Uno de los aspectos más oscuros de la política peruana son las donaciones electorales donde ni la propia ONPE, los financistas, los gremios empresariales y los partidos respetan el principio de transparencia. A partir de una investigación auspiciada por OXFAM en curso de Francisco Durand y Emilio Salcedo, se ha estudiado las bases de datos de todos los aportes del 2011 y 2016.

En cuanto a la del 2011, el estudio se hizo innecesariamente largo debido a que la ONPE solo tiene disponible en su portal web documentos escaneados y archivos en pdf, en lugar de archivos en formato Excel, lo cual facilitaría la revisión. De modo que la oscuridad empieza en la ONPE, y si no fuera por el escándalo Lava Jato, nos hubiéramos quedado en las penumbras.

Veamos la información de la elección 2011. De acuerdo a la ONPE, la campaña de Keiko Fujimori declaró ingresos por s/. 19, 575,989, mientras que los gastos declarados ascendieron a s/. 19’797,863 soles. Tuvieron un pequeño déficit, si hemos de creer las cuentas oficiales.

A raíz de las revelaciones originadas por declaraciones de Jorge Barata de Odebrecht Perú, se descubrió la existencia de millonarios aportes adicionales no declarados por el partido de Keiko Fujimori. Lo revelado hasta ahora es realmente asombroso. El total de dinero en campaña no declarado alcanza la cifra de US $7’754,500. A la tasa de cambio del 2011 (2.816), la cifra no declarada (existiendo una parte “pitufeada”) llega a S/. 21, 836,672. ¡Más de lo que el partido de Keiko declaró como total de gastos de campaña!

Este total no declarado se descompone en varias partidas, detalle que se puede ver en el Cuadro No. 1.

Las grandes donaciones no declaradas de empresarios alcanzan un total de 5’650,000 dólares, de los cuales US $3’650,000 corresponde al grupo Romero, US $1’000,000 de Odebrecht, US $800,000 del millonario chileno-peruano Rassmus Echecopar y US $200,000 de Vito Rodríguez (Grupo Gloria), entregados en efectivo.

Las grandes donaciones indirectas (según la interpretación de la Fiscalía), canalizadas a CONFIEP por un selecto grupo de grandes empresarios alcanza un total de US $ 1,628,500.

La versión de CONFIEP es que fue para “defender a la empresa privada y el modelo económico” y ahuyentar así a los votantes de Humala para redirigirlos a la candidata que apoya el modelo económico, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta del 2011. Resta por ver si fue con cheques o en efectivo y si CONFIEP los contabilizó.

También tenemos grandes donaciones para financiar la campaña mediáticamente por un total de US $476,000. Este dinero fue entregado por José Chlimper (Grupo Agrokasa) a los dueños del conglomerado CRP Medios y Entretenimiento ($266,000) en efectivo y el resto ($210,000) entregados al conglomerado radial-televisivo RPP, también en efectivo. Anotemos que se desconoce si este es dinero de Odebrecht, de Chlimper o de una bolsa empresarial similar a la que fue armada por la CONFIEP en la hoy famosa reunión en la sede de Minas Buenaventura.

En cuanto a lo declarado, constatamos de acuerdo a la información revisada para el 2011, que la suma de los aportes mayores a S/. 20,000 (y que ascienden hasta más de S/. 300,000 efectuados por una sola persona) llegan a S/. 8, 393,397.67 de un total de S/. 19, 575,989 (49.9 % del total declarado).

En resumen, existe falta de transparencia de la ONPE por no facilitar la información en forma más accesible y manejable y por no investigar a cabalidad las irregularidades. Existe asimismo una total falta de transparencia por parte de la CONFIEP, los grandes empresarios que hacen donaciones bajo la mesa (Grupo Romero, Grupo Gloria, Grupo Odebrecth y Rassmus Echecopar).

Las donaciones no declaradas, directas (US $6’126,000) e indirectas (US $1,629,000), y la candidata Keiko Fujimori, las ocultaron a pesar de estar siendo investigados por más de año y medio (desde julio 2018). También constatamos que las grandes donaciones declaradas representan el 49.9% de lo recaudado. Sumados ambos, es evidente que las campañas son mayormente financiadas por el gran capital. Las inversiones no declaradas, incluyendo la campaña mediática de la CONFIEP, son considerablemente mayores al ingreso declarado de la campaña; constatación que lleva a preguntarse cómo Keiko y su partido guardó y gastó el sobrante.

Finalmente, ni la ONPE, ni los grandes donantes, los gremios empresariales y los partidos aportan a la transparencia. Podemos concluir que son los guardianes de la oscuridad. Tampoco instituciones de la sociedad civil como Transparencia han contribuido a analizar y considerar el rol de los grandes dineros en las elecciones.

