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Estados Unidos siempre buscó separar a Brasil de la Argentina

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Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inacio Lula Da Silva

El gobierno brasilero decidió entrometerse en la política interna argentina. El presidente Jair Bolsonaro afirmó que el triunfo de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner representaba el riesgo de que la Argentina se convierta en una nueva Venezuela. El ministro de economía brasilero, Paulo Guedes, quien fuera funcionario del gobierno de Pinochet, declaró a la prensa que Brasil no necesita de la Argentina para crecer y que en caso de que el próximo gobierno cierre la economía con medidas proteccionistas, Brasil saldría del Mercosur.

AGENCIA PACO URONDO entrevistó al excanciller del gobierno de Luiz Ignacio Lula da Silva, Celso Amorim, para conversar sobre las declaraciones de los actuales funcionarios y lo que representa el triunfo de Alberto Fernández en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para la región.

Marcha protesta contra Lula da Silva

—AGENCIA PACO URONDO (APU): El ministro Paulo Guedes afirmó que Brasil no necesita de la Argentina para crecer. ¿Esto es real?

—CELSO AMORIM: (CA) Claro que necesitamos de la Argentina, no solo para crecer, sino para tener paz en la región, para tener solidaridad en la región. Tuvimos momentos en los que la Argentina creció, Brasil creció, pero hoy nuestras economías ya están muy conectadas, existe una importancia muy grande, Argentina es el mayor mercado para productos manufacturados brasileros. Es el tercer mercado en el conjunto general, debajo de China y Estados Unidos, encima de cualquier país europeo, o cualquier otro país.

Es el principal importador de productos manufacturados, solo con eso usted ve que lo que él está diciendo es una bobada, en mi opinión, desconocimiento.

Además de eso revela una total falta de percepción sobre el proceso de integración Brasil-Argentina que es garantizar la paz y la democracia en nuestra región. La integración entre Brasil y Argentina comienza con los gobiernos de Sarney y Alfonsín, y con el acuerdo en el área nuclear, entre otras cosas. La integración económica es apenas un aspecto de esa aproximación que es vital para que nuestros países puedan tener tranquilidad, paz, los pueblos prosperar.

Ahora, probablemente esa es la agenda de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre buscó separar Brasil de Argentina. Puede no haber sido la agenda de Obama, hasta de Bush, personalmente, porque nosotros estuvimos con él varias veces, pero es una agenda, tal vez, de lo que se acostumbra a llamar ‘Estado profundo’. Mucha gente en Estados Unidos buscó separarnos.

Eso, además, desde el inicio del gobierno Sarney. Me acuerdo cuando teníamos aproximaciones en el área de tecnología y otras, el embajador estadounidense venía a decir “pero ustedes no quieren incluir otros países”. El objetivo no era incluir otros países, era separar Brasil de Argentina.

—APU: Una cosa que llamó la atención fue la intromisión del gobierno brasilero en el proceso electoral argentino, con el presidente Bolsonaro diciendo que si gana Fernández Argentina se transformará en una Venezuela. ¿Usted cree que por detrás de eso también están los Estados Unidos?

—CA: Eso no sé. Bolsonaro retrocedió, dijo que va a dialogar de cualquier manera. La manera como Bolsonaro habló es el estilo de él. Pero como política general de separar Brasil de Argentina sí es una agenda de esos extremistas de derecha que están en el gobierno de Trump, tipo John Bolton (asesor de Seguridad Nacional), Mike Pompeo (Secretario de Estado), sin hablar de Steve Bannon, que no está en el gobierno, pero que continúa actuando en esas alianzas de extrema derecha que están siendo hechas.

—APU: Guedes dijo que, si con la vuelta de Cristina al gobierno Argentina cierra su economía, Brasil saldrá del Mercosur. ¿No es muy liviano hacer una afirmación de ese tipo?

—CA: Él no tiene una visión política, Guedes trabajó, fue asesor, en el gobierno de Pinochet. Entonces para él el hecho de ser dictadura, democracia, es indiferente. Creo que desde el punto de vista económico es una animalada.

