de trabajo del futuro?

—Es una forma de explotación laboral que más afecta a los jóvenes. Cada día que pasa, las y los jóvenes peruanos, se enfrentan a una dificultad real, y cada vez mayor, para encontrar un trabajo, sean en las condiciones que sean. Lo cual debería avergonzar al Estado por su incapacidad en crear empleo en condiciones adecuadas y dignas.

Estas empresas se aprovechan de dos aspectos centrales: la desesperación del desempleado y la necesidad del inmigrante. Las tendencias mundiales alertan de una revolución tecnológica que precariza los derechos laborales y no estamos listos para adaptarnos a ella. Esta forma de laborar tiene que ver con que cada vez más se van a automatizar los trabajos.

Rappi

—¿Qué ocurre si un “colaborador” se accidenta?

—Nada. Lamentablemente nada, porque no existe ningún vínculo en el que la empresa asuma el costo de seguro, por ejemplo. Hay indicios de laboriosidad, se demuestra dependencia económica, pero ellos alegan que no existe nada de ello.

El 17 de junio de este año, un trabajador de la empresa Glovo quedó gravemente herido tras haber sufrido un accidente vehicular en La Molina. El repartidor, perdió una pierna en pleno desarrollo de su actividad laboral. La empresa solo dio un comunicado. Nada más.

—¿Existe legislación nacional reguladora al respecto?

—No existe ninguna, lo que hay son iniciativas legislativas presentadas en el Congreso. Yo soy autora del proyecto de Ley 4243, cuyo objetivo es regular y establecer el carácter de “laboral” al vínculo existente entre los trabajadores (repartidores, conductores) y las plataformas digitales. Así mismo establece que se debe celebrar un contrato entre la plataforma digital y el trabajador.

En éste, se deberá consignar la fecha de inicio del contrato, los datos del trabajador y la empresa, el tipo de contrato que se celebra, las condiciones bajo las que se realiza los servicios, reconocimiento de un salario mínimo, la duración de la jornada laboral y el lugar de trabajo.

—¿Se pueden sindicalizar los trabajadores?

—Sería lo ideal, que se organicen, pero dadas las características de este tipo de empleo, que está cambiando las relaciones laborales, la permanencia en estas empresas es volátil, están un tiempo en una o en otra. Es una forma de impedir la sindicalización y por lo tanto de articular demandas por parte de los trabajadores.

ALGO MÁS

“En España, Argentina y Chile los trabajadores vienen organizándose y ganando juicios a estas empresas donde se les reconoce como trabajadores y no como colaboradores”, concluyó Dinegro.

Política

Es una mordaza a la información

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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