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Política

Escándalo: invalidan evidencias contra “Club de la Construcción”

Publicado

en

Rafael Vela Barba

Documentos incautados a brasilera Andrade Gutiérrez desaparecen y aparecen manoseados.

Rocío Balbín Mueras, fiscal adjunta del equipo especial Lava Jato en la etapa de Hamilton Castro, denunció la invalidación de 16 evidencias obtenidas durante el allanamiento de las oficinas de Lima de la constructora brasilera Andrade Gutiérrez y otros actos de favorecimiento a implicados en la investigación del llamado caso del “Club de la Construcción”.

Este es otro grave escándalo de presunta corrupción que afecta al Ministerio Público. A pesar de que atañe al núcleo de investigadores del mega-caso de corruptela transnacional Lava Jato-Perú, aún no ha merecido ningún pronunciamiento del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ni del responsable del equipo especial unificado, Rafael Vela Barba.

Rocío Balbín presentó inicialmente su denuncia ante la Fiscalía de Control Interno del Ministerio Público pero, ante la inacción de esa instancia, hizo sus revelaciones en programas periodísticos de televisión.

Rocío Balbín Mueras

Rocío Balbín Mueras

SON 16 PRUEBAS

Ella sostiene que han sido malogradas 16 evidencias obtenidas en el allanamiento de 39 inmuebles por parte del equipo especial Lava Jato-Perú a las oficinas de las empresas implicadas en el caso “Club de la Construcción”.

Balbín intervino el inmueble 31 de la lista que correspondía a la sede de la Andrade Gutiérrez-AG, ubicada en la avenida Benavides Nº 2150, oficina 901 y afirma que se incautaron el cuaderno azul o bitácora de la gerencia general y tres cajas con tarjetas y otros documentos.

De las oficinas de administración y contabilidad extrajeron y guardaron folders de distintos contratos y comunicaciones y, en particular, el acta del primer adelanto de distribución de utilidades entre Andrade Gutiérrez y las firmas consorciadas para la ejecución del contrato de obra de la autopista Néstor Gambetta, del Callao.

EVIDENCIAS SE HACEN HUMO

Todo ese material, debidamente protegido con las salvaguardas de ley, fue depositado el 12 de enero del 2018 en la bóveda de la Fiscalía; pero Balbín sufrió una gran sorpresa cuando, luego de la separación de su jefe, el fiscal Augusto Páucar Chappa, en la transferencia de su documentación al nuevo equipo, el fiscal Fred Valdivia Torrico intentó hacerle firmar un reporte que consignaba cero incautaciones en el inmueble 31 del caso “Club de la Construcción”.

Frente a esto, presentó su reclamo de investigación al nuevo responsable del caso del “Club de la Construcción”, el fiscal Germán Juárez Atoche y al no recibir una respuesta satisfactoria lo hizo ante el coordinador del fiscal superior, Rafael Vela Barba, luego ante la Fiscalía de Control Interno y finalmente ante la prensa.

Fue en este trance en que misteriosamente, la semana pasada, aparecieron en una oficina de la Fiscalía varias bolsas de plástico de color negro dentro de las cuales, según le dijeron, estaban los documentos incautados a Andrade Gutierrez, pero sin protección legal. Desconocidos habían hurgado por lo que ya no eran evidencia limpia y han perdido valor.

EL CLUB

El caso del “Club de la Construcción”, es la investigación preparatoria rotulada como carpeta fiscal Nº34 – 2017 del equipo especial Lava Jato – Perú. Persigue a una organización ilegal formada por los representantes de más de treinta empresas constructoras peruanas, brasileras y españolas.

Esas empresas, en colusión con funcionarios del MTC, Provías Nacional y un grupo de lobistas, se distribuían según sus conveniencias, las adjudicaciones de las más costosas obras de infraestructura del Estado.

El caso comprende a dieciocho presuntos autores de los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita y de ellos solo está en prisión preventiva por dieciocho meses, el exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Carlos Eugenio García Alcázar.

Están no habidos con orden de carcelería preventiva, el lobista Rodolfo Prialé de la Peña, sus socios Luis Prevoo Neira y Elard Tejeda Moscoso y en libertad bajo caución, Félix Málaga Torres (un millón de soles) y Guillermo Reynoso Medina (medio millón de soles). Otros ocho están con libertad restringida simple.

OTROS FAVORECIMIENTOS

Según Balbín, otro hecho de presunto favorecimiento a los investigados en el caso “Club de Construcción” es el sorprendente archivamiento de la solicitud de un aspirante a colaborador eficaz que había prometido proporcionar información sobre la actuación de la organización criminal de los constructores, durante los regímenes de Alejandro Toledo y Alan García. La actual investigación abarca desde el 2014.

La fiscal denunciante afirma también que cuando le enviaron a sustentar ante el juez las medidas de restricción de los investigados en este caso se enteró por el fiscal Sergio Jiménez de que el equipo especial había decidido, como estrategia, rebajar las medidas coercitivas contra ellos y bajar el monto de las cauciones, a cambio de que colaborasen con el Ministerio Público, pero esto no se ha producido.

El expresidente ejecutivo de Andrade Gutiérrez Engenharia, Otávio Marques de Azevedo y doce altos ejecutivos están en la cárcel, en Brasil, por delitos de corrupción en el caso Lava Jato.

Esa empresa llegó a Perú en 2003 y desde el siguiente año al 2014 participó, principalmente a través de consorcios, en nueve contratos con el Estado por valor de US$ 1,199 millones.

ALGO MÁS

Los cinco contratos más importantes logrados por Andrade Gutiérrez son el túnel Néstor Gambetta (US$ 278 millones – 2014), la Carretera Transoceánica Norte (US$ 258 millones – 2005), el tramo 4 de la Transoceánica Sur (US$ 244 millones – 2012), la Carretera Huaura – Churín (US$ 201 millones – 2012) y la avenida Néstor Gambetta, Callao (US$ 126 millones – 2010)

 

Elmer Olórtegui
Colaboración

Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

Publicado

en

Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

en

Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

Publicado

en

Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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