No sé qué futuro tendrá el acuerdo Mercosur – Unión Europea, ni estoy defendiendo el acuerdo, necesariamente de la manera en que fue hecho, pero los funcionarios del ministro Guedes fueron muy elogiosos y defendieron mucho la negociación de ese acuerdo preliminar.

El Mercosur solo atrajo esa atención porque era el Mercosur, si fuese Brasil individualmente las condiciones serían mucho más difíciles, porque hay una atracción por el hecho de tratar con la región como un todo.

Creo que es una bobada económica, es una ignorancia hasta de las estadísticas comerciales de Brasil con Argentina y sobre todo es una gran liviandad e insensibilidad política para la importancia de la integración Brasil – Argentina que es el eje básico de la integración de América del Sur. El ministro Guedes no está interesado en esto, él solo está interesado en privatizar, en acabar con todo lo que es economía auténticamente nacional.

—APU: ¿Cuál es la interpretación que usted hace del triunfo de Alberto Fernández en las PASO?

—CA: Creo que para nosotros es una esperanza de que haya una reversión de esa ola de extrema derecha que tiene la región. Creo que es una bobada la comparación entre el gobierno que puede hacer Alberto Fernández y Venezuela, son situaciones totalmente diferentes, las presiones, los intentos de golpe, los golpes efectivos que fueron dados en Venezuela, que le acabaron creando una situación mucho más compleja, que no es el caso de Argentina.

Los niveles de desarrollo son otros, Argentina es una economía compleja, una sociedad civil muy participativa, que es muy diferente de lo que era la oligarquía venezolana. No estoy diciendo que no haya elementos reaccionarios también en Argentina, los hay como en todas partes, pero no es un país dominado por una pequeña oligarquía dependiente del petróleo, como era el caso de Venezuela. Entonces, no hay comparación posible.

Además de eso, Alberto Fernández es un hombre moderado, un hombre de diálogo, es un hombre volcado para la justicia social. Tuve la oportunidad de estar con él en innumerables ocasiones, cuando él era ministro, pero también recientemente, visitamos juntos al Papa. Todos nosotros estamos en el mismo barco, América del Sur está toda en el mismo barco, sobre todo nosotros, los países del Mercosur, y tenemos que lidiar y tratar con cariño la democracia de los otros países porque eso también se revierte para nosotros.

Además, sabemos que históricamente el primer país a recuperar la democracia en América del Sur fue Argentina, entonces vemos con mucha satisfacción este triunfo, que ya está prácticamente garantizado. No sé si los mercados financieros van a intentar alguna cosa conspiratoria, pero creo que eso no tendrá éxito.

Vamos a tratar a Alberto Fernández como el próximo presidente de Argentina. Tener como compañera a Cristina es muy bueno. Todo lo que pude ver o escuchar de él, no solo cuando era ministro, sino también en las conversaciones con el Papa, denotan una gran conciencia política, social y también una percepción de la importancia de la integración sudamericana.

 

SANTIAGO GÓMEZ
DESDE SAN PABLO
AGENCIA PACO URONDO

Mundo

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

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Marcha protesta en Argentina

No ganaron las elecciones, el pueblo no los convocó, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional ordenan hoy el Ecuador en plena alianza con el gobierno de los empresarios. Pocos días antes del paquetazo de medidas económicas y laborales anunciadas por el presidente Lenin Moreno, ya la prensa comercial anunció que el FMI no daría el nuevo desembolso del crédito contratado si no se hacían las reformas desde el gobierno.

Y, una vez tomada la decisión, el FMI salió a dar su “apoyo” a la decisión gubernamental, como si la bendición del organismo multilateral la santificara.

Pero las medidas tienen el carácter de las recetas neoliberales: debilitar el Estado y fortalecer las grandes empresas; obligar a los pobres a pagar la crisis que causaron los poderosos y los benefició; hambrear a un pueblo entero para garantizar el pago de la deuda externa.