En anteriores y posteriores elecciones estos patrones se repiten con los principales partidos. La cuestión es si se repetirán en las siguientes.Lo más probable es que sea así debido a que la financiación de partidos es la principal forma de captura del Estado, que luego se complementa con el lobby, la puerta giratoria y los sobornos y favores.

Por eso la CONFIEP y el CADE no han suscrito ningún acuerdo creíble al respecto. Cortar la dependencia de los partidos sobre el capital es una de las más importantes tareas democráticas del presente.

(1) Nota del Cuadro No. 1. José Graña Miró Quesada aportó US$ 25,000 dentro del monto aportado por CAPECO.

FRANCISCO DURAND | EMILIO SALCEDO
OTRAMIRADA.PE

Durante la COP25 en Madrid inició el debate sobre los compromisos climáticos de los Estados. El Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC) cuestionó al Estado peruano sobre el avance de los mismos, ya que no se cumpliría la meta propuesta.

El MOCICC participó en el sideevent, organizado por ClimateAction Network Latinoamérica: «Contribuciones Nacionalmente Determinadas en los países andinos». Expusieron también: Belén Páez, CEDENMA; Martín Vilela, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático; Angélica Beltrán, Ambiente y sociedad de Colombia.

Richard O Diana, abogado del MOCCIC, explicó que el principal compromiso del Estado peruano era reducir un 30% en sus emisiones, pero en el reporte interno, del 2018, informaron que solo se iba a reducir el 23.3 %. “Es decir a las Naciones Unidas le decían una cosa y a los ciudadanos peruanos, otra, eso es un incumplimiento, aseveró.

Agregó que se trata de un derecho humano como el derecho al medio ambiente, y que el Gobierno debe priorizar la agenda ambiental.

Richard O’Diana, aseguró que desde la sociedad civil se permanecerá vigilante con los compromisos climáticos de los Estados. “Le vamos a preguntar al Estado peruano donde esta ese 6.7% de diferencia entre lo que se comprometió y lo que va hacer, le vamos a preguntar lo mismo a Naciones Unidas porque Naciones Unidas no tiene claro, cuándo se evalúa las NDC o cuándo se presentan las NDC”, dijo en su ponencia.

Lo más problemático de las NDC o compromisos climáticos es el financiamiento. “No hay dinero para cumplir las NDC, eso no está ni en el Acuerdo de París ni en los instrumentos frente las Naciones Unidas. Agregó que sin ese dinero los Estados van a seguir reportando que no pudieron cumplir. Por eso, urge hacer un llamado a los gobiernos y movilizarse, finalizó el abogado del MOCICC.

Por su parte, tanto el MOCICC como una delegación de organizaciones sociales ambientalistas y activistas participaron de la Marcha Mundial por el Clima que se realizó este 6 de diciembre en Madrid. Los activistas levantaron una bandera con la frase “Justicia climática ahora” como un llamado a los Estados a mantener y elevar sus compromisos climáticos, porque si no la temperatura del planeta se elevaría por encima del 1.5 de temperatura, con resultados catastróficos para el planeta.

La revelación de que la “Señora K” es Keiko Fujimori, divulgado durante un interrogatorio con el equipo especial Lava Jato por parte del empresario Antonio Camayo, amerita una nueva investigación a la lideresa de Fuerza Popular, afirmó el presidente de Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara.

Como se recuerda, en la víspera IDL – Reporteros difundió la noticia respecto que Camayo confirmara que Keiko Fujimori es la “Señora K” y que esta se habría reunido con el exjuex César Hinostroza

“Es un hecho lamentable que se ve con claridad que lo que se buscaba era obstruir la justicia con favores a través de (el exjuez supremo) César Hinostroza, esto seguramente amerita iniciar un nuevo proceso de investigación con el Ministerio Público”, manifestó a la Agencia Andina.

En ese sentido, precisó que Keiko Fujimori debería aclarar de manera urgente respecto a esta nueva confesión, reconociendo lo que en un principio se negó, tanto por parte de la excandidata presidencia, como por el propio César Hinostroza.

GOBIERNO A GOBIERNO

Respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo para presentar obras por reconstrucción a través de convenios de Gobierno a Gobierno, sostuvo que se trata de una decisión importante porque en la actualidad el sistema de adquisiciones del Estado “es muy precario”.

“Ese sistema dificulta que estas grandes obras se hagan de forma inmediata, más aún cuando la capacidad de gasto de los tres niveles de Gobierno es baja por lo que es necesario mejorar este sistema de manera urgente”, agregó.

Sobre las acciones de lucha contra la corrupción en las regiones, refirió que uno de los primeros pasos fue firmar convenios con la Contraloría General de la República, con la finalidad de que acompañe desde el inicio de las licitaciones a las obras en los gobiernos subnacionales.