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Editorial

¿Estamos preparados para un fenómeno de ‘El Niño’?

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Todo parece indicar que la respuesta a la pregunta que encabeza esta columna sería negativa. Ocurre que hasta la fecha aún no se ha terminado de solucionar el tema de la reconstrucción del norte tras los huaicos e inundaciones ocurridas el año pasado y ya nos acercamos a un nuevo evento de ese tipo; por lo menos así lo indican estudios al respecto realizados por las autoridades encargadas del monitoreo. En efecto, se habla de un 70% de probabilidades de que la temporada de lluvias incluya un fenómeno de ‘El Niño’ en setiembre próximo.

Si hablamos de la capital tendríamos que referirnos a Lima Este y más propiamente dicho a Lurigancho-Chosica, cuyo municipio no cuenta con un plan contra las lluvias, a pesar de que el alcalde, Luis Bueno, quien debe encabezar las tareas de defensa civil tiene ya varios períodos al frente de ese concejo municipal. A estas alturas suponemos que ya debe de estar preocupándose por la descolmatación del río, pues sin limpieza del cauce ni reforzamiento de los muros de contención el desborde es inminente.

En realidad, todos los alcaldes del país deberían estar abocados en este momento a la elaboración de un plan conjunto con el sector Salud y específicamente con la Dirección General de Gestión del Riesgo y Defensa Nacional en Salud (Digerd), además del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de Vivienda, Construcción y Saneamiento. No debería esperarse, pues, que el Ministerio de Salud se haga cargo de las víctimas de los desastres naturales después que ocurra un evento de lluvias porque todo puede prevenirse.

Así las cosas, nos encontramos a un mes y medio de la realización de elecciones regionales y municipales, muchos alcaldes quieren repetir el plato presentándose como tenientealcaldes para sacarle la vuelta a la ley que impide la reelección inmediata, pero ninguno de ellos cuenta con un plan de prevención contra las lluvias y el fenómeno de ‘El Niño’, lo que podría ahorrar varios millones de soles al Estado. Hasta ahora el Gobierno no ha podido solucionar los daños causados el año pasado por ‘El Niño’ costero en el norte del Perú, un evento que movió a la solidaridad de todos los peruanos, pero, al parecer, no enseñó nada a nuestras autoridades locales.

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Editorial

La ciudadanía está alerta

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El Poder Judicial tiene que asegurar a la ciudadanía que el juez que reemplazará a Richard Concepción Carhuancho en el caso Keiko Fujimori sea de primer nivel. Así lo ha advertido el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, al señalar que la recusación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra la jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, podría ser una buena oportunidad en este caso.

Hay que recordar, que si bien es cierto que la jueza Arias Quispe –quien reemplazará al magistrado Concepción Carhuancho– ha expedido una resolución anterior en favor de Keiko Fujimori y eso no necesariamente implica que esté parcializada, también es verdad que la población no está dispuesta a cederle ni un milímetro de terreno a la corrupción. Ojalá, pues, que el Poder Judicial no se haya equivocado con esa designación porque, de lo contrario, tendrá que realizar las correcciones del caso inmediatamente.

La jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, es la misma magistrada que ordenó al fiscal José Domingo Pérez concluir la investigación en un plazo de 10 días, medida que, por suerte, fue anulada en apelación. Asimismo, en 2017 acogió un pedido formulado por la defensa de Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito, para evitar que la investigación por los cócteles organizados por Fuerza 2011 se adecue a la ley de crimen organizado, con lo cual se ampliaba el plazo de la indagación preliminar a 36 meses.

Ahora, a ella le tocará resolver los pedidos que formulen tanto el fiscal Pérez, como los investigados por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que habría recibido Keiko Fujimori. Sería bueno que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, asuma también el compromiso de garantizar que el mejor juez sea quien se ocupe de este caso emblemático, pues existe una razonable preocupación entre los ciudadanos, al punto que están dispuestos a movilizarse hasta el Palacio de Justicia para exigir imparcialidad y decirle basta a la corrupción.