Ello se enmascara en discursos de transparentar las finanzas, de “poner la casa en orden” y, por supuesto, de sacrificarnos “todos” para lograr días mejores. Los gobiernos neoliberales en el momento de tomar medidas de este tipo dicen que hay que apretarse los cinturones por un tiempo, pero que a la vuelta está el paraíso. Este, pretende que no hay que apretarse los cinturones, que el incremento del precio de gasolinas y del transporte de alimentos y personas, no afectará a la población.

Que las medidas tengan relación directa con imposiciones colocadas sobre el país a cambio de deuda externa es una de las causales de su ilegitimidad. Las condicionalidades que vienen con los desembolsos, que ponen obligaciones al Estado que se califica de soberano, los registros de avances en el que se entrega al FMI información que se mantiene oculta al pueblo, destruye cualquier sentido de la democracia.

Añádale las expresiones de Lenin Moreno en la ONU, llamando a la intervención contra el pueblo de Venezuela, la entrega de una base aérea en Galápagos para uso de naves de inteligencia de Estados Unidos (que el gobierno niega que sea una base, como si el imperialismo no hubiera ampliado su definición de las mismas), las salidas del Ecuador de Unasur y la OPEP, centros de integración Sur-Sur, y se tendrá el cuadro completo de un gobierno sumiso a intereses extranjeros, que pisotea la independencia del Ecuador.

Su alianza con la gran burguesía es natural pues este pequeño sector de la sociedad ecuatoriana se encuentra integrada, en relaciones constantes y permanentes, con las transnacionales y los intereses foráneos.

El paquete de medidas impuestas supuestamente traerá trabajo. Este fue el ofrecimiento del plan de gobierno de Alianza País, que se ha cumplido al revés. Según el ministro del Trabajo, Andrés Madero, en una comparecencia en la Asamblea Nacional señaló que solo desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público. Ahora se anuncia 10 mil despidos más.

Desde el sector privado la reducción de trabajadores también ha sido una constante, de manera grave en el sector de la construcción que es uno de los que más obreros contrata, pero cuya situación nada tiene que ver con las medidas económicas.

En Ecuador hay una contracción económica general, el PIB crece en un punto o menos, el consumo de las familias ha decrecido, el manejo económico lleva a muchos a buscar productos de primera necesidad en Colombia (por eso el paro reciente de la pauperizada provincia fronteriza de Carchi), de manera que no hay condición de crecimiento de empresas para consumo interno. De hecho, se habla de miles enfocadas en servicios y comercio que han quebrado, aumentando el desempleo.

En estas condiciones, el anuncio del gobierno no es más que demagogia y el pretexto para eliminar derechos laborales, incrementando la precarización laboral. Entre las medidas de este tipo, que empiezan con los nuevos contratos, están:

Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se violan principios constitucionales que protegen los derechos adquiridos, se viola el principio de a igual trabajo igual remuneración y se permite la sobre explotación.

