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Política

Esta vez sí, adiós a La Parada

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La decisión de la Municipalidad de Lima de clausurar definitivamente el exmercado de abastos de La Parada suscitó el respaldo mayoritario de diversos sectores del país, ante una medida necesaria para preservar la salubridad en alimentación de la capital de la República.

La determinación de la alcaldesa Susana Villarán de clausurar el exmercado mayorista ubicado en La Victoria, encontró amplio apoyo en el Congreso, donde se cuestionó la intervención de los legisladores Julio Rosas y Yonhy Lescano, a favor de los comerciantes.

Lourdes Alcorta de Unión Regional dijo que la medida dispuesta por la municipalidad de Lima es correcta porque concierne a todos los limeños. “Hay intereses acá. Y lo que me ha sorprendido es la pregunta que hacía uno de ellos sobre cuántos policías hay”, puntualizó.

Mientras que Víctor Andrés García Belaunde afirmó que “la decisión de la municipalidad es legal y es necesaria” para que la ciudad cambie.

El decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, descartó que la decisión del municipio de Lima sea un atentado contra la libertad de trabajo, porque, anotó, la labor que allí se realiza es de carácter informal.

Sin embargo, Amoretti advirtió irregularidades en el proceder administrativo de la comuna metropolitana. “La clausura debió haberse hecho efectiva cuando no existían personas en su interior” y no cuando había gente y, menos aún, después de haberse permitido el ingreso de mercadería”, arguyó.

El fiscal de la Nación, José Peláez, indicó que le compete a la municipalidad solicitar a los procuradores las medidas necesarias para respaldar las medidas administrativas referidas a la clausura del excentro de abastos de La Victoria.

Peláez dijo también que su organismo procura la salida de los niños que se encuentran al interior del exmercado mayorista.

La voz de la alcaldesa

LA VOZ DE LA ALCALDESA
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aseguró que en el proceso de clausura del exmercado mayorista de La Parada, “no hay un afán político, que no sea el de servir a Lima”.

Villarán especificó que dos informes del Instituto de Defensa Civil (Indeci) refieren que el espacio donde está ubicada La Parada, es altamente inseguro e insalubre. “Es decir, que hay un problema muy serio de salud pública”, detalló.

“Esto nos obliga, como municipalidad, a actuar pidiendo el auxilio de la fuerza pública, en un acto de carácter administrativo para proceder a la clausura de un local, de propiedad de la municipalidad administrada por Parques de Lima”, subrayó.

Explicó que en ese sentido se ha procedido de manera satisfactoria a la clausura de La Parada, “se han cerrado todas las puertas, menos una para que se facilite la salida de los comerciantes”.

Informó que se ha declarado el lugar como zona rígida y no se permitirá el acceso ni estacionamiento de vehículos pesados en los alrededores. “No se permitirá el ingreso de camiones de alto tonelaje. Esto se ha cumplido desde las 4 p.m. del domingo”, advirtió.

La burgomaestre exhortó a los comerciantes mayoristas a trabajar solo en el Mercado Mayorista de Santa Anita. “Todos ellos tienen asegurado un lugar en Santa Anita”, apuntó.

Recordó igualmente que fueron archivados casi todos los 60 recursos, entre hábeas corpus y amparos, presentados en el 2012 contra la Municipalidad de Lima sobre este tema. todos fueron archivados. “Solo uno fue aceptado y es de triste recordación; es un juez que fue destituido por la Oficina de Control de la Magistratura”, en alusión a Malzon Urbina.

La burgomaestre insistió en que no hay ninguna situación judicial pendiente en el caso de La Parada, y que los hábeas corpus recientemente presentados tienen que ver “con una decisión para saber si se ha violado una garantía constitucional sobre el libre tránsito”.

El parlamentario aprista Mauricio Mulder manifestó a LA PRIMERA que si bien resulta necesaria e inevitable la clausura definitiva del exmercado de La Parada, esta acción debió haberse realizado respetando escrupulosamente el debido proceso, sobre todo, anotó, cuando está pendiente una decisión jurisdiccional sobre el desalojo de dicho excentro de abastos.

La congresista fujimorista Luisa María Cuculiza expresó también su acuerdo con la clausura del local de La Parada en resguardo de la salud pública de la población capitalina, aunque dijo que debió haberse visto la situación laboral de los comerciantes que aún permanecían en dicho lugar, tras la operatividad del nuevo Mercado Mayorista de Santa Anita.

La Comisión de Fiscalización del Congreso cursó una invitación a la alcaldesa Villarán; al ministro del Interior, Walter Albán; al fiscal de la Nación, José Peláez; al defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega; Jorge Flores Goicochea; el director general de la Policía Nacional, y del alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez, a fin de que expliquen esta acción administrativa de la comuna de Lima.

Comerciantes de La Parada

LOS COMERCIANTES DE LA PARADA
Ahora a la Tierra Prometida
La alcaldesa Susana Villarán adelantó que en los próximos 90 días se reubicará, en el nuevo centro de abastos minorista Tierra Prometida, a los aproximadamente 1,600 comerciantes minoristas que trabajan en los alrededores del exmercado de La Parada.

Así lo refirió tras recibir a 40 dirigentes de asociaciones de comerciantes minoristas, de distintos giros, que realizarán sus operaciones comerciales en el citado futuro centro de abastos, ubicado de Santa Anita.

La vicepresidenta de los comerciantes de Tierra Prometida, Aída Rojas, destacó el alquiler, por la comuna metropolitana, del terreno en el que se construirá el Mercado Minorista Tierra Prometida, que albergará a unos 1,500 comerciantes debidamente empadronados.

Rojas destacó que la actual gestión municipal es la única que les ofreció una alternativa real para su formalización, a través del diálogo.

Juzgados resuelven hoy hábeas corpus contra Villarán y Policía

Los hábeas corpus presentados anteanoche por la dirigente de comerciantes de La Parada, Ida Ávila, serán vistos y resueltos hoy, a más tardar, por los magistrados de los Juzgados Penales 27 y 49 de la Corte Superior de Lima, informaron fuentes de dicha instancia judicial.

Dichos recursos legales de Ávila fueron presentados contra la alcaldesa capitalina Susana Villarán, dos funcionarios de la Municipalidad de Lima y el coronel PNP Carlos Vásquez Salazar, por el presunto atentado contra su derecho constitucional a la libertad de tránsito.

Los citados también han sido denunciados por vulneración o amenaza a la libertad individual, tras la clausura del exmercado mayorista de La Parada.

Un hábeas corpus debe resolverse en no más de 24 horas desde que el juzgado especializado toma conocimiento del caso.

La gerente de Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana, Susel Paredes, insistió en que su comuna actúa de acuerdo a ley, pese a los recursos judiciales que presenten los dirigentes. “Confiamos en que los jueces actúen con independencia y sin presión de nadie”, remarcó.


Javier Soto

Redacción 

Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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