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Editorial

Fujimori debe salir de la clínica

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Después de una prolongada permanencia de más de 100 días en la Clínica Centenario, la Junta Médica que evaluó recientemente al condenado expresidente, Alberto Fujimori, ha evacuado su informe concluyendo que se encuentra en condiciones estables y podría recibir tratamiento ambulatorio, lo que disminuiría el riesgo de “comorbilidades intranosocomiales” por estancia prolongada. ¿Y qué quiere decir eso? En lenguaje sencillo significa que Alberto Fujimori está más expuesto a un eventual contagio intrahospitalario por permanecer demasiado tiempo en un centro médico.

Por su parte, la Sala Penal ha dispuesto que el Inpe determine en qué penal debe ser internado Fujimori para garantizar la continuidad de su tratamiento médico. Hay que tener en cuenta, además, que se trata de una enfermedad crónica, pero que se encuentra controlada y sería cuestión de que el Inpe determine un penal que cuente con las garantías del caso para que el interno pueda ser atendido por su médico en caso que así fuera necesario. Por lo demás, hay una sentencia que debe ser cumplida.

Las condiciones que deberá cumplir el centro penitenciario, según la resolución, son las de asegurar la administración de los medicamentos, controles médicos periódicos y la posibilidad de traslado a un centro asistencial de manera inmediata si se llegan a presentar signos de alarma. Los médicos que evaluaron a Alberto Fujimori indicaron, también, que antes de su trasladado a un penal, deberá recibir el alta médica expedida por sus médicos tratantes. Su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, aclaró que estar estable no significa estar curado.

Es obvio, pues, por tratarse de un mal crónico, que Alberto Fujimori tiene que aprender a vivir con los males que lo aquejan, pero al mismo tiempo debe de cumplir con la ley. Para su abogado, César Nakazaki, el resultado del informe médico era más o menos lo que se esperaba. En todo caso, según los miembros de la Junta Médica, estar dentro de un centro médico por un tiempo prolongado no es lo mejor porque aumenta el riesgo de contagio intrahospitalario.

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Editorial

García tampoco debe tener corona

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El expresidente Alan García ha emprendido una serie de ataques sistemáticos contra el jefe del Estado Martín Vizcarra. Ha dicho que “nadie tiene corona”, en relación a la decisión del Congreso de investigar a Conirsa y la empresa del presidente Martín Vizcarra, “CyM Vizcarra SAC”, a la cual renunció antes de asumir el gobierno. En realidad, se trata de una empresa que fue proveedora del consorcio del que forma parte Odebrecht; es decir que era una de las 300 empresas proveedoras cuando la constructora brasileña no tenía denuncia alguna.

Pero García al parecer anda sumamente nervioso últimamente, y por eso saluda que se investigue cualquier posible irregularidad. Además, AG pide también volver a revisar el caso Chinchero que, según él “no acabamos de investigar adecuadamente”. En fin, cualquier cosa es buena con tal que la justicia no se acuerde de investigarlo a él. Será por eso que dice que el presidente Martín Vizcarra “debe dar explicaciones”. Claro, en su caso, García sostiene que él no tiene delación, ni cuenta, ni nadie le ha sindicado jamás.

Entonces, la pregunta cae de madura: ¿porqué trató de escapar de la acción de la justicia buscando asilo en la residencia de la embajada de Uruguay? ¿Será que también siente temor por lo que venga de Brasil? Si no es así, por qué esa fijación con el presidente Vizcarra, quien ha aclarado que su empresa, CyM Vizcarra, no ha tenido ningún contrato directo con la empresa Odebrecht, pero sí ha alquilado maquinarias para Conirsa, consorcio que se encargó de ejecutar obras en la carretera Interoceánica Sur en 2006 y 2008.

Todo parece indicar, pues, que no se estaría buscando investigar a una empresa, sino a la persona. En ese caso debe recordar el exmandatario aprista que no se puede investigar a un presidente en ejercicio de su labor, porque eso sería ilegal e inconstitucional. Es verdad que nadie tiene corona, pero eso también incluye a Alan García. En tal sentido, la población espera que la justicia mida a todos con la misma vara.

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