No ganaron las elecciones, el pueblo no los convocó, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional ordenan hoy el Ecuador en plena alianza con el gobierno de los empresarios. Pocos días antes del paquetazo de medidas económicas y laborales anunciadas por el presidente Lenin Moreno, ya la prensa comercial anunció que el FMI no daría el nuevo desembolso del crédito contratado si no se hacían las reformas desde el gobierno.  Y, una vez tomada la decisión, el FMI salió a dar su “apoyo” a la decisión gubernamental, como si la bendición del organismo multilateral la santificara.  Pero las medidas tienen el carácter de las recetas neoliberales: debilitar el Estado y fortalecer las grandes empresas; obligar a los pobres a pagar la crisis que causaron los poderosos y los benefició; hambrear a un pueblo entero para garantizar el pago de la deuda externa.  Ello se enmascara en discursos de transparentar las finanzas, de “poner la casa en orden” y, por supuesto, de sacrificarnos “todos” para lograr días mejores. Los gobiernos neoliberales en el momento de tomar medidas de este tipo dicen que hay que apretarse los cinturones por un tiempo, pero que a la vuelta está el paraíso. Este, pretende que no hay que apretarse los cinturones, que el incremento del precio de gasolinas y del transporte de alimentos y personas, no afectará a la población.  Que las medidas tengan relación directa con imposiciones colocadas sobre el país a cambio de deuda externa es una de las causales de su ilegitimidad. Las condicionalidades que vienen con los desembolsos, que ponen obligaciones al Estado que se califica de soberano, los registros de avances en el que se entrega al FMI información que se mantiene oculta al pueblo, destruye cualquier sentido de la democracia.  Añádale las expresiones de Lenin Moreno en la ONU, llamando a la intervención contra el pueblo de Venezuela, la entrega de una base aérea en Galápagos para uso de naves de inteligencia de Estados Unidos (que el gobierno niega que sea una base, como si el imperialismo no hubiera ampliado su definición de las mismas), las salidas del Ecuador de Unasur y la OPEP, centros de integración Sur-Sur, y se tendrá el cuadro completo de un gobierno sumiso a intereses extranjeros, que pisotea la independencia del Ecuador.  Su alianza con la gran burguesía es natural pues este pequeño sector de la sociedad ecuatoriana se encuentra integrada, en relaciones constantes y permanentes, con las transnacionales y los intereses foráneos.  El paquete de medidas impuestas supuestamente traerá trabajo. Este fue el ofrecimiento del plan de gobierno de Alianza País, que se ha cumplido al revés. Según el ministro del Trabajo, Andrés Madero, en una comparecencia en la Asamblea Nacional señaló que solo desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público. Ahora se anuncia 10 mil despidos más.  Desde el sector privado la reducción de trabajadores también ha sido una constante, de manera grave en el sector de la construcción que es uno de los que más obreros contrata, pero cuya situación nada tiene que ver con las medidas económicas.  En Ecuador hay una contracción económica general, el PIB crece en un punto o menos, el consumo de las familias ha decrecido, el manejo económico lleva a muchos a buscar productos de primera necesidad en Colombia (por eso el paro reciente de la pauperizada provincia fronteriza de Carchi), de manera que no hay condición de crecimiento de empresas para consumo interno. De hecho, se habla de miles enfocadas en servicios y comercio que han quebrado, aumentando el desempleo.  En estas condiciones, el anuncio del gobierno no es más que demagogia y el pretexto para eliminar derechos laborales, incrementando la precarización laboral. Entre las medidas de este tipo, que empiezan con los nuevos contratos, están:  Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se violan principios constitucionales que protegen los derechos adquiridos, se viola el principio de a igual trabajo igual remuneración y se permite la sobre explotación.  Los funcionarios públicos pasarán de tener 30 días de vacaciones a 15, como el sector privado, pero desconociendo que esos días eran una suerte de compensación porque el empleado público no recibe reparto de un reducido pedazo de las utilidades empresariales.  Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente, como mínimo, un día de su salario. Más los 15 días anteriores y doce aquí, estamos hablando de un mes entero al año que se afecta y que, podría decirse trabajaran sin cobro (en los 15 días de vacaciones se recibía pago por vacaciones pagadas, no por días laborados).  A cambio, estas son las medidas para el sector empresarial:  Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que venían exigiendo al gobierno.  Eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, para que tengan “mayor competitividad”.  Eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.  Reducción y simplificación del Impuesto a la Renta al sector bananero.  Devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía”.  Reducción a la mitad del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.  Las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares “Pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza más de 300 millones, que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud”, según anunció Moreno. Una mínima cantidad frente a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión tributaria, con la que los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 801 millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones (Jonathan Báez, ISIP, 2019), aunque hay estimaciones que sería mucho más, llegando a señalarse la cantidad total estaría por encina de los 2.000 millones de dólares.  Como se ve, la balanza de las decisiones del FMI y el gobierno tiene una clara identidad de clase. A ello se añade la liberación de los precios de las gasolinas y diésel, hasta hoy subsidiados. El inmediato aumento del transporte de carga y pasajeros implica otro golpe a la economía de los sectores populares y medios, pero no afecta a los industriales que pasan esos costos a los precios del consumidor.  En estas condiciones, se justifica la pronta reacción de la población para protestar. Principalmente convocados por sectores perseguidos por el anterior gobierno como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que agrupa a las mayores centrales sindicales y a la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), y otras, que han logrado gran respaldo social.  Junto a un paro de los gremios del transporte que inició a media noche del 2 de octubre, apenas a un día de anunciadas las medidas, dificultan el asalto a los intereses populares y conducen a que incluso sectores de derecha pretendan ser “comprensivos” con la respuesta popular que va en aumento. La lucha social apenas está iniciando.  “Se acabó el miedo, retomamos la lucha”, ha sido una expresión repetida en las calles y las redes sociales. Hoy el miedo pasó a las filas del gobierno que a primeras horas de la tarde del 3 de octubre dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional.  El decreto presidencial 884 tiene 10 artículos que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden, suspende en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, para impedir la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito en todo el país “en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos” y se autoriza la requisición de bienes y de servicios.  La medida, altamente represiva y antidemocrática, es condición normal de las medidas impuestas por el FMI y los sectores empresariales de mayor poder. La injusticia de las decisiones gubernamentales se apoya en la reducción de derechos.  En las marchas y calles, se observa una gran agresividad de las fuerzas represivas del Estado, se arresta a personas que están amenazadas de juicios penales y se pretende amedrentar a la población. La paz social buscada por los gobiernos se ha roto en el Ecuador, ahora reinicia el tiempo de la lucha directa. “Se acabó el miedo, retomamos la lucha”.    EDGAR ISCH L.   CLAE / REBELIÓN    Edgar Isch L.: Académico y exministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Los funcionarios públicos pasarán de tener 30 días de vacaciones a 15, como el sector privado, pero desconociendo que esos días eran una suerte de compensación porque el empleado público no recibe reparto de un reducido pedazo de las utilidades empresariales.

Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente, como mínimo, un día de su salario. Más los 15 días anteriores y doce aquí, estamos hablando de un mes entero al año que se afecta y que, podría decirse trabajaran sin cobro (en los 15 días de vacaciones se recibía pago por vacaciones pagadas, no por días laborados).

A cambio, estas son las medidas para el sector empresarial:

Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que venían exigiendo al gobierno.

Eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, para que tengan “mayor competitividad”.

Eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Reducción y simplificación del Impuesto a la Renta al sector bananero.

Devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía”.

Reducción a la mitad del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.

Las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares “Pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza más de 300 millones, que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud”, según anunció Moreno. Una mínima cantidad frente a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión tributaria, con la que los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 801 millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones (Jonathan Báez, ISIP, 2019), aunque hay estimaciones que sería mucho más, llegando a señalarse la cantidad total estaría por encina de los 2.000 millones de dólares.

Como se ve, la balanza de las decisiones del FMI y el gobierno tiene una clara identidad de clase. A ello se añade la liberación de los precios de las gasolinas y diésel, hasta hoy subsidiados. El inmediato aumento del transporte de carga y pasajeros implica otro golpe a la economía de los sectores populares y medios, pero no afecta a los industriales que pasan esos costos a los precios del consumidor.

En estas condiciones, se justifica la pronta reacción de la población para protestar. Principalmente convocados por sectores perseguidos por el anterior gobierno como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que agrupa a las mayores centrales sindicales y a la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), y otras, que han logrado gran respaldo social.

Junto a un paro de los gremios del transporte que inició a media noche del 2 de octubre, apenas a un día de anunciadas las medidas, dificultan el asalto a los intereses populares y conducen a que incluso sectores de derecha pretendan ser “comprensivos” con la respuesta popular que va en aumento. La lucha social apenas está iniciando.

“Se acabó el miedo, retomamos la lucha”, ha sido una expresión repetida en las calles y las redes sociales. Hoy el miedo pasó a las filas del gobierno que a primeras horas de la tarde del 3 de octubre dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional.

El decreto presidencial 884 tiene 10 artículos que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden, suspende en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, para impedir la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito en todo el país “en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos” y se autoriza la requisición de bienes y de servicios.

La medida, altamente represiva y antidemocrática, es condición normal de las medidas impuestas por el FMI y los sectores empresariales de mayor poder. La injusticia de las decisiones gubernamentales se apoya en la reducción de derechos.

En las marchas y calles, se observa una gran agresividad de las fuerzas represivas del Estado, se arresta a personas que están amenazadas de juicios penales y se pretende amedrentar a la población. La paz social buscada por los gobiernos se ha roto en el Ecuador, ahora reinicia el tiempo de la lucha directa. “Se acabó el miedo, retomamos la lucha”.

 

EDGAR ISCH L.
CLAE / REBELIÓN
Edgar Isch L.: Académico y exministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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¿Se le viene la noche al presidente Trump?

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Donald Trump

Mientras la Cámara baja de Estados Unidos pide documentos sobre Ucrania al secretario de Estado, Mike Pence, un segundo agente de la inteligencia estadounidense quiere ofrecer al Congreso información de primera mano sobre las presiones del presidente Donald Trump a Ucrania.

Esto, podría abonar en favor de las investigaciones que llevan adelante los demócratas para abrir un juicio político contra el mandatario.

MarzZaid, abogado que representa al primer informante, dijo ayer domingo a la cadena ABC que su nuevo cliente también es un agente de la inteligencia estadounidense, aunque no especificó a qué agencia pertenece.

Las leyes estadounidenses protegen a los miembros de los servicios de inteligencia que denuncien un acto presuntamente ilegal dentro de las agencias gubernamentales, pero los plazos son estrictos y el protocolo está estrictamente definido para estos denunciantes

CULPA A PERRY

El mandatario estadounidense sostuvo que fue perfectamente inocente de la llamada al presidente ucraniano VolodímirZelenski, que ni siquiera quería hacerla hasta que el secretario de Energía, Rick Perry, le convenció de ello.

Según la acusacióm, Trump pidió a Zelenski hallar información perniciosa sobre el hijo del exvicepresidente y precandidato demócrata para las presidenciales de 2020, JoeBiden.

Zaid reportó que la segunda persona tiene conocimiento de primera mano de algunas de las acusaciones relacionadas con la denuncia inicial, que desencadenó procedimientos de juicio político contra Trump.

El segundo denunciante fue interrogado por el inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, mencionó Zaid.

ALGO MÁS

La Cámara de Representantes inició un proceso de juicio político contra Trump bajo sospecha de que habría presionado el 25 de julio, en conversación telefónica con el presidente Zelenski, para investigar al hijo de JoeBiden.

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Indígenas decretaron estado de excepción

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Indígenas decretaron estado de excepción

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador decretó el estado de excepción en territorios ancestrales ante la brutalidad de las fuerzas de seguridad y a la falta de conciencia para comprender el carácter popular de las demandas sociales.

La medida se produce en momentos en que en diferentes puntos del país, movimientos indígenas realizan una marcha hacia Quito contra las reformas impuestas por el Gobierno del presidente Lenín Moreno, que implican un “paquetazo” económico, a decir de los dirigentes sociales.

La Conaie advirtió que aplicará el sistema de justicia indígena a “militares y policías que se acerquen a territorios indígenas” en protesta por lo que consideran “brutalidad” de la fuerza pública ante sus protestas contra el Gobierno.

El Consejo de Gobierno de la Conaie explicó que tomó esta decisión “ante la insistencia del Gobierno de avanzar sobre nuestros territorios con la explotación de minería, petróleo y bienes de la naturaleza, destruyendo entornos de vida y respaldando con fuerzas militares la presencia de las empresas”.

Entre las medidas decretadas por el presidente Moreno destacan la eliminación de los subsidios de los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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